Juan Bernardo Castellanos Rangel
Expediente 799/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 22 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 799/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 31/01/2023
Partes del expediente
- Juan Bernardo Castellanos Rangel
- Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, Mexicali
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Atento a ello, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal, al haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo trigésimo quinto del Acuerdo General mencionado. Con fundamento en el artículo octavo, fracción I, del Acuerdo General mencionado, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran más de tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo General. Por último, sólo para su conocimiento, se hace saber a las partes que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, a partir del día dieciséis de enero del presente año, este Juzgado cambia su denominación a Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y conserva su actual jurisdicción territorial pero con competencia mixta, conforme al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida del licenciado Gerardo Castillo Riedel, Secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós.****************************************Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio remitido por la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con Competencia en Ejecución, en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en atención a la solicitud efectuada en proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, informa que por acuerdo de veintiuno de diciembre siguiente, dictado dentro del procedimiento ordinario de ejecución ********************, de su índice, se determinó declarar firme la interlocutoria de cinco de octubre de dos mil veintidós, celebrada dentro del citado procedimiento, en la que se concedió al aquí quejoso ********************, el beneficio establecido en el artículo 1, fracción III, inciso a), de la Ley de Amnistía, ordenándose su inmediata libertad.****************************************En ese contexto, quien esto resuelve considera que en relación con los actos reclamados por el quejoso ********************, que se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causa de sobreseimiento que establece la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, que a la letra dice:****************************************"Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: ****************************************[.] ****************************************V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. [.]"****************************************Ello, en virtud de que los actos reclamados en este juicio constitucional se hicieron consistir en:****************************************La falta de respuesta a las peticiones administrativas en relación con brindar el acceso y participación a los cursos y programas de las autoridades penitenciaras.********************No obligar a las autoridades penitenciarias a cumplir con sus funciones y obligaciones establecidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal.********************No vigilar la compurgación de la sentencia del quejoso en cuanto a promover que tenga acceso a participación a los ejes de reinserción social, para poder acceder al beneficio preliberacional de libertad condicionada.****************************************Por lo que, en relación con los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: ****************************************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:**************************************** [.]********************XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;"****************************************De la transcripción del numeral antes mencionado se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional, ya sea por revocación o sustitución procesal.****************************************Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir.****************************************En ese tenor, de acuerdo al texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar de que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.****************************************Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado.****************************************Tiene aplicación al efecto por las razones que la informan, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 9/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo VII, Febrero de 1998, visible a página 210, cuyo tenor literal es el siguiente:****************************************"SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo."****************************************Ahora bien, como ya se precisó, los actos reclamados a las autoridades responsables consisten en los siguientes:****************************************La falta de respuesta a las peticiones administrativas en relación con brindar el acceso y participación a los cursos y programas de las autoridades penitenciaras.********************No obligar a las autoridades penitenciarias a cumplir con sus funciones y obligaciones establecidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal.********************No vigilar la compurgación de la sentencia del quejoso en cuanto a promover que tenga acceso a participación a los ejes de reinserción social, para poder acceder al beneficio preliberacional de libertad condicionada.****************************************Sobre lo cual, es menester señalar que de las constancias que remitió la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con Competencia en Ejecución, en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, se advierte que en proveído de veintiuno de diciembre del año en curso, dictado dentro del procedimiento ordinario de ejecución ********************, de su índice, se determinó declarar firme la interlocutoria de cinco de octubre de dos mil veintidós, celebrada dentro del procedimiento en mención, en la que se concedió al quejoso ********************, el beneficio establecido en el artículo 1, fracción III, inciso a) de la Ley de Amnistía, ordenándose su inmediata y absoluta libertad.****************************************Con lo que se llega al convencimiento que en la especie, cesaron los efectos de los actos reclamados arriba precisados, que la parte quejosa refirió le impedían acceder oportunamente al beneficio preliberacional de libertad condicionada.****************************************Lo que se afirma, toda vez que si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -veintinueve de octubre de dos mil veintiuno-; los actos reclamados subsistían, también lo es que, con posterioridad, es decir, el cinco de octubre de dos mil veintidós, mediante interlocutoria celebrada dentro del procedimiento ordinario de ejecución ********************, se concedió al quejoso ********************, el beneficio establecido en el artículo 1, fracción III, inciso a) de la Ley de Amnistía, ordenándose su inmediata y absoluta libertad.****************************************De ahí que -como se anticipó-, cesaron los efectos de los actos que en esta instancia constitucional se reclama y que son materia de estudio, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la Justicia Federal, es decir, como si éstos no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, puesto que dejaron de existir por sustitución procesal, al constituirse una nueva situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo.****************************************Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes:****************************************"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (No. Registro: 193,758, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38)****************************************En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXI, de la misma ley; por esa razón, no es posible pronunciarse respecto a los conceptos de violación formulados por la parte quejosa.****************************************Es aplicable al caso la jurisprudencia VI.1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubre-diciembre de 1989, Octava Época, que dice: ****************************************"SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." ****************************************En consecuencia, queda sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo.****************************************Notifíquese personalmente; y por lista a la parte quejosa y sus autorizados.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que la audiencia constitucional está señalada para el día de hoy; asimismo, que mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós se solicitó al al Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que de no tener inconveniente legal alguno, informara a este órgano el resultado de la audiencia de controversia de modificación de la pena, señalada dentro del Procedimiento Ordinario de Ejecución ********************, de su índice, y remitiera copia certificada de las constancias que lo acrediten, así como el registro del audio y video de la audiencia relativa, sin que a la fecha haya informado lo conducente, no obstante de encontrase debidamente notificado para ello. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, solicítese nuevamente al Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, que de no tener inconveniente legal alguno, informe a este órgano el resultado de la audiencia de controversia de modificación de la pena, señalada dentro del Procedimiento Ordinario de Ejecución ********************, de su índice, y remita copia certificada de las constancias que lo acrediten, así como el registro del audio y video de la audiencia relativa; lo anterior, por estimarse necesarias para resolver este juicio, en virtud de que podría actualizarse una causal de improcedencia, con fundamento en el numeral precitado y la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL." A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las doce horas con veinte minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria judicial adscrita, para notificar al quejoso el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, por las razones que en la misma expone. En consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele al quejoso, el presente proveído, el auto de veintisiete de octubre del año en curso y las subsecuentes actuaciones, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. Notifíquese; y por lista al directo quejoso.Así lo acordó y firma electrónicamente, el licenciado Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por el licenciado Gerardo Castillo Riedel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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