Juan Carlos Canul Medina
Expediente 2377/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2377/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Carlos Canul Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo número 2377/2022-III-B, promovido por Juan Carlos Canul Medina, en contra del acto que reclama del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. RESULTANDO PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado al día siguiente hábil a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Juan Carlos Canul Medina a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de seis de octubre de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda de amparo, la que se registró con el número de expediente 2377/2022-III-B; se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita la intervención que le compete; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó el emplazamiento a juicio de la parte tercero interesada; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo este día, al tenor del acta que precede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 57 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior, conforme a lo establecido en la jurisprudencia con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar lo siguiente: La omisión de imponer la medida disciplinaria prevista en el artículo 62 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, a fin de lograr el cumplimiento de la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil veinte, en autos del juicio contencioso administrativo 168/2016. TERCERO. Existencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, pues así lo manifestó el Magistrado Presidente al rendir el informe justificado en representación de dicho órgano; sin que el quejoso desvirtuara dicha negativa. Se afirma lo anterior, puesto que de las constancias remitidas con el informe justificado rendido por la responsable, a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2º de la propia ley, tal como lo manifestó la responsable. Se advierte que por acuerdo de diez de agosto de dos mil veintidós, realizó diversos requerimientos a las autoridades vinculadas con el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo de origen y las apercibió que de no hacerlo, les impondría la multa prevista en el numeral 62 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado. Sin embargo, en virtud de que se omitió librar los oficios correspondientes a las autoridades, para que tuvieran conocimiento del auto de diez de agosto del actual año, mediante proveído de dieciocho de octubre del año en curso, ordenó la regularización en el procedimiento y la notificación inmediata a las autoridades requeridas, para que dieran cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio. Por lo anterior, es claro que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (cuatro de octubre de dos mil veintidós), la autoridad responsable se encontraba jurídicamente impedida para imponer la medida disciplinaria prevista en el artículo 62 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado. Ordenamiento legal que establece que si dentro de los quince días siguientes a la notificación a las autoridades demandadas, la sentencia no quedare cumplida, de oficio o a petición de parte, se dará les vista para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Posteriormente, el Tribunal resolverá si la autoridad, incumplió con los términos de la sentencia; de no haberlo hecho, lo requerirá para que la cumpla, amonestándola y previniéndole que, en caso de renuencia, se le impondrá una multa de cincuenta a sesenta unidades de medida y actualización. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 926, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En este punto, debe precisarse, que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Lo anterior conlleva a que este órgano de control no pueda realizar el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por ser inexistente como ya se vio; de ahí que, con apoyo en lo dispuesto en el invocado numeral 63 fracción IV, de la citada ley de la materia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio. Cobran aplicación al caso particular la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." CUARTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que la parte quejosa manifestó su anuencia a que se publiquen sus datos personales y las demás las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Juan Carlos Canul Medina, en contra del acto que reclama del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por los motivos señalados en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este cuaderno de asuntos varios el oficio TJA/3456/2022, signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, comunica que disfrutará de su segundo período anual de vacaciones del veinte de diciembre de dos mil veintidós al dos de enero de dos mil veintitrés. Asimismo, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que el día diecinueve de diciembre del año en curso, se encuentra establecido como día inhábil, por lo que durante ese período dicho Tribunal permanecerá cerrado, y en consecuencia, no habrán actuaciones ni correrán términos de ley. Circunstancia de la cual, este órgano jurisdiccional se da por enterado para los efectos legales conducentes. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: toda vez que del estado que guardan los presentes autos se desprende que se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio a las partes, del informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con residencia en estas ciudad, el cual se relaciona en el proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este día y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nuevas hora y fecha para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese por lista de estrados. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria, con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: glósese a este expediente el oficio y anexo de cuenta signado por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Estado de Yucatán, que remite con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto y mediante el cual esencialmente manifiesta que el título de propiedad ******************** relativo a este asunto, ha quedado inscrito en la dependencia a su cargo, agregando que dicho título se encuentra a disposición del Registro Agrario Nacional, en espera de ser recogido por el personal de tal Registro. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, que asciende a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional), a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
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