Juan Carlos Alva González
Expediente 1126/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1126/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Carlos Alva González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del sise, el acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
El veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 1126/2019, con la promoción registrada con el número 21841. Conste. Morelia, Michoacán, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio y anexo que remite el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En relación con lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el comunicado de mérito para que dentro del plazo de tres días, computado a partir de la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos que fueron aportados por la autoridad responsable. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, certifica: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, pues transcurrió del dos al trece de diciembre del presente año; tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes de conformidad con los artículos 19 y 22 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno; lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Morelia, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 1126/2019, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos . Conste. Morelia, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hayan hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En relación con lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta sus efectos la notificación que se le practique del presente auto, cumpla con la sentencia ejecutoria de referencia, la cual se concedió en los siguientes términos: "Deje sin efectos la fecha señalada inicialmente para la reinstalación del trabajador aquí quejoso y señale una diversa en un término no mayor de treinta días, previa notificación personal que al efecto realice al trabajador, con total apego a los plazos que para ello prevé la Ley Federal del Trabajo aplicable al caso". Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá multa por el equivalente a cien días Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe, de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 238 y 258 del ordenamiento legal en cita. Asimismo, en caso de incumplimiento se remitirá el expediente al tribunal colegiado competente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto o cargo que ostente la autoridad responsable y su consignación ante la autoridad judicial. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1126/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da nueva cuenta con la prueba documental ofrecida por la autoridad responsable. El juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la citada Ley de Amparo se tiene por anunciada, admitida y desahogada el mencionado elemento de convicción. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez provee: Se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. V I S T O S los autos, para resolver, el juicio de amparo 1126/2019, promovido por Juan Carlos Alva González, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, que estimó violatorios de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el quince de octubre de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Juan Carlos Alva González solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en los términos siguientes: "lV.- ACTO RECLAMAO.- Hasta la fecha la autoridad ha sido omisa en administrar justicia conforme a derecho ya que en el acuerdo de fecha 26 veintiséis de septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, la autoridad señalo fecha lejana para llevar él cabo la reinstalación en el empleo del trabajador actor JUAN CARLOS ALVA GONZALEZ, esto para el día 05 cinco de febrero del año 2020 dos mil veinte, constituyendo el acto reclamado." SEGUNDO. Por acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde; y se fijó fecha para la audiencia constitucional. TERCERO. Una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A C I O N E S: PRIMERA. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues el acto y la ejecución de éste proviene de autoridad jurisdiccional con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, esta juzgadora procede a fijar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse, que en la especie, el acto reclamado consiste en: El proveído de veintiséis de septiembre del presente año, por el cual el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, señaló el cinco de febrero de dos mil veinte a efecto de llevar a cabo la reinstalación en el empleo del trabajador actor aquí quejoso. TERCERA. Al rendir el informe requerido, el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del acto que se le atribuye, lo que constituye una confesión expresa con plena eficacia conforme a lo dispuesto por los numerales 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición del precepto 2º de ésta. Lo anterior lo robustece las copias certificadas del juicio laboral de origen que anexó a su informe de ley, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, del Apéndice 1917-septiembre 2011, registro 1002815, que a la letra dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTA. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juez de Distrito aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, este Juzgado de Distrito no advierte de oficio causa de improcedencia que se actualice en el presente juicio ni alegada por las partes respecto del acto reclamado, por lo que procede el estudio de fondo del asunto. QUINTA. Al no existir causa de improcedencia que se actualice en relación con el acto reclamado, procede el estudio de los conceptos de violación atendiendo al principio de mayor beneficio contenido en el artículo 189 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía al amparo indirecto, de acuerdo con el cual deben abordarse aquéllas cuestiones que trasciendan a la plena restitución en el goce del derecho individual violada, a fin de garantizar a la parte quejosa, con la mayor amplitud posible, el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia tutelada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia I.4o.A. J/83, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 164369, del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE PREFERIR LOS RELACIONADOS CON EL FONDO DEL ASUNTO A LOS FORMALES, O BIEN, ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO. La solución sustancial de los conflictos, en concordancia con los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo, contenidos en los artículos 77 y 78 de la ley de la materia, obliga al juzgador a analizar, en primer lugar, los conceptos de violación que puedan determinar la concesión de la protección federal con un efecto más amplio al que pudiese tener una violación formal. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que el estudio de los conceptos de violación que determinen la concesión del amparo directo debe atender al principio de mayor beneficio (tesis P./J. 3/2005 visible en la página 5, Tomo XXI, correspondiente al mes de febrero de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES."). En ese tenor, se estima que en los juicios de amparo indirecto deben analizarse los conceptos de violación relacionados con el fondo del asunto con preferencia a los formales, o bien, estudiarse en primer término los que pudiesen otorgar un mayor beneficio al quejoso." Conceptos de violación que se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, ya que no existe disposición expresa en la ley reglamentaria del juicio de amparo, que obligue a su transcripción en la sentencia. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 164618, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora bien, de conformidad con el artículo 74, fracción II y 79, de la Ley de Amparo, en un análisis sistemático de los motivos de disenso que formula la parte quejosa en su demanda, son fundados los conceptos de violación, ya que efectivamente se advierte que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, ha incurrido en la dilación el señalar fecha lejana para la reinstalación en el empleo al trabajador aquí quejoso. En ese sentido, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo segundo, reconoce el derecho humano de acceso a la justicia y establece para su protección diversos derechos de seguridad jurídica que todas las autoridades del estado Mexicano que ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales deben observar a saber: 1. Principio de prosecución judicial; por virtud del cual todo acto de autoridad que determine los derechos civiles y políticos de las personas debe provenir de un juez o tribunal formal y materialmente constituido y en caso contrario, que tal acto pueda ser revisado por un tribunal que satisfaga esos requisitos. 2. Principio de expeditez, por virtud del cual la justicia debe ser administrada en los plazos que fijen las leyes. 3. Principio de gratuidad; por virtud del cual las personas que ejercen la función jurisdiccional, no deben realizar cobro alguno a las personas por las actuaciones que realicen, ya que sus respectivos emolumentos deben ser pagados por el Estado. 4. Administración de justicia completa o principio de congruencia; por virtud del cual, las resoluciones que se emitan al decidir un caso concreto, deben ser acordes a lo pedido por las partes, resolviendo el fondo de la controversia planteada. 5. Principio de imparcialidad; por virtud del cual las personas que integran los órganos depositarios de la función jurisdiccional deben permanecer ajenos a cualquier presión tanto de índole interno como externo, para resolver el caso sometido a su jurisdicción de forma objetiva. Estos principios son los que garantizan de manera mínima el acceso a la justicia dado que al faltar uno de ellos, se desconocería el derecho humano en comento, por ello es necesario que todos los principios se presenten de manera concomitante para lograr que las personas efectivamente accedan al derecho fundamental. En ese sentido, la violación la justicia se manifiesta a través de un acto negativo u omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: a) La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. b) La segunda, que es la en el caso nos interesa, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio a la tramitación del procedimiento respectivo. Al respecto, la Ley Federal de Trabajo prevé lo siguiente: "Artículo 18. En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2o. y 3o. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. (.)" Artículo 519. Prescriben en dos años: ... III. Las acciones para solicitar la ejecución de la sentencia del Tribunal y de los convenios celebrados ante éste. La prescripción corre, respectivamente, desde el momento en que se determine el grado de la incapacidad para el trabajo; desde la fecha de la muerte del trabajador, y desde el día siguiente al en que hubiese quedado notificado la sentencia o aprobado el convenio. Cuando la sentencia imponga la obligación de reinstalar, el patrón podrá solicitar al Tribunal que fije al trabajador un término no mayor de treinta días para que regrese al trabajo, apercibiéndolo que de no hacerlo, podrá el patrón dar por terminada la relación de trabajo. ... Artículo 742. Se harán personalmente las notificaciones siguientes: ... IX. El auto que conceda término o señale fecha para que el trabajador sea reinstalado; ... En tal virtud, asiste razón a la quejosa al referir que al dilatar la responsable la reinstalación de la parte quejosa, vulnera en su perjuicio el artículo 17 Constitucional. En consecuencia, está demostrada la violación de garantías aducida, por tanto, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede conceder a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal para que una vez que cause ejecutoria la presente resolución la junta responsable realice lo siguiente: Deje sin efectos la fecha señalada inicialmente para la reinstalación del trabajador aquí quejoso y señale una diversa en un término no mayor de treinta días, previa notificación personal que al efecto realice al trabajador, con total apego a los plazos que para ello prevé la Ley Federal del Trabajo aplicable al caso. Lo anterior, tomando en cuenta que la concesión del amparo abarca únicamente la dilación a estudio en el presente juicio y no respecto de aquellas futuras o inciertas que lleguen surgir en el procedimiento, toda vez que de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, existe jurisprudencia obligatoria aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: ÚNICO. Por las razones expresadas en la consideración quinta del presente fallo, la Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Carlos Alva González, contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número Cuarto de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para los efectos precisados en la misma. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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