Juan Armando Zapateros Campos

Expediente 993/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
993/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
18/01/2022

Partes del expediente

  • Juan Armando Zapateros Campos

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita. Se ordena archivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En términos de lo dispuesto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente no es de relevancia documental. Por tanto, atendiendo al numeral 21, inciso b), del referido acuerdo general, el presente juicio de amparo deberá ser destruido en el plazo de tres años. Hágase constar esta valoración en la carátula, en términos del ordinal 35 de dicho acuerdo general. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años referidos, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de documentos y garantía. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron en el sumario.

  2. Principal

    Recepción de demanda Con la demanda de amparo de cuenta,**** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que atribuye a la siguiente autoridad: Jefa del Departamento de Recursos Humanos del Instituto Tecnológico de Celaya, Guanajuato. Registro de expediente. Fórmese expediente y regístrese con el número 993/2021-I.3, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Consideraciones previas. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.*** De los artículos transcritos se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, de la anterior transcripción se advierte que por autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe entender aquélla que ordena, emite, autoriza, lleva a cabo actos de ejecución o trata de ejecutar la ley o el acto que se reclama. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio de que para efectos del juicio de amparo debe considerarse como autoridad responsable y, por ende, como acto de autoridad, a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir determinaciones unilaterales a través de las cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; esto es, que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, por lo que se traducen en verdaderos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad o atribución. Además, el Tribunal Pleno precisó que el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad, debe atender a la norma legal y examinar las particularidades del acto, para así determinar si tal ente está facultado o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado. Interpretado lo anterior en sentido contrario, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad; es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio, para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares por actuar en un mismo plano, entre este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, siendo su nota distintiva que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; Las relaciones de supra a subordinación son las entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado, como el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos y en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Se caracterizan por la unilateralidad y, por ello la constitución establece una serie de garantías (sic) como limitaciones al actuar del gobernante; Las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado, en las que actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares, se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución. Por tanto, es necesario examinar si la naturaleza de los actos reclamados por la parte peticionaria de amparo a las autoridades señaladas como responsables, implica una relación de coordinación entre particulares o, bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello, entraña la participación de un Órgano del Estado, pues sólo de esa manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de garantías, ya que no basta que la parte quejosa las haya señalado como tales, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad en un caso concreto. Caso concreto. Ahora, en el presente caso, el propio quejoso manifiesta que presta servicios en ****; derivado de tal relación laboral, es que el acto reclamado tiene que ver con una corrección realizada por el área de recursos humanos de la citada dependencia, sobre el salario del quejoso; en específico, relacionada con una prima de antigüedad. Bajo ese contexto, es dable concluir que lo reclamado en la presente instancia constitucional, no tienen el carácter de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues la autoridad responsable a quien se atribuye el acto violatorio de garantías, se localiza en un plano de igualdad con los derechos de la parte quejosa, derivado del punto de coordinación laboral existente entre el ***, y el quejoso, como empleado. Esto es, se realizará un ajuste al salario del promovente, en razón de un supuesto error en las remuneraciones que percibe. Específicamente, por el pago de una prima de antigüedad de manera errónea, pues como se advierte de la copia del oficio que anexa a la demanda el promovente del amparo, así como de sus manifestaciones; el instituto indicó que en su base de datos advierte que ****, no cumple con el requisito indispensable para ser beneficiario de dicho estimulo -contar con veinticinco años de servicio ante la institución-. Situación que resulta ser una consecuencia de la relación laboral existente entre el quejoso y el ***, para quien presta sus servicios de manera personal y subordinada. Bajo ese panorama, el ajuste de salario tiene lugar bajo un esquema de coordinación por virtud de la interacción ocasionada por la relación de trabajo. En tal virtud, si bien la determinación notificada al quejoso, en relación con un error en el cálculo de sus percepciones, constituye una acción de carácter unilateral atribuida a un órgano desconcentrado del Estado que formalmente tiene el carácter de autoridad, lo cierto es que subyace o se produce dentro de una relación de coordinación entre el justiciable y la mencionada institución. Ya que, un elemento de dicho vinculo, es el salario que se paga con motivo de la relación laboral. Por ende, las transgresiones que aduce, sin prejuzgar sobre su actualización o no, no se verifican con el carácter de imperio que revisten los actos de autoridad, sino como incumplimiento del derecho a la protección y seguridad previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se amplía a través de las leyes federales de trabajo respectivas.*** Decisión. En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente se allegaran al sumario en caso de ser admitido; con fundamento en los artículos 1°, 5°, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte promovente ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Domicilio y autorizados.

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