Juan Bernardo Montes de Oca
Expediente 226/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 226/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/04/2021
Partes del expediente
- Juan Bernardo Montes de Oca
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por la parte quejosa recurso de queja, en contra del proveído de ocho de abril de dos mil veintiuno; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse desechado en el juicio de amparo, es susceptible de destrucción, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente, se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda de "no relevancia documental" y "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 35 del mencionado acuerdo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
a las nueve horas del veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados del edificio del poder judicial de la federacion en esta ciudad, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al quejoso, el auto de fecha veintitrés de abril de dos mil veinte, dictado en los autos del juicio de amparo 226/2021, del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del auto de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por la parte quejosa recurso de queja, en contra del proveído de ocho de abril de dos mil veintiuno; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse desechado en el juicio de amparo, es susceptible de destrucción, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente, se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda de "no relevancia documental" y "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 35 del mencionado acuerdo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, ocho de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve Juan Bernardo Montes de Oca, de propio derecho, contra actos del Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 226/2021-C. Previo a la admisión de la demanda, es necesario examinar si ésta colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 62, en relación con los numerales 112 y 113, todos de la Ley de Amparo. Es preciso apuntar, que de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Se desecha demanda de amparo En ese sentido, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia que señala el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se indican: Los numerales 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, enuncian: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página 1086, 6 de mayo 2016, tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: Asimismo, guarda relación la diversa tesis jurisprudencial III.3º.T. J/3 (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 1569, diciembre de 2016, tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: Así, las jurisprudencias antes citadas, consignan la causa de improcedencia que establece que por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo; ello, al no tratarse de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo. En consecuencia, al patentizarse en la especie, que el impetrante de derechos fundamentales señala como acto reclamado destacado la omisión de la autoridad responsable para dar contestación a la petición formulada el uno de los actuales, mediante la cual solicitó la autorización para el consumo personal de cannabis; resulta evidente que se trata de un acto omisivo, solicitud de la cual no se advierte una abierta dilación al procedimiento, ni su paralización total, pues el propio quejoso sostiene que el motivo de la demanda de derechos fundamentales que insta, es la omisión de acordar la solicitud que realizó ante la autoridad que señala como responsable el uno de abril del año en curso, misma que fue recibida el seis de abril siguiente, lo que hace evidente que a la fecha no ha transcurrido un tiempo excesivo, como se advierte inclusive de la consulta del estatus de la guía del servicio de mensajería acelerada que adjuntó a su demanda, luego de la consulta realizada en la página de internet https://www.fedex.com/fedextrack/?trknbr=7854%204673%200757&trkqual=2459305000~785446730757~FX. Aunado, a que no ha transcurrido el término de tres meses que establece el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a la autoridad responsable, a fin de que dé respuesta a su solicitud planteada; el cual a su letra dice: Artículo 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo. Artículo 17-A.- Cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables, la dependencia u organismo descentralizado correspondiente deberá prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez, para que subsanen la omisión dentro del término que establezca la dependencia u organismo descentralizado, el cual no podrá ser menor de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se desechará el trámite. Salvo que en una disposición de carácter general se disponga otro plazo, la prevención de información faltante deberá hacerse dentro del primer tercio del plazo de respuesta o, de no requerirse resolución alguna, dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación del escrito correspondiente. La fracción de día que en su caso resulte de la división del plazo de respuesta se computará como un día completo. En caso de que la resolución del trámite sea inmediata, la prevención de información faltante también deberá hacerse de manera inmediata a la presentación del escrito respectivo. De no realizarse la prevención mencionada en el párrafo anterior dentro del plazo aplicable, no se podrá desechar el trámite argumentando que está incompleto. En el supuesto de que el requerimiento de información se haga en tiempo, el plazo para que la dependencia correspondiente resuelva el trámite se suspenderá y se reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquel en el que el interesado conteste. Artículo 17 B.- Salvo disposición expresa en contrario, los plazos para que la autoridad conteste empezarán a correr al día hábil inmediato siguiente a la presentación del escrito correspondiente. Es aplicable al caso el artículo referido, en virtud de que la Secretaría de Salud, rige bajo procedimiento bajo la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que hace a las solicitudes presentadas ante dicho sector. Por tanto, al quedar actualizada de forma notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juan Bernardo Montes de Oca, contra la autoridad señalada como responsable. Domicilio Se tienen como domicilio procesal, el señalado en el escrito de demanda. Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le tiene proporcionando dirección de correo electrónico a fin de establecer comunicación con este órgano jurisdiccional. Comunicación con los justiciables durante la vigencia Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea Ahora bien, tomando en consideración las medidas de contingencia adoptadas por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, de conformidad con el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones por la misma vía en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause estado la presente resolución. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente.
- Principal
a las nueve horas del catorce de abril de dos mil veintiuno, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados del edificio del poder judicial de la federacion en esta ciudad, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al quejoso, el auto de fecha ocho de abril de dos mil veinte, dictado en los autos del juicio de amparo 226/2021, del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del auto de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, ocho de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve Juan Bernardo Montes de Oca, de propio derecho, contra actos del Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 226/2021-C. Previo a la admisión de la demanda, es necesario examinar si ésta colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 62, en relación con los numerales 112 y 113, todos de la Ley de Amparo. Es preciso apuntar, que de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Se desecha demanda de amparo En ese sentido, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia que señala el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se indican: Los numerales 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, enuncian: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página 1086, 6 de mayo 2016, tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: Asimismo, guarda relación la diversa tesis jurisprudencial III.3º.T. J/3 (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 1569, diciembre de 2016, tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: Así, las jurisprudencias antes citadas, consignan la causa de improcedencia que establece que por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo; ello, al no tratarse de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo. En consecuencia, al patentizarse en la especie, que el impetrante de derechos fundamentales señala como acto reclamado destacado la omisión de la autoridad responsable para dar contestación a la petición formulada el uno de los actuales, mediante la cual solicitó la autorización para el consumo personal de cannabis; resulta evidente que se trata de un acto omisivo, solicitud de la cual no se advierte una abierta dilación al procedimiento, ni su paralización total, pues el propio quejoso sostiene que el motivo de la demanda de derechos fundamentales que insta, es la omisión de acordar la solicitud que realizó ante la autoridad que señala como responsable el uno de abril del año en curso, misma que fue recibida el seis de abril siguiente, lo que hace evidente que a la fecha no ha transcurrido un tiempo excesivo, como se advierte inclusive de la consulta del estatus de la guía del servicio de mensajería acelerada que adjuntó a su demanda, luego de la consulta realizada en la página de internet https://www.fedex.com/fedextrack/?trknbr=7854%204673%200757&trkqual=2459305000~785446730757~FX. Aunado, a que no ha transcurrido el término de tres meses que establece el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a la autoridad responsable, a fin de que dé respuesta a su solicitud planteada; el cual a su letra dice: Artículo 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo. Artículo 17-A.- Cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables, la dependencia u organismo descentralizado correspondiente deberá prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez, para que subsanen la omisión dentro del término que establezca la dependencia u organismo descentralizado, el cual no podrá ser menor de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se desechará el trámite. Salvo que en una disposición de carácter general se disponga otro plazo, la prevención de información faltante deberá hacerse dentro del primer tercio del plazo de respuesta o, de no requerirse resolución alguna, dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación del escrito correspondiente. La fracción de día que en su caso resulte de la división del plazo de respuesta se computará como un día completo. En caso de que la resolución del trámite sea inmediata, la prevención de información faltante también deberá hacerse de manera inmediata a la presentación del escrito respectivo. De no realizarse la prevención mencionada en el párrafo anterior dentro del plazo aplicable, no se podrá desechar el trámite argumentando que está incompleto. En el supuesto de que el requerimiento de información se haga en tiempo, el plazo para que la dependencia correspondiente resuelva el trámite se suspenderá y se reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquel en el que el interesado conteste. Artículo 17 B.- Salvo disposición expresa en contrario, los plazos para que la autoridad conteste empezarán a correr al día hábil inmediato siguiente a la presentación del escrito correspondiente. Es aplicable al caso el artículo referido, en virtud de que la Secretaría de Salud, rige bajo procedimiento bajo la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que hace a las solicitudes presentadas ante dicho sector. Por tanto, al quedar actualizada de forma notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juan Bernardo Montes de Oca, contra la autoridad señalada como responsable. Domicilio Se tienen como domicilio procesal, el señalado en el escrito de demanda. Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le tiene proporcionando dirección de correo electrónico a fin de establecer comunicación con este órgano jurisdiccional. Comunicación con los justiciables durante la vigencia Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea Ahora bien, tomando en consideración las medidas de contingencia adoptadas por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, de conformidad con el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones por la misma vía en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause estado la presente resolución. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente.
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