Juan Cano Santos

Expediente 600/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 12 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
600/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
12/07/2018

Partes del expediente

  • Juan Cano Santos

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a doce de julio de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por********************quien se ostenta defensora particular del quejoso********************,contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con sede en esta ciudad y Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el juicio de amparo VI-600/2018-2. INCOMPETENCIA Antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario establecer si este juzgado, es competente para conocer de la demanda de amparo, por ser la competencia un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público. Del estudio integral de la demanda se aprecia que la promovente hace consistir el acto reclamado en: ".De la AUTORIDAD ORDENADORA, se reclama la sentencia de fecha 20 veinte de junio del año en curso, dictada dentro del Toca Penal número ********************, derivado del recurso de apelación interpuesto por el inculpado y su defensora, en contra del AUTO DE FORMAL PRISIÓN dictado dentro del proceso penal número ********************, que se tramita en el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, instruido en contra de ********************, por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, en agravio de I.F.R.; y de la AUTORIDAD EJECUTORA, se reclama el cumplimiento que pretende dar a dicha sentencia.". Acto reclamado que confirmó el auto de formal prisión, emitido en dicha causa penal de origen. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: ARTÍCULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. - - - Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. - - - Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El transcrito numeral establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: a) El del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las dos primeras reglas establecen como presupuesto fundamental la ejecución de los actos, pero la diferencia entre una y otra es que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios Jueces de Distrito, ya que la primera regla prevé todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que su ejecución se efectúe en una jurisdicción; en cambio, la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro. Por otro lado, la tercera regla prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, lo que da competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito, al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia; intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito donde se haya presentado la demanda de amparo. Como se adelantó, el acto reclamado consiste en la sentencia de fecha veinte de junio del año en curso, dictada dentro del toca penal número ********************, que confirmó el auto de formal prisión dictado dentro del proceso penal número ********************, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, así como el cumplimiento que pretende dar a dicha sentencia el juez penal. Lo que evidencia que en el caso se requiere de una ejecución material, pues los efectos de la misma son para que el procesado permanezca a disposición del juez de primera instancia. Circunstancia que pone de manifiesto que se actualiza la hipótesis prevista por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el sentido de que será competente para conocer del juicio de amparo el juez de Distrito de la jurisdicción donde deba tener ejecución o trate de ejecutarse el acto reclamado y, como se dijo, de la lectura de la demanda se aprecia que la resolución reclamada tiene ejecución en el lugar de residencia del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, además de que el quejoso Juan Cano Tovar, se encuentra recluido actualmente en el Centro de Prevención y Reinserción Social "Lic. Eduardo Ruiz", con sede en dicha ciudad; es decir, fuera del territorio en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción; por tanto, corresponderá conocer y resolver este asunto al juez de Distrito en turno en el Estado, con residencia en Uruapan, Michoacán, de conformidad con lo establecido en la fracción XI, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En ese orden de ideas, resulta evidente que la ejecución de la resolución reclamada, no tendrá verificativo en esta ciudad, sino en el distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, por ser este el lugar donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito, respecto del lugar de residencia del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán y porque el quejoso Juan Cano Tovar, se encuentra recluido actualmente en el Centro de Prevención y Reinserción Social "Lic. Eduardo Ruiz", con sede en dicha ciudad; de lo que se desprende que este Juzgado es legalmente incompetente por razón de territorio, para conocer del presente asunto. Es aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 1ª./J.47/2005, que se lee en la página 174, Tomo XXIII, enero de 2006, Materia Penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. Así como la jurisprudencia de la Primera Sala, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Materia Común, consultable en la página 2183 del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." Y, por analogía jurídica la jurisprudencia de la Primera Sala del más Alto Tribunal, Novena Época, Apéndice de 2011, consultable en la página 38 del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." En tales circunstancias, lo procedente es que este juzgado de Distrito se declare legalmente incompetente por razón de territorio para conocer del presente juicio de amparo. En consecuencia, con apoyo en lo previsto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, se declina competencia en favor del Juez de Distrito en turno en el Estado, con residencia en Uruapan, al que se estima competente para conocer de la misma; por consiguiente, se ordena remitirle el presente juicio de amparo y sus seis copias, a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con ese en esa ciudad, para que se sirva turnar la demanda de amparo aludido Juez de Distrito en turno en el Estado, con residencia en Uruapan, Michoacán; solicitando, el acuse de recibo. Con las constancias conducentes, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene a la parte quejosa, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con el artículo 1° en relación con el diverso 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que entró en vigor el diez de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes, que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión del Poder Judicial, a que se refiere la citada ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Ahora bien, como el artículo 113, fracción I, de la referida ley, clasifica como confidencial toda aquella información que contenga datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, en esas condiciones, dicha información no podrá ser pública. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita a la actuaria para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles; ello, tomando en cuenta de que de conformidad con el diverso ordinal 24 de la ley de la materia, las resoluciones en materia penal, como el presente, deben ser notificadas inmediatamente en que sean pronunciadas. MEDIOS ELECTRÓNICOS En virtud de que no se advierte dato alguno que, objetivamente, permita inferir algún riesgo desde este momento se autoriza a las partes el uso medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente juicio de amparo, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada. En el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio de amparo, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea. Además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. Notifíquese personalmente.

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