Juan Barajas Frias
Expediente 444/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 444/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Barajas Frias
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta que suscribe el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Capital, por medio del cual informa que causó estado el proveído de once del mes y año en curso, mediante el cual ese Tribunal desechó por extemporáneo el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa. Asimismo remite los autos del juicio de amparo 444/2017-III-2. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Agréguese a sus autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de queja. Por lo anterior, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que el presente juicio se desechó la demanda de amparo, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta suscrito por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite original y cuatro copias del escrito signado por Juan Barajas Frías, toda vez que al realizar una búsqueda en el libro de gobierno de ese juzgado y de la información obtenida a través de la Oficina de Correspondencia Común en esta ciudad, se desprende que el juicio de amparo 444/2017 no corresponde a ninguno de los juicios de amparo que se tramitan en ese Juzgado, sino que corresponde al índice de este Juzgado Quito de Distrito. Ahora bien, visto el escrito signado por Juan Barajas Frías, a través del cual interpone RECURSO DE QUEJA en contra del auto de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, pronunciado en el juicio de amparo 444/2017-III-2, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 102, de la Ley de Amparo. Por tanto, se ordena rendir el respectivo informe justificado en términos de lo dispuesto en el artículo 101, primer párrafo de la Ley de Amparo; haciendo del conocimiento de la Superioridad QUE ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO. Remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Turno del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Capital, el original del expediente en que se actúa, para la substanciación del medio de impugnación aludido. Fórmese un cuaderno de antecedentes con las constancias correspondientes.
- Principal
Visto el escrito de demanda promovida por ***, a través del cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, Guanajuato. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 444/2017-III-2, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, de los Acuerdos Generales Conjuntos números 1/2013 y 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, una vez analizada la demanda de amparo que nos ocupa, este Juzgado Federal estima que la misma debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de que frente al acto reclamado se configura una causal de improcedencia, al efecto, dicho numeral señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el acto reclamado en el libelo constitucional de mérito, es el siguiente: "Acuerdo de 10 de marzo de 2017, emitido por el Ciudadano Magistrado Propietario de a Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, notificado electrónica el 21 de marzo de 2017, dentro del expediente 1522/1ra.Sala/14." Así, establecido el referido acto y analizado que es por este Juzgado Federal, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción I y Artículo 6 fracción I, de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y en contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." Por su parte, el artículo 6° de la Ley de Reglamentaria del juicio constitucional señala: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5°. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos que esta Ley lo permita." Así, de acuerdo con el artículo 6° de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley; entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular está facultado para acudir ante el órgano de control constitucional para demandar el cese de esa violación, de lo cual se concluye que ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico para la procedencia del juicio de garantías. Lo anterior es así, toda vez que como se advierte del escrito de demanda y de las constancias anexas, la autoridad responsable mediante proveído de veintidós de octubre de dos mil catorce, reconoció a Jhonatan García Patio, el carácter de autorizado del quejoso Juan Barajas Frías, en términos del artículo 10 segundo párrafo de Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, esto es, únicamente para el trámite en general dentro del juicio natural, por lo que dicha personalidad reconocida en el juicio de origen, no le da la facultad de acudir con ese carácter al juicio de amparo. Cabe destacar, que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que violen garantías individuales el cual se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, según lo disponen los artículos 107, fracción I de la Constitución Federal. De ahí que el concepto de "parte" debe entenderse como la persona que excita la actividad del órgano de control constitucional con la finalidad de obtener el amparo, respecto de un derecho público subjetivo del que es titular, y cuya violación atribuye a las autoridades responsables que emiten, ejecutan o tratan de ejecutar el acto reclamado, el cual puede ser de carácter positivo (consistente en un hacer) o negativo (cuando se trata de una omisión). Así, al ejercer la acción constitucional, el promovente insta la actividad de los órganos de amparo con la finalidad de hacer cesar la violación de su derecho público subjetivo y en su caso, obtener la restitución de la garantía individual violada. En este orden de ideas, puede acontecer que en la tramitación del juicio de amparo la parte accionante no demuestre que es titular del derecho que dice le es vulnerado, o bien, que demostrándolo, éste sea o no violado por parte de las autoridades responsables. En el primer caso, el promovente del amparo carece de interés jurídico, precisamente por no demostrar que es el titular del derecho público subjetivo cuya violación alega, actualizándose en ese supuesto, la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Mientras que en el segundo supuesto, puede actualizarse la hipótesis de que aun existiendo el derecho público subjetivo del accionante (interés jurídico), el acto de la autoridad efectivamente incida en su esfera de derechos, caso en el cual, habrá de analizarse sí ese acto fue emitido en contravención o no de las normas constitucionales, a fin de determinar si existió o no violación de garantías individuales, para también en su caso, conceder o negar la protección constitucional solicitada, según corresponda. Motivo por el cual el impetrante del amparo carece de facultad para acudir al juicio de garantías, es decir, no tiene acreditado su interés jurídico para ejercer la acción constitucional intentada, ya que el interés jurídico necesario para promover amparo contra leyes o actos de autoridad, solamente lo tiene el titular del derecho afectado, por lo que es inconcuso que carece de interés jurídico, por lo que debe desecharse de plano de conformidad con el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 90/2012 (10a.), Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2, visible en la página 1176, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004). El artículo 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite que el actor en el juicio contencioso o su representante legal, autorice por escrito a un licenciado en derecho para que a su nombre reciba notificaciones, quien podrá elaborar promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Por su parte, el artículo 13 de la Ley de Amparo señala que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta será admitida en el juicio constitucional para todos los efectos legales, siempre que se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Ahora, de esta última disposición no deriva que el autorizado para oír notificaciones tenga atribuciones para promover juicio de amparo directo en representación de su autorizante, ya que conforme a la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; todo lo cual significa que únicamente el directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional puede demandar la protección de la Justicia Federal, principio que la legislación reglamentaria de dicho precepto constitucional señala al disponer en su artículo 4o., que el juicio de amparo sólo podrá seguirlo el agraviado, su representante legal o su defensor, personas estas últimas que en todo caso podrían ser reconocidas en términos del citado artículo 13 para efectos de la promoción del juicio de amparo directo, pero no los autorizados para oír notificaciones, cuya participación se limita a la defensa del actor exclusivamente en la jurisdicción ordinaria." Por lo anterior, se insiste que si la autoridad responsable reconoció a ***, en términos del artículo 10 segundo párrafo de Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, es únicamente para el trámite en general dentro del juicio de origen, y por ende no puede venir con dichas facultades al juicio de amparo. Consecuentemente, al quedar evidenciado que sobre el particular se acredita un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, promovida por ***, quien se ostenta como autorizado del quejoso ***. De conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j) de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal. Por otro lado, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 61, fracción XII, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, se resuelve: UNICO. SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***, por las consideraciones formuladas en el presente proveído.
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