JUAN CACIANO o CASIANO MENDEZ
Expediente 926/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 25 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 926/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 27/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- JUAN CACIANO o CASIANO MENDEZ
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de tres días concedido al quejoso en auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve (foja 145), para que compareciera a ratificar las firmas que calzan los escritos presentados en este juzgado el siete del mismo mes y año (fojas 143 y 144), sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo y se tienen por no presentadas las promociones de referencia.Por otra parte, del estado procesal que guardan los autos, se advierte de forma indudable y manifiesta causales de improcedencia del juicio de amparo, respecto de los actos reclamados por Juan Caciano Méndez o Juan Casiano Méndez, a las autoridades que fueron señaladas como responsables -como enseguida se evidenciará-, lo cual conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional.En primer término conviene establecer que por escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, 1. Juan Caciano Méndez o Juan Casiano Méndez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: ".III. AUTORIDADES RESPONSABLES: SEÑALO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA AL C. JUEZ DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA, DEL DISTRITO JUDICIAL DE XALAPA, VERACRUZ, CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA CONGREGACIÓN DE PACHO VIEJO, VERACRUZ.A LOS MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA QUINTA SALA PENAL DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 373 COLONIA EL MIRADOR, CP. 91170 EN XALAPA, VERARUZ.SEÑALO CON EL CARÁCTER DE AUTORIDAD EJECUTORA; a) DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON DOMICILIO CONOCIDO EN LAS (sic) CONGREGACIÓN LAS TRANCAS, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ.IV. ACTOS RECLAMADOS: DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO ORDENADORAS RECLAMO LA ORDEN DE APREHENSIÓN O DETENCIÓN O CUALQUIER ACTO RESTRICTIVO DE LA LIBERTAD PERSONAL GIRADA EN MI CONTRA. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS RECLAMO LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN QUE RECIBIERON DE LA ORDENADORA PARA PRIVARME DE MI LIBERTAD PERSONAL." (Fojas 2 y 3). El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En acuerdo de veinticuatro de septiembre del año actual (fojas 10 a 13), se registró la demanda de garantías con el número de juicio de amparo indirecto 926/2019-B de este índice y se previno al quejoso para que manifestara si era su deseo señalar como responsable ejecutora a alguna autoridad con residencia en el Estado de Puebla.Por escrito presentado el veintisiete de septiembre de la presente anualidad (foja 14), el quejoso desahogó la prevención en los siguientes términos:".Que vengo a señalar como autoridades responsables ejecutoras al C. Fiscal General del Estado de Puebla con domicilio ampliamente conocido en Blvrd Héroes del 5 de Mayo 31 oriente, Ladrillera de Benítez, C.p. 72530, H. Puebla, Puebla.Al C. Director de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Puebla con domicilio ampliamente conocido en Blvrd Héroes del 5 de mayo 31 oriente, Ladrillera de Benítez C.p. 72530, H. Puebla, Puebla."En atención a ello, en acuerdo de treinta de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 15 a 17) se admitió a trámite, con incidente de suspensión, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables y se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público Federal adscrita (fojas 20 a 22).Así, a efecto de precisar los actos reclamados, es de señalarse que del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que Juan Caciano Méndez o Juan Casiano Méndez, reclama lo siguiente: -De la 2. Quinta Sala del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz:a) La resolución de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, emitida en el toca de apelación 1523/2016 de su índice, en la que, entre otras cosas, ordenó a la 1. Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en la congregación de Pacho Viejo, librar orden de reaprehensión contra Juan Caciano Méndez o Juan Casiano Méndez. -De la 1. Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en la congregación de Pacho Viejo:b) La orden de reaprehensión de cuatro de julio de dos mil diecisiete, emitida en la causa penal 3/2016 de su índice.-De las autoridades ejecutoras 3. Director General de la Policía Ministerial en Xalapa, Veracruz. 4. Fiscal General del Estado de Puebla y 5. Director de la Agencia Estatal de Investigación:c) La ejecución de la orden de dicha orden de reaprehensión. Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados destacados a las autoridades responsables siguientes:Orden Autoridad responsable.Sentido del informe.Foja 1 1. Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en la congregación de Pacho Viejo.Aceptó31, 32 y 133 22. Quinta Sala del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.Aceptó 33 y 130 3 3. Director General de la Policía Ministerial en Xalapa, Veracruz. Aceptó 28 4. 4. Fiscal General del Estado de Puebla. Aceptó 23 5. 5. Director de la Agencia Estatal de Investigación. Aceptó 26 Como se aprecia de la tabla que antecede, las autoridades responsables indicadas, al rendir sus informes, aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman, respectivamente, por lo que se tiene plena certeza de su existencia. Además, la existencia de las resoluciones reclamadas, se corrobora con las documentales que las autoridades responsables 1. Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en la congregación de Pacho Viejo y 2. Quinta Sala del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, remitieron como apoyo a sus informes, consistentes en copia certificada de la causa penal 3/2016 y toca de apelación 1523/2016, respectivamente (anexos I y II), a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. De cuyo contenido se advierte que en resolución dieciséis de febrero de dos mil diecisiete (fojas 144 a 165), la 2. Quinta Sala del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, revocó el auto de libertad apelado y dictó auto de formal prisión contra Juan Caciano Méndez o Juan Casiano Méndez, por el delito de pederastia cometido en agravio de las menores con identidad reservada 1. M.D.C.M. y 2. J.M.M. y, como consecuencia de ello, ordenó a la 1. Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en la congregación de Pacho Viejo, emitir orden de reaprehensión contra dicho procesado (foja 163 vuelta del anexo II). Y, en cumplimiento a lo anterior, la 1. Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en la congregación de Pacho Viejo, en determinación de cuatro de julio de dos mil diecisiete, ordenó al Fiscal General del Estado de Veracruz, reaprender al quejoso Juan Caciano Méndez o Juan Casiano Méndez (fojas 175 a 181 del anexo II).Establecido lo anterior, el suscrito juzgador advierte causales de improcedencia y para explicar su actualización, se estima necesario realizar un breve relato de los antecedentes de los actos reclamados, que se advierten de las constancias remitidas por las autoridades responsables, valoradas anteriormente, así como de la documental recabada oficiosamente por este juzgado, consistente en copia certificada de diversas constancias que obran en el juicio de amparo indirecto 505/2017 del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°; de las que se advierte lo siguiente: 1. El diecinueve de febrero de dos mil quince, la 1. Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en la congregación de Pacho Viejo, recibió la consignación penal signada por la Fiscal Especializada en Delitos Contra la Seguridad Sexual y contra la Familia, la radicó con el número de proceso penal 3/2016 de su índice y, en atención a lo solicitado por la representación social, libró orden de aprehensión contra Juan Caciano Méndez o Juan Casiano Méndez, por el delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 182 del Código Penal del Estado de Veracruz, cometido en agravio de las menores con identidades reservadas identificadas con las iniciales 1. M.D.C.M. y 2. J.M.M. (fojas 64 a 78 del anexo II).2. El veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, se cumplió la orden de captura mencionada y se dejó al indiciado a disposición del juzgado penal responsable (foja 87 del anexo II).3. El veintinueve de octubre de dos mil dieciséis, a Juan Caciano Méndez o Juan Casiano Méndez, se le concedió la oportunidad de declarar en preparatoria y asistido por su defensor particular se reservó su derecho a declarar, para hacerlo posteriormente por escrito (fojas 92, 93 y 94 a 99 del anexo II).4. El uno de noviembre de dos mil dieciséis, la 1. Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en la congregación de Pacho Viejo, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de Juan Caciano Méndez o Juan Casiano Méndez, por el ilícito mencionado (fojas 111 a 128 del anexo II). 5. Inconforme con esa determinación, la Fiscal adscrita al juzgado penal mencionado, apeló (foja 128 vuelta). 6. Medio de impugnación que fue radicado por la 2. Quinta Sala del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con el número de toca de apelación 1523/2016 de su índice, y en ejecutoria de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, revocó el auto de libertad apelado y dictó auto de formal prisión contra Juan Caciano Méndez o Juan Casiano Méndez, por el delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 182 del Código Penal del Estado de Veracruz, cometido en agravio de las menores con identidades reservadas identificadas con las iniciales 1. M.D.C.M. y 2. J.M.M. (fojas 144 a 165 del anexo II); y, como consecuencia de ello, ordenó a la 1. Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en la congregación de Pacho Viejo, librar la orden de reaprehensión correspondiente (foja 163 del anexo II).Resolución que constituye uno de los actos reclamados.7. En cumplimiento a lo ordenado por su superior jerárquico, el cuatro de julio de dos mil diecisiete, la 1. Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en la congregación de Pacho Viejo, libró orden de reaprehensión contra Juan Caciano Méndez o Juan Casiano Méndez (fojas 168 a 181 del anexo II). Determinación judicial que constituye uno de los actos reclamados. 8. Es de suma importancia mencionar que mediante escrito presentado el veinte de abril de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Juan Caciano Méndez o Juan Casiano Méndez, promovió juicio de amparo indirecto contra actos de la 1. Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en la congregación de Pacho Viejo y 2. Quinta Sala del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, que hizo consistir en la orden de aprehensión, detención o cualquier acto restrictivo de su libertad personal (fojas 47 a 54 del expediente principal). 9. Demanda que fue radicada por el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con el número de juicio de amparo indirecto 505/2017 de su índice (fojas 57 a 59 del expediente principal).10. Mediante escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, Juan Caciano Méndez o Juan Casiano Méndez, amplió su demanda de garantías dentro del sumario constitucional mencionado, y señaló como nuevo acto reclamado, la resolución de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, dictada por la 2. Quinta Sala del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (fojas 69 a 73 del expediente principal). 11. En acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, pronunciado por el homólogo federal mencionado, se admitió la ampliación de demanda (fojas 75 a 82 del expediente principal); y, previa substanciación de ese sumario, en acuerdo de siete de marzo de dos mil dieciocho, el Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, sobreseyó en el juicio de amparo 505/2017 de su índice (fojas 97 a 102 del expediente principal), en virtud de que el quejoso no acreditó la publicación de los edictos ordenados para emplazar a la parte tercera interesada.12. Inconforme con esa determinación, Juan Caciano Méndez o Juan Casiano Méndez, interpuso recurso de revisión, que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río Veracruz, órgano colegiado que lo radicó con el número 157/2018 de su estadística y en ejecutoria de cinco de julio de dos mil dieciocho, confirmó el auto recurrido (fojas 103 a 124 del expediente principal). De lo narrado, esta autoridad advierte, de oficio, que respecto del acto reclamado identificado con el inciso a), consistente en la resolución de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, emitida en el toca de apelación 1523/2016 de su índice, por la 2. Quinta Sala del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en la que revocó el auto de libertad apelado, dictó auto de formal prisión contra el aquí quejoso y, como consecuencia de ello, ordenó a la 1. Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en la congregación de Pacho Viejo, librar orden de reaprehensión contra Juan Caciano Méndez o Juan Casiano Méndez, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.(.).""Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.""Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor."De la lectura de los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente en que:a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación de éste al quejoso;b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución.La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: -Se reclame una norma general auto aplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días.-Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años. -Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años.-Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia.Plazo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, en este caso debe computarse a partir de que el quejoso se ostentó sabedor del acto reclamado.Al respecto, como se relató en los antecedentes, destaca que mediante escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, Juan Caciano Méndez o Juan Casiano Méndez, amplió su demanda de garantías dentro del sumario constitucional 505/2017, y señaló como nuevo acto reclamado, la resolución de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, dictada por la 2. Quinta Sala del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (fojas 69 a 73 del expediente principal), en la cual, se revocó el auto de libertad apelado, dictó auto de formal prisión contra el aquí quejoso, y como consecuencia de ello, ordenó a la 1. Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en la congregación de Pacho Viejo, librar orden de reaprehensión contra el peticionario de amparo. Por tanto, al menos desde el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, el aquí quejoso se ostentó sabedor de la resolución reclamada de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, emitida por la Sala responsable.Además, conviene resaltar que en el citado escrito de ampliación el quejoso expresó lo siguiente (foja 77 del expediente principal):".CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 125, 126, 127, 136, Y 166 RELATIVOS DE LA LEY DE AMPARO, SOLICITO SE ME CONCEDA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, Y EN SU MOMENTO LA DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, PARA EFECTOS DE QUE SE MANTENGAN LAS COSAS EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRAN, ES DECIR, NO SE GIRE LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN QUE SE LE ORDENA AL JUEZ DE PRIMER GRADO EN LA RESOLUCIÓN DE 16 DE FEBRERO DE 2017 DICTADA POR LOS MAGISTRADOS DE LA QUINTA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE VERACRUZ, YA QUE HASTA ESTE MOMENTO NO SE HA LIBRADO LA MISMA, HASTA EN TANTO ESTE JUICIO DE GARANTÍAS NO RECAIGA FALLO DEFINITIVO EN ESE SENTIDO." (Énfasis añadido)De lo transcrito se aprecia que desde ese momento, el quejoso se ostentó sabedor del contenido integral de la resolución combatida, pues incluso solicitó la suspensión provisional para que no se librara la orden de reaprehensión ordenada en la citada ejecutoria de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, emitida por la 2. Quinta Sala del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.En ese tenor, fue desde ese momento en que el aquí quejoso estuvo en aptitud de impugnar la referida ejecutoria, por lo que el plazo para la promoción del juicio de amparo contra la determinación de la 2. Quinta Sala del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, emitida en el toca de apelación 1523/2016 de su índice, en la que, entre otras cosas, ordenó a la 1. Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en la congregación de Pacho Viejo, librar orden de reaprehensión contra Juan Caciano Méndez o Juan Casiano Méndez, transcurrió del veintitrés de mayo al doce de junio de dos mil diecisiete.El quejoso presentó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de garantías el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve (foja 2). Por tanto, es incuestionable que la promoción de la demanda respecto del acto reclamado identificado con el inciso a) fue inoportuna, ya que se ejerció fuera del plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo, en concordancia con el artículo Quinto Transitorio del mismo ordenamiento; de ahí que su presentación extemporánea trae la consecuencia de que el acto mencionado sea considerado consentido tácitamente por el quejoso de mérito.Es aplicable al caso la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "AMPARO CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA PROMOVER LA DEMANDA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA LEY DE AMPARO ACTUAL ENTRÓ EN VIGOR Y SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SI NO SE PRESENTÓ DENTRO DE ESE TÉRMINO, EXISTE CONSENTIMIENTO TÁCITO. Conforme a la regla general contenida en el artículo 17 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, el juicio de amparo contra actos que afectan la libertad personal dentro del procedimiento, debe promoverse dentro del plazo de quince días, cuyo cómputo debe hacerse a partir de que ésta entró en vigor (tres de abril siguiente), y surta efectos la notificación de dichos actos; por tanto, si el quejoso estuvo en aptitud de promover la demanda dentro de ese plazo, de conformidad con el artículo quinto transitorio, párrafo segundo, de la misma ley, y no lo hizo, es evidente que tácitamente consintió el acto reclamado."Atento a lo anterior, se concluye que al haber sido presentada la demanda de amparo fuera del término de quince días señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado identificado con el inciso a), se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la ley citada; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el presente juicio de garantías, respecto de dicho acto fuera de audiencia constitucional.Esta autoridad no desatiende que la finalidad del juicio de amparo es tutelar los derechos humanos de los gobernados así como de las garantías para su protección, de manera tal que no solamente les evite perjuicio que puedan ocasionarse con la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, sino también, que dicho juicio constitucional resulta ser un medio eficaz para que se les restituya en el goce de sus derechos fundamentales afectados.Así, de la interpretación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que los mismos deben ser efectivos; es decir, ser capaces de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, sin que ello se entienda que debe concederse, en todo caso, lo que pide el promovente, sino solo analizar legalmente y de manera completa sus peticiones.Por ello, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que el mismo debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida; y que además para su procedencia que sea oportuno. Por tanto, aun cuando el peticionario de amparo tiene el derecho a un recurso efectivo, no lo exime de la obligación de cumplir con los términos y plazos establecidos en la ley.Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro siguiente:"PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente."Esta autoridad tampoco inadvierte que contra la resolución de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, pronunciada por la 2. Quinta Sala del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en el toca de apelación 1523/2016 de su índice, Juan Caciano Méndez o Juan Casiano Méndez, promovió juicio de amparo indirecto, pues precisamente en el escrito donde se ostentó sabedor del mismo, amplió su demanda de garantías respecto de ese acto dentro del juicio de amparo 505/2017 del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz.Sin embargo, como se narró, el referido homólogo federal, sobreseyó en ese juicio de garantías, por lo que en citado controvertido constitucional, no se analizó el fondo de la resolución reclamada, razón por la que no puede considerarse a la determinación de la Sala responsable como cosa juzgada. Se afirma lo anterior, dado que por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto. Cabe mencionar que existen casos de excepción a esa regla, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto.Lo que en la especie no acontece, pues el juicio de amparo 505/2017 del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, fue sobreseído en virtud de que el quejoso no acreditó haber publicado los edictos ordenados para emplazar a juicio a la parte tercera interesada. Causa que no determina la inatacabilidad de la resolución reclamada de modo absoluto, pues el quejoso bien podría emprender una nueva acción constitucional respecto del mismo acto reclamado; sin embargo, ello no lo exime de hacerlo dentro de los plazos contemplados por la Ley de Amparo, pues como se dijo, el auto recurrido no constituye un caso de excepción al plazo de quince días contemplado por el artículo 17 de la Ley de Amparo, y al haberse planteado la demanda en forma extemporánea, hace que el acto se estime consentido tácitamente.En diverso aspecto, por cuanto hace al acto reclamado identificado con el inciso b) consistente en la orden de reaprehensión de cuatro de julio de dos mil diecisiete, emitida por la 1. Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en la congregación de Pacho Viejo, en la causa penal 3/2016 de su índice, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.". Ahora, en el presente asunto, resulta aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguiente:"ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". De igual forma, sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél".La interpretación de los artículos y jurisprudencia transcritos revelan que: el juicio de amparo es improcedente cuando así resulta de alguna disposición legal, además de las causas expresamente contempladas en las veintidós fracciones anteriores; que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los juzgados de Distrito; y, finalmente, que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos que sean consecuencia directa y necesaria de otros consentidos.Por tanto, para que opere esta causa de improcedencia, es necesario que concurran dos presupuestos:1. La existencia de un acto anterior consentido; y,2. La existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél.En el caso, de las constancias remitidas por las autoridades responsables, valoradas anteriormente, se advierten los antecedentes relatados, entre los que destaca lo siguiente:En ejecutoria de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, la 2. Quinta Sala del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, revocó el auto de libertad apelado y dictó auto de formal prisión contra Juan Caciano Méndez o Juan Casiano Méndez, por el delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 182 del Código Penal del Estado de Veracruz, cometido en agravio de las menores con identidades reservadas identificadas con las iniciales 1. M.D.C.M. y 2. J.M.M. (fojas 144 a 165 del anexo II); y, como consecuencia de ello, ordenó a la 1. Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en la congregación de Pacho Viejo, librar la orden de reaprehensión correspondiente (foja 163 del anexo II). En cumplimiento a lo ordenado por su superior jerárquico, el cuatro de julio de dos mil diecisiete, la 1. Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en la congregación de Pacho Viejo, libró orden de reaprehensión contra Juan Caciano Méndez o Juan Casiano Méndez (fojas 168 a 181 del anexo II). De lo anterior, es incuestionable que la actuación de la 1. Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en la congregación de Pacho Viejo, no constituye una decisión autónoma, sino que deriva de la resolución emitida por su superior, pues representa el acatamiento a la orden expresamente emitida por su superior 2. Quinta Sala del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.Dicho de otro modo, el acuerdo de cuatro de julio de dos mil diecisiete, emitido por la 1. Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en la congregación de Pacho Viejo, es una consecuencia directa y necesaria de la ejecutoria de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, pronunciada por la 2. Quinta Sala del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, pues ésta última autoridad es quien ordenó a su subordinada, librar la orden de reaprehensión correspondiente. Se estima de esa manera, porque la juez penal responsable, no libró la reaprehensión con motivo de una decisión jurisdiccional libre y autónoma, sino en acatamiento a la ejecutoria que pronunció su superior jerárquico como tribunal de alzada, de modo que la juez responsable no tuvo libertad de jurisdicción para actuar otro sentido, dado que le fue ordenado expresamente librar la reaprehensión de Juan Caciano Méndez o Juan Casiano Méndez, con motivo del auto de formal prisión dictado en su contra.Esto es, la autoridad que esgrimió los motivos y fundamentos para revocar el auto de libertad, dictar auto de formal prisión y librar la reaprehensión, fue la 2. Quinta Sala del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en ejecutoria de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, y la juez responsable, únicamente cumplió con la orden que le extendió su superior.Ahora, en la presente determinación, se sobreseyó en el juicio respecto de la referida ejecutoria de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, pronunciada por la 2. Quinta Sala del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en el toca de apelación 1523/2016 de su índice, en virtud de que se estimó consentida tácitamente, al no haberse promovido el juicio de amparo en su contra oportunamente.De ahí que la resolución reclamada identificada con el inciso b) de cuatro de julio de dos mil diecinueve, deriva, por ser una consecuencia necesaria y directa, de la ejecutoria de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, la cual se estimó consentida; es decir, el acto que aquí se analiza tiene el carácter de acto derivado de otro consentido.Sobre esa base, no existe duda que respecto del acto reclamado identificado con el inciso b), consistente en la orden de reaprehensión de cuatro de julio de dos mil diecisiete, emitida en la causa penal 3/2016 de su índice, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, por lo que el juicio de garantías resulta improcedente, dado que la orden de recaptura reclamada, no puede considerarse como un acto autónomo como tal, sino como consecuencia directa y necesaria de lo resuelto y ordenado por la 2. Quinta Sala del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en ejecutoria de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete.Se estima de esa manera porque, para analizar la legalidad de la orden de reaprehensión librada contra el quejoso, necesariamente tendría que realizarse el estudio de los motivos y fundamentos expuestos por la Sala responsable para revocar el auto de libertad y dictar el auto de formal prisión contra el quejoso, que condujo a la orden de reaprehensión, lo que no es posible, pues como quedó establecido, el juicio de amparo deviene improcedente respecto de ese acto de autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente:"ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Es inexacto que en el artículo 73 de la Ley de Amparo, no se encuentre la causa de improcedencia consistente en que el acto reclamado sea consecuencia de otro consentido, ya que si bien no se menciona expresamente, en cambio, la fracción XVIII, del referido precepto, dispone que el juicio es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley, y la jurisprudencia de esta Suprema Corte ha sostenido, invariablemente, que el amparo que se solicite contra actos que son consecuencia de otros no recurridos oportunamente debe estimarse improcedente, porque al resolver sobre los primeros tendría que examinarse necesariamente la constitucionalidad de los segundos, no obstante que éstos no fueron reclamados dentro del término que para la promoción del juicio de amparo señala la ley respectiva." Por tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías respecto del acto reclamado identificado con el inciso b) consistente en la orden de reaprehensión de cuatro de julio de dos mil diecisiete, emitida en la causa penal 3/2016.Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto reclamado identificado con el inciso c), que se atribuye a las autoridades responsables 3. Director General de la Policía Ministerial en Xalapa, Veracruz, 4. Fiscal General del Estado de Puebla y 5. Director de la Agencia Estatal de Investigación, consistente en la ejecución de la orden de reaprehensión, en virtud de que no se reclama por vicios propios, sino deriva de la orden de recaptura. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". En esa tesitura, es incuestionable que se actualizan las causas de improcedencia analizadas, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee en el presente juicio de garantías fuera de audiencia constitucional.En ese sentido, es menester señalar que no impide arribar a lo aquí considerado, el hecho de que se hayan señalado las nueve horas con cincuenta minutos del once de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, toda vez que resultan notorias, manifiestas e indudables, las causales de sobreseimiento analizadas, y las mismas no pueden desvirtuarse con algún elemento de prueba que ofrezcan las partes; de ahí que no existe necesidad de esperar a la audiencia constitucional para resolver el presente sumario, en la medida que aun cuando se tramitara hasta su conclusión, el asunto llegaría siempre al mismo resultado, por lo que a nada práctico conduciría esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional; en consecuencia, que se deja sin efectos la fecha y hora antes indicada. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, REGISTRO IUS: 184 572, del rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; estos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).Finalmente, agréguese a los autos, únicamente para que obre como corresponda, copia del acuse de recibo que remite el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en la Congregación de Pacho Viejo, sin que sea necesario realizar mayor proveído, en virtud de lo acordado en párrafos precedentes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve Vista, intégrese a sus autos la comparecencia llevada a cabo con Francisco Cuevas Pozos, representante especial de las menores terceras interesadas identificadas con las iniciales 1) M D C M y 2) J M M y, en su atención, téngasele aceptando y protestando el cargo conferido en el presente asunto; lo anterior, para los efectos legales conducentes En diverso aspecto, intégrese a las presentes actuaciones el escrito signado por el referido profesionista y, en atención a su contenido se provee: En primer término, téngase al ocursante apersonándose al presente juicio; y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones personales, el indicado en su escrito de cuenta Por otra parte, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en los artículos 77, 78, 93 y 94 del también mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se concede a Francisco Cuevas Pozos, el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; tomando en consideración que proporcionó su "Nombre de Usuario", el cual es "PUE01AE" Signifíquese al promovente, que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 57 del acuerdo en conjunto aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo Hágase del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes Del mismo modo, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte tercera interesada, a Martha Butrón Jiménez, Juan José Gutiérrez Rosete, Mauricio Pérez Hernández, Salvador Cortés Carcaño y Víctor Manuel Gutiérrez Morales, al tener registradas sus cédulas profesionales en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública Y, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a los diversos profesionistas que refiere en su ocurso de mérito, por así haberlo solicitado expresamente En otra tesitura, respecto a su petición para tomar fotografías de las constancias que integran el controvertido constitucional en que se actúa, se acuerda procedente dicha solicitud, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad Así mismo, debe indicarse a la dicha parte procesal, que para la hipótesis de que se solicite copiar a través de los medios citados, sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista, en este caso, a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga Cobran aplicación las siguientes tesis: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga" "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL) La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" Finalmente, del estado procesal de autos se advierte que mediante proveído de cinco de noviembre pasado, se tuvo al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, como autoridad tercera interesada en el controvertido constitucional en que se actúa, ordenándose su emplazamiento en los términos precisados en el mismo; sin embargo, a la fecha no obra glosado el acuse de recibo del oficio 0825-B-1, mismo que lleva inserto el acuerdo de referencia En ese sentido, a efecto de evitar dilaciones procesales, gírese oficio a la autoridad responsable 1 Jueza de Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, para que, por su conducto, notifique inmediatamente el referido oficio que contiene el auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, al agente del Ministerio Público de su adscripción; por lo que se requiere a la referida Jueza Penal responsable para que dentro del término de veinticuatro horas, remita a este órgano jurisdiccional, las constancias con las que acredite haber realizado dicha notificación, en la inteligencia que deberá remitir la constancia donde se aprecie en forma expresa la fecha en que notificó el referido auto a la autoridad tercera interesada Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que en acuerdo de trece de noviembre de dos mil diecinueve (foja 147), se requirió a Francisco Cuevas Pozos, representante especial de las menores terceras interesadas identificadas con las iniciales 1) M. D. C. M. y 2) J. M. M., para que, compareciera a este juzgado de Distrito a aceptar y protestar el cargo conferido; sin embargo, de la certificación de cuenta se aprecia que a la fecha no ha sido notificado del auto en mención; por tanto, requiérase al Actuario Judicial de la adscripción que haya correspondido realizar la misma, para que de inmediato haga entrega de la constancia de notificación respectiva, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello. Ante tal circunstancia, y a efecto de respetar el término indicado, la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del día de hoy (foja 136), SE DIFIERE y se señala como nueva fecha las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Titular de la Delegación Regional del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en Puebla; el cual, atento a lo hecho constar por la Secretaria que da fe, fue presentado de manera electrónica ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuenta con la evidencia criptográfica que prevé el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; en mérito de lo anterior, con fundamento en los citados preceptos se provee: Téngase, a la autoridad oficiante dando cumplimiento al requerimiento de cinco de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 137 a 139), pues al efecto designa al Asesor Jurídico Federal Francisco Cuevas Pozos, como representante especial de las menores terceras interesadas identificadas con las iniciales 1) M. D. C. M. y 2) J. M. M.; en consecuencia, se tiene al citado profesionista como representante especial de las referidas menores, para los efectos legales conducentes. Por tanto, se solicita a Francisco Cuevas Pozos, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de este proveído, comparezca a este juzgado de Distrito a aceptar y protestar el cargo conferido.
Quedan 21 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Juan Barrales Flores452/2020
- Juan Bautista Cholula Luna906/2023
- Juan Becerra Rojas948/2019
- Juan Beristain Suarez329/2022
- Juan Caamaño Castillo1387/2016
- Juan Cabrera Rubio85/2018
- Juan Carlos Alonso Saldaña1065/2023
- Juan Carlos Amador Islas25/2021
- Juan Carlos Amador Islas476/2023
- Juan Carlos Andrade Reyes997/2022
- Juan Carlos Balderas Gonzalez953/2019
- Juan Carlos Bozikian Villaseñor847/2019