Juan Bosco Pintor Torres
Expediente 1250/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1250/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Bosco Pintor Torres
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de diciembre de dos mil diecinueve. ESTADO DE AUTOS Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con que se da cuenta, de los que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de veintiséis de noviembre del año en curso, mediante el cual SE DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo promovida por Juan Bosco Pintor Torres, sin que se hubiese recurrido. CAUSA ESTADO En consecuencia, se declara que el aludido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ARCHIVO Por otro lado, tomando en consideración que no existe actuación pendiente por desahogar, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN En consideración a lo anterior y toda vez que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el presente cuaderno de antecedentes de amparo encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que se estima que el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez que transcurran cinco años a partir del presente acuerdo, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.Froylán
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Escrito aclaratorio de demanda. Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio de demanda remitido por el quejoso Juan Bosco Pintor Torres, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido en el punto c) de auto de doce del mes y año en curso, precisa bajo protesta de decir verdad que el juicio Ejecutivo Mercantil número 486/2018, del índice del Juzgado Quinto Menor Civil, de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, se encuentra en estado de ejecución, en el cual el diecisiete de noviembre del año en curso, ordenó el embargo a bienes de su propiedad, acto que fue ejecutado el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, y que esta diligencia es la última actuación dictada por el juez responsable en la referida etapa de ejecución, como lo acredita con las constancias anexas a su escrito. Análisis de procedencia. Los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracción IV, y 113, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los preceptos transcritos, se desprende que la demanda inicial del juicio de amparo debe examinarse a efecto de establecer si al respecto se actualiza alguna causa de improcedencia; también, que éstas se deben analizar de manera oficiosa. Asimismo, que el juicio de amparo indirecto es procedente contra los actos verificados en la etapa de ejecución de sentencia, únicamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo; es decir, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien, la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Los anteriores razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia emitida por contradicción de tesis P./J. 32/2001 (9a.), de rubro y texto siguientes: "Tesis: P./J. 32/2001 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 190035 Pleno Tomo XIII, Abril de 2001 Página 31 Jurisprudencia (Común) AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 22 de febrero de 2001. Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert". De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, se puede concluir que por regla general, un acto dictado o verificado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente el juicio de garantías indirecto cuando el acto reclamado, aún dictado en la etapa de ejecución, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; o bien, cuando se vulneren derechos sustantivos de los intervinientes. Así, también, se estableció que el contenido de la fracción IV, del citado artículo 107 de la Ley de Amparo, y su aplicación respecto a la hipótesis que se analiza, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencias que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía dicha fracción para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, sin que dicha aplicación permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos de ejecución que entrañen violaciones procesales relevantes cometidas durante la fase ejecutiva de que se habla, como por ejemplo, un incidente de falta de personalidad o personería, que no obstante ser una violación procesal de carácter relevante, su resolución no sería impugnable a través del juicio de amparo indirecto desde luego, sino hasta que se dicte la resolución final que declara cumplida o la imposibilidad de cumplir con la sentencia. Luego, del análisis de la demanda que dio origen al presente expediente, se obtiene que la quejosa reclama actos verificados en el procedimiento de ejecución de sentencia dentro del juicio Ejecutivo Mercantil, número 486/2018 del índice del Juzgado Quinto Menor Civil de este Distrito Judicial, donde el aquí quejoso Juan Bosco Pintor Torres es parte demandada. En ese sentido, en esencia, el aquí quejoso reclama la orden de embargo sobre bienes de su propiedad ejecutada el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve; todo ello dentro de la etapa de ejecución de la sentencia dictada en el juicio natural. De lo anterior se concluye que los actos reclamados por la quejosa fueron dictados dentro de la etapa de ejecución de sentencia en el juicio ordinario civil de origen, lo cual implica que se trata de actos que guardan relación directa con el procedimiento que se sigue para lograr el cumplimiento de lo sentenciado. Ahora, por la amplitud del contenido de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el juicio de amparo procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que dicha disposición da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la también invocada fracción IV, y no a la inversa, de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, existe la posibilidad de impugnarlos exclusivamente cuando: a) El acto reclamado infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Esto es, el acto que se reclame en la etapa de ejecución deberá reunir esas dos características; afectar directamente algún derecho sustantivo, estar desvinculado con lo resuelto en la ejecutoria que se cumplimenta, o lo que es lo mismo, que no sea consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; ello, con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. También, es importante destacar que, en el presente caso, no se trata de un acto que constituya una resolución que guarde autonomía respecto de la ejecución de sentencia, por el contrario, tiende a su cumplimiento; tampoco vulnera derechos sustantivos de la promovente, o bien, que afecte su patrimonio; en el entendido de que en el juicio de origen existe sentencia definitiva y los actos reclamados no son ajenos a la cosa juzgada, sino consecuencia de la misma, y deriva de la contumacia de la aquí promovente de acatar lo resuelto. Lo anterior conforme la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Novena Época Registro: 163152 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 108/2010 Página: 6 EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Contradicción de tesis 215/2009. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 de mayo de 2010. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz J. Jaimes Ramos". En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, por tanto se impone desechar la demanda de amparo analizada. Se invocan por identidad jurídica, por las razones que contienen, los siguientes criterios: "Época: Novena Época Registro: 204367 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Septiembre de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/27 Página: 435 EJECUCION DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 218/91. Adolfo Esteban Leyva Bathory. 5 de junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión 155/93. Mercedes Martínez Rivera. 27 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 23/95. Bernardo Téllez Meneses y otro. 25 de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 227/95. Bernardo Castillo Aguayo. 10 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 382/95. Carmen Cahuantzi Vázquez y otro. 9 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca". También, por las razones que contiene, se invoca en sentido contrario, el siguiente criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. "Época: Décima Época Registro: 2007139 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.3o.C.51 K (10a.) Página: 1588 AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN CUANDO AFECTEN DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA. El artículo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, dispone los supuestos de procedencia del amparo en la vía indirecta que comprenden todos los actos que pueden llevarse a cabo fuera y dentro de un procedimiento judicial, así como después de concluido, en ejecución de una sentencia. En la Ley de Amparo abrogada, esa regulación con alguna diferencia, estaba en el artículo 114, fracciones III y IV, que fueron interpretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el concepto de ejecución de imposible reparación entendido como la afectación directa e inmediata a un derecho sustantivo, podía ser aplicada para los actos en ejecución de sentencia, a condición de que se tratase de afectación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Así, deriva de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 5, de rubro: ´EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.´. Ese criterio, en cuanto a la aplicación del concepto de ejecución de imposible reparación con la definición que hace la actual fracción V del artículo 107, es aplicable al caso de la nueva Ley de Amparo. Por tanto, procede el juicio de amparo indirecto contra actos en juicio o en ejecución de sentencia que sean de imposible reparación, entendida como la afectación material directa a un derecho sustantivo, solamente que en ejecución debe tratarse de derechos ajenos a la cosa juzgada. Queja 26/2014. José Alberto de Pavia Lopeztrani. 20 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Valery Palma Campos". Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Juan Bosco Pintor Torres, por su propio derecho, contra actos del Juez Quinto Menor Civil de este Distrito Judicial. Notifíquese personalmente.
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Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Informe trámites Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio remitido vía correo electrónico suscrito por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, y toda vez que a través del mismo informa los trámites que realizó para dar cumplimiento al fallo protector y refiere exhibir las constancias relativas, provéase lo conducente una vez que dicha comunicación y sus anexos sean recibidos por la vía postal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/6144/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, doce de noviembre de dos mil diecinueve. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE RECIBE DEMANDA. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Juan Bosco Pintor Torres, por propio derecho, contra actos del Juez Quinto Menor Civil de este Distrito Judicial y otra autoridad. PREVENCIÓN. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con apoyo en el artículo 114, en relación con el diverso 108, fracciones III y V, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente hábil al en que quede debidamente notificada de este auto, por escrito y bajo protesta de decir verdad aclare su demanda, sobre lo siguiente: a) Toda vez que de las copias simples que se anexan a la demanda, se advierte que aparentemente el hoy quejoso fue parte demanda en el juicio ejecutivo mercantil 486/2018, se estima necesario que aclare si de este expediente derivan los actos aquí reclamados; de ser así, deberá indicar si compareció al mismo y la fecha en que lo hizo. b) También deberá señalar cuál fue el resultado de dicho contradictorio, es decir, si ya se dictó sentencia definitiva, de ser así, informe el sentido de dicha resolución. c) Asimismo, deberá manifestar en qué etapa se encuentra dicho juicio ejecutivo mercantil, pues del contenido del auto de veintiocho de octubre pasado, el cual anexó en copia simple a su escrito inicial de demanda, se advierte que al parecer se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, por lo que, de ser así, deberá especificar si esta ya concluyó, o en su caso en que etapa del procedimiento de ejecución se encuentra. d) En consecuencia, deberá aclarar si la orden de embargo aquí reclamada, deriva de la ejecución de sentencia del juicio ejecutivo mercantil 486/2018. e) Además, deberá precisar si la orden de embargo que reclama pretende ejecutarse en su contra, es sobre bienes muebles o inmuebles, y de ser el caso de este último, indique la ubicación o domicilio del mismo, toda vez que de la lectura integral de la demanda generadora del presente juicio de amparo no se advierte tal cuestión. f) De igual forma, como de los referidos documentos también se observa que quien figura como parte actora dentro del juicio ejecutivo mercantil antes mencionado, lo es Fernando Ferrara Vizquez, a quien en un momento dado podría resultarle el carácter de tercero con interés; es necesario indique cuál es el domicilio actual donde el mismo pueda ser emplazado. g) Atendiendo a que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos de excepción previstos en el segundo párrafo del artículo 110 de la Ley de Amparo, deberá exhibir tres copias de su escrito de demanda, las cuales son necesarias para correr traslado a todas las partes. Lo anterior se hace necesario, puesto que, en los términos que aparece planteada la demanda, se requieren cinco copias, de las cuales, dos son para emplazar a las autoridades responsables, una para dar intervención a la agente del Ministerio Público Federal adscrita y dos para formar los cuadernos de suspensión y, en el caso, el quejoso únicamente exhibió dos copias de su demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P. VII/2001, Tomo XIII, Abril de 2001, Página 325, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "Época: Novena Época Registro: 189978 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P. VII/2001 Página: 325 DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Contradicción de tesis 9/2000. Entre las sustentadas por el Séptimo y el Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 22 de febrero de 2001. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma Delia Aguilar Chávez Nava. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprobó, con el número VII/2001, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno. Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no trata el tema de la contradicción que se resolvió.". APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte promovente del amparo, que para el caso de no cumplir con lo requerido, dentro del término que se le concede, se tendrá por no presentada la demanda, lo anterior con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Sin que en la especia, contrario a lo que pretende la parte quejosa, proceda proveer respecto de la suspensión provisional, pues para determinar la procedencia y alcances de la misma, es menester la aclaración de su libelo constitucional en cada uno de los puntos ya precisados. Además, de que al no encontrase en alguno de los supuestos que refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito no se encuentra obligado a pronunciarse de oficio y de plano sobre la suspensión de los actos reclamados. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Melquiades Grano Nolazco y José Pahua Ramírez, con la plenitud de facultades a que se refiere el artículo 12, de la Ley de Amparo, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que existe registro de las cédulas profesionales que acreditan que dichas personas se encuentra facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho, en tanto que del restante autorizado sin dichas facultades por no contar con dicho registro, lo anterior para los efectos legales conducentes. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.
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