Juan Carlos Benítez Zamarripa

Expediente 79/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 14 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
79/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
04/06/2018

Partes del expediente

  • Juan Carlos Benítez Zamarripa
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexo recibidos en este Juzgado Federal (fojas 113 a 115), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas de dicha secretaría, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de dieciocho de mayo de la presente anualidad (foja 116), se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "..." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el cinco de abril de dos mil dieciocho (fojas 65 a 81), se determinó conceder a Juan Carlos Benítez Zamarripa, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 23, fracción XII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los artículos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Director General de Ingresos de dicha Secretaria, residente en esta ciudad, deberá devolver al quejoso la cantidad de $6,785.24 (seis mil setecientos ochenta y cinco pesos 24/100 moneda nacional), que pagó el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, por concepto de derechos del giro de "MINISÚPER, ABARROTES, TENDAJONES Y SIMILARES NO MAYORES A 200 M2 CON VENTA ÚNICAMENTE DE CERVEZA", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit" (foja 9), pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo aplicado con apoyo en el dispositivo 23, fracción XII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio dos mil dieciocho, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo. (.) De igual forma cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, no se encuentra el cobro de comisión bancaria de $3.00 (tres pesos) que se indicó en el formato de revalidación de permiso de alcoholes de forma anual (foja 9), documental que exhibió el quejoso a su demanda de amparo; toda vez que el accionante de garantías no reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la parte quejosa sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. .". Resolución que causó ejecutoria el treinta de abril de dos mil dieciocho (foja 97). Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver al peticionario de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho (fojas 113 a 115), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas de dicho órganismo, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución a la parte quejosa mediante la entrega de un cheque, el catorce de mayo de dos mil dieciocho, por la cantidad de $6,866.39 (seis mil ochocientos sesenta y seis pesos con treinta y nueve centavos moneda nacional), de lo cual se advierte su devolución. Lo anterior es así, ya que la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $6,866.39 (seis mil ochocientos sesenta y seis pesos con treinta y nueve centavos moneda nacional), de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, el cual establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el dieciocho de enero de dos mil dieciocho (fojas 10, 49 y 58), y que se efectúo la devolución mediante la entrega de un cheque el dieciséis de mayo de la presente anualidad, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de enero al mes de mayo de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes abril de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de diciembre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes abril de dos mil dieciocho fue de 131.987 y para el mes de diciembre de dos mil diecisiete fue de 130.813, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0089. Al respecto, es oportuno mencionar que el excedente de la aplicación que excede de $3.00 (tres pesos moneda nacional) sobre la cantidad de $6,785.24 (seis mil setecientos ochenta y cinco pesos con veinticuatro centavos moneda nacional), se obtiene la cantidad de $6,782.24 (seis mil setecientos ochenta y dos pesos con veinticuatro centavos moneda nacional). En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización por la cantidad que debía ser reintegrada por concepto del derecho en comento, a saber: $6,782.24 (seis mil setecientos ochenta y dos pesos con veinticuatro centavos moneda nacional) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $6,842.60 (seis mil ochocientos cuarenta y dos pesos con sesenta centavos); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $60.36 (sesenta pesos con treinta y seis centavos moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver a la quejosa era de $6,842.60 (seis mil ochocientos cuarenta y dos pesos con sesenta centavos); sin embargo, éste reintegró la diversa de $6,866.39 (seis mil ochocientos sesenta y seis pesos con treinta y nueve centavos moneda nacional), es decir, hay un excedente de $23.79 (veintitrés pesos con setenta y nueve centavos moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de recibirla, así como los que efectué la quejosa, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, se sobreseyó y por otra parte se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista al solicitante del amparo, con el oficio de cuenta y anexos que adjuntó, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual manifiesta, que en cumplimiento al fallo protector, la quejosa no se ha presentado al cobro del cheque que quedó a su disposición por lo que solicita, se tenga por cumplida la sentencia del presente juicio de amparo por falta de interés de la parte quejosa. Luego, del anexo que acompaña, se aprecia que el escrito por el que le hizo del conocimiento a la quejosa la disposición del título de crédito número 444, es de fecha nueve de mayo del presente año, con fecha de recibido del diez siguiente del citado mes y año, por lo que solamente han transcurrido un día hábil a fin de que el quejoso comparezca para tales efectos. Entonces, agréguese a los presentes autos en vías de cumplimiento el oficio y anexo de referencia, en la inteligencia, de que una vez que transcurra un término prudente para que comparezca el agraviado ante dicha autoridad, deberá informarlo, ya que la responsable se encuentra obligada a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Máxime que, en ejecutoria de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en los autos del recurso de inconformidad número 18/2015, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó, entre otras cosas, que la autoridad recaudadora es la encargada de llevar a cabo la devolución del monto equivalente a la contribución fiscal reclamada en el juicio; por tanto, en atención a ésta, debe: a). Devolver a la parte quejosa la cantidad establecida en la sentencia amparadora; b). Poner a su disposición el numerario a entregar y c). Notificarle que ha quedado a su disposición la cantidad respectiva para que desde ese momento esté en aptitud de recibirla. Luego, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo, por única ocasión se le concede al ente responsable de referencia, un término de DIEZ DÍAS contados a partir de la notificación del presente auto, para que acate la sentencia de amparo concedida en los términos indicados, lapso que se estima suficiente para que dé cumplimiento al fallo protector. Apercibida que de no hacerlo con causa justificada, con fundamento en los arábigos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a doscientos valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Además, se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el dispositivo 193 de la ley citada.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa que para estar en posibilidad de dar cumplimiento al fallo protector, solicita se le informe a la parte quejosa que se encuentra a su disposición el cheque número 0444 expedido por la Institución bancaria Santander en al oficinas de dicha dependencia. Ahora, como el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce del derecho humano violado al disidente; en estricto acatamiento a los efectos de la sentencia de amparo, la responsable ejecutora Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, deberá restituir la cantidad erogada con motivo de los preceptos declarados inconstitucionales; esto es, se encuentra obligada a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo, entre ello, notificar a la parte agraviada que se encuentra a su disposición el citado título de crédito. Máxime que, en ejecutoria de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en los autos del recurso de inconformidad número 18/2015, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó, entre otras cosas, que la autoridad recaudadora es la encargada de llevar a cabo la devolución del monto equivalente a la contribución fiscal reclamada en el juicio; por tanto, en atención a ésta, debe: a). Devolver a la parte quejosa la cantidad establecida en la sentencia amparadora; b). Poner a su disposición el numerario a entregar y c). Notificarle que ha quedado a su disposición la cantidad respectiva para que desde ese momento esté en aptitud de recibirla. Luego, en atención a los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable para que dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir de la notificación del presente auto, acate la sentencia de amparo concedida en los términos indicados, lapso que se estima suficiente para que dé cumplimiento al fallo protector. Apercibida que de no hacerlo con causa justificada, con fundamento en los arábigos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a doscientos valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Además, se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el dispositivo 193 de la ley citada.

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