Juan Carlos Amador Islas
Expediente 25/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 59 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 25/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 59
- Última actuación
- 24/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Carlos Amador Islas
- Agente del Ministerio Public Adscrito A la Fiscalía Especialzada En Investigación de Secuestro Y Extorsión
Actuaciones
Las 4 más recientes de 59.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio II-3623/2021 signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito; y en atención a su contenido, téngase a la autoridad oficiante informando que por auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno se admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Juan Carlos Amador Islas en contra de la sentencia dictada el quince de octubre del año en curso, en el presente juicio de amparo, radicándolo bajo el número de expediente R-263/2021 de su índice; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a las partes...
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San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, y toda vez que el presente controvertido Constitucional se encuentra debidamente integrado para remitir al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para substanciar el recurso de revisión interpuesto por ********************, en contra de la sentencia dictada el quince de octubre de dos mil veintiuno, remítase el presente expediente, el original y copia de su escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito, conjuntamente con dos anexos y discos versátiles digitales que obran en autos, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a las partes y por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito.
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San Andrés Cholula, Puebla, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos el escrito signado por el quejoso ******************** y visto su contenido, téngasele interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo el quince de octubre de dos mil veintiuno; consecuentemente, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias exhibidas a las partes y previa constancia de esto último, remítanse dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, el original y copia de su escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito, conjuntamente con este expediente, dos anexos y discos versátiles digitales que obran en autos, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y fórmese cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese por lista al quejoso por ser quien interpuse el recurso sobre el que se provee, así como al tercero interesado de identidad reservada ******************** -en cumplimiento en cumplimiento a lo ordenado en auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno-; y, por oficio a las autoridades responsables (al juez responsable, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción), a las autoridades terceras interesadas y al agente del Ministerio Público Federal adscrito. AUTO DE DIECIOCHO DE MARZO DE DOSMIL VEINTIUNO San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió al tercero interesado de identidad reservada J. L. B. mediante auto de cuatro de marzo del año en curso, para que señalara domicilio para recibir notificaciones en esta localidad o en la ciudad de Puebla; sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en tal proveído y, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, se ordena notificarle el presente auto, y los subsecuentes, incluso los de carácter personal, por medio de lista de acuerdos. Notifíquese por lista al tercero interesado de identidad reservada J. L. B. y cúmplase.
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San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el Actuario de la adscripción si bien notificó al quejoso Juan Carlos Amador Islas y al tercero interesado de identidad reservada JLB la sentencia dictada el quince de octubre de dos mil veintiuno, no les notificó la interlocutoria emitida en la misma fecha, dentro del incidente de objeción de firma tramitado de oficio por este órgano de control constitucional con el objeto de comprobar, o bien, descartar la actualización de una causal de improcedencia relacionada con el incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada -previsto en los artículos 107, fracción I, Constitucional y 5° de la Ley de Amparo-. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se regulariza el procedimiento en el presente asunto y se instruye atentamente al actuario judicial adscrito a este juzgado correspondiente que notifique al quejoso y al tercero interesado la referida interlocutoria, en los términos ordenados en sentencia de quince de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese por cualquier medio de comunicación interna al Actuario Judicial de la adscripción al que le haya correspondido notificar las resoluciones dictadas el quince de octubre de dos mil veintiuno. (SE INSERTA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA DE QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO) I N T E R L O CU T O R I A V I S T O S los autos para resolver el incidente de objeción de firma derivado del juicio de amparo número 25/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y, R E S U L T A N D O Primero. Inicio de incidente. Al desahogarse la audiencia constitucional el dieciséis de abril de dos mil veintiuno , este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia en el Estado de Puebla tramitó de oficio un incidente de objeción de firma, de conformidad con los artículos 62 y 122 de la Ley de Amparo; ello, con el objeto de comprobar, o bien, descartar la actualización de una causal de improcedencia relacionada con el incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada -previsto en los artículos 107, fracción I, Constitucional y 5° de la Ley de Amparo-; asimismo, se ordenó el desahogo de una pericial en materia de grafoscopía, a fin de indagar acerca de la autenticidad de las firmas contenidas en la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo, así como en su escrito aclaratorio recibido en este juzgado el veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Segundo. Recurso de Queja. 1. Inconforme con dicha determinación, el quejoso Juan Carlos Amador Islas interpuso recurso de queja mediante escrito presentado el treinta de abril de dos mil veintiuno , por lo que mediante proveído de tres de mayo del actual , este órgano de control constitucional dio trámite al citado medio de impugnación; asimismo, con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Amparo, ordenó la suspensión del procedimiento hasta en tanto se tuviera conocimiento de resolución que, en su oportunidad, emitiera la superioridad. 2. En acuerdo dictado el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno , dentro del recurso de queja 57/2021, el Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito desechó el recurso de queja intentado por el quejoso, por estimarse que la resolución de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, por la cual se suspendió la audiencia constitucional, era impugnable a través del recurso de revisión. 3. En auto emitido el treinta y uno de mayo del año en curso , en el referido expediente de queja, el Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito declaró que había causado estado el desechamiento del recurso de queja, al no haberse impugnado a través del recurso de reclamación dentro del plazo de tres días, en términos del artículo 104 de la Ley de Amparo. Tercero. Reanudación del procedimiento y Limitación de la prueba pericial. En auto de dos de junio de dos mil veintiuno , se realizó -en lo que destaca- lo siguiente: Se ordenó levantar la suspensión del procedimiento decretada por la interposición del multicitado medio de defensa. Se recordó que por diverso auto de veintisiete de abril de la presente anualidad, se tuvo a Lorena Domínguez Hernández como perito oficial en materia de grafoscopía designada por este órgano jurisdiccional; y, Se hizo efectivo el apercibimiento con el que se conminó a las partes en audiencia de dieciséis de abril de dos mil veintiuno; y, por tanto, se dijo que únicamente se tomaría en consideración el cuestionario formulado por este juzgado para el desahogo de la prueba pericial en grafoscopía y, además, se tuvo a las partes por conformes con el dictamen pericial que, en su caso, rindiera la perito oficial; lo anterior, por no haberse ampliado dicho cuestionario ni haberse designado perito de su parte dentro del plazo de tres días concedido para tal efecto. Cuarto. Cita para la continuación de la audiencia constitucional y resolución de este incidente. Seguida la secuela del incidente, en proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno , se señalaron las nueve horas con veinte minutos del quince de octubre del año en curso para la continuación de la audiencia constitucional y resolución de la presente incidencia, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta interlocutoria; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia para resolver el incidente. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es competente para resolver este incidente de objeción de firma al haber sido iniciado en autos del juicio de amparo 25/2021, el cual es tramitado en este órgano de control constitucional; por tanto, la competencia para conocer del mismo encuentra fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 103 fracción I, 107 fracción VII, de la constitución; 33, fracción IV, 35, 37, 107 fracción V, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada. Segundo. Procedencia del incidente de objeción de firma. Previo al estudio del fondo del incidente planteado, es necesario establecer si su inicio y trámite ordenados de oficio resultan procedentes o no. El artículo 62 de la Ley de Amparo establece que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, y que esto genera dos consecuencias: 1) Que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público cuyo estudio es preferente al del fondo del asunto; y, 2) Que los órganos jurisdiccionales de amparo deben indagar sobre la posible actualización de dichas causales cuando adviertan indicios al respecto, para lo cual deben allegarse de las pruebas pertinentes cuando lo estimen necesario. De lo que se sigue que se deben recabar los medios probatorios que estimen conducentes para corroborarlas o desestimarlas, según proceda, y entonces pronunciarse, primero, en relación con los indicios mencionados y, después, sobre si aquéllas operan, o no. En síntesis, los órganos jurisdiccionales de amparo se encuentran obligados a indagar sobre la posible actualización de una causal de improcedencia con independencia de que las partes hayan formulado manifestaciones al respecto. En relación con ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse a reconocerlas, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento . En ese sentido, este juzgador, a simple vista, advirtió la existencia de diferencias notorias entre i) la firma que calza de la demanda de amparo , ii) la firma que calza el escrito aclaratorio de demanda , iii) la signatura realizada por el quejoso en la diligencia de reconocimiento de firma, desahogada el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno , en cumplimiento al auto de veintinueve de enero del año actual; y, iv) la signatura hecha por el quejoso en la diligencia de reconocimiento de firma, desahogada el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno , en cumplimiento al auto de diecinueve de febrero del presente año; tal como se advierte de la siguiente reproducción: 1. De la demanda de amparo. 2. Del escrito aclaratorio de demanda. 3. De la diligencia de reconocimiento de firma de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. 4. De la diligencia de reconocimiento de firma de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en los artículos 62 y 122 de la ley de la materia, se estimó viable el inicio y tramitación de oficio del presente incidente de objeción de firma, con el objeto de comprobar, o bien, descartar la actualización de una causal de improcedencia relacionada con el incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada -previsto en los artículos 107, fracción I, Constitucional y 5° de la Ley de Amparo-. Asimismo, ante la presunta disparidad, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo , se consideró necesario el desahogo de una pericial en materia de grafoscopía, a fin de indagar acerca de la autenticidad de la firma contenida en la demanda de amparo que dio origen al presente juicio y en el escrito aclaratorio de la misma (firmas dubitables), los cuales conforman un todo de la propia demanda . Entonces, una vez desahogada la pericial para la demostración de la falsedad, debe resolverse la objeción, porque la declaración que se haga sobre la autenticidad de una o más firmas, puede tener efectos trascendentes en el ejercicio de la acción de tutela constitucional. Bajo este contexto, se analiza el incidente de objeción que se admitió y tramitó en la primera fase de esta audiencia constitucional, ya que está pendiente de resolución y es viable decidirlo antes de la sentencia (última etapa de la audiencia); por tanto, con fundamento en el citado artículo 122 de la Ley de Amparo, el incidente planteado resulta procedente. Tercero. Estudio de fondo del incidente. Como se dijo en líneas anteriores, se consideró necesario el desahogo de una pericial en materia de grafoscopía, a fin de indagar acerca de la autenticidad de las firmas contenidas en la demanda de amparo que dio origen al presente juicio y en el escrito aclaratorio recibido en este juzgado el veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Lo anterior, tomando en consideración que el reconocimiento de firmas no es una diligencia que tenga el alcance de convalidar un acto nulo ni de permitir que la parte quejosa en un juicio de amparo se haga cargo del contenido de un escrito no firmado por ella, pues sus efectos se agotan, por lo general, en otorgar certeza sobre una voluntad, una obligación o un documento y, en el presente caso, se limitan a confirmar o negar la autenticidad de la firma objeto de cuestionamiento, sin que alcancen a hacerse cargo del contenido de un escrito firmado por un tercero a su nombre. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la contradicción de tesis 338/2016 , estableció que cuando el juzgador aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, éste estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad, pues, por un lado señaló que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, indicó que dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada. Así, con fundamento en los artículos 119, 120 y 122 de la Ley de Amparo, en audiencia de dieciséis de abril de dos mil veintiuno se hizo saber a las partes que se tendrían como firmas indubitables, para el cotejo respecto de la firma plasmada en el escrito inicial de demanda (dubitable), las siguientes: a) La firma realizada por el quejoso en la diligencia de reconocimiento de firma, desahogada el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno ; y, b) La signatura hecha por el quejoso en la diligencia de reconocimiento de firma, desahogada el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno . Al respecto, se indicó que las aludidas firmas se establecieron como indubitables, de conformidad con el artículo 140, fracción V, del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria de la Ley de Amparo-, en virtud de que aquéllas fueron estampadas en presencia de funcionarios revestidos con fe pública -Secretarios adscritos a este órgano de control constitucional-; de modo que existía la certeza de que los indicados signos gráficos se estamparon ante ellos y que la autoría de quien los realizó no estaría a discusión . Se agregó que lo último no contravenía con lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 80/2018 , en el sentido de que la prueba pericial grafoscópica -que es la idónea para demostrar la falsedad de la firma que calza una demanda de amparo- es una institución que se encuentra suficientemente reglamentada en la Ley de Amparo y, por tanto, conforme a ésta deben regirse su admisión, preparación y desahogo, sin que deba acudirse a la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles. En efecto, el Máximo Tribunal del País determinó -esencialmente- que las diferencias sustanciales en el desahogo de esa prueba tanto en la Ley de Amparo como en el código adjetivo procesal, hacen que lo establecido en dicha codificación (prueba colegiada), resulte incompatible e incongruente con los principios y bases que rigen el medio de control constitucional; máxime que -indicó- en la segunda parte del artículo 122 referido, se previó expresamente que tratándose del incidente de objeción de documentos, en relación con las pruebas relativas a demostrar su autenticidad, como son la testimonial, la pericial o la de inspección judicial, debe estarse a lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de tres días contados a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia. No obstante ello, este juzgador indicó que el artículo 140 del citado código federal no se encontraba relacionado con la admisión, preparación y desahogo de la prueba pericial conforme a esa codificación; de ahí que la aplicación de dicho numeral no contravenía el criterio señalado y, por ende, tampoco el desahogo de la pericial en caligrafía y grafoscopía en términos de la ley de la materia. Luego, a pesar de la fijación de las aludidas firmas indubitables, en virtud de una solicitud formulada por Lorena Domínguez Hernández, perito en materia de grafoscopía designada por este órgano jurisdiccional , por acuerdos dictados el veintinueve de junio , ocho de julio , quince de julio y veintiuno de julio , todos de dos mil veintiuno, se ordenó recabar cinco documentos originales públicos y/o privados donde el quejoso hubiere estampado su firma dentro de cinco años previos a las firmas dubitables, así como una diligencia de ejercicios caligráficos ante la presencia judicial; ello, con el objeto de que la citada experta contara con mayores elementos para dictaminar. En ese sentido, se tuvo al quejoso Juan Carlos Amador Islas exhibiendo los siguientes documentos: i) Cartilla militar número de folio D-0865268, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional a nombre del quejoso Juan Carlos Amador Islas . ii) Acta de Nacimiento 0106005 a nombre de la menor con iniciales SMAR, en donde el referido quejoso aparece como testigo . iii) Portada de cuenta efectiva y contrato de banca electrónica celebrado entre el quejoso y la institución financiera Bancoppel, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple . iv) Contrato de prestación de servicios profesionales, celebrado entre la moral "Sonido Estrella", por conducto de su representante Juan Carlos Amador Islas -quejoso- y Maricarmen Castañeda B . v) Una carta dirigida a Mario Opaco Ramírez en su carácter de Gerente General de ESAPAH -Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla-, de parte del quejoso Juan Carlos Amador Islas y otros . vi) Una carta dirigida a José Gustavo Corona en su carácter de Párroco de la Parroquia "Nuestra Señora de la Asunción" en Huauchinango, Puebla, de parte del quejoso Juan Carlos Amador Islas . Posteriormente, el nueve de agosto de dos mil veintiuno se llevó a cabo la diligencia de ejercicios caligráficos realizados por el ahora quejoso ante esta autoridad Federal, al tenor del acta levantada en la aludida fecha. Entonces, con base en tales elementos, se desahogó el dictamen pericial GYD-101BIS/2021, rendido por Lorena Domínguez Hernández, perito en materia de grafoscopía designada por este órgano jurisdiccional, recibido el trece de septiembre de dos mil veintiuno en este juzgado -registro 16071 del año 2021- . Al respecto, es menester precisar que en el juicio de amparo, la prueba pericial no es de índole colegiada y así ha sido sustentado en diversos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se ha señalado que el único perito cuyo dictamen es indispensable para su debida integración y desahogo es el nombrado por el Juzgado, ya que el artículo 119 de la Ley de Amparo no hace referencia a la figura del perito "tercero en discordia", sino que se privilegia el desahogo de la prueba pericial a la designación de un solo perito, o de los que se estimen convenientes para la práctica de la diligencia respectiva, sin perjuicio ni obstáculo alguno para que cada parte que intervienen en el juicio constitucional -quejoso(s), autoridad(es) responsable(s), tercero interesado(s) o ministerio público- puedan designar también un perito que se asocie al nombrado por el Juez, o bien, rinda su dictamen por separado. En efecto, en la contradicción de tesis 80/2018 -antes mencionada- así como en la diversa 406/2010 -de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País-, se precisó que fue intención del legislador, tanto al crear la ley de amparo abrogada como la nueva ley de amparo, que en el juicio constitucional el criterio del juzgador se considere suficientemente ilustrado con la sola existencia del peritaje oficial, el cual, al no estar vinculado a la posición de alguna de las partes, debe estimarse imparcial y desprovisto de cualquier ventaja o inferioridad tendente a favorecer o a perjudicar a las partes. La garantía de imparcialidad del perito oficial queda patente y se corrobora con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 120 de la ley de la materia , en el que se indica que el perito nombrado por el Juez debe excusarse de conocer del asunto cuando en él concurra alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 51 de la propia ley, y que a efecto de aceptar su nombramiento debe manifestar, bajo protesta de decir verdad, que no tiene ninguno de los impedimentos legales. Una vez aclarado lo anterior, se procede a analizar el contenido del dictamen rendido por la perito oficial. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 151 de la Ley de Amparo abrogada -de contenido idéntico al de los artículos 119 y 120 de la ley de la materia-, estableció que la prueba pericial sería calificada por el juez según su prudente estimación, lo que significaba que, para su valoración, no estaba sujeto a un método legal o tasado, sino libre, lo que no implicaba que la que llevara a cabo estuviera exenta de una exposición razonada que desarrollara las conclusiones a las que arribara, porque ese ejercicio de razonabilidad, que involucraba la valoración de una prueba pericial según su prudente estimación, también exigía el respeto al principio de legalidad que obliga, en el ejercicio jurisdiccional, a motivar las conclusiones que expliquen por qué el dictamen pericial provoca convicción para el dictado de la sentencia, por lo que sólo llevando a cabo ese ejercicio de valoración podría calificarse como debidamente valorada una prueba pericial en el juicio de amparo . En ese sentido, la perito oficial, al emitir su dictamen, expuso y concluyó que las firmas que obran al calce del escrito de demanda y de su escrito aclaratorio no provienen del origen gráfico de aquellos elementos señalados como indubitables a nombre del quejoso Juan Carlos Amador Islas. Primero la experta clasificó tanto los elementos indubitables como los dubitables, otorgándoles un registro de identificación, como se reproduce en las siguientes tablas: No. orden Documento indubitable. Registro de identificación. 1 La firma estampada del lado derecho del nombre impreso Juan Carlos Amador Islas en la zona inferior izquierda del documento Acta de Nacimiento con número de folio 130995 de fecha 04 de diciembre de 2020. I1/1.276E.21.LDH. 2 La firma estampada del lado derecho del nombre Juan Carlos Amador Islas en el apartado de representante del documento contrato de prestaciones con número 0005 de 29 de julio de 2017. I2/1.276E.21.LDH. 3 La firma estampada en el apartado de firma de consentimiento del titular de la cuenta del documento contrato de apertura de cuenta a nombre de Juan Carlos Amador Islas de fecha 30 de octubre de 2015. I3/5.276E.21.LDH. 4 La firma estampada en el apartado de firma de interesado del documento cartilla del servicio militar a nombre de Juan Carlos Amador Islas de 06 de abril de 2009. I4/4.276E.21.LDH. 5 La firma estampada en la parte superior del nombre impreso Juan Carlos Amador Islas del escrito dirigido a Mario Opaco Ramírez, Gerente General de ESAPAH -Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla-, de 30 de enero de 2017. I5/1.276E.21.LDH. 6 La firma estampada en la parte superior del nombre impreso Juan Carlos Amador Islas del escrito dirigido a José Gustavo Corona en su carácter de Párroco de la Parroquia "Nuestra Señora de la Asunción" en Huauchinango, Puebla, de 13 de noviembre de 2017. I6/1.276E.21.LDH. 7 La muestra de firmas de Juan Carlos Amador Islas de 09 de agosto de 2021, constante de 30 firmas. I7/7.276E.21.LDH. Tabla 1. No. orden Documento dubitable. Registro de identificación. 1 La firma estampada en la parte superior del nombre Juan Carlos Amador Islas en el documento denominado escrito inicial de demanda de 13 de enero de 2021. D1/10.276E.21.LDH. 2 La firma en la parte superior del nombre Juan Carlos Amador Islas en el documento denominado escrito aclaratorio de 27 de enero de 2021. D2/1.276E.21.LDH. Tabla 2. Ahora bien, al realizar un análisis comparativo entre los elementos indubitables y dubitables, la perito oficial advirtió lo siguiente: Elementos indubitables I1/1.276E.21.LDH, I2/1.276E.21.LDH, I4/4.276E.21.LDH y I7/7.276E.21.LDH. Elementos dubitable D1/10.276E.21.LDH. La presión ejercida al útil escritor es mixta; los espacios virtuales entre los desenvolvimientos de las firmas sin mixtos. La presión ejercida al útil escritor es apoyada; los espacios virtuales entre los desenvolvimientos de la firma son reducidos. Presenta un desenvolvimiento semejante a una letra "a" cursiva, el rasgo inicial son sutil entintamiento, seguido de saturación de tinta, sigue la trayectoria con una serie de movimientos con enlaces mixtos en la base, alineamiento básico ascendente; los enlaces superiores son crecientes. Estampa una serie de movimientos con enlaces mixtos en la base, espacios reducidos entre ellos, alineamiento básico ascendente, las cimas de la serie de trazos son crecientes. En la zona central de las firmas presenta desenvolvimientos caprichosos formando dos movimientos triangulares, con cambios de presión ejercidos al útil escritor. Como base del momento anteriormente mencionado, estampa un trazo con dirección ascendente y rasgo final regresivo. En la zona inferior de las firmas cruzan desenvolvimientos horizontales, rebasan del lado derecho con relación a los movimientos de las firmas; los rasgos de los desenvolvimientos referidos del lado derecho son regresivos. El tercer momento gráfico presenta rasgo inicial romo, continúa el recorrido con un desenvolvimiento sinuoso, forma un bucle proyectándose a la derecha para finalizar con movimientos regresivos y rasgo final regresivo. No presenta. El cuarto momento escritural con saturación de tinta seguido de blanco microscópico, se proyecta en curva al plano superior, estampa tres gazas una en posición vertical y dos horizontales, finaliza el desenvolvimiento recto con rasgo en punta. Tabla 3. Elementos indubitables I3/5.276E.21.LDH, I5/1.276E.21.LDH, I6/1.276E.21.LDH y I7/7.276E.21.LDH. Elementos dubitable D2/1.276E.21.LDH. La zona de estímulo gráfico es aérea y recargado a la izquierda, con relación al nombre impreso "Juan Carlos Amador Islas". La zona de estímulo gráfico con relación al nombre impreso "Juan Carlos Amador Islas" es sobre el nombre y centrado. Presenta un desenvolvimiento similar a una grafía "a" cursiva, el rasgo inicial con sutil entintamiento, seguido de saturación de tinta, continúa el recorrido con una serie de movimientos con enlaces curvos en la base, alineamiento básico ascendente; los enlaces superiores con crecientes. Presenta un desenvolvimiento similar a una grafía "a" cursiva con rasgo inicial regresivo, se proyecta a la derecha estampando movimientos con enlaces en la base mixta, curvos y angulosos alineamiento básico es descendente; los enlaces superiores son decrecientes. Plasma un desenvolvimiento triangular que se posiciona en la base de la caja del renglón escritural, se desplaza a la izquierda cambia de dirección para finalizar a la derecha con rasgo en punta, dicho desplazamiento atraviesa la firma de manera horizontal. En otro momento escritural estampa un desenvolvimiento triangular queda por arriba de la caja del renglón escritural, se proyecta a la izquierda de manera horizontal. Estampa una serie de movimientos con enlaces curvos en la base, espacios proporcionados entre ellos; los enlaces superiores presentan altura similar, el rasgo final es en punta. Estampa una serie de movimientos con enlaces mixtos en la base, espacios amplios entre ellos; los enlaces superiores presentan altura decreciente. Estampa un trazo vertical con final regresivo, que se ubica a la derecha de la serie de trazos anteriormente referida, y dos trazos en posición horizontal; el primero se ubica en la cima del trazo vertical con rasgo inicial regresivo y final en punta. El segundo trazo se ubica en la zona superior del movimiento curvo que se posiciona a la izquierda del trazo vertical; entre este momento y la serie de trazos el espacio virtual es amplio. Del lado derecho de la firma ostenta una serie de movimientos con enlaces angulosos en la base y espacios reducidos entre ellos; estampa un ojal que se desplaza al plano inferior con rasgo con saturación de tinta, y dos momentos escriturales en posición horizontal; el primer se ubica en el primer tercio superior del trazo vertical con rasgo inicial redondeado y final con saturación de tinta. El segundo momento se ubica en la base del ovoide, se trata de un desenvolvimiento regresivo que finaliza a la izquierda; entre este momento y la serie de trazos el espacio virtual es reducido. En el primer tercio superior, del lado izquierdo del trazo vertical presenta un desenvolvimiento curvo, sigue el recorrido con movimientos regresivos; sigue la trayectoria a la zona inferior derecha, se proyecta a la izquierda, cambia de dirección para finalizar a la derecha. En la zona media del ojal estampa un ovoide que continúa la trayectoria al plano inferior. Tabla 4. De lo anterior, se advierte que la experta realizó una descripción comparativa de las firmas que calzan el escrito de demanda de amparo y su escrito aclaratorio -dubitables o cuestionadas- y las estampadas en los documentos que tomaron como base al realizar el comparativo -indubitables-; ello, al confrontar y comparar gráficamente las mismas. De ahí que lo expresado por la perito oficial otorga convicción, ya que lleva a considerar que su contenido es suficiente para darle el valor necesario respecto a la opinión que vierte en relación con la firma cuestionada. Consideraciones que este Juzgado comparte, pues a simple vista se advierte que las firmas cuestionadas son diferentes de las auténticas, ya que de la comparación de éstas y de las estampadas en los documentos que sirvieron como base a la perito -indubitables- para emitir su dictamen, se aprecia -como lo precisa la experta- diferencias particulares en sus características gráficas, es decir, que no corresponden a un mismo origen gráfico, no tienen la misma tensión de línea, tienen diferencia en la forma, tamaño, dimensión; no cuentan con los mismos gestos gráficos, proporción, dimensión, alineamiento básico, dirección, inclinación, tipo de espacios, presión, acción escritural, puntos de referencia; son diferentes en deflagración caligráfica, como en la tensión de la línea, evocación gráfica e interpretación de los desenvolvimientos. Debe decirse que el dictamen pericial es un auxiliar eficaz para el funcionario que no puede alcanzar todos los campos del conocimiento técnico o científico, quien debe resolver conflictos que presentan aspectos complejos que exigen una preparación especializada de la cual carece. Por tanto, para que pueda ser estimado, debe ser auténticamente ilustrativo, pues lo que en éste se indique ha de ser accesible o entendible para la autoridad del conocimiento, de manera que eficazmente constituya un auxilio para dicho órgano . Por tales motivos, se estima que las firmas tanto dubitables como indubitables no comparten elementos gráficos particulares, situación que resultó apreciable para este juzgador mediante los sentidos al comparar las firmas referidas, lo que aunado a la opinión de la experta en la materia, lleva a determinar que las firmas dubitadas no fueron estampadas por el quejoso Juan Carlos Amador Islas. En consecuencia, de conformidad con lo anteriormente expuesto, permite determinar que la firma que calza la demanda de amparo y la firma que calza su escrito aclaratorio -recibido en este juzgado el veintiocho de enero de dos mil veintiuno- son apócrifas al no provenir del citado quejoso, lo que se acredita con la prueba pericial en cuestión. Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 122 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Único. Para los efectos de este juicio de amparo, se declara procedente y fundado el incidente de objeción de firma tramitado de oficio por este órgano de control constitucional, porque la pericial en materia de grafoscopía arrojó datos suficientes para establecer que las firmas que calzan la demanda de amparo y su escrito aclaratorio -recibido en este juzgado el veintiocho de enero de dos mil veintiuno- y que se estimaban correspondían al quejoso, no fueron estampadas de su puño y letra.
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