Juan Carlos Arteaga Mejía

Expediente 1476/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 18 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1476/2017
Año
2017
Actuaciones
18
Última actuación
13/03/2018

Partes del expediente

  • Juan Carlos Arteaga Mejía

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el diecinueve de febrero del año en curso y anexo al mismo (fojas 108 y 109), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, comunicó la forma en que la aludida responsable dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Juan Carlos Arteaga Mejía. Luego, mediante proveído de veintiuno de febrero de la presente anualidad (foja 111), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación y anexo, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El acuerdo en mención se notificó a la parte quejosa el veintisiete de febrero del presente año (foja 115); por tal motivo, el término de tres días otorgado a dicha parte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al día de hoy ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hubiere efectuado alguna manifestación. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "... En ese tenor, se tiene que por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 78 a 92), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades ahí precisadas, para los efectos siguiente: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los numerales 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en el ámbito de sus competencia, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $5,281.40 (Cinco mil doscientos ochenta y un pesos 40/100 moneda nacional), que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a los solicitantes del amparo. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A) Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; esto es, para que vigilaran que fueran desincorporados de la esfera jurídica de la parte promovente del amparo, en el presente y en el futuro; y B) Devolverle a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $5,281.40 (Cinco mil doscientos ochenta y un pesos 40/100 moneda nacional), que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit; la cual debía ser actualizada. Resolución que por proveído de veintiuno de febrero del año en curso (foja 111), se declaró ejecutoriada, para todos los efectos legales a que hubiere lugar. Luego, a través del oficio DJC/915/2018 de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, recibido en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en esa misma fecha (foja 108), la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, en el comunicado de mérito, adjuntó una constancia de entrega de un cheque por la cantidad de $5,175.69 (cinco mil ciento setenta y cinco pesos 69/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria del amparo. Asimismo, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $5,281.40 (cinco mil doscientos ochenta y un pesos 40/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el diecinueve de julio de dos mil diecisiete y la devolución a la parte quejosa se efectuó mediante un cheque el diecinueve de febrero del presente año; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de julio del año próximo pasado a febrero de dos mil dieciocho. Así, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de junio de dos mil diecisiete entre el índice para el mes de enero de la presente anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Además, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio de dos mil diecisiete fue de 126.408; y para el mes de enero de 131.508. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.04034. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $5,001.40 (cinco mil un pesos 40/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $5,203.15 (cinco mil doscientos tres pesos 15/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a la cantidad a devolver 5,001.40 (cinco mil un pesos 40/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $201.75 (doscientos un pesos 75/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad total de $5,175.69 (cinco mil ciento setenta y cinco pesos 69/100 moneda nacional) por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. No pasa inadvertido que el monto que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, debían devolver a la parte quejosa era de $5,203.15 (cinco mil doscientos tres pesos 15/100 moneda nacional); sin embargo, ésta reintegró la diversa de $5,175.69 (cinco mil ciento setenta y cinco pesos 69/100 moneda nacional), es decir, faltó devolverle la cantidad de $27.46 (veintisiete pesos 46/100 moneda nacional), pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizaría tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectué la parte quejosa, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida parte agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Por otro lado, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el diecinueve de febrero del año en curso y anexo al mismo (fojas 108 y 109), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, comunicó la forma en que la aludida responsable dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Juan Carlos Arteaga Mejía. Luego, mediante proveído de veintiuno de febrero de la presente anualidad (foja 111), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación y anexo, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El acuerdo en mención se notificó a la parte quejosa el veintisiete de febrero del presente año (foja 115); por tal motivo, el término de tres días otorgado a dicha parte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al día de hoy ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hubiere efectuado alguna manifestación. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "... En ese tenor, se tiene que por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 78 a 92), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades ahí precisadas, para los efectos siguiente: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los numerales 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en el ámbito de sus competencia, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $5,281.40 (Cinco mil doscientos ochenta y un pesos 40/100 moneda nacional), que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a los solicitantes del amparo. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A) Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; esto es, para que vigilaran que fueran desincorporados de la esfera jurídica de la parte promovente del amparo, en el presente y en el futuro; y B) Devolverle a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $5,281.40 (Cinco mil doscientos ochenta y un pesos 40/100 moneda nacional), que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit; la cual debía ser actualizada. Resolución que por proveído de veintiuno de febrero del año en curso (foja 111), se declaró ejecutoriada, para todos los efectos legales a que hubiere lugar. Luego, a través del oficio DJC/915/2018 de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, recibido en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en esa misma fecha (foja 108), la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, en el comunicado de mérito, adjuntó una constancia de entrega de un cheque por la cantidad de $5,175.69 (cinco mil ciento setenta y cinco pesos 69/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria del amparo. Asimismo, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $5,281.40 (cinco mil doscientos ochenta y un pesos 40/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el diecinueve de julio de dos mil diecisiete y la devolución a la parte quejosa se efectuó mediante un cheque el diecinueve de febrero del presente año; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de julio del año próximo pasado a febrero de dos mil dieciocho. Así, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de junio de dos mil diecisiete entre el índice para el mes de enero de la presente anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Además, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio de dos mil diecisiete fue de 126.408; y para el mes de enero de 131.508. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.04034. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $5,001.40 (cinco mil un pesos 40/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $5,203.15 (cinco mil doscientos tres pesos 15/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a la cantidad a devolver 5,001.40 (cinco mil un pesos 40/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $201.75 (doscientos un pesos 75/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad total de $5,175.69 (cinco mil ciento setenta y cinco pesos 69/100 moneda nacional) por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. No pasa inadvertido que el monto que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, debían devolver a la parte quejosa era de $5,203.15 (cinco mil doscientos tres pesos 15/100 moneda nacional); sin embargo, ésta reintegró la diversa de $5,175.69 (cinco mil ciento setenta y cinco pesos 69/100 moneda nacional), es decir, faltó devolverle la cantidad de $27.46 (veintisiete pesos 46/100 moneda nacional), pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizaría tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectué la parte quejosa, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida parte agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Por otro lado, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se aprecia que no se interpuso medio de impugnación en contra de la resolución de veintinueve de diciembre de la anualidad próxima pasada; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte necesario requerir a la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por el cumplimiento al fallo protector concedido en el presente asunto, en virtud, de que por oficio presentado por conducto de la Directora General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en la oficialía de partes de este Órgano de Control Constitucional con data *** expuso que se encuentra a disposición de la parte quejosa, en las oficinas de la Dirección General Jurídica de dicha Secretaría, un cheque número ***tal y como lo acredita con el anexo que acompaña. En consecuencia, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, requiérase a la parte solicitante del amparo, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación a dicho cumplimiento, apercibido que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos se pronunciará en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se aprecia que no se interpuso medio de impugnación en contra de la resolución de veintinueve de diciembre de la anualidad próxima pasada; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte necesario requerir a la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por el cumplimiento al fallo protector concedido en el presente asunto, en virtud, de que por oficio presentado por conducto de la Directora General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en la oficialía de partes de este Órgano de Control Constitucional con data *** expuso que se encuentra a disposición de la parte quejosa, en las oficinas de la Dirección General Jurídica de dicha Secretaría, un cheque número ***tal y como lo acredita con el anexo que acompaña. En consecuencia, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, requiérase a la parte solicitante del amparo, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación a dicho cumplimiento, apercibido que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos se pronunciará en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

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