Juan Barrera Rodríguez
Expediente 1220/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 27 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1220/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 24/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juan Barrera Rodríguez
- Juan Barrera Rodríguez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
I. Citatorio. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, inciso b), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista al quejoso, el auto del veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de depuración en términos del artículo 18, fracción I, incisos b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se negó la protección constitucional. El original del incidente de suspensión es depurable, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido en líneas que anteceden en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue concedida. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Finalmente, toda vez que se considera innecesaria la retención de los documentos que adjuntó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, requiérasele para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que presentó en su escrito inicial, apercibida que de no hacerlo así en el término indicado, en su momento, se procederá a su destrucción junto con este expediente. Notifíquese; y por única ocasión de manera personal a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe."
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de depuración en términos del artículo 18, fracción I, incisos b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se negó la protección constitucional. El original del incidente de suspensión es depurable, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido en líneas que anteceden en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue concedida. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Finalmente, toda vez que se considera innecesaria la retención de los documentos que adjuntó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, requiérasele para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que presentó en su escrito inicial, apercibida que de no hacerlo así en el término indicado, en su momento, se procederá a su destrucción junto con este expediente. Notifíquese; y por única ocasión de manera personal a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia que negó el amparo en este sumario constitucional; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. Efectúense las anotaciones respectivas e intégrense los cuadernos incidentales. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Juan Luis Carrillo Ramírez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con treinta minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1220/2021-I, promovido por ********************, por derecho propio, ante la presencia judicial de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Período de pruebas. Abierto este periodo, el secretario hace constar que la parte quejosa y las autoridades responsables ofrecieron diversas pruebas documentales. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Sin pruebas pendientes de desahogar se cierra esta etapa. Período de alegatos. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. El Juez de Distrito acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe.V I S T O S, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 1220/2021-I; y, R E S U L T A N D O I. ********************, por derecho propio y como propietario de la negociación denominada ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director de la Oficina de Defensa del Consumidor, Zona Metropolitana Nezahualcóyotl, Departamento de Verificación y Defensa de la Confianza y otras autoridades. II. Mediante proveído del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se radicó la demanda de amparo con el número 1220/2021-I y, se previno en los términos ahí señalados. III. Por acuerdo del dos de diciembre de dos mil veintiuno se tuvo por recibido el escrito de desahogo de ********************, por el que hizo suya la demanda que promovió a su nombre ********************, y desahogó parcialmente los puntos de prevención. IV. El dieciséis de diciembre siguiente al no haber desahogado las prevenciones realizadas se tuvo por no presentada la demanda de amparo. V. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja del cual tocó conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito con el número 11/2022; y mediante ejecutoria del veintidós de septiembre de dos mil veintidós la declaró fundada. VI. En cumplimiento a dicha ejecutoria y previo desahogo de prevención, en proveído del veintiocho de octubre de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio; se pidió a las autoridades responsables rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento alguno; y se señaló hora y fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que la notificación se practicó en la demarcación territorial de este Juzgado de Distrito, en la que se encuentra legalmente facultado para declarar el derecho al caso en particular. Segundo. Conforme a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en la demanda de amparo, se hacen consistir en: a) La ilegal notificación y emplazamiento practicado dentro del procedimiento administrativo ********************, derivado de la denuncia ********************; y, b) Como consecuencia la determinación en la que se le impuso una multa por la cantidad $27,000.00 (veintisiete mil pesos 00/100M.N). Tercero. El Director de Zona Metropolitana de Nezahualcóyotl de la Procuraduría Federal del Consumidor, Defensor y Notificador adscritos al Departamento de Verificación y Defensa de la Confianza de la Oficina de Defensa del Consumidor de Zona Metropolitana de Nezahualcóyotl de la misma dependencia, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen, por lo que se tienen plenamente probados. Cuarto. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causas de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Las autoridades responsables señalan que el juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la legislación de amparo, toda vez que los actos no afecta los intereses jurídicos del quejoso. Es infundada, ya que involucra una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.135/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, enero de 2002, página 5, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE". De igual forma se desestima la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la legislación de amparo, que invocan las responsables toda vez que sólo citan el precepto que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 137/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Octubre de 2006, materia Común, página 365, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN". Al no existir causal de improcedencia hecha valer por las partes ni que se advierta de oficio, se procede al análisis de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa. Quinto. El quejoso formuló los conceptos de violación contenidos en la demanda, cuya transcripción se estima innecesaria para su estudio, máxime que no existe disposición legal que obligue a actuar en ese sentido, lo cual no implica, en modo alguno, desatender los principios de congruencia y exhaustividad que rigen el dictado de toda sentencia. En éstos esencialmente sostiene que se viola lo dispuesto por los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se le dejó en estado de indefensión al no haber sido emplazado de manera personal al procedimiento administrativo instaurado en su contra. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por los motivos que se pasan a exponer. Para arribar a esa conclusión, primeramente se debe decir que el artículo 14 constitucional consagra el derecho de audiencia, que implica que a todo gobernado, previamente a cualquier acto de autoridad que pueda llegar a privarlo de su vida, de su libertad, de su propiedad, de sus posesiones o de sus derechos, se le dé oportunidad razonable de defenderse en juicio. El debido respeto al derecho de audiencia impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga -ante tribunales previamente establecidos y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho- y que pueda culminar con un acto privativo, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 40/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 200080, materia Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Julio de 1996, página 5, de rubro y texto: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional". Por otra parte, las formalidades esenciales del procedimiento son las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el proceso jurisdiccional y en el procedimiento administrativo para otorgar al posible afectado por el acto privativo una razonable oportunidad de defensa. Así, de no cumplirse esas condiciones fundamentales, se dejaría de cumplir con el fin del derecho de audiencia, que no es otro que evitar la indefensión del afectado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3. La oportunidad de alegar, y 4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Precisamente, por la importancia y trascendencia que tiene el emplazamiento es que, las leyes procesales lo regulan detalladamente estableciendo las formalidades de que debe estar investido y, por otro, la falta de apego a esas formalidades trae como consecuencia su nulidad. Es indudable que las formalidades que disponen las leyes procesales para la práctica del emplazamiento no tienen otra finalidad que la de garantizar, hasta donde racionalmente sea posible, que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de sus consecuencias, pues sólo así tendrá realmente oportunidad de defenderse. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 200234, materia Constitucional, Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, de rubro y texto: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". En el caso, el agraviado se ostenta como persona extraña por equiparación al procedimiento administrativo de que se trata. Para estudiar la legalidad de la notificación que se reclama, es necesario citar los artículos 35, fracción I y 36, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que disponen: "Artículo 35. Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas podrán realizarse: I. Personalmente con quien deba entenderse la diligencia, en el domicilio del interesado; (.) Artículo 36. Las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado o en el último domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado ante los órganos administrativos en el procedimiento administrativo de que se trate. En todo caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá entregar copia del acto que se notifique y señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez. Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio. De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará razón por escrito. Cuando las leyes respectivas así lo determinen, y se desconozca el domicilio de los titulares de los derechos afectados, tendrá efectos de notificación personal la segunda publicación del acto respectivo en el Diario Oficial de la Federación". La ley señala que una de las formas de notificación es la personal en el domicilio del interesado, la cual debe practicarse de acuerdo a estas reglas: ( Se harán en el domicilio del interesado o en el último domicilio que haya señalado ante los órganos administrativos en el procedimiento administrativo de que se trate. ( El notificador debe cerciorarse del domicilio. ( Deberá entregar copia del acto que se notifique y señalar la fecha y hora en que se efectúa la notificación, recabando el nombre y firma de la persona con que se entienda. ( Si se niega a firmar, se hará constar en el acta de notificación, sin que se afecte la validez de la actuación. ( Las notificaciones se entenderán con la persona buscada o su representante legal. ( A falta de ambos, se dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. ( Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato. ( Si el interesado no atiende el citatorio, la notificación se llevará a cabo con cualquier persona que se encuentre en el domicilio. ( Si se negara a recibir la notificación o de encontrarse cerrado, se realizará por instructivo. ( Las diligencias deberán hacerse constar por escrito. Con base en lo anterior, debe decirse que no le asiste razón a la parte quejosa por cuanto a que el funcionario adscrito a la Procuraduría Federal del Consumidor llevó a cabo la notificación en forma ilegal, puesto que contrariamente a su manifestación, el fedatario en el momento de presentarse en el domicilio señalado en el registro de denuncia del diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, describió lo siguiente: Citatorio PROPIETARIO, REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL DE ********************En ZUMPANGO, MÉXICO, siendo las 09 horas con 30 minutos del día 07 del mes de SEPTIEMBRE del año 2021, el C. ********************, notificador adscrito a la Oficina de Defensa del Consumidor de la Zona Metropolitana Nezahualcóyotl de la Procuraduría Federal del Consumidor, identificándome con credencial No. ******************** con vigencia del 01-01-2021 al 31-12-2021, expedida por MTRO, ********************, en su carácter de SUBPROCURADOR DE VERIFICACIÓN me constituí en el inmueble marcado con el número ********************, en la Delegación o Municipio de ******************** en esta entidad federativa, C.P. ********************, cerciorándome por medio de ******************** Y POR MEDIO DE COORDENADAS (.)" SIENDO EL ESTABLECIMIENTO DE UN (.)********************, que es el domicilio de la persona al rubro citada, y hecho el requerimiento de la presencia del propietario, su representante o apoderado legal se presentó el C. SE NEGÓ A DAR SU NOMBRE, SIENDO UNA PERSONA DEL SEXO FEMENINO, EDAD APROXIMADA 30 AÑOS, TEZ MORENA CLARA, ESTATURA APROXIMADA 1.62 M. COMPLEXIÓN ROBUSTA, CABELLO TEÑIDO, QUIEN CONFIRMÓ QUE NO SE ENCUENTRA EL REPRESENTATE, PROPIETARIO O APODERADO LEGAL Y DIJO NO FIRMAR NADA YA QUE NO ESTÁ AUTORIZADA, en su carácter de SECRETARIA DIJO SER, quien se identifica con SE NEGÓ A IDENTIFICARSE, manifestando que la persona buscada no se encuentra, por lo que procedo dejar en su poder el presente citatorio para que la persona al rubro citada espere al notificador a las 09 horas con 30 minutos, del día 08 del mes de SEPTIEMBRE del año 2021, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo la diligencia de notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio y de negarse está a recibirla o en caso de encontrar cerrado el mismo, se realizará por instructivo que se fijará en lugar visible del propio domicilio, con fundamento en los artículos 1o., 35, fracción I y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicada supletoriamente a la Ley Federal de Protección al Consumidor, de conformidad con 1 el artículo 124 bis de la misma. Cédula notificación por instructivo PROPIETARIO, REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL DE ********************En ZUMPANGO, MÉXICO, siendo las 09 horas con 30 minutos del día 08 del mes de SEPTIEMBRE del año 2021, el C. ********************, notificador adscrito a la Delegación Nezahualcóyotl de la Procuraduría Federal del Consumidor, identificándome con credencial No. ********************, con vigencia del 01-01-2021 al 31-12-2021, expedida por MTRO. ********************, en su carácter de SUBPROCURADOR DE VERIFICACIÓN me constituí en el inmueble marcado con el número ********************de las calles de ********************, colonia ********************, en la Delegación o Municipio de ********************, en esta entidad federativa, C.P. ********************, cerciorándome por medio de LETRERO METÁLICO QUE DICE "********************, que es el domicilio DE ******************** y considerando que el día 07 del mes SEPTIEMBRE del año 2021, dejó en poder del C. SE NEGÓ A DAR SU NOMBRE, SECRETARIA DIJO SER, solicité la presencia del propietario, representante o apoderado legal de la persona buscada, presentándose el C. SE NEGÓ A DAR SU NOMBRE SOLO DIJO SER "MAESTRO PROXIMAMENTE DOCTOR" DE SEXO MASCULINO, EDAD APROXIMADA DE 35 AÑOS, TEZ MORENA, COMPLEXIÓN MEDIANA, ESTATURA APROXIMADA 1.80 M., EN SU CARÁCTER DE REPRESENTE LEGAL DIJO SER, QUIEN SE IDENTIFICA CON SE NEGÓ A IDENTIFICARSE, manifestando que la persona buscada no se encuentra y se niega a recibir la presente notificación, por lo que de conformidad en lo dispuesto por los artículos 1, 35, fracción I y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicada supletoriamente a la Ley Federal de Protección al Consumidor, por disposición de su artículo 124 bis, procedo a notificar por instructivo al interesado, representante o apoderado legal de ********************, para todos los efectos legales a que haya lugar, original con firma autógrafa de ACUERDO DE EMPLAZAMIENTO que consta de 02 fojas útiles de fecha 30 del mes de AGOSTO del año 2021, dictada por el C. LCDO. ********************, en su carácter de DIRECTOR DE LA (ODECO), OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR ZONA METROPOLITANA DE NEZAHUALCÓYOTL de la Procuraduría Federal del Consumidor, dejándose colocados en ********************lugar visible del domicilio anteriormente señalado, original con firma autógrafa del acto que se notifica, así como copia de la presente cédula. Esta notificación surtirá sus efectos legales el día en que se realiza y los plazos empezaran a correr a partir del día hábil siguiente a aquel en que surta sus efectos, de conformidad con el artículo 38 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativo, aplicada supletoriamente la Ley Federal de Protección al Consumidor, por disposición del artículo 124 Bis de la misma. CON LA FINALIDAD DE DEJAR CONSTANCIA Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, ES DE RESALTARSE QUE LA PERSONA CON LA CUAL SE ENTENDIÓ LA PRESENTE DILIGENCIA SE NEGÓ A FIRMAR EL PRESENTE DOCUMENTO. EL C. NOTIFICADOR" Luego, la autoridad practicó las diligencias en la dirección referida en el registro de denuncia del diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, en el establecimiento denominado "********************" carretera ********************-Apaxco número km.2.; se cercioró que dicho domicilio era el señalado para la práctica de la diligencia; no asentó el nombre de la persona que atendió la diligencia ni firmó las actas de citatorio y notificación, sin embargo, debe señalarse que en las constancias correspondientes refiere que se entendieron con una persona del sexo femenino quien se identificó como secretaria, describió su media filiación y menciona que se negó a identificarse, a firmar las actas y a recibir el citatorio y la notificación, por lo que las realizó por instructivo que fijó en el propio domicilio. Lo anterior se estima correcto pues la última parte del primer párrafo del artículo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo dispone que si la persona que recibe la comunicación se niega a firmarla, ello no afecta la validez del acto, por lo que el hecho de que no se haya asentado la signatura de la persona en las actas reclamadas no las invalida. Criterio que también debe ser aplicable analógicamente en el caso, respecto a la falta de identificación de la persona con la que se entendió la diligencia pues se negó a ello, y no existe un fundamento jurídico para obligarla, por lo que es legal y suficiente que el notificador haya hecho constar tal circunstancia en las actas de citación y notificación. Sirve de apoyo -por analogía- la jurisprudencia 2a./J. 85/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Décima Época visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I, página 746, de rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL EN MATERIA FISCAL. PARA CIRCUNSTANCIAR EL ACTA DE LA DILIGENCIA ENTENDIDA CON UN TERCERO, ES INNECESARIO QUE EL NOTIFICADOR RECABE DOCUMENTOS O ELEMENTOS INDUBITABLES QUE DEMUESTREN EL NEXO QUE ADUCE TENER CON EL CONTRIBUYENTE". Tampoco asiste razón al quejoso cuando dice que son dos expedientes, por lo que tal circunstancia lo que lo deja en oscuridad e indefensión, toda vez que del propio contenido de las constancias que obran en autos se observa que el procedimiento administrativo lo es ********************, el cual tuvo su origen en la denuncia ********************. Sin que la circunstanciación de las diligencias llegue al extremo de exigir para cumplir con el marco constitucional que manifieste o especifique el notificador de qué manera se dirigió al domicilio donde practicó las diligencias, es decir, en qué dirección, norte a sur o sur a norte, de oriente a poniente, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, si utilizó un medio electrónico, cómo midió el kilometraje, etcétera, dado que tales requisitos no están previsto en la normatividad administrativa, aunado a que soslayaría la fe pública propia del funcionario encargado de la diligencia. Cabe hacer mención que el quejoso no desvirtuó con prueba alguna que el domicilio en el que el funcionario llevó a cabo la notificación en comento, sea distinto al que corresponde a su negociación, por lo que la notificación en cuestión debe tenerse como correctamente realizada. Además no debe perderse de vista que el objetivo de la formalidad de asegurar que la notificación se haga en el domicilio del visitado es para que éste quede vinculado al procedimiento administrativo, por lo que lo importante es dejar registro de los elementos y circunstancias que le permitieron llegar a la convicción o certeza de que el lugar donde se encuentra sí es del visitado, y apoyado en la fe pública del funcionario judicial. Sirve de apoyo -por identidad de razón- la jurisprudencia 1a./J. 58/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, materia Civil, página 1034, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. PARA CUMPLIR EL REQUISITO DE QUE EL NOTIFICADOR SE CERCIORE DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO, ES INNECESARIA UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PERSONA QUE INFORMA DE LO ANTERIOR O CON LA QUE SE ENTIENDE LA DILIGENCIA, QUE SE NEGÓ A DAR SU NOMBRE, A IDENTIFICARSE O A FIRMAR (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 14/95)". Consecuentemente, al resultar ineficaces los conceptos de violación lo que procede es negar el amparo solicitado. Lo cual se hace extensivo a las actuaciones siguientes por no reclamarse por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: UNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por derecho propio, en contra de las autoridades precisadas en el considerando tercero, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese y por lista electrónica. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe. Doy fe.
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