Juan Carlos Alcantar Montellano
Expediente 542/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 542/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Juan Carlos Alcantar Montellano
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a), de la propia ley; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el auto de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo, ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y atento a lo dispuesto por el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo general conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que este expediente, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese.
- Principal
Agréguense a sus antecedentes las razones de la actuaria de la adscripción, mediante las cuales informa que no le fue posible notificar el proveído de veintisiete de abril de dos mil dieciocho al promovente, por los motivos que expone en las mismas. En tales condiciones, y con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista al promovente... el proveído de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, así como las subsecuentes notificaciones que le resulten en el presente expediente, aun las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en donde puedan practicársele. Notifíquese. Se notifica el proveído de veintisiete de abril de dos mil dieciocho: Vista la demanda de amparo promovida por... contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; al efecto, regístrese en el libro de gobierno con el número de expediente 542/2018-II, que le correspondió en el libro de gobierno que al efecto se lleva en este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna. Desprendiéndose de lo anterior, así como del contenido íntegro de la demanda, deriva que el quejoso comparece en calidad de parte actora dentro del juicio laboral 2576/2017 MESA 1, y en el caso, reclama esencialmente la omisión de dictar la interlocutoria respecto al incidente de falta de personalidad. En ese contexto, se estima que la omisión de dictar la resolución respecto al incidente de falta de personalidad planteado por el quejoso dentro del juicio laboral 2576/2017 MESA 1, no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional, tomando en cuenta que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que al determinarse la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio que sean de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". En ese sentido, esta juzgadora determina que la omisión atribuida a la autoridad responsable, no puede considerarse como un acto de imposible reparación, en tanto que no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa, a efecto de que pueda ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, pues dicha omisión únicamente dilata la continuación del procedimiento, lo cual constituye un acto omisivo de carácter intraprocesal que no puede considerase de imposible reparación, en tanto que, las consecuencias de dicha omisión (atender plazos y términos previstos en la legislación de la materia) no afecta derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera, y por tanto, el tema de la impartición de justicia en plazos y términos previstos de la legislación ordinaria, solamente se trata de una violación de carácter adjetivo, por lo que, deberá atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a la autoridad a pronunciarse al respecto. Por tanto, como el quejoso refiere una afectación cometida dentro del procedimiento ordinario, en atención a que la autoridad responsable no procura la celeridad del juicio, ello se rige por los artículos 14 y 17 de la Carta Magna, así como en los plazos y términos desarrollados en la norma secundaria, razón por la cual, si el reclamo acaecía dentro del mencionado juicio laboral, no se cumple el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión de un derecho sustantivo o que hubiera dejado sin defensa a la quejosa, dado que no se trata de una afectación autónoma al procedimiento en que se encuentra el particular, por lo que tenía el carácter de adjetivo y debía atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a la autoridad a pronunciarse al respecto. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; y con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario de la adscripción pueda efectuar las mismas. Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciado... toda vez que no acreditaron encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho y que su cédula profesional se encuentre inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales , en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; asimismo, se le tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo. En cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase al promovente que las resoluciones y la sentencia que se dicten en el presente asunto, constituye información pública una vez que se emitan y causen estado, de acuerdo con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para aplicación de dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil cuatro, con las excepciones previstas en el artículo 110 de la misma ley. Notifíquese personalmente al promovente.
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