Juan Carlos Ávila Sánchez

Expediente 406/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
406/2023
Año
2023
Actuaciones
20
Última actuación
26/09/2023

Partes del expediente

  • Juan Carlos Ávila Sánchez
  • Jorge Luis Morales Gallegos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    La licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, pues transcurrió para la parte quejosa y Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, del uno al dieciocho de septiembre, en tanto que a las autoridades responsables les transcurrió del seis al veintiuno de septiembre, ambos términos del año en curso, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno; asimismo, certifica que no obran documentos originales para ordenar su devolución a las partes, no fueron exhibidos valores, no obran documentos para ser devuelta a su remitente y sí se aperturó incidente de suspensión. Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 406/2023, con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la que por un lado se sobreseyó y por otro se negó en el juicio de amparo que se actúa, sin que lo hayan hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y 17/02/24 10:43:45 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.31.38.31.33.33.33 ANGELICA ESTEFANIA APONTE AYALA Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de conservación dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. En relación con el cuaderno incidental, de conformidad con el artículo 20, fracción III, del Acuerdo en mención, es destruible el mismo, en virtud de que se negó la suspensión definitiva. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, consérvese el juicio y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establece el Acuerdo General antes mencionado. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades correspondientes. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del treinta de agosto de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 406/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria hace relación de la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación que antecede para los efectos que en derecho correspondan. Abierto el período de pruebas: La secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa y por las autoridades responsables Coordinador General y Director de Planeación y Proyectos de la Comisión Coordinadora del Transporte. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas precisadas con antelación. Al consistir en documentales, se tienen por admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, en la inteligencia de que deben tomarse en consideración la totalidad de las constancias remitidas por las partes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: Se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Al no haber diligencia pendiente que desahogar, se procede al dictado de la resolución, y; R E S U L T A N D O Primero. Mediante escrito presentado el trece de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, Yoatzin Morales Gallegos por su propio derecho y otros, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán y de otra autoridad, que estimaron violatorios de los artículos 5º, 8º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Separación de juicios y admisión de la demanda. Por razón de turno, le tocó conocer de la demanda al Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien en proveído de treinta de marzo de dos mil veintitrés ordenó la separación de juicios y remitió a la Oficina de Correspondencia las constancias conducentes a fin de que realizara el turno correspondiente entre los Juzgados de Distrito en el Estado; así a este Órgano jurisdiccional le tocó conocer de la demanda promovida por Yoatzin Morales Gallegos. En razón a lo anterior, se registró bajo el número 406/2023; en auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, este juzgado la admitió a trámite, por lo que solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; y se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. Tercero. Ampliación de la demanda. El veinte de julio de la anualidad que transcurre [foja 144], la parte quejosa amplió la demanda de amparo, lo que se acordó en proveído de veinticuatro de julio siguiente [foja 148]; por lo que se requirió el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables y, seguido el juicio por sus trámites legales, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede, y se procede a dictar sentencia al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que Yoatzin Morales Gallegos, reclamó del Coordinador General y del Director de Planeación y Proyectos, ambos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público y de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, lo siguiente: La detención del vehículo de su propiedad, su traslado al corralón y las multas emitidas al respecto. La falta de respuesta a su solicitud de permiso para prestar el servicio público de transporte escolar. el oficio CCT-DPP-0283/2022, de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, por medio del cual se determinó que resultaba improcedente su solicitud de permiso para prestar el servicio especial de transporte escolar. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, por así manifestarlo al rendir su informe justificado [foja 115]. Por su parte, el Coordinador General y del Director de Planeación y Proyectos, ambos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público, negaron el acto consistente en la detención del vehículo propiedad de la quejosa, su traslado al corralón y las multas emitidas al respecto, [fojas 75-83 y 115], pues señalan que los actos que refiere acontecieron el veintidós de septiembre de la anualidad próxima pasada, los llevaron a cabo miembros de la Comisión Reguladora del Transporte, colectivo de carácter privado, sin que dichas autoridades hubiesen tenido intervención alguna o le hubiesen realizado alguna infracción. No obstante lo anterior, la promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de la autoridad responsable de referencia, aun cuando se le dio la vista respectiva con el informe justificado rendido por ésta, a pesar que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Por consiguiente, ante la inexistencia de los actos reclamados señalados en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Coordinador General y al Director de Planeación y Proyectos, ambos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público, consistentes en la falta de respuesta a su solicitud de permiso para prestar el servicio público de transporte escolar y el oficio CCT-DPP-0283/2022, de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Lo que se corrobora con las constancias enviadas por las responsables como complemento a su informe justificado, entre las que se encuentra el oficio CCT-DPP-0283/2022, de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. En ese sentido, se tiene por cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Quinto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de garantías, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Causales de improcedencia infundadas. Conforme a lo anterior, las autoridades responsables (foja 75), indican que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, (falta de interés jurídico) dado que la quejosa no es concesionaria ni permisionaria del transporte público. No se actualiza la causal invocada. Por principio, es cierto que, aunque en apariencia pudiera establecerse que la quejosa no acreditó su interés jurídico, dado que no demostró contar con permiso para prestar el servicio público de transporte escolar; más cierto es que, si este juzgador asume como válida la conclusión alegada por las responsables (que la quejosa no tiene interés jurídico en este asunto porque no tiene licencia), actualizaría la falacia denominada "petición de principio", que se configura cuando se toma como principio de demostración la conclusión que en todo caso es el objeto o materia de estudio en el asunto. En efecto, un análisis preliminar de los conceptos de violación esgrimidos en la demanda de amparo, permite advertir que la quejosa aduce como agravio toral que la autoridad responsable le ha negado el permiso en comento. De suerte que, si este juzgador accediera a tener por actualizada la causal de improcedencia invocada por la responsable, bajo el argumento que la quejosa no es concesionaria ni permisionaria del transporte público, sin analizar la cuestión de fondo efectivamente planteada, que es precisamente la relativa a que la autoridad le ha negado el permiso para prestar dicho servicio, asumiría como principio de demostración la conclusión que es el objeto o materia de estudio en el asunto, la cual consiste precisamente, en determinar si es o no correcta la negativa de expedición del permiso que solicita. Estimar lo contrario, implicaría hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia de la parte peticionaria de amparo, en la medida que, sin analizar si el acto de molestia cumple o no, las formalidades establecidas en la Constitución, se asumiría que no es procedente el examen constitucional del acto porque la quejosa no cuenta con el permiso, concesión, licencia y/o autorización correspondiente; siendo esto así, como ya se dijo, la causal a estudio deviene improcedente. Causales de improcedencia fundadas. En el caso, este Juzgado de Distrito estima que respecto del acto reclamado consistente en la falta de respuesta a su solicitud de permiso para prestar el servicio público de transporte escolar, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye que el juicio de amparo será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, en la especie uno de los actos reclamados se hizo consistir en la la falta de respuesta a su solicitud de permiso para prestar el servicio público de transporte escolar. Por su parte, las autoridades responsables al rendir su informe justificado informaron que el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, se expidió el oficio CCT-DPP-0283/2022, de veintiséis de mayo de la anualidad que transcurre, suscrito por el Director de Planeación y Proyectos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán, por medio del cual, dio respuesta a su solicitud de permiso para prestar el servicio público de transporte escolar, determinándolo improcedente, anexando el oficio respectivo. De lo que se sigue, que la respuesta otorgada por la citada responsable a la quejosa Yoatzin Morales Gallegos, trae como consecuencia que los actos reclamados cesen en sus efectos, de ahí que se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de los actos reclamados han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando como en el caso, el acto reclamado sea de carácter positivo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto de los actos consistentes en la falta de respuesta a su solicitud de permiso para prestar el servicio público de transporte escolar. Finalmente, dado que no existen más causas de improcedencia que las partes hayan hecho valer y este juzgador tampoco advierte de manera oficiosa, la existencia de alguna, por lo que procede que este juzgador emprenda el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado consistente en el oficio CCT-DPP-0283/2022, de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, por medio del cual se determinó que resultaba improcedente su solicitud de permiso para prestar el servicio especial de transporte escolar. Sexto. Estudio de los conceptos de violación respecto del acto reclamado al Coordinador General y al Director de Planeación y Proyectos, ambos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público, consistente en el oficio CCT-DPP-0283/2022, de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, por medio del cual se determinó que resultaba improcedente su solicitud de permiso para prestar el servicio especial de transporte escolar. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora, la parte quejosa en los conceptos de violación esgrime medularmente, que las autoridades responsables vulneran su esfera de derechos toda vez que al negarle el permiso para prestar el servicio público de transporte escolar, se le quiere tratar igual que a los concesionarios de rutas establecidas del servicio público, no obstante que éstos incumplen con el requisito de utilizar unidades con capacidad de veintinueve pasajeros, cuando los estudiantes que transporta la quejosa son un aproximado de diez a quince. Que tiene una década solicitando una concesión y siempre le argumentan que pierden los documentos que los reúna y que los vuelva a presentar. Añade que lo único que solicita es poder trabajar, que la gran mayoría de urbanos y taxis, y combis exceden de la cantidad de años que la autoridad exige, ni cuentan con la capacidad de transporte de pasajeros; además que su vehículo se encuentra en buenas condiciones y que se compromete a renovar su vehículo en un tiempo determinado. Argumentos que resultan inoperantes. Se dice de este modo, toda vez que la peticionaria de amparo no ataca las consideraciones torales del oficio reclamado, por las que el Director de Planeación y Proyecto de la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán, determinó que resultaba improcedente su solicitud de permiso para prestar el servicio especial de transporte escolar, en atención a que: Se realizó una revisión de su expediente y presentó un vehículo marca Nissan, modelo 2008 con el que pretende prestar el servicio, por lo que conforme a lo que establece el artículo 27 Quáter, fracciones I y VII inciso h), del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, su vehículo tenía una antigüedad de quince años y no cumplía con lo establecido para el servicio especial de transporte escolar. Que además su vehículo tiene una capacidad para quince personas por lo que tampoco cumple con el tipo de unidad estipulado para el nivel secundaria que debe proporcionarse en unidades de veintinueve pasajeros en adelante (microbús, camión, autobús). Ahora bien, para formular sus conceptos de violación, la parte quejosa debió expresar y revelar a través de la causa de pedir, las causas, circunstancias y razones por las que estimase que porqué resultaba erróneo el señalamiento de la responsable en el sentido de que, atendiendo a los preceptos que invocó, no cumplía con lo establecido para el servicio especial de transporte, en razón de que su vehículo tenía una antigüedad de quince años; además tampoco precisó el motivo por el que no era necesario que su vehículo contara con una capacidad de veintinueve personas. Esto es, no señaló las circunstancias por las que los preceptos que aplicó, no resultan aplicables al caso concreto, o bien los motivos por las que se encontraba exento a cumplir con tales requisitos, y si la quejosa no rebate, a través de argumentos jurídicos concretos, las consideraciones del oficio reclamado, sus conceptos de violación son inoperantes. También resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.- El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer "razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.". Así las cosas, al resultar inoperantes los conceptos de violación y tomando en consideración que la suplencia de la queja deficiente sobre el tema del acto reclamado no procede, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, al no transgredir derechos humanos de la quejosa, por tanto, lo que procede es negar el amparo y protección que de la Justicia Federal se ha solicitado. Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Yoatzin Morales Gallegos, por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades que quedaron especificadas en los considerandos, tercero y cuarto de esta resolución, por los motivos expuestos en los propios considerandos. Segundo. Por las razones determinadas en el considerando sexto de esta resolución, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Yoatzin Morales Gallegos, en contra del acto reclamado a las autoridades y acto que quedaron especificadas en el citado considerando. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Karla Martínez Arenas, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de ocho días con el informe justificado relativo a la ampliación de demanda que rinde el Jefe de Departamento de Amparos y Procesos Administrativos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán, en representación del Coordinador General de dicha dependencia. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional correspondiente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado de autos se advierte que mediante proveído de veinticuatro de julio del año en curso se admitió a trámite la ampliación de demanda que realizó el peticionario de amparo respecto de la contestación realizada a la solicitud que formuló mediante escrito de diecinueve de diciembre pasado y en esa propia data se requirió a las autoridades responsables su informe justificado. Por tanto, para dar margen a que las responsables rindan su informe respectivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan para su verificativo las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintitrés, autorizado al titular, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial y comunicado en oficio CCJ/ST/3982/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", y quien actúa con la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.

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