Juan Bernardo Corona Martínez

Expediente 169/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
169/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
29/04/2019

Partes del expediente

  • Juan Bernardo Corona Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se negó el amparo en el mismo. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Por lo que refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Por otra parte, devuélvase a la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, la documental que allegó al presente juicio, consistente en un tomo de prueba, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica al quejoso por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de dos de abril de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 169/2019, promovido por Guadalupe Rangel Luna, apoderado jurídico del Secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el catorce de febrero de dos mil diecinueve (fojas 2-6), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Guadalupe Rangel Luna, apoderado jurídico del Secretario de Seguridad Pública, Bernardo Corona Martínez; solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Tercera Sala Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, el conocimiento del asunto correspondió a este Juzgado de Distrito, quien por auto de quince de febrero de dos mil diecinueve (fojas 44-48), la admitió a trámite y la registró bajo el número 169/2019; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, y se dio al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; asimismo, se reservó acordar lo conducente respecto de la existencia de parte tercera interesada; y finalmente, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite respectivo, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado tendrá ejecución en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados por la parte quejosa son: De la Magistrada de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, la resolución de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de reconsideración JA-R-0503/2018-III, interpuesto por el quejoso contra el auto emitido el tres de agosto de dos mil dieciocho dentro del juicio administrativo JA-0798/2018-II, por el que se impuso al Secretario de Seguridad Pública, una multa correspondiente a cien unidades de medida y actualización (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional); y, De la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, la ejecución del referido auto emitido el tres de agosto de dos mil dieciocho. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a la autoridad responsable Magistrada de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, pues así lo manifestó en su informe justificado [fojas 61 a 68]. Por otro lado, el Jefe de Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso, adscrito a la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, negó la existencia del acto reclamado, y aduce que en la especie se acredita la causal de sobreseimiento a que se refiere el numeral 61, fracción XXIII, relacionado con el 63, fracción IV, de la Ley de Amparo [fojas 56 a 59]; sin embargo, el mismo debe tenerse por cierto. Ello es así, pues del auto de tres de agosto de dos mil dieciocho [materia del recurso de reconsideración] se advierte que se ordenó a dicha Secretaría iniciar el procedimiento de cobro y en su caso el procedimiento económico coactivo para realizar el cobro correspondiente, por lo que es evidente que al haberse confirmado dicho auto, eventualmente el mismo se ejecutará. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió la magistrada responsable, consistentes en testimonio autorizado del expediente relativo al recurso de reconsideración JA-R-503/2018-III [un tomo de pruebas]. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, toda vez que entre ellas se encuentra el auto de siete de febrero de dos mil dieciocho y la sentencia de veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia de los actos que se combaten, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 814 emitida por el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Materia Común, Octava Época, registro 394770, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, como las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni este juzgador advierte de oficio la actualización de alguna, lo procedente es analizar los conceptos de violación. Quinta. Estudio de los motivos de inconformidad. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 50/2010, visible a fojas 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, registro 164618 del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Previo a analizar los motivos de inconformidad hechos valer por la parte quejosa, se considera necesario precisar que de las constancias que integran el tomo de pruebas relativo al expediente JA-R-503/2018-III, se advierte que por escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, el representante legal del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, -autoridad demandada en el juicio administrativo JA-0798/2014-II- promovió recurso de reconsideración contra el proveído dictado el tres de agosto de dos mil dieciocho, por el Magistrado Instructor de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa, en la parte que se impuso una multa como medida de apremio en fase de ejecución de sentencia a Bernardo Corona Martínez, en su carácter de Secretario de Seguridad Pública. Luego, mediante resolución de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, se resolvió el aludido recurso, en el que la Magistrada de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, declaró infundados los agravios expresados por la parte recurrente y en consecuencia, confirmó el proveído de tres de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el juicio administrativo referido. Sentado lo anterior, se concluye que los conceptos de violación hechos valer por el impetrante del amparo, son inoperantes, en una parte por repetitivos, y en otra más por novedosos, pues examinado el escrito a través del cual el recurrente [aquí quejoso] expresó los agravios respectivos [fojas 376 a 384 del tomo de pruebas], se advierte que ante la autoridad responsable -únicamente- planteó los argumentos que quedaron resumidos en la resolución reclamada de la manera siguiente: "a) El recurrente alega que el auto recurrido no se encuentra fundado y motivado, porque no se tomó en cuentas que el Titular de la secretaría de Seguridad Pública del Estado, no tuvo conocimiento de los acontecimientos anteriores a la adquisición de su cargo, que ocurrió el dieciséis de octubre de dos mil dieciséis, y sin considerar que, desde que dicho funcionario asumió su cargo, se han realizado diversos actos encaminados a dar pleno cumplimiento a la sentencia, sin que la Magistrada instructora haya tomado en consideración los actos tendientes a lograr dicho cumplimiento, específicamente los Documentos de Ejecución de Pago y Presupuesto (DEEP), números 1600-3707 y 16004113, así como el oficio SSP/DAJ/CA/0178/2018. b) Sostiene que la sala instructora indebidamente le impuso una multa por incumplimiento injustificado de la sentencia, sin considerar la responsabilidad de otras unidades administrativas y las gestiones que ha realizado ante diversas autoridades para el cumplimiento de la sentencia. c) Que la autoridad demandada ha gestionado todo lo concerniente para realizar el pago, lo que refiere acredita a través de los oficios con número SSP/DAJ/CA/3137/2018 de catorce de agosto de dos mil dieciocho, en el que solicitó a la Delegación Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el cheque derivado del documento de ejecución presupuestal que corresponde al pago de la sentencia dictada en autos, y el oficio SSP/DAJ/CA/3138/2018, dirigido al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, por concepto de pago del documento de ejecución presupuestaria y pago número 16002901 en el que solicitó la realización de las gestiones necesarias para la elaboración del documento de ejecución de pago pertinente." El tribunal responsable calificó de infundados los agravios formulados por el inconforme, sin que al efecto se advierta que el apoderado jurídico del quejoso controvierta en modo alguno los argumentos que al respecto emitió dicho tribunal para dar sustento a la resolución reclamada. Es así, porque en los conceptos de violación de la presente demanda, aduce lo siguiente: 1. Que le causa perjuicio al Secretario de Seguridad Pública la resolución interlocutoria de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, dictada dentro del recurso de reconsideración JA-R-0503/2018-III, formado con motivo de la inconformidad interpuesta contra el auto de tres de agosto de dos mil dieciocho, por contravenir los artículos 14 y 16 Constitucionales, porque la autoridad responsable debió cumplir con el principio de exhaustividad, dado que si bien es cierto la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, fue condenada en dicho asunto, la misma forma parte del Poder Ejecutivo del Estado y su actuación es independiente y autónoma; sus funciones y atribuciones se encuentran establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada de Michoacán. 2. Argumenta que en los autos del juicio JA-798/2018-III, se encuentra acreditado que esa Secretaría de Seguridad Pública del Estado, requirió a la Delegación Administrativa de esa Secretaría de Seguridad para que realizara los trámites necesarios para el debido cumplimiento de la sentencia, misma que realizó en tiempo y forma la afectación presupuestaria para el cumplimiento de la obligación establecida en la sentencia, por lo que la responsable soslayó que la Delegación Administrativa citada depende normativamente de la Secretaría de Finanzas y Administración y que su función es fungir como enlace con dicha Secretaría para la aplicación de las normas, sistemas y procedimientos para la correcta aplicación de los recursos humanos, financieros y materiales de esa dependencia. 3. Indica que en cumplimiento a la atribución conferida, la Delegación Administrativa elaboró y presentó para su trámite ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, desde los años dos mil quince y dos mil dieciséis, los documentos de ejecución presupuestaria y pago (DEEP) números 16003707 y 16004113, mismos que fueron ingresados para su trámite y pago ante aquella Secretaría. 4. Que por lo anterior, queda claro que el Secretario de Seguridad Pública en el Estado, realizó todas las acciones necesarias para el cumplimiento de la sentencia, quedando imposibilitada materialmente para hacer el pago, hasta en tanto la Secretaría de Finanzas y Administración, en cuanto autoridad vinculada, por conducto de las áreas correspondientes hagan la transferencia de los recursos económicos a la cuenta de la Secretaría de Seguridad Pública. 5. También aduce que la resolución reclamada no está fundada y motivada porque la responsable no tomó en cuenta ni valoró diversas constancias procesales y documentos de autos con los que se demostró los actos que está efectuando con la finalidad de obtener el cumplimiento de la sentencia, los cuales son documentos idóneos al constituir documentos de afectación presupuestaria, es decir, en lo que se refiere a esa Secretaría de Seguridad Pública ya se afectó el presupuesto y se realizaron todos los actos necesarios y acordes a la ley para la afectación del presupuesto, por lo que no existe trámite pendiente a su cargo que obstaculice su pago. 6. Señala que es necesario establecer si la conducta que se imputó al quejoso y que generó la imposición de la multa reviste el carácter de omisiva, en virtud de que se le atribuye la falta de cumplimiento en el pago de lo sentenciado a favor del actor; de ahí que -aduce- para determinar fundada o infundada la responsabilidad en el deber que se imputa a su mandante en su calidad de funcionario público, requiere que exista previamente una obligación correlativa, conforme lo que dispongan las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligado a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre un posible cumplimiento o incumplimiento, es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que se le exige. 7. Refiere que desde los años dos mil quince y dos mil dieciséis obran dentro de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado los documentos de ejecución presupuestaria y pago (DEEP) números 16003707 y 16004113, a través de los cuales se daría cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de origen, es decir, el Secretario de Seguridad Pública verificó y realizó los trámites conforme al marco legal que le corresponde para que se generara el pago de la actora María de la Salud Elías Aguilar; que incluso a la fecha de la imposición de la multa ya estaban ingresados en la Secretaría de Finanzas, por lo que no resulta válido legalmente reprochar al quejoso que no diera cumplimiento a la sentencia, siendo que al ser parte de la Administración Pública del Ejecutivo Estatal no goza de autonomía presupuestal y para el ejercicio de su presupuesto queda sujeto a que la Dirección de Operación de Fondos y Valores cumpla con lo establecido en el artículo 59, fracción I, del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada, esto es, realice los pagos derivados del ejercicio del gasto con cargo a la dependencia de la cual es titular el quejoso, por lo que a quien corresponde liquidar los documentos de ejecución presupuestaria y pago es a dicha Dirección de Fondos. 8. Argumenta que tal como lo establece la ejecutoria relativa al incidente de inejecución de sentencia 1566/2013, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de uno de ellos, impide la de los siguientes, por lo que antes de imponer la multa debía identificarse a la autoridad contumaz, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. 9. Por lo anterior, manifiesta que si en el caso el cumplimiento de la sentencia estaba sujeto a que diversas autoridades emitieran en el ámbito de su competencia, actos encaminados al cumplimiento, era necesario que al momento de imponer la multa se especificara si la dependencia de la que es titular el quejoso ya había realizado los actos que por disposición legal le correspondían, porque no ejerce poder de mando sobre la autoridad a la que le compete el pago de los DEPP (Dirección de Fondos); de modo que una vez ingresados dichos documentos no le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública realizar diverso acto encaminado a la ejecución, lo que evidencia que fue aquella dependencia quien paralizó el cumplimiento de lo sentenciado. 10. También señala que causa agravio en la esfera patrimonial de Juan Bernardo Corona Martínez, el que la autoridad responsable no haya observado los ordenamientos jurídicos aplicables para el gasto público, normas que distribuyen las competencias a diversas áreas administrativas para efectuar algún pago, por lo que si la sentencia implica efectuar un pago necesariamente y por disposición de una norma de carácter abstracta, obligatoria, impersonal y general, la competencia para efectuar la liquidación recae en diversas autoridades. 11. De igual forma, aduce que de acuerdo a sus facultades y atribuciones, la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, le informó al tribunal responsable que el importe solicitado en los documentos de ejecución presupuestaria y pago (DEEP) 16003707 y 16004113 tramitados con motivo de los ajustes presupuestarios realizados para cumplir con la obligación de pago, no fueron liberados en favor de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, por lo que la Secretaría quejosa se encuentra imposibilitada para cumplir con la sentencia al ser necesaria la realización de actos por diversa autoridad que no se encuentra bajo su subordinación. 12. Finalmente, refiere el quejoso que la resolución reclamada le causa perjuicio porque se impuso multa a la autoridad demandada Secretario de Seguridad Pública del Estado y no a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado como persona moral, de conformidad con el numeral 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, porque si bien el Gobernador Constitucional designa un titular al frente de esa dependencia, la Ley Orgánica es muy clara al señalar sus atribuciones como persona moral, por lo que al resultar condenada mediante sentencia de quince de abril de dos mil quince, debe ser ésta quien cubra la multa por incumplimiento con el presupuesto asignado y no con la percepción que recibe el titular de la misma por el desempeño de su cargo. Como se advierte de los párrafos que anteceden, los motivos de disenso relativos a que la autoridad responsable no tomó en cuenta que el actual Secretario de Seguridad Pública del Estado no tuvo conocimiento de los acontecimientos anteriores porque su cargo inició en octubre de dos mil dieciséis; que ha realizado diversos actos encaminados a dar cumplimiento a la sentencia como lo son los documentos de ejecución de pago y presupuesto 16003707 y 16004113, y que no consideró la responsabilidad de otras unidades administrativas, el quejoso ya los hizo valer vía agravios ante el Tribunal responsable, los cuales la sala resolvió que resultaron infundados, de suerte que, al haber reproducido sustancialmente dichos argumentos que hizo valer contra el auto de tres de agosto de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio administrativo JA-0798/2018-II, el quejoso dejó de atacar las consideraciones que vertió la Magistrada responsable para dar sustento a su resolución. Por otra parte, es de destacar que dichos agravios expuestos en el recurso de reconsideración, no se relacionan en modo alguno con los temas que ahora expone el quejoso en sus conceptos de violación señalados en párrafos precedentes y que esgrimió para sostener la ilegalidad de la resolución reclamada, como lo son, en forma enunciativa: que la autoridad responsable no tomó en consideración que el incumplimiento por parte de la Secretaría quejosa se encuentra justificado porque al ser parte de la Administración Pública del Ejecutivo Estatal no goza de autonomía presupuestal y para el ejercicio de su presupuesto queda sujeta a que la Dirección de Operación de Fondos y Valores de la Secretaría de Finanzas y Administración realice los pagos derivados del ejercicio del gasto; que se soslayó que a su vez la Delegación Administrativa depende de la Secretaría de Finanzas y Administración; que resultaba necesario establecer si la conducta del quejoso reviste el carácter de omisiva, para lo cual se requiere que exista previamente una obligación correlativa conforme a las normas legales que prevén su competencia. Asimismo, que a la fecha de la imposición de la multa ya estaban ingresados los documentos de ejecución presupuestaria para que se generara el pago a la actora en el juicio; que antes de imponer la multa debía identificarse a la autoridad contumaz, porque fue la Dirección de Fondos y Valores quien paralizó el cumplimiento de lo sentenciado; que no se observaron los ordenamientos jurídicos aplicables para el gasto público y las normas que distribuyen las competencias a diversas áreas administrativas para efectuar algún pago; y, finalmente, que la multa impuesta debía ser cubierta por la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, como persona moral y con el presupuesto que tiene designado, y no con la percepción que recibe el titular de la misma por el desempeño de su cargo, como persona física. De modo que, si lo alegado en tales conceptos de violación, no fue parte de los planteamientos examinados por el tribunal responsable, este juzgador se encuentra imposibilitado para abordar su estudio, al no ser factible examinar la constitucionalidad de la resolución combatida a la luz de razonamientos sobre los cuales dicha autoridad no tuvo oportunidad de pronunciarse. Máxime que, en el caso no se actualiza alguno de los supuestos en los que proceda suplir la deficiencia de la queja, acorde a lo instituido en el numeral 79 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o.A. J/7, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la Sala Fiscal que dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas." Se considera lo anterior, porque algunos de los aspectos destacados ya fueron materia de estudio en la resolución recurrida sin que el quejoso combata los motivos que expuso la Magistrada responsable para declararlos infundados e inoperantes; mientras que los restantes descansan en cuestiones que no fueron planteadas ante dicho Tribunal responsable y por ello, resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la resolución reclamada a la luz de razonamientos que no conoció la citada autoridad, pues no tuvo la oportunidad de analizarlas al resolver el recurso de inconformidad ni de pronunciarse sobre ellas. De suerte que, el quejoso debió hacer valer dichos argumentos ante el Tribunal responsable para dar oportunidad a que le fueran atendidos, dado que en esta vía constitucional no puede someter para su estudio aspectos que no se hicieron valer oportunamente vía agravio, de ahí que este juzgador no pueda analizarlos. En las condiciones apuntadas, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara y protege a Guadalupe Rangel Luna, apoderado jurídico de Bernardo Corona Martínez, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, contra las autoridades que quedaron precisadas en la consideración segunda, y por los motivos expuestos en la diversa quinta de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy dos de abril de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio que remite el Juez Cuarto Menor en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso por el cual se le devolvió el juicio ordinario mercantil 19/2011. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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