Juan Calderon Castillejo

Expediente 643/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
643/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
13/07/2022

Partes del expediente

  • Juan Calderon Castillejo
  • Fidencio Teodoro Baltazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por la autoridad precisada en supra líneas, a través del cual acusa recibo del juicio de amparo de donde deriva el cuaderno de incompetencia en que se actúa e informa que el ocho de julio anterior, requirió a la autoridad señalada como responsable las constancias respectivas a efecto de emitir el pronunciamiento correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA QUEDA NOTIICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE FECHA veintinueve de junio de dos mil veintidós, QUE EN LO CONDUCENTE SE ACORDO "... Visto el escrito aclaratorio suscrito por -, con el carácter que actúan, a través del cual dan cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de quince de junio del presente año, al exhibir copia de los autos impugnados y precisar que la fecha correcta del acto reclamado señalada como de uno de junio del presente año, lo es el dos del propio mes y anualidad. En atención a lo anterior, vista la demanda de amparo presentada contra actos de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con sede en esta Ciudad, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado: "ACTO RECLAMADO.- De la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado se reclaman los acuerdos dictados, el primero con fecha 23 veintitrés de mayo de 2022 dos mil veintidós, el segundo con fecha 02 dos de junio de 2022 dos mil veintidós, dentro de los autos que integran el expediente -." Por ello, al consistir el acto reclamado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, debe tenerse como definitiva, y al tratarse de un acto que no es competencia de un Juzgado de Distrito, dada la consecuencia del mismo, que en el presente caso, es el acto que tiene por no presentado el recurso de apelación respecto de una sentencia que pone fin al juicio, se está en presencia de una resolución definitiva que extingue el procedimiento, por ende, no se actualizan los supuestos previsto en el numeral 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, para efecto de que este Juzgado asuma la competencia en términos del diverso numeral 37 de la citada ley. Lo anterior, pone de manifiesto que en la especie se surten las hipótesis previstas en el artículo 170 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "ARTICULO 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Asentado lo anterior, el suscrito estima que el acto motivo de la demanda de amparo de que se trata, resulta competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, toda vez que, como quedó de manifiesto, se está en presencia de una resolución que extingue el procedimiento (juicio contencioso administrativo), y del auto que tienen por no presentado el medio de impugnación en su contra, ya que constituye una resolución que puso fin al juicio en comento, ello, de conformidad con lo dispuesto por el numeral transcrito. Motivos por los cuales resulta evidente que la demanda que nos ocupa, es de la competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, salvo la mejor opinión de éste, en términos de los preceptos legales invocados. De ahí que se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 170 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, con apoyo en los artículos 33, 34, 47 y 170 de la Ley de la Materia, este Juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, lo que conduce al suscrito a declararse legalmente INCOMPETENTE de plano, para conocer del asunto planteado, ordenándose remitir la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para lo que tenga a bien determinar la superioridad; solicitando acusar el recibo de estilo correspondiente. Al respecto tiene aplicación la tesis III.7o.A.2 K, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias Común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, página 1868, que a la letra dice: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. PROCEDE CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA Y EL AUTO QUE DESECHA EL RECURSO INTERPUESTO EN SU CONTRA POR NO SER EL IDÓNEO. De una interpretación sistemática de los artículos 107, fracciones III, inciso a), V, inciso b) y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte la procedencia del juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por las primeras, las que decidan el juicio en lo principal y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. En esa medida, el ejercicio de la acción constitucional en la vía uniinstancial permite al quejoso impugnar la constitucionalidad tanto de la sentencia definitiva como la del auto que desecha el recurso interpuesto en su contra por no ser el idóneo -resolución que puso fin al juicio-, dada la vinculación de causalidad jurídica tan estrecha que existe entre ambos actos y por ser un caso único o sui géneris; lo que tiene apoyo también en los principios de indivisibilidad de la demanda, de concentración y de expeditez del procedimiento, establecidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que los actos reclamados -sentencia definitiva y auto que desechó el recurso promovido en su contra por no ser el idóneo- se encuentran vinculados estrechamente y forman una unidad que no es jurídicamente conveniente desmembrar para no romper la continencia de la causa, además de que el procedimiento del amparo directo en materia administrativa permite llevar a cabo, dentro de un mínimo de actos procesales, todas las determinaciones necesarias para resolver en forma integral la solicitud del quejoso, con el propósito de obtener la protección de la Justicia Federal; en caso contrario, se establecería la procedencia de las dos vías de impugnación a través del juicio de amparo: la del directo y la del indirecto, para el conocimiento y resolución de actos que guardan tal dependencia, que lo que se resuelva respecto de uno tiene que determinarse por lo que toca al otro, de modo que el Juez de Distrito no podría decidir algo distinto a lo que, en su caso, resuelva el Tribunal Colegiado de Circuito y, a pesar de esa circunstancia, se vería constreñido a observar los trámites previstos para la sustanciación del juicio de amparo indirecto, con el consiguiente retardo en la solución integral de la controversia planteada. Más aún, el juicio de amparo procede contra ambos actos, porque el acuerdo de desechamiento del recurso no encuadra en los supuestos previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo, sobre la procedencia del amparo indirecto, ni aun en la fracción IV, que incluye a los actos de tribunales administrativos, realizados después de concluido el juicio, en la medida en que al estar sub júdice la sentencia, no puede decirse que ya hubiera concluido aquél, ni tampoco en la fracción V, sobre actos en juicio que afecten materialmente derechos sustantivos, porque, como se advierte, sólo implicaría la transgresión de un derecho procesal, en su caso. No se opone a lo considerado, que en la ejecutoria dictada en la contradicción de tesis 508/2011, de la cual emanó la jurisprudencia 1a./J. 78/2012 (10a.), de rubro: "RECURSO NO IDÓNEO. LA SENTENCIA EMITIDA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE CONSTITUYE EN DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO, CUANDO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA ES IRRECURRIBLE, CONFORME AL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AUNQUE SE HAGA VALER LA APELACIÓN Y ÉSTA SE DESECHE.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido la inaplicabilidad de la diversa jurisprudencia 1a./J. 51/2004, de rubro: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.", porque en ese procedimiento no fue materia de estudio el supuesto en que se promueva un mismo juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva y el auto que desecha el recurso intentado en su contra por no ser el idóneo." Asimismo, se aplica por analogía la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 10 de abril de 2015, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación que textualmente señala: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. " Asimismo, tiene aplicación la tesis sustentada por Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, visible en la página1692, del tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente señala: "AUTO QUE PONE FIN AL JUICIO. EL AMPARO DIRECTO ES LA VÍA EN LA QUE DEBE SER IMPUGNADO, AUN CUANDO NO SE HUBIERA AGOTADO EL RECURSO ORDINARIO. El auto que pone fin al juicio, así sea recurrible, para efectos de determinar la vía en la que puede ser impugnado, constituye la última resolución y no aquella que resuelve el recurso procedente contra el indicado proveído o, en su caso, el acuerdo que declara firme el respectivo auto, porque la procedencia del juicio de amparo directo, competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, está prevista en el artículo 158 de la Ley de Amparo en términos claros acerca de que la materia del juicio de amparo son las sentencias definitivas o laudos y aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, y si bien ese numeral exige, además, que las resoluciones sean definitivas, es decir, que respecto de ellas no proceda recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas, esta última disposición incide solamente por cuanto hace a la procedencia y no por cuanto a la vía por la cual deban ser impugnadas dichas determinaciones; es decir, por como está redactado el indicado artículo 158, siendo el acto reclamado una última resolución o sentencia definitiva, esas resoluciones deben ser impugnadas por la vía de amparo directo y lo inherente al principio de definitividad, esto es, al estudio relativo a si procede o no recurso contra la resolución que se reclame y si se agotó o no ese recurso, es un tema que toca dilucidarlo al Tribunal Colegiado al proveer sobre la admisión de la demanda o al resolver en definitiva el asunto. En las relatadas condiciones, se estima que este Juzgado de Distrito resulta legalmente INCOMPETENTE para conocer de la misma. Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.Así lo resolvió y firma el licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia del Titular, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el día de hoy, quien actúa en legal y debida forma con la licenciada Elvia Zepeda Torres, Secretaria que autoriza y da fe..." LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO

  3. Principal

    Morelia, Michoacan, veintinueve de junio de dos mil veintidos. Visto el escrito aclaratorio suscrito por -, con el carácter que actúan, a través del cual dan cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de quince de junio del presente año, al exhibir copia de los autos impugnados y precisar que la fecha correcta del acto reclamado señalada como de uno de junio del presente año, lo es el dos del propio mes y anualidad. En atención a lo anterior, vista la demanda de amparo presentada contra actos de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con sede en esta Ciudad, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado: "ACTO RECLAMADO.- De la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado se reclaman los acuerdos dictados, el primero con fecha 23 veintitrés de mayo de 2022 dos mil veintidós, el segundo con fecha 02 dos de junio de 2022 dos mil veintidós, dentro de los autos que integran el expediente -." Por ello, al consistir el acto reclamado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, debe tenerse como definitiva, y al tratarse de un acto que no es competencia de un Juzgado de Distrito, dada la consecuencia del mismo, que en el presente caso, es el acto que tiene por no presentado el recurso de apelación respecto de una sentencia que pone fin al juicio, se está en presencia de una resolución definitiva que extingue el procedimiento, por ende, no se actualizan los supuestos previsto en el numeral 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, para efecto de que este Juzgado asuma la competencia en términos del diverso numeral 37 de la citada ley. Lo anterior, pone de manifiesto que en la especie se surten las hipótesis previstas en el artículo 170 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "ARTICULO 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Asentado lo anterior, el suscrito estima que el acto motivo de la demanda de amparo de que se trata, resulta competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, toda vez que, como quedó de manifiesto, se está en presencia de una resolución que extingue el procedimiento (juicio contencioso administrativo), y del auto que tienen por no presentado el medio de impugnación en su contra, ya que constituye una resolución que puso fin al juicio en comento, ello, de conformidad con lo dispuesto por el numeral transcrito. Motivos por los cuales resulta evidente que la demanda que nos ocupa, es de la competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, salvo la mejor opinión de éste, en términos de los preceptos legales invocados. De ahí que se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 170 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, con apoyo en los artículos 33, 34, 47 y 170 de la Ley de la Materia, este Juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, lo que conduce al suscrito a declararse legalmente INCOMPETENTE de plano, para conocer del asunto planteado, ordenándose remitir la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para lo que tenga a bien determinar la superioridad; solicitando acusar el recibo de estilo correspondiente. Al respecto tiene aplicación la tesis III.7o.A.2 K, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias Común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, página 1868, que a la letra dice: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. PROCEDE CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA Y EL AUTO QUE DESECHA EL RECURSO INTERPUESTO EN SU CONTRA POR NO SER EL IDÓNEO. De una interpretación sistemática de los artículos 107, fracciones III, inciso a), V, inciso b) y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte la procedencia del juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por las primeras, las que decidan el juicio en lo principal y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. En esa medida, el ejercicio de la acción constitucional en la vía uniinstancial permite al quejoso impugnar la constitucionalidad tanto de la sentencia definitiva como la del auto que desecha el recurso interpuesto en su contra por no ser el idóneo -resolución que puso fin al juicio-, dada la vinculación de causalidad jurídica tan estrecha que existe entre ambos actos y por ser un caso único o sui géneris; lo que tiene apoyo también en los principios de indivisibilidad de la demanda, de concentración y de expeditez del procedimiento, establecidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que los actos reclamados -sentencia definitiva y auto que desechó el recurso promovido en su contra por no ser el idóneo- se encuentran vinculados estrechamente y forman una unidad que no es jurídicamente conveniente desmembrar para no romper la continencia de la causa, además de que el procedimiento del amparo directo en materia administrativa permite llevar a cabo, dentro de un mínimo de actos procesales, todas las determinaciones necesarias para resolver en forma integral la solicitud del quejoso, con el propósito de obtener la protección de la Justicia Federal; en caso contrario, se establecería la procedencia de las dos vías de impugnación a través del juicio de amparo: la del directo y la del indirecto, para el conocimiento y resolución de actos que guardan tal dependencia, que lo que se resuelva respecto de uno tiene que determinarse por lo que toca al otro, de modo que el Juez de Distrito no podría decidir algo distinto a lo que, en su caso, resuelva el Tribunal Colegiado de Circuito y, a pesar de esa circunstancia, se vería constreñido a observar los trámites previstos para la sustanciación del juicio de amparo indirecto, con el consiguiente retardo en la solución integral de la controversia planteada. Más aún, el juicio de amparo procede contra ambos actos, porque el acuerdo de desechamiento del recurso no encuadra en los supuestos previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo, sobre la procedencia del amparo indirecto, ni aun en la fracción IV, que incluye a los actos de tribunales administrativos, realizados después de concluido el juicio, en la medida en que al estar sub júdice la sentencia, no puede decirse que ya hubiera concluido aquél, ni tampoco en la fracción V, sobre actos en juicio que afecten materialmente derechos sustantivos, porque, como se advierte, sólo implicaría la transgresión de un derecho procesal, en su caso. No se opone a lo considerado, que en la ejecutoria dictada en la contradicción de tesis 508/2011, de la cual emanó la jurisprudencia 1a./J. 78/2012 (10a.), de rubro: "RECURSO NO IDÓNEO. LA SENTENCIA EMITIDA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE CONSTITUYE EN DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO, CUANDO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA ES IRRECURRIBLE, CONFORME AL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AUNQUE SE HAGA VALER LA APELACIÓN Y ÉSTA SE DESECHE.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido la inaplicabilidad de la diversa jurisprudencia 1a./J. 51/2004, de rubro: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.", porque en ese procedimiento no fue materia de estudio el supuesto en que se promueva un mismo juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva y el auto que desecha el recurso intentado en su contra por no ser el idóneo." Asimismo, se aplica por analogía la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 10 de abril de 2015, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación que textualmente señala: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. " Asimismo, tiene aplicación la tesis sustentada por Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, visible en la página1692, del tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente señala: "AUTO QUE PONE FIN AL JUICIO. EL AMPARO DIRECTO ES LA VÍA EN LA QUE DEBE SER IMPUGNADO, AUN CUANDO NO SE HUBIERA AGOTADO EL RECURSO ORDINARIO. El auto que pone fin al juicio, así sea recurrible, para efectos de determinar la vía en la que puede ser impugnado, constituye la última resolución y no aquella que resuelve el recurso procedente contra el indicado proveído o, en su caso, el acuerdo que declara firme el respectivo auto, porque la procedencia del juicio de amparo directo, competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, está prevista en el artículo 158 de la Ley de Amparo en términos claros acerca de que la materia del juicio de amparo son las sentencias definitivas o laudos y aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, y si bien ese numeral exige, además, que las resoluciones sean definitivas, es decir, que respecto de ellas no proceda recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas, esta última disposición incide solamente por cuanto hace a la procedencia y no por cuanto a la vía por la cual deban ser impugnadas dichas determinaciones; es decir, por como está redactado el indicado artículo 158, siendo el acto reclamado una última resolución o sentencia definitiva, esas resoluciones deben ser impugnadas por la vía de amparo directo y lo inherente al principio de definitividad, esto es, al estudio relativo a si procede o no recurso contra la resolución que se reclame y si se agotó o no ese recurso, es un tema que toca dilucidarlo al Tribunal Colegiado al proveer sobre la admisión de la demanda o al resolver en definitiva el asunto. En las relatadas condiciones, se estima que este Juzgado de Distrito resulta legalmente INCOMPETENTE para conocer de la misma. Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.Así lo resolvió y firma el licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia del Titular, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el día de hoy, quien actúa en legal y debida forma con la licenciada Elvia Zepeda Torres, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Intégrese a sus autos el oficio signado por la autoridad en cita, por medio del cual hace del conocimiento las gestiones realizadas a efecto de que el profesor -, Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con residencia en la ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico, gire instrucciones a la Dirección de Catastro y Asistencia Técnica del Registro Agrario Nacional, para el cumplimiento al fallo protector; por tanto, requiérasele para que una vez que fenezcan los términos otorgados a dichas autoridades informe de inmediato su cumplimiento, apercibido que de no hacerlo o informar la imposibilidad legal que tenga para ello en ese lapso, se les impondrá una multa de cien días de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con los artículos 192 y 193 en relación con el 258 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

Quedan 1 actuación en este expediente

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