Juan Carlos Camara Diaz
Expediente 2222/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 29 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2222/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 31/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Carlos Camara Diaz
- JUAN CARLOS CAMARA DIAZ y Otros.
- Carla Paulina Gonzalez Barrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: toda vez que mediante proveído de veintidós de junio de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido; no existe motivo legal alguno para que continúe en la Secretaría de este Juzgado el anexo consistente en un legajo en copia certificada de las constancias de la causa penal 1379/2011, del índice de la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, que en su momento remitió como apoyo a su informe justificado; por tanto, devuélvanse a la referida autoridad el anexo de referencia, sin necesidad de que acuse recibo del mismo, al tratarse de copias certificadas. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en estos autos el tres de junio de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer resolutivo sobreseyó en el presente asunto, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional y definitiva, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, toda vez que no existe motivo legal alguno para que siga al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado el anexo consistente en un legajo en copia certificada de las constancias de la causa penal 1379/2011, del índice de la autoridad responsable. En tal virtud, devuélvasele el citado anexo a dicha responsable, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 2222/2021-VI-B, promovido por JUAN *********+, en contra de los actos que reclaman del Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado el dieciocho siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, comparecieron los referidos quejosos, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclamaron del Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. SEGUNDO. Por auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se registró la demanda de que se trata con el número 2222/2021-VI-B y se previno a la parte quejosa a fin de que precisara con exactitud la denominación de las autoridades a las que señaló como responsables; a lo que dio cumplimiento mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el veintiséis del referido mes y año. En consecuencia, mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en primer término, por los motivos ahí expuestos, se desechó la demanda de que se trata, por lo que hace al acto reclamado consistente en la falta de notificación o citación a comparecer a las carpetas de investigación integradas en su contra. Por otro lado, respecto al acto reclamado a las autoridades responsables: ORDENADORAS: 1) JUEZ PRIMERO PENAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. 2) JUEZ EN TURNO DEL JUZGADO PRIMERO DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. 3) JUEZ EN TURNO DEL JUZGADO SEGUNDO DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. 4) SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. 5) FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. 6) VICEFISCAL DE INVESTIGACIÓN Y PROCESOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. 7) JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. EJECUTORAS: 8) DIRECTOR DE LA POLICÍA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (EN SU CORRECTA DENOMINACIÓN), CON SEDE EN ESTA CIUDAD. 9) SUBDIRECTOR DE LA POLICÍA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (EN SU CORRECTA DENOMINACIÓN), CON SEDE EN ESTA CIUDAD. 10) COMANDANTE DE MANDAMIENTOS MINISTERIALES Y JUIDICIALES DEL ESTADO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. 11) SECRETARIO DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD EN EL ESTDO DE YUCATÁN, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. Se admitió a trámite la misma; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó de las autoridades responsables su respectivo informe justificado; y finalmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los numerales 35 y 37 de la Ley de la materia, 48, en relación con el numeral 56 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, de la lectura de la demanda de amparo, como de las constancias que obran en autos, se tiene que la parte quejosa reclama: Las órdenes de aprehensión y/o detención libradas en su contra; así como su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a la totalidad de las autoridades responsables, por lo que hace a la quejosa CARLA PAULINA GONZÁLEZ, consistentes en la orden de aprehensión y/o detención librada en su contra. Por otro lado, respecto al quejoso JUAN CARLOS CÁMARA DÍAZ, no son ciertos los actos reclamados a las responsables: Jueces Primero y Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán (20542 y 20578); Secretario de Seguridad Pública (20682); Fiscal General del Estado de Yucatán (20656); Vice Fiscal de Investigación y Procesos de la Fiscalía General del Estado (20654); Jefe del Departamento de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado (20658), Todos con sede en esta ciudad, consistentes en la orden de aprehensión y/o detención librada en contra del quejoso en cita. Por lo que respecta a las autoridades responsables: Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado (21115); Director de la Policía Estatal de Investigación (20685); Subdirector de la Policía Estatal de Investigación (20686); Comandante de Mandamientos Ministeriales y Judiciales del Estado (20899); y, Secretario de Protección y Vialidad en el Estado de Yucatán (20682), Residentes en esta ciudad, no es cierto el acto reclamado consistente en la orden de detención librada en contra del quejoso JUAN CARLOS CÁMARA DÍAZ. Ello, pues así lo manifestaron expresamente al rendir sus informes justificados, sin que los quejosos hubiesen aportado prueba alguna para desvirtuar dichas negativas. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, por falta de materia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Es cierto el acto reclamado a la Jueza Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la orden de aprehensión librada en contra del quejoso JUAN CARLOS CÁMARA DÍAZ, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. En efecto, del referido informe de ley, se advierte que la Jueza responsable señaló que el treinta y uno de agosto de dos mil once, la entonces titular del extinto Juzgado Segundo Penal del Estado, en la causa penal 244/2011 -migrada al Juzgado a su cargo con el número 1379/20211- decretó en contra del referido quejoso orden de aprehensión, como probable responsable de los delitos de LESIONES Y ATAQUES PELIGROSOS, previstos y sancionados con pena privativa de libertad, respectivamente, el primero, por los numerales 357 y 358, y el segundo, por el artículo 388, fracción II, todos del Código Penal del Estado, sin que la referida orden de captura hubiera sido ejecutada y la cual se encuentra vigente. De ahí que, se reitera, deben tenerse por ciertos los actos reclamados para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, el Director de la Policía Estatal de Investigación, Subdirector de la Policía Estatal de Investigación, Comandante de Mandamientos Ministeriales y Judiciales del Estado, y Secretario de Protección y Vialidad en el Estado de Yucatán, residentes en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados negaron los actos que se les reclaman. Empero, toda vez que fueron señaladas como responsables ejecutoras, debe estimarse cierto el acto de ejecución que se les atribuye, dado que por mandato y razón de jerarquía están obligadas a acatar lo que la Juez responsable refiere, quien señaló que es cierto el acto reclamado pues dictó la orden de aprehensión reclamada. Aplica al tema el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 56, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, Materia Común Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en términos de la fracción anterior.". La causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo citado, tiene como finalidad preservar la cosa juzgada. Pues no permite que se tramite una nueva demanda de amparo en la que se reclame a la misma autoridad, por el propio quejoso, e igual acto, que ya fue reclamado en un juicio anterior que se encuentre concluido, no sólo cuando se analiza su constitucionalidad mediante una sentencia que decida el fondo de la controversia, sino también cuando se ha decidido en definitiva sobre su inatacabilidad por diverso juicio constitucional. De manera que se haya atendido a circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, pues esta determinación no puede desconocerse en el nuevo juicio de amparo que se promueva, ya que sólo así se dota de certeza jurídica a la decisión asumida en el primer amparo. De esta manera, dicha porción normativa salvaguarda la cosa juzgada constituida por una primera sentencia de amparo que ha quedado firme, y es el fundamento del principio de seguridad jurídica. En este sentido, por virtud de la cosa juzgada se impide que una controversia ya dirimida en sentencia firme pueda nuevamente ser examinada en diverso juicio, es decir, significa la inmutabilidad de la resolución judicial, lo cual implica que sobre el tema resuelto no podrá volver a plantearse controversia alguna, sea porque ya se juzgó en forma firme sobre el fondo del asunto, o bien, porque la improcedencia de la acción traiga como consecuencia la inejercitabilidad de una nueva sobre la misma controversia. Así, para que esta causa de improcedencia opere, deben satisfacerse algunos de los requisitos esenciales previstos en la diversa fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, esto es, que el segundo o ulteriores juicios de amparo: a) Sean promovidos por el mismo quejoso; b) En contra de las mismas autoridades responsables; c) Por el mismo acto o norma general; y, d) Exista cosa juzgada respecto del acto que se reclama; Esto es, que en un anterior juicio de amparo ya se haya decidido sobre la constitucionalidad del mismo acto o norma general reclamados a las mismas autoridades responsables. Sentado lo anterior, cabe precisar que es un hecho notorio para este órgano de control constitucional, el diverso juicio de amparo 1316/2011-III-A, promovido por JUAN CARLOS CÁMARA DÍAZ. En dicho juicio de amparo, se tuvieron como autoridades responsables: Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; Fiscal General del Estado; Vice Fiscal de Investigación y Procesos de la Fiscalía General del Estado; Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado; Director de la Policía Ministerial; Comandante de Mandamientos Judiciales y Ministeriales de la Policía Ministerial Investigadora; y, Secretario de Seguridad Pública. Todo con sede en esta ciudad. De quienes reclamó la orden de aprehensión librada en su contra por la Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, el treinta y uno de agosto de dos mil once, en autos de la causa penal 244/2011. Juicio de amparo del que se advierte que mediante sentencia de fecha veintiséis de enero de dos mil doce, le fue negado al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó; la cual causó ejecutoria por auto de dieciséis de febrero del referido año. Establecido lo anterior, resulta evidente que los requisitos identificados en los incisos a), b) y c), se encuentran cubiertos en la especie, pues el juicio de amparo 1316/2012-III-A del índice de este juzgado, lo promovió JUAN CARLOS CÁMARA DÍAZ, en contra del mismo acto que aquí se reclama; y contra las mismas responsables. Por lo que respecta a la exigencia precisada con el inciso d), también se encuentra satisfecha, debido a que en el citado juicio de amparo se estudió dicho acto reclamado y se determinó su constitucionalidad, por lo que este órgano determinó negar la protección constitucional; fallo que quedó firme por auto de dieciséis de febrero de dos mil doce. De ahí que no es dable examinar el citado acto reclamado, puesto que ya fue materia de análisis del aludido juicio de amparo 1316/2011-III-A. Al caso, resulta aplicable por analogía de razón la tesis aislada 1a. XCV/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2011383, que a la letra dice: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia. Sin que obste a lo anterior, que en dicho juicio constitucional se hubiere señalado al Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en virtud de que por Acuerdo General número OR06-190611-01, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en la sexta sesión ordinaria celebrada el once de junio de dos mil diecinueve, se determinó la conclusión de funciones del Juzgado Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y estableció en su artículo segundo, que el Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, continuará con el conocimiento de los procesos que se encuentren en trámite y concluidos en dicho Juzgado; tal como se desprende del informe justificado remitido por la Juez responsable. Por otro lado, tampoco es óbice a lo anterior, lo informado por la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe de ley, en el sentido de que en auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en la diversa causa penal 4/2021 de su índice, se decretó orden de aprehensión en contra del aquí quejoso por los delitos de FRAUDE EN SU MODALIDAD GENÉRICA Y ESPECÍFICA. Ello pues, igualmente informó la referida Juez que el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, fue cumplimentada la orden de aprehensión en cita; asimismo, que el cinco del referido mes y año, decretó en contra del aquí impetrante del amparo auto de formal prisión por los mencionados ilícitos, siendo que en esa propia fecha, éste obtuvo su libertad bajo caución. En ese sentido, resulta incuestionable que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio -diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno- la orden de aprehensión en comento era inexistente. En consecuencia, al haberse concretado la causal de improcedencia respecto a dicho acto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio constitucional, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por JUAN CARLOS CÁMARA DÍAZ y CARLA PAULINA GONZÁLEZ, en contra de los actos y autoridades señaladas en el considerando tercero de la presente sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por JUAN CARLOS CÁMARA DÍAZ, en contra de los actos y autoridades señaladas en el considerando quinto de la presente sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese una reimpresión de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Yucatán; con el que, en cumplimiento a lo solicitado por auto de tres de mayo de dos mil veintidós, rectifica el informe justificado que rindió en autos del presente juicio constitucional, manifestando que en cuanto a los actos reclamados en relación a la quejosa Carla Paulina González Barrera, NO SON CIERTOS, y en relación a la parte quejosa Juan Carlos Camara Diaz, manifiesta que SON CIERTOS. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes de lo anterior y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
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