Juan Bernardo Corona Martínez

Expediente 941/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
941/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
19/12/2019

Partes del expediente

  • Juan Bernardo Corona Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 941/2019, promovido por Guadalupe Rangel Luna, en cuanto apoderado jurídico de Juan Bernardo Corona Martínez; y, RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve (fojas 2-8), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en Morelia, Guadalupe Rangel Luna, en cuanto apoderado jurídico de Juan Bernardo Corona Martínez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado de la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este órgano jurisdiccional, en auto de veintiocho de agosto del dos mil diecinueve, la admitió y registró bajo el número 941/2019 (fojas 38-41); se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se fijó hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo el cuatro de octubre de citado año al tenor del acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados tienen ejecución en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en la página 32, tomo XI, abril de 2000, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además al contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados por el quejoso a la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y a la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de Michoacán, son: La resolución dictada el trece de agosto de dos mil diecinueve, dentro del expediente JA-R-0123/2019-I del recurso de reconsideración interpuesto por los apoderados jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en contra del proveído de ocho de marzo del mismo año dentro del juicio administrativo JA-0953/2014-II en el cual se impuso a Juan Bernardo Corona Martínez en cuanto Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, una multa de $25,347.00 (veinticinco mil trescientos cuarenta y siete pesos), equivalente a trescientas unidades de medida y actualización a valor diario; y, su ejecución. En dicha resolución, la referida Sala confirmó el auto recurrido. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Magistrado de la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de Michoacán y a la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 46 y 59). Certeza que se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable jurisdiccional, consistentes en copias certificadas del recurso de reconsideración JA-R-123/2019-I (un tomo de pruebas). Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º y de las que se advierte la resolución de trece de agosto de dos mil diecinueve. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados que se atribuyen a la autoridad responsable, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, las partes no hicieron valer causales de improcedencia y este juzgador tampoco advierte de manera oficiosa la existencia de alguna; pese a ello, en este apartado es necesario que se verifique un estudio de procedencia del acto reclamado consistente en la resolución de trece de agosto de dos mil diecinueve que declaró infundado el recurso de reconsideración JA-R-0123/2019-I, interpuesto por los apoderados jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado contra el auto de ocho de marzo de dos mil diecinueve dictado dentro del juicio administrativo JA-0953/2014-II, por el que se impuso a Juan Bernardo Corona Martínez, una multa por la cantidad de veinticinco mil trescientos cuarenta y siete pesos, equivalente a trescientas unidades de medida y actualización. El acto antes precisado, en apariencia podría revelar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Lo anterior, porque en las fracciones I a XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, instituye que si se trata de actos en ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución pronunciada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Interpretada en sentido contrario dicha disposición, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de la última resolución en el procedimiento de ejecución. Las anteriores consideraciones fueron abordadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 108/2010, publicada en el Semanario Judicial de la página 6, Novena Época, registro 163152, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." [Lo resaltado es propio]. Así, como se dijo, en el caso pudiera establecerse en una primera impresión, que el acto que se reclama en esta instancia constitucional es improcedente de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; ya que en la especie, se trata de una acto emitido en la fase ejecutiva del expediente administrativo de origen, el cual en apariencia, tendría que reclamarse hasta la última resolución emitida en dicho procedimiento, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Sin embargo, el suscrito considera que el presente asunto se trata de un caso excepcional, ya que si bien, la resolución que se reclama declaró infundado el recurso de reconsideración JA-R-0123/2019-I, interpuesto por los apoderados jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado contra el auto de ocho de marzo de dos mil diecinueve dictado dentro del juicio administrativo JA-0953/2014-II, por el que se impuso al quejoso una multa por la cantidad de veinticinco mil trescientos cuarenta y siete pesos, equivalente a trescientas unidades de medida y actualización, al incumplir con la sentencia emitida en dicho juicio, lo que materialmente pudiera considerase que se encamina al cumplimiento de la sentencia, pues se trata de un medio de apremio que tiene como finalidad vencer la resistencia de la autoridad demandada para cumplir con lo sentenciado; lo cierto es que formalmente, dicho acto sí afecta derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, en tanto que, dicha multa incide en el patrimonio de la persona física que asume la titularidad de la dependencia demandada. Por ello, resulta necesario que este juzgador proceda a realizar el análisis correspondiente. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Previo al estudio de los conceptos de violación debe precisarse que éstos se estudiarán de manera conjunta, ya que si bien el quejoso hizo valer tres conceptos de violación, en todos ellos en esencia señala que a quien correspondía el cumplimiento de la sentencia era a la Secretaría de Finanzas y Administración del Ejecutivo del Estado, por lo que la resolución reclamada es ilegal. En efecto, señala el quejoso que la responsable, debió cumplir con el principio de exhaustividad en lo que toca al funcionamiento de los órganos del Poder Ejecutivo Estatal, ya que si bien la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán fue condenada en el asunto de origen, también lo es que forma parte de dicho poder y su actuación no es independiente y autónoma, que sus funciones se encuentran establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado, que depende normativamente de la Secretaría de Finanzas y Administración para la aplicación de las normas, sistemas y procedimientos para la correcta utilización de los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia. También manifiesta que realizó toda las acciones necesarias para el cumplimiento de la sentencia, quedando imposibilitado materialmente para hacer el pago, hasta en tanto la Secretaría de Finanzas y Administración, en cuanto autoridad vinculada, por conducto de las áreas correspondientes haga la transferencia de los recursos económicos a la cuenta de la Secretaría de Seguridad Pública. Asimismo aduce que la responsable para determinar fundada o infundada la responsabilidad en el deber que se le imputa, debió identificar si existía obligación jurídica para actuar en la forma que se le exigió. Del mismo modo precisa que desde el dos mil dieciséis, obra dentro de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, el documento de ejecución presupuestaria y pago (DEPP) número 1600 2901, esto es, a la fecha de la imposición de la multa, ya estaba ingresado en la citada Secretaría, por lo que no resulta válido reprocharle que no dio cumplimiento a la sentencia, por depender de actos a cargo de diversa autoridad. Ello -explica el quejoso- porque al ser parte de la administración pública del Ejecutivo Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, no goza de autonomía procesal y para el ejercicio de su presupuesto y cumplimiento de sus obligaciones, queda sujeta a que la Dirección de Operación y de Fondos y Valores de la Secretaría de Finanzas y Administración, cumpla con lo establecido en el artículo 59, fracción I del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán, realice los pagos derivados del ejercicio del gasto con cargo a la dependencia de la cual fue titular el quejoso. El quejoso también manifiesta que la Secretaría de Seguridad Pública, no tiene asignado un presupuesto autónomo para la ejecución de las funciones que le corresponden, sino que está a cargo de la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán, a través de la Dirección de Fondos y Valores, aunado a que no ejerce facultades de mando sobre la autoridad a la que le corresponde liquidar el documento de ejecución presupuestaria (Dirección de Fondos). De igual manera precisa el promovente del amparo que la responsable inadvirtió que el Secretario de Seguridad Pública, ha realizado las gestiones necesarias a fin de llevar a cabo el pago de lo condenado en la sentencia, tan es así que remitió el oficio SSP/DAJ/991/2019, de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, girado a la Coordinadora del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, en el que pidió la actualización de los haberes dejados de percibir a favor el actor Jaime Ismael Estrada Corona, desde el uno de septiembre de dos mil dieciocho al treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve, solicitándole también realizara las gestiones necesarias en la Secretaría de Finanzas y Administración para la expedición del cheque por los salarios dejados de percibir. Argumenta también el quejoso que la responsable no tomó en consideración que durante el tiempo que se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, del Estado, ejecutó todas y cada una de las acciones que le correspondían para cumplir con la sentencia de origen, ya que realizó la afectación a su presupuesto desde el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, acorde a lo estipulado por el artículo 42 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado, por lo que no hubo omisión de su parte. Conceptos de violación que son inoperantes en una parte e infundados en otra. Son inoperantes, porque en relación al agravio del aquí quejoso consistente en: "En ese tenor debemos resaltar la importancia del actuar del Secretario de Seguridad Pública, pues ha sido quien ha gestionado todo lo concerniente para que se llevara a cabo el pago, tal y como lo demostraremos con el oficio número SSP/DAJ/CA/991/2019 de fecha 25 de marzo del 2019, signado por la Doctora María Guadalupe Mora Fausto, Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, girado a la Mtra. Citly Velazco Martínez, Coordinadora del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, en donde se le solicita la actualización de los haberes dejados de percibir a favor del actor en cita, anexando al presente tan solo copia certificada". La responsable adujo que era inoperante lo expuesto por el Secretario de Seguridad Pública, en el sentido de que él era quien había gestionado todo lo concerniente para que se llevara a cabo el pago de la sentencia, como lo había demostrado con tal medio de comunicación oficial, ya que en el mismo sólo solicitó adecuaciones en cuanto al monto a pagar, por lo que se advertía que únicamente eran acciones tendentes a retrasar el cumplimiento de lo condenado en sentencia, ya que a la fecha materialmente no se había cumplido con el pago del "DEPP" a pesar de los diversos requerimientos a la responsables. Y, el quejoso en lugar de combatir tal argumento, repitió en esencia lo manifestado por él en sus agravios ya que sólo adujo que la responsable inadvirtió que el Secretario de Seguridad Pública, había realizado las gestiones necesarias a fin de llevar a cabo el pago de lo condenado en la sentencia, tan es así que remitió el oficio SSP/DAJ/991/2019, de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, girado a la Coordinadora del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, en el que solicitó la actualización de los haberes dejados de percibir a favor el actor Jaime Ismael Estrada Corona, desde el uno de septiembre de dos mil dieciocho al treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve, solicitándole también realizara las gestiones necesarias en la Secretaría de Finanzas y Administración para le expedición del cheque por los salarios dejados de percibir. Por otro lado son infundados los motivos de disenso en los que señala el quejoso que él ya había llevado a cabo los trámites que conforme al marco legal le correspondían pues desde el dos mil dieciséis obraba en la Secretaría de Finanzas el documento de ejecución presupuestaria y pago (DEPP) 1600 2901, por lo que era dicha Secretaría la que debía hacer la transferencia de recursos económicos a la cuenta de la Secretaría de Seguridad Pública. Ello, porque como correctamente lo determinó la responsable, tratándose de suficiencia presupuestaria, aun cuando no se hubieren asignado recursos, la Secretaría de Seguridad Pública, debía realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes a fin de que se incluyera en el pago las prestaciones económicas señaladas en la sentencia emitida en el juicio administrativo. Para justificar tal afirmación, resulta relevante tener en cuenta que de los artículos 35 y 47 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto y Gasto Público del Estado de Michoacán, se advierte que el ejercicio del gasto público con cargo al presupuesto de egresos deberá ajustarse a cada unidad programática presupuestaria, que los entes públicos no ejercerán gasto público que no esté contemplado en el presupuesto de egresos o su ampliación; asimismo que concluida la vigencia del presupuesto de egresos sólo se harán los pagos -con base en dicho presupuesto- de los conceptos devengados en el año que corresponda, siempre y cuando se hayan registrado en el informe del pasivo circulante al cierre del ejercicio, para lo cual los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Organismos Autónomos, Dependencias y Entidades, presentarán ante la Secretaría los documentos de afectación presupuestaria a más tardar el treinta y uno de diciembre del ejercicio de que se trate. Aunado a lo anterior del artículo 8 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios y el artículo 38 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto y Gasto Público del Estado de Michoacán establecen que a las propuestas de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos se deberá acompañar la fuente de ingresos distinta al Financiamiento, asimismo que no procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos determinado por la ley posterior o con cargo a ingresos excedentes. Asimismo el artículo 3 del Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal 2019, dispone que es responsabilidad de los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de las Dependencias, Entidades y Organismos Autónomos que devengan recursos públicos con cargo al Decreto, la aplicación de estos; la fracción II del artículo 30 del mismo dispositivo señala que éstos cubrirán las contribuciones federales, estatales y municipales, así como las obligaciones contingentes o ineludibles que se deriven de resoluciones emitidas por autoridad competente, y que deberán realizar las acciones necesarias para priorizar el pago de estas; y que a quien corresponda el cumplimiento de dicha obligación será el responsable de su seguimiento hasta su pago. En ese contexto, es que se considera correcta lo determinado por la autoridad responsable, en el sentido de que era necesario que el Secretario de Seguridad Pública realizara la adecuaciones presupuestarias correspondientes. Lo anterior es así porque de conformidad con lo expuesto en párrafos que anteceden, para que sea procedente el pago del documento de ejecución presupuestaria y pago 1600-2901 aprobado para el ejercicio fiscal 2016, con cargo al gasto de la Secretaría de Seguridad Pública, debió ser contemplado en el presupuesto de egresos o en su ampliación correspondiente, pues no es factible cubrirse con un presupuesto "actual" del ejercicio fiscal, si no fueron considerados dentro de los mismos, ya que con base en dicho presupuesto es que otorga la suficiencia presupuestaria a las dependencias y entidades de la administración pública para el ejercicio del gasto, además las facultades de la Secretaría de Finanzas y Administración se encuentran ceñidas a la programación de los recursos. En ese sentido al ser la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán responsable del gasto, debió realizar los trámites administrativos correspondientes para la debida actualización del documento ejecución presupuestaria y pago 1600-2901 y vigilar que los mismos fueran debidamente aplicados para el fin específico, es decir para el cumplimiento de la sentencia a que fue condenada en el juicio administrativo por ser ésta la responsable del cumplimiento de dicha obligación. Ahora bien como ya se expuso, de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios y el artículo 38 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto y Gasto Público del Estado de Michoacán, para que sea procedente la propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos deberá comprenderse en el Presupuesto de Egresos determinado por la ley posterior o bien con cargo a ingresos excedentes de acuerdo al Principio de Anualidad Presupuestal. Entonces la única posibilidad jurídica de que se cubran los documentos de ejecución presupuestaria y pago, es que los mismos se salden con ingresos excedentes, los cuales son aquellos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos en un ejercicio fiscal y rebasan respecto de lo ahí previsto y aprobado por el Congreso, por ende la autoridad responsable del gasto -Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán- deberá informar por escrito a la Dirección de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, que a la fecha no se ha cubierto el citado documento y solicitar que éste sea considerado con el cargo a recursos excedentes en la programación o ampliación presupuestaria pedida, y así proceda asu pago conforme a la disponibilidad financiera. En esas condiciones, se impone negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución que se reclama del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, al no haberse impugnado por vicios propios. Apoya lo expuesto la jurisprudencia V.2o. J/6, visible a fojas 267, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Guadalupe Rangel Luna, en cuanto apoderado jurídico de Juan Bernardo Corona Martínez, respecto del acto reclamado a la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde la Jefa de Departamento de asuntos penales y amparos en representación de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    Morelia, Michoacán, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente del estado procesal que guardan los autos, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días, previsto en el artículo 136 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa acreditara que garantizó el importe de la multa impuesta por la autoridad exactora, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en el citado precepto legal la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa en la referida interlocutoria, deja de surtir efectos hasta en tanto cumpla con tal requisito. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables que la parte quejosa no cumplió con el requisito referido al momento de concederle la suspensión definitiva del acto reclamado, por lo que está en condiciones de llevar a cabo la ejecución del mismo hasta que se le informe lo contrario. Notifíquese por lista y mediante oficios a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las trece horas con veinte minutos del cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 941/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta con dos oficios registrados con los números 15171 y 15213 y hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con apoyo en los artículos 140 y 144 de la Ley de Amparo, ténganse por recibidos los informes previos que rinde el Titular de la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa y la Jefa de departamento de asuntos penales y amparos en representación de la Secretaría de Finanzas y Administración, ambos del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, los cuales se ordena tomar en cuenta al momento de resolver sobre la suspensión definitiva. Dentro del periodo probatorio el secretario hace constar que no obran medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar. El juez acuerda: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. En relación con lo anterior el juez acuerda: Se tiene por precluído el derecho de las partes para formular alegatos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: PRIMERA. Juan Bernardo Corona Martínez, en su escrito de demanda señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: 1.- Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán; y, 2.- Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán. Ambos con sede en esta ciudad. Actos reclamados: La resolución de trece de agosto de dos mil diecinueve emitida dentro del recurso de reconsideración número JA-R-0123/2019-l, dictado dentro del juicio JA-0953/2014-II. SEGUNDA. Las autoridades responsables al momento de rendir sus informes previos, manifestaron que son ciertos los actos que la parte quejosa les reclama. Ahora, la parte quejosa solicita la suspensión definitiva de los actos reclamados, esto es, por lo que ve a las consecuencias derivadas de la multa; por tanto, se procede a pronunciarse al respecto. El artículo 128 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". En el caso, existe solicitud expresa de la parte quejosa para la concesión de la medida cautelar solicitada, por lo que se estima satisfecho el primer requisito enunciado. Por tanto, respecto de las consecuencias jurídicas de la resolución reclamada, consistente en la multa que le fue impuesta, con fundamento en los artículos 128, 129, 132, 136, 138, 139, 146, 147 y 150 de la Ley de Amparo, se concede la medida cautelar solicitada para el efecto de que no se ejecute dicha multa, en razón de que se está en presencia de actos inminentes para los efectos de la suspensión; además, con la suspensión concedida se preserva la materia del fondo del juicio de amparo, ya que de ejecutarse la resolución referida, se podrían causar a la parte peticionaria de amparo perjuicios de difícil reparación, razones por las cuales procede conceder la medida decretada en términos de los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo. La medida cautelar concedida surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no acredita ante este Juzgado de Distrito que garantizó el importe de la multa impuesta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo por analogía la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 365, Tomo XXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto siguiente: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo de 1997, página 395, con el rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.", sostuvo que conforme a los artículos 124, 125 y 139 de la Ley de Amparo, para la suspensión que en su caso proceda contra el cobro de multas administrativas no fiscales debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero. Sin embargo, este órgano colegiado considera pertinente abandonar parcialmente tal criterio, para determinar que cuando se impugne el cobro de una multa administrativa no fiscal a través del juicio de amparo, deberá concederse la suspensión del acto reclamado siempre que se reúnan los requisitos señalados por el citado artículo 124, pero condicionada su efectividad a que el quejoso garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora o en todo caso acredite que ya lo hizo, pues en términos de los artículos 125 y 130 de la Ley indicada, el Juez de Distrito deberá resguardar los derechos de terceros y de las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés fiscal tendrá precisamente ese efecto, tanto en la suspensión provisional como en la definitiva.". Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia PC.I.A. J/57 A (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 2118, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, materia común, de rubro y texto siguientes: "MULTAS ADMINISTRATIVAS. AL CONSTITUIR APROVECHAMIENTOS QUE ADQUIEREN LA NATURALEZA DE CRÉDITOS FISCALES, EN LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE EL INTERÉS FISCAL, CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El primer párrafo del precepto citado dispone que cuando el amparo se solicite contra actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 148/2005, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO." y 2a./J. 138/2008, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.", estableció que las multas administrativas constituyen aprovechamientos que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución; por tanto, con independencia de que las multas provengan de infracciones de carácter tributario u ordenamientos administrativos, al constituir créditos que participan de tal naturaleza, en términos de la norma vigente, podrá otorgarse discrecionalmente la suspensión en su contra, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora correspondiente por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.". Dicha suspensión se concede en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, porque con ella no se contravienen disposiciones de orden público ni se sigue perjuicio al interés social y de no concederse se causaría a la parte quejosa de que se trata daños y perjuicios de difícil reparación. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se concede a Juan Bernardo Corona Martínez, la suspensión definitiva de los actos reclamados en los términos de la consideración segunda de esta interlocutoria. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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