Juan Carlos Benítez Medina

Expediente 1770/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1770/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
11/01/2017

Partes del expediente

  • Juan Carlos Benítez Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    ...Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó el presente juicio y carece de relevancia documental; y, de depuración el original del incidente, pues se concedió y negó la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente...

  2. Principal

    ...Agréguese la razón actuarial que antecede por medio de la cual la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional manifiesta su imposibilidad para notificar el oficio 29007/2016; en ese tenor, se deja de tener como responsable a la autoridad ahí mencionada, dentro del presente juicio; por tanto, se suspende toda comunicación con la misma. Ahora, glósense los informes justificados rendidos por las autoridades que los suscriben, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga...

  3. Principal

    ...Agréguese la razón actuarial que antecede por medio de la cual la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional manifiesta su imposibilidad para notificar los oficios 29009/2016, 29010/2016 y 29011/2016; en ese tenor, se deja de tener como responsables a las autoridades ahí mencionadas, dentro del presente juicio; por tanto, se suspende toda comunicación con las mismas. Ahora, glósense los informes justificados rendidos por las autoridades que los suscriben, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga...

  4. Incidental

    VISTOS para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1770/2016; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Por auto de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, se ordenó formar el incidente de suspensión; se requirió el informe previo y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que precede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. AUTORIDAD Y ACTO RECLAMADO. Los quejosos reclamaron de las autoridades responsables, el acto consistente en la orden de presentación, detención, y aprehensión. SEGUNDO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de Lerma, el Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de la Agencia Central Tres de Toluca, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Central Dos del Tercer Turno, el Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de la Agencia Central Cuatro, el Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de la Agencia Central Uno de Toluca, el Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de la Agencia Central Cuatro, el Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de la Agencia Central Dos de Toluca, el Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de la Agencia Central Tres de Toluca, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación del Comisario General de la Policía Ministerial, el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, el Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de la Agencia Central Uno de Toluca, Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de la Agencia Central Uno de Toluca, el Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de la Agencia del Ministerio Público de Lerma, el Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la Agencia del Ministerio Público de Lerma, Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la Agencia Central Uno de Toluca, Fiscal Especializado de Homicidio del Valle de Toluca y Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, al rendir sus informes previos negaron el acto que se les reclama. Por lo que al no haber aportado pruebas los quejosos que desvirtúen dichas negativas, es procedente negar la medida cautelar solicitada por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en la orden de detención, aprehensión y presentación a las autoridades responsables citadas en el párrafo anterior. Al respecto, resulta aplicable la Tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que textualmente dice: "INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. Si las responsables niega los actos que se les atribuyen, y no se desvirtúa tal negativa, deben tenerse como inexistentes los mismos. (Octava Época, S.J.F. Tomo X, Octubre 1992, página 356)". TERCERO. PRESUNCIÓN DE ACEPTACIÓN. El Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Central Número Dos del Primer Turno de la Subprocuraduría General de Toluca, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Central Número Tres del Primer Turno de la Subprocuraduría General de Toluca, y el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Central Número Cuatro del Primer Turno de la Subprocuraduría General de Toluca, fueron omisos en rendir su informe previo no obstante de estar legalmente notificados. Por tanto, se actualiza la presunción establecida en el artículo 142 de la Ley de Amparo, y se tiene por cierto únicamente el acto atribuido a dichas autoridades, constante en la orden de detención; lo anterior, en virtud a que las autoridades omisas no están facultadas para ordenar aprehensión o presentación, pues estas solo les compete a las autoridades judiciales penales, quien en la especie negaron el acto reclamado. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 7/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia a de la Nación, que señala: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN AMPARO. ANTE LA OMISIÓN DE RENDIR EL INFORME PREVIO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRESUMIR CIERTOS LOS ACTOS FUTUROS, AUNQUE PRESCINDIENDO DE LOS CALIFICATIVOS A LOS ACTOS RECLAMADOS, SIN PERJUICIO DEL ANÁLISIS QUE DEBA REALIZAR SOBRE LA SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES PARA OTORGARLA. (S.J.F. y su Gaceta, 9ª Época, Tomo XXI, Febrero de 2005, página 321).". CUARTO. NEGATIVA DE SUSPENSIÓN. apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se niega a la parte quejosa la suspensión definitiva por cuanto hace a la emisión del acto reclamado consistente en: La orden de detención. Dado que dichos actos revisten el carácter de consumados y en contra de los cuales no procede conceder dicha medida cautelar, en virtud de que sería darle efectos restitutorios al mismo, lo cual es propio de la sentencia que se dicte en el juicio principal de donde emana el presente incidente de suspensión. Resulta aplicable la jurisprudencia 1090, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE." (5a. Época; 1a. Sala; Ap. 2000; Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN; página 13). QUINTO. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFINTIVA. RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE DETENCIÓN RECLAMADA Con fundamento |en los artículos 144, 146 y 147 de la Ley de Amparo, tomando en cuenta que de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Fiscales o los Ministerios Públicos sólo pueden ordenar la detención del inculpado, en caso de urgencia y que el delito sea considerado como grave; se concede la suspensión definitiva para el efecto de que una vez que los quejosos sean detenidos, queden a disposición del suscrito Juez de Distrito en cuanto a su libertad personal se refiere, y a disposición de la autoridad ministerial para la continuación de la integración de la averiguación. En la inteligencia de que los Fiscales o los Ministerios Públicos responsables dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contado a partir del momento de la detención, deberá consignarlo ante el juez penal correspondiente o de ser el caso lo pongan en libertad. Toda vez que la suspensión la solicitan para que no sean privados de su libertad y puedan comparecer de manera libre a rendir su declaración, si es el caso que su búsqueda tenga como fin rendir declaración ante autoridad ministerial investigadora, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que hasta en tanto las responsables reciban notificación sobre la sentencia dictada en el juicio principal del que deriva la presente incidencia, se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, esto es, para que los quejosos, no sean privados de su libertad personal con motivo de dichos actos, a menos que comparezcan de manera voluntaria y únicamente para el efecto de desahogar la diligencia requerida por el Agente del Ministerio Público, por lo que una vez concluida ésta, deberán ser puestos en inmediata libertad. Apoya lo anterior la jurisprudencia número 1a./J. 109/2011 (9a.) de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Materia(s): Penal, Página: 1059 del rubro y texto siguientes: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA. La comparecencia ante el agente del Ministerio Público, obtenida a través del cumplimiento de la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, si así lo estima conveniente, si bien es verdad no tiene como propósito lograr su detención, no menos cierto es que, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al indiciado, se limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada" Así como la diversa tesis aislada número 1a. CLXXV/2016 (10a.) de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, del rubro y texto siguientes: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN CONTRA UN INCULPADO EN UNA INVESTIGACIÓN MINISTERIAL. ES ILEGAL CUANDO EXCEDE LOS EFECTOS JURÍDICOS PARA LOS QUE FUE EMITIDA. En diversos precedentes, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el régimen constitucional de detenciones sólo admite las órdenes de aprehensión, flagrancia o caso urgente; de ahí que el Ministerio Público no puede forzar la comparecencia de un indiciado mediante las denominadas "órdenes de búsqueda, localización y presentación", ni obligarlo a que permanezca contra su voluntad en el lugar en que se le interroga, pues ello equivale materialmente a una detención. Así, cuando los agentes de la policía cuentan con esta orden expedida por el Ministerio Público contra un indiciado, sólo están facultados para notificar a esa persona la existencia de la indagatoria en su contra y señalarle que cuenta con el derecho de comparecer ante la autoridad ministerial para realizar su declaración correspondiente, ante lo cual, éste puede expresar su deseo de no hacerlo, esto es, los agentes no pueden detenerlo y ponerlo a disposición contra su voluntad, pues tal acto constituirá materialmente una detención arbitraria, lo que también ocurre cuando el Ministerio Público de una entidad federativa cumplimenta un oficio de colaboración y gira una orden de esa naturaleza con el propósito de recabar la declaración ministerial del inculpado en esa sede y, una vez que éste es presentado voluntariamente, sin recibir su declaración, el fiscal devuelve la indagatoria junto con el inculpado a su lugar de origen, pues en estos casos, dicha orden excede sus efectos jurídicos y produce materialmente una privación de la libertad personal del quejoso, ya que no tuvo el exclusivo propósito de que se recabara la declaración ministerial del inculpado por el órgano investigador habilitado, sino el de enviarlo a su lugar de origen, con lo que se da un efecto distinto a la orden decretada que se traduce en una real detención, ejecutada sin la existencia previa de una determinación que cumpliera con los requisitos constitucionales correspondientes." Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega a Juan Carlos Benitez Medina y Francisca Medina Barrios, la suspensión definitiva solicitada contra los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas en el considerando segundo de esta resolución, en términos de lo expuesto en ese mismo considerando así como en el cuarto. SEGUNDO. Se concede a Juan Carlos Benitez Medina y Francisca Medina Barrios, la suspensión definitiva solicitada contra el acto reclamado a las autoridades responsables mencionadas en el considerando tercero de esta resolución, en términos de lo expuesto en el diverso quinto de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca; quien actúa asistido del Secretario Luis Alberto Castro Velázquez, que da fe. El Juez El Secretario Mlss

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