Juan Carlos Becerril Herrera

Expediente 1616/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1616/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Carlos Becerril Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Informe justificado Agréguese el oficio signado electrónicamente por la Jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en Funciones de Jueza de Ejecución, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), a través del cual, rinde su informe justificado. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio, cabe destacar que, la parte quejosa en el presente asunto, reclama lo siguiente: La omisión de dar respuesta al escrito que se presentó ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en Funciones de Juzgado de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en el Municipio de Almoloya de Juárez (Altiplano) el diez de octubre de dos mil veintitrés, mediante el cual se exhibió el billete de depósito correspondiente e hizo del conocimiento su voluntad de allanarse al sustitutivo de la pena de prisión de tratamiento en libertad del directo quejoso, dentro de la causa penal *** Acto respecto del cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De acuerdo con la transcripción anterior, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ello, ya sea porque la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, o se haya sustituido procesalmente, cuando éste tenga el carácter de positivo; o bien, cuando la responsable realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativo u omisivo, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie a la parte quejosa. Esto porque el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando su objetivo ha desaparecido, el cual, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se traduce en restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaba antes de la violación. Lo anterior es así, ya que de las documentales que remitió la autoridad responsable en auto de trece de octubre del año en curso y en el presente, así como de una revisión al Sistema integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual se encuentra vinculado el ** derivado de la causa penal ***3, se advierte que mediante proveído de once de octubre de dos mil veintitrés, la responsable dio contestación al escrito con folio** presentado por la parte quejosa, en el sentido de no acordar favorable la pretensión de tener por adherida a la parte quejosa al sustitutivo de la pena de prisión, por las razones expuestas. No obstante lo anterior, posteriormente en auto de treinta y uno de octubre del presente año, se le tuvo por adherido al quejoso al sustitutivo de la pena de prisión de tratamiento en libertad y mediante proveído de trece de noviembre del año actual, se informó a la responsable el externamiento del centro en el que se encontraba recluido la parte quejosa. Documentales a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria. En ese sentido, al encontrarse plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; en virtud de que la omisión atribuida a la responsable cesó pues mediante proveídos de once, treinta y uno de octubre y trece de noviembre, todos de dos mil veintitrés, fue atendida la solicitud por la autoridad responsable; y, toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualiza la relativa a la fracción XXI del mismo. Así las cosas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones respectivas. **

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Alegatos ministeriales Agréguese el pedimento de la Fiscal Federal adscrita, por el cual, realiza diversas manifestaciones, en consecuencia, con fundamento en el ordinal 124, de la Ley de Amparo, ténganse por vertidas sus exposiciones a manera de alegatos; asimismo, dese cuenta con ellos en la audiencia constitucional. Copias Por otra parte, en relación a su solicitud de copias, dígase que deberá estarse a lo acordado en el primer proveído dictado en el presente juicio de amparo; por el que se ordenó la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto. **

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Vista la certificación de cuenta, se advierte que en términos de las Circulares **, de diecinueve y veinticinco, ambas de octubre de dos mil veintitrés, signadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declararon inhábiles los días del dieciséis al veintinueve de octubre del año en curso, en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por lo que se encuentra transcurriendo el término plasmado en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que la autoridad responsable rinda su informe justificado. Diferimiento En consecuencia, a fin de permitir lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. ***

  4. Principal

    Resolución Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 482/2022-I-B; y, R e s u l t a n d o: Primero. Trámite del cuaderno incidental. Por auto de veintiuno de septiembre del año en curso, se ordenó formar el incidente de suspensión; se requirió su informe previo a las responsables y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, misma que, tuvo verificativo el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, por las autoridades responsables a excepción del Instituto Nacional Electoral, por el cual se celebra en esta fecha en términos del acta que precede. C o n s i d e r a n d o: Primero. acto reclamado. En el caso, el quejoso Ulises Miguel Juárez Abarca, reclama de las autoridades responsables: AUTORIDAD Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión Presidente de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con radicación en Toluca, Estado de México. Instituto Nacional Electoral. Lo siguiente: La inconstitucionalidad -promulgación, expedición y emisión- del artículo 206 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y del diverso 6 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa y como acto de aplicación la sentencia de dos de marzo de dos mil veintidós, emitida por los integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Segundo. Existencia del acto reclamado. El Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, al rendir su informe previo aceptó el acto reclamado. Tercero. Negación de la suspensión definitiva. Con fundamento en los artículos 144 y 146 de la Ley de la materia, se niega a la parte quejosa la suspensión definitiva respecto de la promulgación, expedición y emisión del artículo 206 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y del diverso 6 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa. Lo anterior es así, dado que resulta improcedente otorgar la medida cautelar contra la expedición de las leyes, ya que la materia de la suspensión es su ejecución o aplicación, no ésta en sí, que es materia del fondo de la litis planteada, debe entenderse que la materia de la presente resolución de suspensión, son las consecuencias de la ley reclamada. Por ende, para efectos de metodología jurídica, el estudio de esta suspensión se centrará en la aplicación de las leyes reclamadas, mas no en la ley per se. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Julio de 1999, página 775, que dice: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión.". Cuarto. Concesión de la suspensión definitiva. Con fundamento en el artículo 148, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se concede a la parte quejosa la suspensión definitiva para efectos de que si no se ha ejecutado la sentencia de dos de marzo de dos mil veintidós, emitida por los integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no se realice, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal. Lo anterior, es así tomando en consideración que las consecuencias de las normas que se impugnan de inconstitucional es procesalmente la citada resolución, lo cual debe paralizarse en términos del artículo 148 de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se niega a ****, la suspensión definitiva contra el acto y autoridades precisados en el considerando primero, en términos del tercer considerando de esta resolución. Segundo. Se concede a ****, la suspensión definitiva contra el acto y autoridades precisados en el considerando primero, en términos del cuarto considerando de esta resolución.

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