Juan Carlos Ahumada Atondo
Expediente 779/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 779/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Carlos Ahumada Atondo
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a seis de julio de dos mil veintitrés. ACEPTA COMPETENCIA Agréguese a los autos para que obre como corresponde el oficio de cuenta signado por la Magistrada Instructora del Tribunal Colegiado de Apelación del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, a través del cual acusa recibo de uno diverso por el que le fue enviado el juicio de amparo VI-779/2023 del índice de este juzgado, con motivo de la competencia que le fue declinada para conocer de la demanda que motivó su formación; asimismo, informa que aceptó la misma, registrando el asunto bajo el número 79/2023-C de su control. SE ORDENA ARCHIVO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En consideración a lo anterior y toda vez que de la certificación que antecede se desprende que dentro de los presentes autos no existe documento en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con los mismos, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente cuaderno de antecedentes de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE una vez que transcurran seis meses a partir del presente acuerdo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y una vez que concluya el plazo de seis meses de archivo que prevé el artículo 19 del Acuerdo en mención, contado a partir de esta propia fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ REYES, POR SI O POR CONDUCTO DE QUIEN ACREDITE SER SU APODERADO O APODERADOS, EL SIGUIENTE AUTO: En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 913/2022, promovido por José Luis Rocha Alvarado, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Secretario, dé cuenta con las constancias que integran el presente asunto. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes previos recibidos con antelación y rendidos por: 1.- Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán, con residencia en esta ciudad. 2.- Agente del Ministerio Público titular de la Mesa II adscrito a la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. También se da cuenta con los escritos presentados por la parte quejosa los días seis y doce de septiembre de la presente anualidad, por medio de los cuales objeta los informes previos en cuanto a su alcance y contenido por no estar ajustados a derecho. EL JUEZ: Dichos informes se recibieron en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos. Por lo que respecta a los escritos presentados por la parte quejosa en los que hace las objeciones de referencia, continúese con la audiencia toda vez que no son motivo para suspenderla. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. EL SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las parte ofreció medios de prueba. Al no existir prueba alguna pendiente que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se da cuenta con la promoción registrada con el número 13712, signada por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual formula alegatos. EL JUEZ: Se tiene por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión VII- 913/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, remitido a este órgano jurisdiccional al día siguiente, por razón de turno, José Luis Rocha Alvarado, solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. SEGUNDO. Mediante proveído de veinticuatro de agosto de esta anualidad, este órgano jurisdiccional concedió a la quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama en esta vía de amparo de las autoridades responsables el auto de veinticinco de julio de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de investigación 1003202010018, mediante el cual se decreta el no ejercicio de la acción penal, así como la resolución dieciséis de agosto del año en curso, emitida en el expediente C.ANT/00778/2021, por la cual se confirma el auto de no ejercicio de la acción penal. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. De los informes previos rendidos por las autoridades responsables, se advierte la existencia de los actos de molestia. CUARTO. PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. En virtud de que la parte quejosa no señaló en los efectos para los que solicita la medida cautelar, el suscrito juzgador fijará tales efectos y consecuencias. Se procede a verificar en los siguientes apartados, que se cumplan todos los requisitos legales y jurisprudenciales para la procedencia de la suspensión provisional del acto reclamado, esto es, i) que el quejoso la haya solicitado expresamente; ii) que haya certidumbre, al menos preliminarmente, sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; iii) que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; iv) que el quejoso cuente con interés jurídico o legítimo para efectos del incidente de suspensión; y, v) que el asunto supere un análisis ponderado preliminar entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. A juicio de este juzgado federal, el análisis de los requisitos para la procedencia de la suspensión debe hacerse en ese orden y con esa precisión, conforme a las siguientes jurisprudencias PC.IV.A. J/35 A (10a.)4, y XXVII.3o. J/2 (10a.)5 de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. TÉCNICA PARA ANALIZAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONCEDERLA" y "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013." (i) Solicitud expresa. Conforme a la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, de la demanda de amparo se desprende que la suspensión fue solicitada expresamente por la parte quejosa. (ii) Certeza del acto reclamado. Los actos reclamados son ciertos, atendiendo tanto a las manifestaciones que realiza el quejoso bajo protesta de decir verdad y el contenido de los informes previos rendidos por las autoridades responsables. (iii) Posibilidad de suspensión. En la especie, el quejoso reclama, el auto mediante el cual se decreta el no ejercicio de la acción penal y la determinación judicial que la confirma, que si bien son actos consumados, existe la posibilidad de que se remita al archivo el expediente de origen como asunto concluido, lo que podría afectar la esfera jurídica del aquí quejoso, por lo que los actos de molestia son susceptibles a la medida cautelar. (iv) Interés jurídico o legítimo. En este apartado se analiza si los actos de referencia inciden en su esfera jurídica; es decir, se debe demostrar, por lo menos indiciariamente, la posible afectación a su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 61/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA. El precepto citado prevé que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, si tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." En el caso, el quejoso acredita su interés suspensional al ser parte procesal en el expediente de origen y que los actos reclamados son consecuencia de la denuncia presentada ante el representante social responsable. PONDERACIÓN ENTRE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL INTERÉS SOCIAL O EL ORDEN PÚBLICO. Este órgano jurisdiccional debe hacer dicha ponderación en términos de la Jurisprudencia 2a./J. 204/2009675 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO, sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." En efecto, de concederse la medida cautelar respecto de los efectos de los actos reclamados, no parece que, a partir de un análisis preliminar, pueda producirse una contravención ineludible a disposiciones de orden público, ni que pueda privarse a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes, ni se le causaría un daño que de otra manera no resentiría. En cambio, en caso de negarse la suspensión solicitada, se podría causar daños y perjuicios de difícil y aún de imposible reparación, pues de continuar vigentes los actos reclamados, se vería afectado en su patrimonio. Por lo tanto, se cumple en la especie con el requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. Ahora, la afectación (daño o perjuicio) que se generó o pueda generar con el acto de autoridad reúna o no el atributo de "difícil reparación con motivo su ejecución", el Juez de amparo debe otorgar la suspensión, debido a que la finalidad perseguida por el legislador mediante la medida suspensional es que cuando está demostrada la apariencia del buen derecho se anticipe la tutela constitucional. Ello, pues el propio legislador fue enfático en que tratándose del juicio de amparo debe imperar el principio general según el cual "la necesidad de acudir a un proceso para obtener la razón, no debe perjudicar a quien la tiene." Por tanto, se considera que basta que del estudio que efectúe el Juez de la demanda de amparo, anexos, pruebas e informes se desprenda la verosimilitud del derecho alegado por la promovente y que conforme a un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en el amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado (apariencia del buen derecho) para que la medida suspensional deba ser concedida a fin de que, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, la parte quejosa no resienta los efectos y consecuencias del acto de autoridad impugnado. Es por ello que la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pudiera sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado, conforme a la ley de la materia, no debe ser considerada como un requisito para el otorgamiento de la suspensión. Los anteriores argumentos dieron génesis a la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2022619, que dice: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. LA ACREDITACIÓN DE DAÑOS Y/O PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO ES UN REQUISITO PARA QUE SE OTORGUE CUANDO EL QUEJOSO ALEGA TENER INTERÉS JURÍDICO. Hechos: Tanto la Primera Sala como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron respecto al siguiente problema jurídico: ¿Conforme a la Ley de Amparo vigente, cuando el quejoso alega tener interés jurídico, la acreditación de daños y/o perjuicios de difícil reparación con motivo de la ejecución del acto reclamado es un requisito para que se otorgue la suspensión? La Primera Sala consideró que la acreditación de daños de difícil reparación derivados de la ejecución del acto reclamado no constituye un requisito para la procedencia (otorgamiento) de la suspensión en un juicio de amparo en el que se aduce un interés jurídico respecto del acto reclamado; en cambio, la Segunda Sala sostuvo que sí constituye un requisito para tal efecto. Criterio jurídico: La acreditación de daños y/o perjuicios de difícil reparación con motivo de la ejecución del acto reclamado no es un requisito para que se otorgue la suspensión cuando el quejoso alega tener interés jurídico. Justificación: De acuerdo con la actual redacción del artículo 107, fracción X, de la Constitución General y de su interpretación teleológica subjetiva, es factible advertir que tratándose de la suspensión a petición de parte en la que el quejoso alega tener un interés jurídico, el principal presupuesto de procedencia al que debe atender el órgano jurisdiccional de amparo ya no lo es "la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con la ejecución del acto reclamado", sino el análisis ponderado de elementos como la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, pues es este "juicio de ponderación" la nueva base fundamental de un sistema equilibrado que permite que la medida suspensional cumpla cabalmente con su finalidad protectora. Esta conclusión se corrobora si se atiende a la evolución jurídica de la regulación de la suspensión, en atención a que el artículo 128 de la Ley de Amparo vigente, por cuanto hace a los requisitos para su otorgamiento, conservó una redacción y contenido prácticamente idénticos en comparación con el diverso 124 de la Ley de Amparo abrogada, salvo por una diferencia fundamental, a saber: en la legislación de amparo vigente ya no se prevé una fracción III que establezca expresamente como requisito para decretar la suspensión, que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Aspecto este último que evidencia la finalidad del legislador de prescindir de ese requisito para que exista una consistencia normativa entre la Ley Fundamental y la ley reglamentaria. Además, de acuerdo con su actual regulación, la suspensión no se reduce sólo a una medida cautelar con un efecto conservativo, sino que de forma innovadora, la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que dicha medida tenga un efecto de "tutela anticipada" (restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando ello sea jurídica y materialmente posible). Por consiguiente, dado que las nuevas reglas de la suspensión giran en torno al postulado según el cual la necesidad de acudir a un proceso de amparo para obtener la razón no debe perjudicar a quien la tiene, la dificultad de reparación de los daños y/o perjuicios que pudiera sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado, no debe ser considerada como un requisito para el otorgamiento de la suspensión." En ese orden de ideas, SE CONCEDE a José Luis Rocha Alvarado, la medida cautelar para el efecto siguiente: Que si a la fecha no se ha remitido al archivo la carpeta de investigación ni el cuaderno de antecedentes de los que derivan los actos reclamados en el presente controvertido constitucional, no se remitan. Lo anterior, hasta en tanto las responsables reciban notificación sobre el auto que declare firme la sentencia que se dicte en el juicio de amparo principal. Esta medida cautelar surte efectos sin que fije garantía para ello al quejoso, toda vez que en la especie no existe tercero interesado al que perjudique esta determinación. SALVEDADES. La suspensión que se concede no surtirá sus efectos, en caso de que los expedientes de origen ya se hubiesen remitido al archivo; tal medida tampoco surtirá sus efectos, si los actos reclamados son de fecha posterior a la presentación de la demanda o bien, dimanan de autoridades distintas a las señaladas como responsables. Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de las responsables que en caso de no cumplir con la suspensión definitiva, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos." Sin que obste para lo anterior las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en los escritos presentados los días seis, doce y diecinueve de septiembre de la presente anualidad, por medio de los cuales, en los dos primeros objeta los informes previos en cuanto a su alcance y contenido por no estar ajustados a derecho, y en el tercero formula alegatos, habida cuenta que la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino de la existencia y naturaleza del acto reclamado así como de la satisfacción de los requisitos previstos por el numeral 124 de la Ley de Amparo, además de que sus alegaciones tienden a controvertir los informes de las autoridades responsables, sin que para ello haya ofrecido la parte quejosa prueba alguna. Lo anterior tiene sustento jurídico en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 60, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente es como sigue: "ALEGATOS. NO ES INDISPENSABLE QUE EL JUEZ DE DISTRITO LOS ANALICE AL RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. El artículo 131 de la Ley de Amparo no impone al juez de Distrito el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, pues la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino que ésta depende de la existencia y naturaleza del acto reclamado y de la cabal concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 124 del ordenamiento legal en cita." Todo lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE CONCEDE a José Luis Rocha Alvarado, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
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