Juan Barajas Ramírez
Expediente 937/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 937/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Barajas Ramírez
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DETERMINACIÓN EN QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. SE ORDENA ARCHIVO.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato; veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. I. Desahoga prevención. Se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso Juan Barajas Ramírez, mediante la cual desahoga la prevención de nueve de noviembre de dos mil dieciocho (f. 14-16), aduciendo bajo protesta de decir verdad entre otras cosas ".Por lo que debo informar que NO FUE ORDENADO el otorgamiento de escrituras y tampoco la entrega del inmueble.". II. Se agrega escrito. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes y se tiene por cumplido el requerimiento de que se trata. III. Desechamiento. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano...". De la anterior disposición legal se advierte que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, de la Novena Época, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Cabe apuntar, que por virtud del juicio de amparo, se obtiene que las autoridades respeten los derechos de los gobernados; de ahí la imprescindible necesidad de que haya un medio jurídico para hacer respetar la supremacía constitucional. Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio y de los anexos que la parte quejosa acompañó a este último ocurso, este juzgado de Distrito advierte que el promovente señaló como actos reclamados los consistentes en: La sentencia de quince de octubre de dos mil dieciocho, mediante la cual la Sala responsable confirmó el remate de dieciséis de mayo del año en curso, en la cual no se ordenó la escrituración ni la entrega material del bien inmueble que por esta vía defiende, pues sólo se declaró fincado el remate a favor de la parte actora y se hizo constar la adjudicación del mismo a favor de Edgar Jesús Ramírez Arias. Sobre esas bases, esta Juzgadora estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia citada con anterioridad, atento a las consideraciones siguientes: El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". Así, de la interpretación sistemática de los preceptos citados se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, pudiendo reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa a los quejosos; lo cual implica que, no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituya cosa juzgada, y por la naturaleza propia del procedimiento, es posible que las violaciones cometidas durante éste, puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, siendo aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. Lo anterior se basa en que, al tratarse de la ejecución de una sentencia para las partes, el presupuesto o condición de la última resolución se hace necesario a fin de evitar indebidamente el retardo o la obstrucción de la ejecución de la sentencia que, para las partes ya impera; en tanto que, por otro lado, no se hace nugatorio o imposible el cuestionamiento de irregularidades de los actos de ese procedimiento al permitirse el reclamo de ellos, precisamente en la impugnación constitucional de la última resolución. De ese modo, salvo excepción legal para los terceros extraños, los actos de imposible reparación y otros expresamente previstos, son susceptibles de impugnación, hasta el momento en que se actualice la última resolución, lo que permite armonizar el fin de la ejecución de la sentencia y los derechos fundamentales de las partes en el remate. Lo dicho, porque el promovente reclama la sentencia de quince de octubre de dos mil dieciocho, dictada por la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato en el toca 554/2018, mediante la cual la Sala responsable confirmó el remate de dieciséis de mayo del año en curso, llevado a cabo en el expediente 519/2016-M, del índice del Juzgado Décimo Primero Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato, en el cual el quejoso figura como parte demandada, y en el cual no se ordenó la escrituración ni la entrega material del bien inmueble que por esta vía defiende, pues sólo se declaró fincado el remate a favor de la parte actora y se hizo constar la adjudicación del mismo a favor de Edgar Jesús Ramírez Arias, de ahí que se concluye que tal determinación no constituye la última resolución que haya tenido por cumplida la sentencia de mérito, puesto que por tal no se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación ni entrega del bien rematado. Entonces, si la resolución reclamada fue dictada durante el procedimiento de remate, y no se trata de la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega del inmueble rematado, es dable concluir que ésta sólo puede impugnarse como violación cometida en dicho procedimiento. Robustece lo anterior, la jurisprudencia, cuyo rubro y texto son: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS, AUNQUE SE DICTEN EN DISTINTAS DETERMINACIONES. De la interpretación literal del artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que tratándose del procedimiento de remate, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, la última resolución es aquella que "en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados", pudiendo reclamarse las violaciones cometidas en el procedimiento, de modo que, aun cuando dichas determinaciones se emitan en forma separada, en aras de la fuerza legal de la cosa juzgada e inmediata ejecución de la sentencia del caso, la procedencia de la acción de amparo se actualiza hasta que se cumplan ambos supuestos que expresamente señaló el legislador, ya que debe atenderse al contenido jurídico de dichas condiciones más que al momento en que se dicten; de ahí que en el procedimiento de remate, la última resolución es la que ordena otorgar la escritura de adjudicación y entregar la posesión de los inmuebles rematados aunque se dicten en distintas determinaciones". Cabe precisar que atendiendo a la evolución que ha sufrido la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de remate, se citan los supuestos de procedencia siguientes: a) Resoluciones autónomas a la cosa juzgada. b) Determinaciones que afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, ajenas a lo que es materia de la cosa juzgada. c) La interlocutoria firme que desestima las excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos que tiendan a interrumpir la ejecución de una sentencia, ya que resultan actos de imposible reparación. Sobre dichos supuestos de procedencia el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la procedencia del juicio de amparo indirecto contra cualquier acto dictado en la etapa de ejecución de sentencia o remate, cuando tenga la característica de ejecución de imposible reparación, lo que se actualizará cuando exista la ejecución directa sobre un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada; cuando el acto reclamado consista en una resolución que desestime excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos dirigidos a dilatar o interrumpir la ejecución; sin embargo, en el presente caso no se actualiza ninguna de las hipótesis antes mencionada, pues como se advierte de los antecedentes narrados por el promovente y del anexo que acompañó a su ocurso aclaratorio, la naturaleza del auto controvertido tiene relación con el remate, pues busca dejar sin efectos actuaciones propias de éste y de la ejecución de la sentencia, por lo que no es procedente el juicio de amparo en el caso. Lo anterior, en virtud de que como ya se dijo no se trata de un acto que goza de autonomía frente a la cosa juzgada derivada de la sentencia dictada en el juicio del cual deriva su reclamo, sino que por el contrario, la resolución que se pretende controvertir en este juicio constitucional, tiende a ejecutar la sentencia dictada en el controvertido de origen. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I. 3o.C.116 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO INDIRECTO. SU PROCEDENCIA TRATÁNDOSE DE ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, AUTÓNOMOS A LA COSA JUZGADA. De conformidad con la tesis P./J. 108/2010, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó que por excepción, en tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución, puede admitirse la vía indirecta para actos que de manera directa afecten derechos sustantivos dictados en esa etapa ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Asimismo, de las consideraciones que sustentan la ejecutoria que da origen a ese criterio, se observa que la aplicación, por analogía, que dicha jurisprudencia autoriza, no implica la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. Por tanto, tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, autónomos a la cosa juzgada, la regla general la constituye que el juicio de amparo sólo procede en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, y sólo por excepción se admite la procedencia del amparo biinstancial, cuando se trate de actos que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural; entendiéndose como tales de conformidad con la tesis P. LVII/2004, de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", que sustenta el mismo órgano, aquellos cuyas consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal. Asimismo, procederá amparo indirecto contra las resoluciones que tengan autonomía de la ejecución." Por tanto, es innegable que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con la fracción IV, párrafo tercero, del numeral 107 interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda que se analiza. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA JUAN BARAJAS RAMÍREZ EL PROVEÍDO DE NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato; nueve de noviembre de dos mil dieciocho. I. Parte quejosa. Juan Barajas Ramírez. II. Registro en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 937/2018-II. III. Prevención. Vista la demanda de amparo presentada por Juan Barajas Ramírez, contra actos de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato y otra autoridad, a efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la misma, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, en íntima vinculación, a su vez, con el artículo 108, fracciones IV y V, del mismo ordenamiento jurídico invocado; requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído "bajo protesta de decir verdad", por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, cumpla con lo siguiente: 1. Narre bajo protesta de decir verdad, en forma clara, cronológica, pormenorizada y sucinta, los antecedentes del acto reclamado, esto es, efectúe una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al acto reclamado y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolver el juicio; ello porque los que menciona en el capítulo respectivo de la demanda resultan insuficientes. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Novena Época; Registro: 192843; Instancia: Pleno; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; X, Noviembre de 1999; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 127/99; Página: 32, que a la letra dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas.". Así como la diversa Jurisprudencia en la página 713, Tomo I Noviembre de 2015, Materia Común, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUIERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AÚN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable". 2. Precise sí en la audiencia de remate que señala como acto reclamado, se ordenó el otorgamiento de la escritura de los bienes motivo de remate y/o la entrega material de los mismos. 3. Exhiba copia simple de la audiencia de remate celebrada el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, en el juicio mercantil 519/2016-M, o bien, señale la imposibilidad que tiene para ello, lo anterior, a efecto de que este órgano jurisdiccional tenga pleno conocimiento de su contenido; en razón a que de la transcripción que realiza, no se advierte íntegramente dicha almoneda; de ahí que existe incertidumbre para advertir fehacientemente que aconteció en la audiencia que reclama, es decir, si se ordenó la entrega material de los bienes rematados o en su caso el otorgamiento de la escritura correspondiente. Sirve a lo anterior la tesis XX.57 K, de la Novena Época, emitida por el Tribunal Colegiado de Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo: III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS". Apercibida que de no cumplir con lo anteriormente requerido, se procederá conforme a los preceptos citados, y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Asimismo, se apercibe al promovente que de afirmar hechos falsos o de omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, se dará vista especial al fiscal de la federación y se procederá conforme al artículo 261 de la Ley de Amparo, esto es, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días. Para lo anterior, es aplicable la tesis I.7o.A.100 Kvisible en la página 990, del Tomo XXIII, de Abril de 2006, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN". Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la parte promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." IV. Domicilio. Con con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de su demanda. V. Autorizados. Por otra parte, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Gerardo Lara López, toda vez que tiene registrada su cédula profesional, acorde con lo dispuesto por el acuerdo general 24/2005 del Consejo de la Judicatura Federal que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito y en términos de la parte final del citado artículo a las restantes personas que refiere, limitación que subsistirá hasta en tanto tenga registrada su cédula profesional en el sistema de referencia. VI. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
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