Juan Arturo Contreras Rosas
Expediente 1129/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1129/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juan Arturo Contreras Rosas
Actuaciones
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, acusando recibo del juicio de amparo 1129/2023-V, del índice de este Juzgado de Distrito, e informando que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de la Comisión de Honor y Justicia de la Guardia Civil de Tecámac, Estado de México. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por derecho propio, contra actos de la Comisión de Honor y Justicia de la Guardia Civil de Tecámac, Estado de México, y otras autoridades; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 1129/2023-V. Ahora, en este asunto la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: "1. El acto consistente en el despido del quejoso injustificado, como policía preventivo basado en la supuesta no aprobación del examen de control y confianza, el cual se alega fue realizado de manera irregular y sin proporcional al quejoso una explicación clara y completa sobre los resultados, toda vez que no hay de manera detallada la técnica científica y método utilizado para llegar a un dictamen. 2. La omisión por parte de la autoridad responsable de acreditar las investigaciones en contra del quejoso, lo cual habría sido la base para la no aprobación del examen de control de confianza, toda vez que se solicitaron videos, documentales o algún registro de las pruebas realizadas, manifestando la autoridad responsable no contar con ellas. 3. El acto consistente en la falta de comunicación al quejoso sobre los motivos y razones detrás de su no aprobación en el examen de control de confianza, lo cual vulnera su derecho a la debida fundamentación y motivación de los actos de autoridad. 4. El juicio administrativo llevado en contra del quejoso, el cual no fue concluyente para demostrar su culpabilidad." Ahora, una vez analizada íntegramente la demanda se considera que este Órgano de Control Constitucional carece de competencia por territorio para conocer de este asunto de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo. La competencia es la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios. Así, el juez por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, pero ésta no puede ejercerla para resolver cualquier tipo de conflictos, sino aquellos para los que la ley le faculta, es decir, para los cuales es competente. Por tanto, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público por lo que el órgano jurisdiccional, antes de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, debe determinar si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto; de no hacerlo así, se vulnerarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sirven de sustento a lo anterior las tesis emitidas por la Segunda y entonces Cuarta Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXV, página 1982, registro 322480, así como tomo LXX, página 3814, registro 377214, de los siguientes rubros y textos: "COMPETENCIA NATURALEZA DE LA. La materia de competencia es de índole procesal y por tanto, es de orden público y debe recibir aplicación inmediata en los asuntos de trámite, sin que ello signifique retroactividad en perjuicio de la persona interesada". "COMPETENCIA JURISDICCIONAL. Es principio elemental en derecho procesal, que la jurisdicción la da la ley y no las partes, de suerte que, colocada la categoría de presupuesto de procedimiento, adquiere la entidad de una institución de derecho público, y por ello tanto los códigos de procedimientos civiles del Distrito y Territorios Federales, como las leyes procesales de los Estados y aun la misma Ley Federal del Trabajo, consignan la prevención de que en cualquier estado del procedimiento, pueda declararse la incompetencia, para el efecto de que el litigio, o el conflicto, se decidan por las autoridades a quienes corresponda". En suma, el juez de Distrito, antes de resolver un asunto, deberá analizar si tiene o no competencia legal para ello, con la obligación de abstenerse de conocer del caso cuando considere que corresponde a otro juzgador hacerlo, porque la consecuencia de que se determine sobre un juicio respecto del cual no se tiene competencia legal, se declara nulo lo actuado. Resulta aplicable la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 2805, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXII, Quinta Época, con registro 352423, del siguiente rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO, PUEDE SER ESTUDIADA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO. Aun cuando los acuerdos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, no hayan sido reclamados, conforme al artículo 103 de la Ley de Amparo, no causan estado y pueden ser reconsiderados por las Salas del mismo Alto Tribunal, cuando afectan a una cuestión de competencia; por tanto, el auto del mencionado presidente, en que indebidamente se hubiere admitido una demanda de amparo directo, que debió interponerse ante un Juzgado de Distrito, puede ser estudiado por la Sala correspondiente, para el efecto de declararse incompetente para conocer del juicio, ya que las cuestiones de competencia pueden ser resueltas en cualquier estado del mismo juicio, mientras no se pronuncie ejecutoria". Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; dichas reglas para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente en el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material es competente del juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisado lo anterior, debe destacarse que los actos reclamados anteriormente referidos son de naturaleza omisiva, y los mismos se concretizan en el lugar donde se ubica la Comisión de Honor y Justicia de la Guardia Civil de Tecámac, Estado de México, por lo que en el caso en concreto, se actualiza la regla indicada en el inciso a). Lo anterior, porque si bien dicho artículo 37 establece en forma genérica que tratándose de actos que no contengan ejecución material, la competencia se actualizará a favor del Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo; pero desatiende la existencia de actos que al estar dictados dentro de un procedimiento, aunque no contengan una ejecución material tienen efectos positivos, y que sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad que los omitió y lleva el procedimiento. Además, una interpretación literal, en estos casos, no sería acorde a la regla establecida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en amparo indirecto en este tipo de asuntos. Por tanto, cuando el acto reclamado no tenga ejecución material, pero su consecuencia legal y necesaria sea que se siga llevando a cabo el procedimiento de origen ante una autoridad determinada, la competencia no debe quedar al arbitrio del quejoso, con base en la aplicación literal del tercer párrafo del citado artículo 37, sino que ésta debe determinarse a partir de una interpretación sistemática y armónica de lo enunciado en ese párrafo, con lo que establece el primer párrafo del propio artículo 37, el cual dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, y ello lleva a concluir que el Juez competente para conocer del juicio de amparo será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como ordenadora cuando se reclamen actos negativos dentro de un procedimiento que no requieran ejecución material. En ese sentido, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, con apoyo en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuitos y de los Juzgados de Distrito, se ordena remitir el expediente en que se actúa, al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, por actualizarse lo expuesto el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de la materia y atendiendo a lo expuesto en el presente proveído. Sirve de apoyo a la anterior consideración por su contenido, la tesis VII.1o.C.2 K (10a.), de rubro: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMEN ACTOS NEGATIVOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE NO REQUIERAN EJECUCIÓN MATERIAL". Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias correspondientes y de este proveído, así mismo, solicítese acuse de recibo mediante el cual el homólogo federa comunique si acepta o no la legal competencia declinada. Realícense las anotaciones correspondientes. Se instruye al Oficial Judicial "A" de este Juzgado de Distrito para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expediente", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con el presente para que tenga los elementos idóneos a efecto de emitir la resolución que en derecho corresponda. No ha lugar a realizar las notificaciones en el correo electrónico que señala toda vez que no es un medio de comunicación procesal contemplado en la ley de amparo, por tanto, realícense mediante lista electrónica. Ténganse por autorizadas a las personas que designa para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. De conformidad en el 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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