Juan Bautista Martínez
Expediente 246/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 246/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 21/04/2016
Partes del expediente
- Juan Bautista Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de abril de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE] y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis. Vista la razón actuarial que antecede, de la cual se advierte que no fue posible notificar personalmente el proveído de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis a los terceros interesados Santos Juárez Hernández y Rosa María Jiménez Osorio, así como a la persona moral denominada Saiproq Construcciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de quien legalmente la represente, por las razones que de la misma se desprende; en consecuencia, se ordena realizar la notificación de que se habla, así como las subsecuentes, por medio de lista en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo aplicable. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Presidente, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente juicio constitucional, se desprende que el quejoso Juan Bautista Martínez, por escrito presentado el quince de febrero de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, ocurrió ante esta instancia de control constitucional a reclamar de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y su Presidente: La omisión de acordar el escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil quince dentro del expediente laboral D-4/134/2012. Cabe destacar que aun cuando en el capítulo de acto reclamado, el quejoso indicó que el acto del cual se duele es la falta por parte de las responsables de formular el proyecto de resolución en forma de laudo del expediente de origen, empero, como se precisó previamente en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, es necesario analizar en su integridad el escrito de demanda, de la que se colige que en realidad el acto reclamado lo constituye la omisión de proveer lo conducente al escrito presentado por la parte quejosa ante la responsable el cinco de noviembre de dos mil quince en el que precisamente solicitó se cerrara la instrucción a fin de que en su momento se emitiera el laudo correspondiente. De tal forma que lo relativo al cierre de la instrucción y el dictado del laudo del juicio natural constituyen las peticiones formuladas por el quejoso ante la responsable y respecto de las cuales promovió el presente juicio constitucional a fin de que las autoridades responsables se pronuncien como proceda. Ahora bien, una vez precisado lo anterior, del informe justificado rendido por las autoridades responsables, Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Presidente, se desprende que las referidas responsables manifiestan que los actos reclamados por la parte quejosa no son ciertos, en razón de que en proveído de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis dicha Junta se pronunció respecto al escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil quince por la parte actora dentro del juicio laboral D-4/134/2012, en el que informó a la parte quejosa que se estuviera a lo acordado en proveído de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, lo que se acredita con la copia certificada del referido auto de dieciséis de marzo del año en curso, el cual adquiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos de esos actos. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de la narrativa que anteceden, se colige que el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, la Junta responsable emitió un acuerdo en el que, atendiendo al escrito presentado el cinco de noviembre de dos mi quince, informó a la parte quejosa que se estuviera a lo acordado en proveído de veintidós de febrero de dos mil dieciséis en el que declaró cerrada la instrucción del juicio natural y turnó los autos para emitir el proyecto de resolución en forma de laudo. En efecto, de las constancias remitidas por las responsables, con valor probatorio pleno en los términos expuestos, se advierte que por acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, la Junta responsable se pronunció respecto al escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil quince, en el que informó a la parte quejosa que se estuviera a lo acordado en proveído de veintidós de febrero de dos mil dieciséis,. Bajo esa óptica, es posible concluir que la autoridad responsable al haber acordado el escrito presentado por la parte quejosa el cinco de noviembre de dos mil quince -acto reclamado-, cesaron los efectos de la omisión reclamada, pues los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Ello, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable acordara su escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil quince, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, la Junta responsable dictó el acuerdo correspondiente. En ese sentido, debe indicarse que en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, este órgano constitucional estima que los actos reclamados deben atenderse únicamente hasta la etapa procesal en la que fueron planteados, por lo que, la Litis constitucional únicamente puede constreñirse a los actos reclamados por el peticionario de amparo y hasta la etapa en la que se encontraba el juicio natural de origen. En las relatadas circunstancias, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, en términos de lo previsto por el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, ante la cesación de efectos del acto reclamado. Además, aun cuando se arribara a la conclusión de que el peticionario de amparo también se dolió de la omisión de la junta responsable de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio natural, en el caso se actualizaría la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, que dispone "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y De lo anterior se desprende que procede el sobreseimiento dentro de un juicio de garantías, cuando de las constancias apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Ahora bien, de la constancias remitidas por la junta responsable con valor probatorio pleno en términos de los preceptos citados, se sigue que mediante proveído de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, la junta de origen declaró cerrada la instrucción, por lo que turnó los autos al proyectista adscrito a ese órgano laboral a fin de que en su momento se emitiera la resolución en forma de laudo del expediente D-4/134/2012; de tal forma que al momento de la presentación de la demanda de amparo, la omisión de dictar el laudo correspondiente al juicio natural no existía en la forma planteada por el solicitante de garantías. Ello pues, cuando se presentó el escrito de demanda de amparo, esto es, el quince de febrero de dos mil dieciséis [como se advierte del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla que obra a foja dos] aún no se había cerrado el periodo de instrucción dentro del expediente laboral D-4/134/2012, ya que ello sucedió hasta el veintidós de febrero de dos mil dieciséis; en consecuencia, el juicio de origen no se encontraba en la etapa correspondiente para que se dictara la resolución en forma de laudo. En ese contexto, aun cuando se considerara que el quejoso también se dolió de la omisión de dictar el laudo del juicio de origen, se actualizaría una causal que conduciría al sobreseimiento del presente juicio biinstancial. Por tanto, se dejan sin efecto las diez horas con nueve minutos del treinta de marzo de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Presidente, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente juicio constitucional, se desprende que el quejoso Juan Bautista Martínez, por escrito presentado el quince de febrero de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, ocurrió ante esta instancia de control constitucional a reclamar de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y su Presidente: La omisión de acordar el escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil quince dentro del expediente laboral D-4/134/2012. Cabe destacar que aun cuando en el capítulo de acto reclamado, el quejoso indicó que el acto del cual se duele es la falta por parte de las responsables de formular el proyecto de resolución en forma de laudo del expediente de origen, empero, como se precisó previamente en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, es necesario analizar en su integridad el escrito de demanda, de la que se colige que en realidad el acto reclamado lo constituye la omisión de proveer lo conducente al escrito presentado por la parte quejosa ante la responsable el cinco de noviembre de dos mil quince en el que precisamente solicitó se cerrara la instrucción a fin de que en su momento se emitiera el laudo correspondiente. De tal forma que lo relativo al cierre de la instrucción y el dictado del laudo del juicio natural constituyen las peticiones formuladas por el quejoso ante la responsable y respecto de las cuales promovió el presente juicio constitucional a fin de que las autoridades responsables se pronuncien como proceda. Ahora bien, una vez precisado lo anterior, del informe justificado rendido por las autoridades responsables, Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Presidente, se desprende que las referidas responsables manifiestan que los actos reclamados por la parte quejosa no son ciertos, en razón de que en proveído de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis dicha Junta se pronunció respecto al escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil quince por la parte actora dentro del juicio laboral D-4/134/2012, en el que informó a la parte quejosa que se estuviera a lo acordado en proveído de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, lo que se acredita con la copia certificada del referido auto de dieciséis de marzo del año en curso, el cual adquiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos de esos actos. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de la narrativa que anteceden, se colige que el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, la Junta responsable emitió un acuerdo en el que, atendiendo al escrito presentado el cinco de noviembre de dos mi quince, informó a la parte quejosa que se estuviera a lo acordado en proveído de veintidós de febrero de dos mil dieciséis en el que declaró cerrada la instrucción del juicio natural y turnó los autos para emitir el proyecto de resolución en forma de laudo. En efecto, de las constancias remitidas por las responsables, con valor probatorio pleno en los términos expuestos, se advierte que por acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, la Junta responsable se pronunció respecto al escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil quince, en el que informó a la parte quejosa que se estuviera a lo acordado en proveído de veintidós de febrero de dos mil dieciséis,. Bajo esa óptica, es posible concluir que la autoridad responsable al haber acordado el escrito presentado por la parte quejosa el cinco de noviembre de dos mil quince -acto reclamado-, cesaron los efectos de la omisión reclamada, pues los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Ello, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable acordara su escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil quince, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, la Junta responsable dictó el acuerdo correspondiente. En ese sentido, debe indicarse que en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, este órgano constitucional estima que los actos reclamados deben atenderse únicamente hasta la etapa procesal en la que fueron planteados, por lo que, la Litis constitucional únicamente puede constreñirse a los actos reclamados por el peticionario de amparo y hasta la etapa en la que se encontraba el juicio natural de origen. En las relatadas circunstancias, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, en términos de lo previsto por el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, ante la cesación de efectos del acto reclamado. Además, aun cuando se arribara a la conclusión de que el peticionario de amparo también se dolió de la omisión de la junta responsable de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio natural, en el caso se actualizaría la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, que dispone "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y De lo anterior se desprende que procede el sobreseimiento dentro de un juicio de garantías, cuando de las constancias apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Ahora bien, de la constancias remitidas por la junta responsable con valor probatorio pleno en términos de los preceptos citados, se sigue que mediante proveído de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, la junta de origen declaró cerrada la instrucción, por lo que turnó los autos al proyectista adscrito a ese órgano laboral a fin de que en su momento se emitiera la resolución en forma de laudo del expediente D-4/134/2012; de tal forma que al momento de la presentación de la demanda de amparo, la omisión de dictar el laudo correspondiente al juicio natural no existía en la forma planteada por el solicitante de garantías. Ello pues, cuando se presentó el escrito de demanda de amparo, esto es, el quince de febrero de dos mil dieciséis [como se advierte del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla que obra a foja dos] aún no se había cerrado el periodo de instrucción dentro del expediente laboral D-4/134/2012, ya que ello sucedió hasta el veintidós de febrero de dos mil dieciséis; en consecuencia, el juicio de origen no se encontraba en la etapa correspondiente para que se dictara la resolución en forma de laudo. En ese contexto, aun cuando se considerara que el quejoso también se dolió de la omisión de dictar el laudo del juicio de origen, se actualizaría una causal que conduciría al sobreseimiento del presente juicio biinstancial. Por tanto, se dejan sin efecto las diez horas con nueve minutos del treinta de marzo de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 15,571 expedientes
- Juan Antonio Mora Rosaldo1006/2016
- Juan Antonio Ollivier Palacios1598/2017
- Juan Antonio Ollivier Palacios613/2018
- Juan Antonio Rojas Payan153/2015
- Juan Arellano González1815/2019
- Juan Aurelio Ortiz Sánchez874/2015
- Juan Bautista Martínez1405/2016
- Juan Benitez Pérez1318/2015
- JUAN BERNARDINO RAMÍREZ NAVA y Otros.917/2019
- Juan Bernardino Ramírez Nava1330/2023
- Juan Bernardino Ramírez Nava353/2021
- Juan Cacique Romero O Juan Casique Romero1536/2016