JUAN BERNARDINO RAMÍREZ NAVA y Otros.

Expediente 917/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
917/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
13/06/2019

Partes del expediente

  • JUAN BERNARDINO RAMÍREZ NAVA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que se deja a su disposición el original del Contrato de Depósito Bancario de Dinero a la Vista, referente al número de cuenta de Inversión 0110598097 (fojas 28 a 33). Documento que será entregado previa identificación oficial vigente con copia correspondiente y razón de entrega que obre en autos como constancia, en día miércoles hábil dentro del horario de nueve a doce horas, por así permitirlo las labores de este juzgado. Para tal efecto, deberá comparecer ante este juzgado de distrito dentro del término de 90 NOVENTA DÍAS, en día y hora hábil, en el entendido que de no hacerlo, en el lapso indicado, dicho documento podrá ser destruido, en términos del Acuerdo número 1/2009 del veintiséis de noviembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, de los que se aprecia que mediante proveído de treinta de abril de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que lo hubieran hecho, de acuerdo a la certificación de cuenta, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de treinta de abril de dos mil diecinueve y, por tanto, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sobre el particular tiene aplicación la jurisprudencia 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI de marzo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).". En ese contexto se tiene que por sentencia de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, se concedió a la quejosa Lilia Martínez Sandoval, la protección constitucional solicitada, contra actos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para el efecto de que con plenitud de decisión, acordara el escrito de veinte de marzo de dos mil dieciocho, y presentado en la oficialía de partes el mismo día, en el expediente laboral D-175/2002. En cumplimiento a lo anterior, los Magistrados Presidente, Representante del Estado y Representante de los Trabajadores, del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el oficio recibido el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, remitieron copia certificada del acuerdo que emitieron el veintiséis de abril del presente año, en el que de acuerdo a la solicitud de la parte quejosa en su escrito que presentó el veinte de marzo de dos mil dieciocho, ordenó turnar los autos del expediente laboral D-175/2002, al Actuario de su adscripción, a efecto de que proceda a requerir el pago a la parte demandada Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, para lo cual señaló las catorce horas del treinta de mayo de dos mil diecinueve. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable, DIO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV de Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional, en el entendido de que el presente asunto, se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo Primero, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo.). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".

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