Juan Arturo Ramírez Lozada

Expediente 677/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
677/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
06/09/2019

Partes del expediente

  • Juan Arturo Ramírez Lozada

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado la determinación que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009 y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determina: No obran documentos originales. Se ordena destruir la presente pieza de actuaciones. archívese y remítase al lugar de su guarda.

  2. Principal

    Agréguese a los autos la razón actuarial que antecede, levantada por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional de la que se colige la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso el proveído de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, por las razones que ahí expuso; de lo que se toma el debido conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. toda vez que resulta necesario hacer de su conocimiento la determinación asumida en proveído de referencia; con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se instruye al actuario judicial adscrito para que realícese la notificación del proveído de veintidós de agosto del año actual, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista en los estrados de este Juzgado de Distrito, lo anterior, hasta en tanto el quejoso señale domicilio procesal para oír y recibir notificaciones.

  3. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE 22 DE AGOSTO DE 2019, EN CUMPLIMIENTO AL DIVERSO DE 27 DE AGOSTO SIGUIENTE, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, veintidós de agosto de dos mil diecinueve. I. Expediente y registro. Dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno y regístrese bajo el número de amparo 677/2019-II. II. Parte quejosa. Juan Arturo Ramírez Lozada. III. Autoridades responsables. Fiscal encargado de la oficina de la Unidad de Atención Integral a la Mujer de esta ciudad y otras. IV. Se desecha demanda de amparo. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que en el apartado relativo a su firma, el promovente Juan Arturo Ramírez Lozada, plasmó únicamente sus huellas digitales, sin que se aprecie la firma a ruego de otra persona distinta al interesado, que suscribiera el documento a petición o instancia del quejoso. Es pertinente destacar que acorde con lo dispuesto por el numeral 6 de la Ley de Amparo, el juicio de derechos fundamentales puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, lo que significa que no opera de manera oficiosa, sino que podrá hacerlo por sí, por su representante legal o su apoderado, incluso por cualquier persona en los casos previstos por dicha legislación. En ese contexto, es dable afirmar que sólo por voluntad del agraviado se puede instaurar el juicio de amparo, y la firma o huella digital es lo que da expresión a la voluntad del interesado para realizar cualquier promoción o acto, lo que constituye la base para tenerla por cierta; es decir, que existe una manifestación de voluntad de parte del promovente, que viene a provocar la obligación de la autoridad de dictar la resolución que en derecho corresponda. Por tanto, un escrito sin firma o huella digital es un papel en el que no se incorpora la voluntad del promovente, por lo que, en consecuencia, no se cumple con un requisito esencial para darle validez a su promoción, por no instar al órgano judicial para que conozca del fondo o contienda. Al respecto, se debe entender que la firma autógrafa es aquella puesta del puño y letra del promovente, que genera la convicción de certeza sobre la voluntad de la persona que suscribe el documento, de tal manera que no exista duda alguna sobre la misma de ejercer el derecho de acción, porque la finalidad de asentar esa firma consiste en expresar la intención de suscribir o hacer suya la demanda o documento y vincular al autor con el acto jurídico contenido en el ocurso. De lo precisado deriva, en primer término, la exigencia de firma de toda promoción por quien la formule, así como la sanción respectiva, que sería tenerla por no presentada. Ahora bien, el requisito indispensable de la firma de quien formula una promoción o demanda, tiene dos excepciones: una, cuando el promovente no sabe firmar y otra, cuando no puede firmar. Un camino para solventar tal solución es la impresión de la huella digital y la firma a ruego de otra persona. Para mejor comprensión, debe señalarse que la firma cumple dos funciones diferenciables: a) Individualización. La firma es un medio idóneo para individualizar a la persona que suscribe un documento, distinguiéndola de cualquier otra. Es afirmación de individualidad, significando que ha sido la persona firmante y no otra, quien ha suscrito el documento. b) Expresión de voluntad. La firma cumple la función de exteriorizar el propósito del sujeto de hacer suya la declaración contenida en el documento que suscribe. Es afirmación de voluntariedad, esto es, que se acepta lo que se manifiesta en el documento. Por tanto, al realizar la suscripción de un documento, no sólo queda determinado el sujeto, sino también el suscriptor o signante que quiere efectuar una declaración de voluntad. En ese orden de ideas, la impresión de la huella digital no puede suplir la falta de firma del interesado, pues si bien es señal insuperable de identificación e implica absoluta seguridad respecto a la persona de quien emana, no sirve como prueba de voluntad, que es la misión fundamental de la firma, puesto que quien pone su impresión digital es persona que -por regla general- no sabe firmar y, por tanto, no sabe leer. Ello es así, en virtud de que la causa más frecuente de que una persona se encuentre impedida de colocar su firma en un documento, es porque no sabe leer ni escribir y, por lógica consecuencia, ignora el contenido de un documento. Luego, si el sujeto desconoce la declaración de voluntad del documento, haría mal en hacerla suya por el solo hecho de colocar una de sus huellas dactilares en el documento, ya que eso sólo servirá para demostrar que ha tenido contacto físico inmediato con la hoja en que se encuentra la manifestación de voluntad, pero de ninguna manera probará que ese contenido es expresión de la propia. De manera que la impresión de la huella digital es de suyo inútil como modo de expresión de la voluntad, ya que en ningún caso puede suplir a la firma. No obstante, al resolver la contradicción de tesis 79/2011, entre las sustentadas por el entonces Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito -actual Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito- y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó diversas disposiciones que admiten que si una persona no sabe o no puede firmar, debe imprimir su huella digital y solicitar a otra que lo haga en su lugar; esto es lo que se conoce como firma a ruego, que consiste en la posibilidad de que otra persona, distinta de la interesada, suscriba el documento a petición o instancia de aquel que no sabe o no puede firmar un documento. Así, se indicó que, acorde con los citados dispositivos, el legislador equiparó el supuesto relativo a la exigencia de la firma con los requisitos de huella digital y firma a ruego para quien no sabe o no puede firmar. En esos casos, no cabe la prevención ni la cita o requerimiento a quien formule la promoción, por tratarse la firma de un requisito o condición esencial para la existencia de la demanda; por tanto, también debe concluirse que cuando se imprime la huella digital y alguien firma a ruego de quien no sabe o no puede hacerlo, se está cumpliendo con el requisito esencial de existencia de la demanda. Efectivamente, cuando se cumple el requisito de la huella digital, queda acreditada la presencia de la persona interesada y, con la firma a ruego, se demuestra que quiso hacer suyo el contenido del documento respectivo. Por tanto, si existen leyes que señalan que cuando el interesado no sepa leer o escribir, bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, entonces, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Amparo, también se deberá ser acorde con las leyes de las que emanó el acto reclamado. Lo anterior se expuso en la ejecutoria que originó la jurisprudencia 1a./J. 1/2011 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, enero de 2012, Tomo 3, página 2333, registro digital 2000079, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO. Si de las constancias del juicio de amparo indirecto se advierte que la demanda carece de firma del quejoso, pero aparece su huella digital, así como la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, tales elementos son suficientes para demostrar su manifestación de voluntad de instar la acción constitucional, ya que si bien la huella digital únicamente es un elemento de individualización, con la "firma a ruego" se exterioriza el propósito de promoverla al ser un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar, por lo que el juez de distrito o el tribunal del conocimiento deben admitir el ocurso sin necesidad de prevenirlo para ratificar su contenido. Además, el artículo 12 de la Ley de Amparo, prevé que la personalidad se justifica en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, por lo que al existir en otros cuerpos legales normas que establecen que cuando el interesado no sepa leer o escribir bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, se concluye que la ley de la materia no puede prever exigencias mayores a las señaladas en éstas, lo que ocasiona que deba admitirse la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales, aunado a que en el citado ordenamiento legal no existe disposición alguna en el sentido de que deba requerirse a la persona que imprimió su huella digital para que la ratifique ante la presencia judicial." En las relatadas condiciones, la huella digital constituye un elemento para demostrar la manifestación de voluntad del quejoso, siempre y cuando se complemente con la "firma a ruego", que exterioriza el propósito de promover la demanda, al ser un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar. Luego, si la falta de firma en el escrito de demanda de amparo torna improcedente la acción de tutela constitucional, ante la ausencia de voluntad para instar al órgano jurisdiccional, resulta un caso análogo el hecho de que se plasme la huella digital sin la firma a ruego. Esto, porque la firma es el signo gráfico con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos cuya promoción por escrito se requiere, pues a través de ésta se plasma la voluntad de su autor, en comprometerse con su contenido y el pedimento que se presenta ante la autoridad jurisdiccional, ya que está obligación deriva de una interpretación analógica del artículo 1834, en relación con el numeral 1859, ambos del Código Civil Federal, que establecen: "Artículo 1,834. Cuando se exija la forma escrita para el contrato, los documentos relativos deben ser firmados por todas las personas a las cuales se imponga esa obligación. Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo hará otra a su ruego y en el documento se imprimirá la huella digital del interesado que no firmó." "Artículo 1,859. Las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos, en lo que no se opongan a la naturaleza de estos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos." Sin que resulte procedente, acorde con el criterio jurisprudencial antes invocado, requerir al promovente para que ratifique su huella digital o que alguien firme a su ruego, pues ese supuesto no constituye una de las irregularidades previstas en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, debe decirse que el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, como el que reproduce el artículo 6º de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, por sí, por su representante legal o apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en la ley. La presente vía constitucional planteada por Juan Arturo Ramírez Lozada, se insiste deviene improcedente, ya que al no firmar el libelo constitucional, provoca que no se puedan tener como ciertas las afirmaciones contenidas en el escrito de mérito, al no existir una expresión de voluntad (firma a ruego). Sirve de apoyo a la anterior consideración, en lo conducente y por identidad de razón, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, página 542, que dice: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA. NO SE CONVALIDA. La falta de firma de la demanda equivale a la ausencia total de manifestación de la voluntad, por lo cual, se trata de un acto inexistente, y el hecho de que, la recurrente haya exhibido la fianza para que surtiera efectos la suspensión de ninguna manera convalida la falta de firma dado que los actos inexistentes no son susceptibles de convalidación. El artículo 4o., de la ley de la materia preceptúa que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y sólo podrá seguirse por el agraviado, a través de su representante legal o de su defensor, por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante". Así como también la diversa tesis, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo VI, Segunda Parte-2, correspondiente a los meses de julio a diciembre de mil novecientos noventa, página 508, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de iniciativa o instancia de parte agraviada consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento". En efecto, resulta indudable que la acción constitucional ejercida por el quejoso, es improcedente, en razón de que el libelo, aun cuando se hayan plasmado las huellas dactilares, al carecer de la firma a ruego del impetrante de amparo, no obliga al órgano de control constitucional a realizar acto procesal alguno, tendente a darle curso, pues ello constituye ausencia de la expresión de voluntad, por lo cual, se trata de un acto inexistente y debe ser considerado como un simple papel, que no incorpora voluntad de ninguna naturaleza. Ello es así, toda vez que la fracción I, del artículo 108 de la ley reglamentaria, es terminante al disponer que en la demanda de amparo se expresaran el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación y, en relación con el artículo 6° de la invocada ley de la materia, señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, por sí, por su representante legal o apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en la ley; por lo que, cuando no se cumplen con tales requisitos, provoca que se tenga el escrito inicial de demanda, como simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna, y si no obliga a nadie, resulta claro que tampoco confiere derecho alguno, ya que la falta de identidad del signo personal señalado presupone la falsedad del mismo, y al no existir éste, tampoco se puede dar inicio al aparato constitucional, por ello, si la parte agraviada no exteriorizó su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable para accionar constitucionalmente, debe entenderse conforme a las disposiciones invocadas que propiamente no existe parte agraviada, y la demanda deviene improcedente. Pensar lo contrario fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella excitara al órgano jurisdiccional, para que después, en cualquier tiempo, fuera subsanada la omisión de voluntad de promover correctamente el juicio de derechos fundamentales, es decir, otorgar oportunidad al promovente para que subsane la cuestión indicada, equivaldría a desequilibrar el proceso a su favor, aun antes de entablarse la relación jurídica procesal. Por las razones que la informan, apoya a la anterior consideración, en lo conducente y por identidad de razón, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 175-180, Sexta Parte, página 96, bajo el epígrafe: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA." De igual forma robustece a lo considerado, en lo conducente y por identidad de razón, la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo X, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y dos, página 314, que reza: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA." Es ilustrativa al respecto, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 25/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 448, registro digital 167714, que indica: "FIRMA A RUEGO. SU OMISIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 4o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONDUCE A TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA RESPECTIVA, AUNQUE EL PROMOVENTE HUBIERA IMPRESO SU HUELLA DIGITAL. La indicada disposición ha incorporado la firma a ruego de las promociones de quien no sabe o no puede firmar y el imperativo de colocar su impresión digital en el documento, tendiente a cumplir las dos funciones de la firma del interesado: a) su individualización; y, b) la expresión de su voluntad; pues con la huella digital se establece la identificación de quien la imprime y con la firma a ruego se prueba su voluntad, que es la misión fundamental de la firma. Por otra parte, respecto a la exigencia de que "toda promoción deberá estar firmada por quien la formule", el legislador dispuso que "sin este requisito se tendrá por no presentada", supuesto que no admite prevención ni requerimiento, por ser la firma un requisito o condición esencial para la existencia de la demanda. Así, se concluye que sin los requisitos de huella digital y firma a ruego, el resultado será el mismo de cuando quien sabe y puede firmar no lo hace, es decir, tener por no presentada la promoción o la demanda, pues no cabe la prevención o requerimiento al interesado a "reconocer la firma", que no ha otorgado, ni a "reconocer la impresión digital", por no ser perito en la materia. Además, de la forma en que está redactado el artículo 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que tales exigencias son elementos complementarios y esenciales que accionan el procedimiento administrativo federal, de tal modo que al faltar alguno de ellos deberá tenerse por no presentada la demanda o promoción." Y, por identidad de razón, la tesis aislada 1a. XLIV/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, junio de 2005, página 172, registro digital 178167, de rubro y texto: "PROMOCIONES CARENTES DE FIRMA. EL ARTÍCULO 199 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER QUE SE TENDRÁN POR NO PRESENTADAS, NO VIOLA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El dispositivo legal referido no viola las garantías de audiencia, defensa y respeto a las formalidades esenciales del procedimiento contenidas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que si bien prevé como consecuencia el tener por no presentada una promoción carente de firma, no por ello se priva al afectado de mecanismos de defensa, ya que el artículo 242 del propio Código Fiscal de la Federación establece la procedencia del recurso de reclamación para revertir la decisión del instructor en ese sentido, por lo que es claro que se satisfacen las mencionadas garantías constitucionales. Ello sin necesidad de que la satisfacción de éstas sea previa, mediante una prevención o requerimiento, pues el hecho de que en el artículo 14 constitucional se establezca que ninguna persona podrá ser privada de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, no significa que antes de tomar cualquier determinación judicial que afecte al justiciable deba necesariamente escuchársele, sino más bien que debe ser oído y vencido en juicio antes de que se dé en su contra cualquier acto de privación. Por otra parte, si bien es cierto que dentro de las formalidades esenciales del procedimiento podrían considerarse los requerimientos previos a desechar o tener por no interpuesta una promoción cuando contenga irregularidades subsanables, ello sólo operaría cuando éstas se refieran a datos de identificación, fechas, domicilios, etcétera, las cuales suponen una voluntad previa y legítima de ejercer el derecho de acción. Admitir que en el concepto de formalidades esenciales del procedimiento cabe el requerimiento de firmar una demanda, equivaldría a desequilibrar el proceso a favor del actor, aun antes de entablarse la relación jurídica procesal con el demandado." En consecuencia, de conformidad con lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio. V. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en su escrito de cuenta, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Samuel Duran Rojas y Francisco Noel Zúñiga Araujo, en virtud de que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en términos restringidos a Adriana Padilla Padilla, por no contar con dicho registro, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que ahí nombra, por así haberlo solicitado expresamente. De conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza el uso de medios electrónicos como son cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos para consulta del expediente, excepto esc VI. Acuerdos generales. En otro orden de ideas y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma María Quiroz García, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, encargada del despacho por vacaciones concedidas a la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2560/2019 de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, suscrito por el Secretario Técnico de dicha comisión, licenciado Vicente David Burguet Franco, quien actúa asistida de Carlos Armando Salcedo Cordero, Secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe."

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