Juan Carlos Castro Paniagua
Expediente 1314/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1314/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/09/2017
Partes del expediente
- Juan Carlos Castro Paniagua
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del secretario Luis Alberto Castro Velázquez, que da fe.
- Principal
Agréguese el escrito de la parte quejosa del que se advierte que desahoga lo solicitado en proveído de veintitrés de agosto del año en curso. DESECHAMIENTO Ahora, previamente deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, el suscrito considera que en la especie, se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del artículo 107, interpretada a contrario sensu, ambos numerales de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". De la interpretación a tales numerales se advierte que el amparo indirecto sólo procederá cuando el acto que pretenda reclamarse tenga una ejecución que sea de imposible reparación para la parte quejosa. Por tanto, cuando los actos reclamados no sean de los considerados como de imposible reparación, el juicio de amparo será improcedente en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, éste último interpretado en sentido opuesto, ambos de la Ley de la Materia. Así tenemos que los actos en juicio de imposible reparación, se consideran a aquellos que afectan de modo inmediato y directo derechos sustantivos consagrados en la constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y no se considerarán como tales cuando solamente afecten derechos adjetivos o procesales, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a los derechos procesales esenciales del quejoso, o bien, porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica, la tesis P./J.24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, Agosto de 1992, página 11, Materia Común, Octava Época, con registro 205651, que dispone: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ´ejecución irreparable´ los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Así como la diversa tesis P. LVIII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 10, Materia Común, Novena Época, con registro 180217, que señala: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio". En este orden de ideas, acerca del tema relativo a los actos en el juicio de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia visible en la página 11, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, de agosto de 1992, ha sustentado en lo conducente, que la ejecución de lo irreparable se presenta para la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro del juicio cuando estos afectan de modo directo o inmediato derechos consagrados en la Constitución, pero no en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a los derechos procesales esenciales del quejoso, o bien, porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, criterios que deben aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto respecto de cualquier acto dentro del juicio. Lo anterior encuentra sustento, en la tesis I.13o.A.3 K del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Marzo de 2001, página 1742, Materia Común, Novena Época, con registro 190188, que a la letra dice: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: ´Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan´.. Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo". En este sentido, los actos reclamados en este juicio no constituyen actos cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que no trae consecuencias irreparables, con base en las siguientes argumentaciones: El acto reclamado consiste en la determinación de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el juicio sucesorio intestamentario 1414/2015, en la que la autoridad responsable revocó el proveído de dos de los cursantes, relativo a la designación de Juan Carlos Castro Paniagua, como albacea de la sucesión (persona propuesta por los diversos quejosos Juan Manuel y J. Edgardo, ambos de apellidos Castro Paniagua), dejando intocada la designación inicial de Andrés Garduño González En efecto, el acto reclamado es una violación procesal que no es de imposible reparación, pues por ésta debe entenderse aquélla cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen por el solo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. En este sentido, la determinación reclamada no constituye acto de imposible reparación, pues la misma no inciden sobre derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que sus efectos recaen en el procedimiento natural, por lo que sus consecuencias son procesales, pues con tales decisiones o determinaciones, no depende la suerte de todo el juicio natural, ni conlleva la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, por el contrario, lo que se pretende con su dictado, es continuar con el procedimiento en el juicio de origen, por tanto, resultan violaciones procesales cuyos efectos se extinguen en el caso de obtener una resolución favorable, es decir, los perjuicios formales que le hubieran podido originar los actos reclamados, desaparecerán de obtener un resolución definitiva favorable a la acción principal que intenta en el juicio natural, dejando intacta la esfera jurídica de la afectada al no alterarse ningún derecho sustantivo con tales actos de autoridad. Resulta aplicable a esto último, por identidad jurídica, la jurisprudencia 3a. 40 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, página 280, Materia Común, Octava Época, con registro 207332, que establece: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto". Asimismo, en la diversa jurisprudencia VI.2o. J/344 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 84, Diciembre de 1994, página 56, Materia Común, Octava Época, con registro 209641, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO. Si de la demanda de garantías que se proponga en la vía indirecta se desprende que el acto reclamado lo constituye alguna de las hipótesis previstas en el artículo 159 de la Ley de Amparo como una violación al procedimiento que afecta las defensas del quejoso y que, por lo mismo, tiene que ser reclamada a través del juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, debe concluirse entonces que es manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de garantías en la vía indirecta contra el mismo acto, por lo que procede desechar la demanda con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo". De los anteriores criterios jurisprudenciales derivan las premisas fundamentales para definir que las resoluciones combatidas en esta vía constitucional son actos que no tienen ejecución de imposible reparación, en virtud de que de acuerdo a su naturaleza y alcances legales, no son determinaciones constitutivas de derechos, ni de condena, sino simplemente declarativas en relación a las peticiones formuladas por las partes del juicio natural. En efecto, para la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta, contra un acto dentro de juicio, es necesario que el acto reclamado afecte de modo directo e inmediato los derechos sustantivos de la parte quejosa consagrados en la Constitución y no sólo los derechos adjetivos o procesales que pueden ser reparados con una resolución favorable al término del proceso o, en su caso, a través del amparo directo, para el caso que dicha violación procesal haya afectado las defensas de la parte quejosa y trascendido con un resultado del fallo desfavorable. Se afirma lo anterior, pues la sucesión materia del presente asunto, está compuesta de cuatro etapas, a saber: 1. La denuncia de la sucesión; declaración de herederos y designación de albacea. 2. De inventarios y avalúos. 3. De administración; y, 4. De partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores. Secciones que se componen y deciden por separado, mediante la resolución particular correspondiente; mismas, que adquieren firmeza para las partes. En ese orden y para robustecer lo anterior, resulta necesario tener presente el contenido de los artículos 4. 29, 4. 30, 4. 31 y 4.32 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que disponen: "Artículo 4.29.- La primera sección es de sucesión y contendrá, en sus respectivos casos: I. El testamento o testimonio de protocolización o la denuncia del intestado; II. Las citaciones a los herederos y la convocación a los que se crean con derecho a la herencia; III. Lo relativo al nombramiento y remoción de albacea e interventores, y al reconocimiento de derechos hereditarios; IV. Los incidentes que se promuevan sobre el nombramiento o remoción de tutores, y V. Las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y la preferencia de derechos. Artículo 4.30.- La sección segunda es de inventario y avalúos: I.- El inventario provisional del interventor; II.- El inventario y avalúo; III.- Los incidentes que se promueva; IV. La resolución sobre inventario y avalúos. Artículo 4.31.- La tercera sección es de administración y contendrá: I.- Todo lo relativo a la administración; II.- Las cuentas, su glosa y calificación. Artículo 4.32.- La cuarta sección es de partición y contendrá: I.- El proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios; II.- El proyecto de partición de los bienes; III.- Los incidentes que se promuevan al respecto; IV.- Los convenios relativos; V.- Las resoluciones sobre los proyectos mencionados; VI.- Lo relativo a la adjudicación de los bienes". La intelección de los dispositivos citados refiere el cumplimiento concatenado y cronológico de las fases previstas en ella; dado lo cual, de los antecedentes del acto reclamado vertido por la parte accionante de amparo se pone de manifiesto que la primera etapa del juicio sucesorio intestamentario 1414/2015 a bienes de Rogelio Jaime Castro Cuna, de la estadística del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, aún no ha sido resuelta. De lo expuesto, se evidencia que de lo que se duele la parte quejosa es de la probable actualización de violaciones procesales con el dictado del proveído que reclama en esta instancia constitucional, consistentes en: la determinación de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el juicio sucesorio intestamentario 1414/2015, en la que la autoridad responsable revocó el proveído de dos de los cursantes, relativo a la designación de Juan Carlos Castro Paniagua, como albacea de la sucesión (persona propuesta por los diversos quejosos Juan Manuel y J. Edgardo, ambos de apellidos Castro Paniagua), dejando intocada la designación inicial de Andrés Garduño González; sin embargo, cierto es que la primera etapa procesal de las que comprenden el juicio sucesorio testamentario, aún no concluye, pues según se desprende del primero de los artículos precitados, dicha fase terminará hasta que la resolución que se pronuncie sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y la preferencia de derechos, sea declarada; por lo que no es momento de analizar las violaciones acontecidas en esta etapa del juicio. Sostener lo contrario, alentaría a que se diversificara la promoción de amparos y, en consecuencia, no es factible reclamar las posibles transgresiones sufridas, ya que ello sólo se justificará hasta que se dicte la resolución respectiva dentro de la primera etapa del juicio sucesorio correspondiente; caso en el cual, procedería el juicio de amparo indirecto contra la resolución con que culminara esa fase, pudiéndose reclamar válidamente, en tal oportunidad, todas las violaciones acaecidas dentro de aquélla; además, en caso de no obtener una resolución favorable tendrá a su alcance la promoción del juicio de amparo aludido contra dicha determinación; lo que lleva a estimar que los actos reclamados no causan una afectación de carácter irreparable que justifique la procedencia del juicio biinstancial, precisamente porque a la sección primera del juicio sucesorio testamentario aún no ha sido aprobada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 643 del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 789, Materia Común, Novena Época, con registro 194833, que dispone: "SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu". Así como la diversa emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192, Cuarta Parte, página 231, Materia Común, Séptima Época, con registro 240224, que establece: "SUCESIONES. SÓLO LA SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN TIENE EL CARÁCTER DE DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido el criterio de que las sentencias que se pronuncien en las diversas etapas de un juicio sucesorio, con excepción de la que se refiere a la adjudicación de los bienes, no son definitivas para los efectos del amparo, porque no resuelven el juicio sucesorio en lo principal".Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Séptima Sección - Procedencia del amparo directo, pág. 999.] En consecuencia, hasta lo aquí expuesto, resulta incuestionable que la determinación que aquí se reclaman no tiene una ejecución dentro del juicio natural de imposible reparación sobre la parte quejosa en sus derechos personales o reales, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una resolución favorable al término del mismo, pues la misma no afecta directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; sino sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, toda vez que lo proveído en: la determinación de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el juicio sucesorio intestamentario 1414/2015, en la que la autoridad responsable revocó el proveído de dos de los cursantes, relativo a la designación de Juan Carlos Castro Paniagua, como albacea de la sucesión (persona propuesta por los diversos quejosos Juan Manuel y J. Edgardo, ambos de apellidos Castro Paniagua), dejando intocada la designación inicial de Andrés Garduño González, no implican necesariamente determinaciones irreparables en la sentencia que se dicte en el juicio natural. En tales condiciones, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del diverso 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por Juan Carlos, Juan Manuel y J. Edgardo todos de apellidos Castro Paniagua, contra actos del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México.
- Principal
FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Vista la demanda promovida por ... regístrese bajo el número 1314/2017-V-A. PREVENCIÓN. Ahora, con fundamento en los artículos 108, fracción V, en relación con el numeral 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes para que dentro del plazo de cinco días, bajo protesta de decir verdad: Abunden en los antecedentes del acto que por esta vía impugna y que dieron origen al mismo; Asimismo, deberán transcribir o exhibir copia de la determinación de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, emitido en autos del expediente ... del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México. Así como del escrito o proveído que motivo dicha determinación. Indicaran el estado procesal que guarda el juicio natural ... y, Manifestaran la sección en la cual se encuentra, el sumario de origen. Lo anterior en razón de que como está planteada la demanda, no es posible fijar correctamente la Litis y determinar correctamente el acto reclamado a fin de estar en condiciones de estudiar la legalidad o no del mismo. APERCIBIMIENTO. En la inteligencia de que de no desahogar el requerimiento precedente, dentro del tiempo que se le concede, se tendrá por no presentada la demanda de mérito. Toda vez que los datos que se requieren son requisitos esenciales de la demanda, de conformidad con el artículo 108, fracción V y 114 fracción I, de la Ley de Amparo, deberá exhibir las copias necesarias del ocurso en que desahogue la prevención de mérito, en términos de lo que establece el numeral 110 de dicha normatividad. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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