Juan Carlos Aviña Lino
Expediente 802/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 62 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 802/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 62
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Juan Carlos Aviña Lino
- Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "Cps-Durango"
Actuaciones
Las 4 más recientes de 62.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Notificación personal. Visto lo de cuenta, se agrega la constancia de notificación personal realizada al quejoso Juan Carlos Aviña Lino, mediante la cual realiza diversas peticiones a su asesor jurídico. Vista. En tales condiciones, córrase traslado con copia de la constancia de cuenta a la asesora pública federal del quejoso a fin de que manifieste lo que conforme a derecho corresponda. Notifíquese personalmente a la asesora jurídica del quejoso.
- Incidental
Torreón, Coahuila de Zaragoza; diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Notificación personal. Visto lo de cuenta, se agrega la constancia de notificación personal de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, realizada al quejoso Juan Carlos Aviña Lino, mediante la cual solicita se de aviso a su defensora. Vista. En tales condiciones, córrase traslado con copia de la constancia de cuenta a su asesora jurídica federal, a fin de que manifieste lo que conforme a derecho corresponda. Notifíquese y personalmente a la asesora jurídica del quejoso.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; quince de noviembre de dos mil veintitrés. Constancia de Notificación. Vista la constancia de notificación practicada por el actuario adscrito al quejoso Juan Carlos Aviña Lino, en la que solicita copias del informe que rindió la autoridad responsable. Copia. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de no vulnerar el derecho de tutela judicial, con sustento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, expídanse las copias que solicita, debidamente certificadas cual lo establece de manera imperativa, no potestativa, el último de los preceptos legales señalados. En virtud de que el citado quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS-Durango", con sede en Gómez Palacio, Durango; con fundamento en el dispositivo 26, fracción I, inciso a), de la ley en la materia, se comisiona al actuario de la adscripción, a fin de que se constituya en el lugar de reclusión del quejoso, y de manera personal le haga entrega de las copias solicitadas. A lo anterior, tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, Décima época, tomo 1, libro 7, de texto siguiente: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO. ES PROCEDENTE LA ENTREGA DE LAS MISMAS EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RELUIDO EL QUEJOSO. La gratuidad de la justicia que consagra el artículo 17 constitucional consiste en que las personas no tienen que efectuar ninguna erogación a los tribunales por la impartición de la justicia, lo cual genera como efecto la prohibición para que éstos exijan retribución por la función que desempeñan dentro del Estado. Este principio constitucional busca evitar que los obstáculos económicos vulneren el derecho de tutela judicial efectiva, los que han de entenderse como todos aquellos costos que los justiciables deben afrontar para acceder a la tutela jurisdiccional, los cuales dificultan el ejercicio del derecho fundamental. En ese tenor, si bien el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo abrogada, es claro al imponer al interesado la obligación de cubrir a quien las solicita el costo de las copias certificadas, en aras de respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para la emisión de su determinación, en respuesta a la petición formulada. De manera que si el quejoso comparece a manifestar su impedimento para cubrir tal gasto y tanto de su afirmación como de autos, se desprende que se encuentra privado de su libertad con motivo de la imposición de una pena, pues su condición jurídica ocasiona la suspensión de derechos políticos y civiles, es obvio que, salvo prueba en contrario, no cuente con ingreso alguno; por tanto, el cobro por la expedición de las copias referidas, incluso por concepto de los materiales necesarios, será gratuita con la condición de que con claridad se soliciten las constancias respecto de las que requiera copias y sean de utilidad para su defensa, quedando a criterio del juzgador la determinación de ser o no conducentes. Asimismo, si el peticionario de garantías manifiesta, sin que de autos se advierta lo contrario, que no tiene designada persona autorizada para las actuaciones judiciales derivadas del proceso, hace evidente su impedimento físico de allegarse por su cuenta de las copias certificadas solicitadas, por lo que resulta materialmente imposible que tenga a la vista las referidas documentales, puesto que al estar recluido y no contar con persona autorizada para imponerse de los autos, no es factible que consulte los mismos de forma personal como tampoco que acuda a recibir los documentos solicitados en caso en que hubiera sido obsequiada su petición. Por tanto, procede que se ordene entregar dichas copias en el lugar donde se encuentra recluido". Notifíquese personalmente al en el lugar en el que se encuentra recluido, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo.
- Principal
Se notifica por lista al asesor jurídico Vista la constancia de notificación practicada por el actuario adscrito al quejoso Juan Carlos Aviña Lino, en la que solicita copias del informe que rindió la autoridad responsable. Copia. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de no vulnerar el derecho de tutela judicial, con sustento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, expídanse las copias que solicita, debidamente certificadas cual lo establece de manera imperativa, no potestativa, el último de los preceptos legales señalados. En virtud de que el citado quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS-Durango", con sede en Gómez Palacio, Durango; con fundamento en el dispositivo 26, fracción I, inciso a), de la ley en la materia, se comisiona al actuario de la adscripción, a fin de que se constituya en el lugar de reclusión del quejoso, y de manera personal le haga entrega de las copias solicitadas. A lo anterior, tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, Décima época, tomo 1, libro 7, de texto siguiente: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO. ES PROCEDENTE LA ENTREGA DE LAS MISMAS EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RELUIDO EL QUEJOSO. La gratuidad de la justicia que consagra el artículo 17 constitucional consiste en que las personas no tienen que efectuar ninguna erogación a los tribunales por la impartición de la justicia, lo cual genera como efecto la prohibición para que éstos exijan retribución por la función que desempeñan dentro del Estado. Este principio constitucional busca evitar que los obstáculos económicos vulneren el derecho de tutela judicial efectiva, los que han de entenderse como todos aquellos costos que los justiciables deben afrontar para acceder a la tutela jurisdiccional, los cuales dificultan el ejercicio del derecho fundamental. En ese tenor, si bien el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo abrogada, es claro al imponer al interesado la obligación de cubrir a quien las solicita el costo de las copias certificadas, en aras de respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para la emisión de su determinación, en respuesta a la petición formulada. De manera que si el quejoso comparece a manifestar su impedimento para cubrir tal gasto y tanto de su afirmación como de autos, se desprende que se encuentra privado de su libertad con motivo de la imposición de una pena, pues su condición jurídica ocasiona la suspensión de derechos políticos y civiles, es obvio que, salvo prueba en contrario, no cuente con ingreso alguno; por tanto, el cobro por la expedición de las copias referidas, incluso por concepto de los materiales necesarios, será gratuita con la condición de que con claridad se soliciten las constancias respecto de las que requiera copias y sean de utilidad para su defensa, quedando a criterio del juzgador la determinación de ser o no conducentes. Asimismo, si el peticionario de garantías manifiesta, sin que de autos se advierta lo contrario, que no tiene designada persona autorizada para las actuaciones judiciales derivadas del proceso, hace evidente su impedimento físico de allegarse por su cuenta de las copias certificadas solicitadas, por lo que resulta materialmente imposible que tenga a la vista las referidas documentales, puesto que al estar recluido y no contar con persona autorizada para imponerse de los autos, no es factible que consulte los mismos de forma personal como tampoco que acuda a recibir los documentos solicitados en caso en que hubiera sido obsequiada su petición. Por tanto, procede que se ordene entregar dichas copias en el lugar donde se encuentra recluido".
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