Juan Arturo Carrillo Caloca
Expediente 671/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 17 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 671/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 07/06/2023
Partes del expediente
- Juan Arturo Carrillo Caloca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
MESA III "... Ciudad del Carmen, Campeche, siete de junio de dos mil veintitrés. Se agrega informe del apoderado legal de Suministro Básico Zona Carmen, de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad. Lo anterior sin mayor pronunciamiento.
- Principal
MESA III..."Ciudad del Carmen, Campeche, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, transcurrió del dos al diecisiséis de febrero de dos mil veintitrés, con exclusión de los días cuatro, cinco, seis, once y doce de febrero del año en curso, por ser inhábiles en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo; sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a), y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma, hágase constar la valoración documental en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Araceli Magdalena Ruiz Altamirano, Secretaria proyectista de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA A LA AGENTE DEL MINISTEIRO PÚBLICO ADSCRITA AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN, POR MEDIO DE LISTA, EL SIGUIENTE PROVEÍDO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Ciudad del Carmen, Campeche, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós (foja 11 vuelta), se reconoció el carácter de terceros interesados a Construcciones Metal Mecánicas S. de R.L. de C.V. y a Sergio Pérez Cervantes, sin embargo, del análisis minucioso de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en: "La omisión de dictar laudo, dentro de los plazos establecidos en los artículos 885 al 890 de la Ley Federal del Trabajo." Ahora bien, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, consistente en la denegación de justicia, no resulta necesario insistir en el emplazamiento de los terceros interesados, es decir, la contraparte del quejoso en el juicio de origen, porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario al del promovente -que subsista tal denegación- y, por el contrario, su búsqueda podría causarle perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere la audiencia constitucional, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda. No se soslaya la jurisprudencia 1ª./J 90/2012 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO", en la que determinó que en 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ 2 casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículo 8 y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo -abrogada-, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado -ahora tercero interesado- a la contraparte de la parte quejosa. Sin embargo, su interpretación fue a partir de la Ley de Amparo anterior -no vigente-, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, toda vez que en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete) se establece lo siguiente: "Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Por tanto, atendiendo al principio consagrado en el artículo 17 constitucional, se considera que en este asunto no resulta necesario emplazar a la contraparte del quejoso, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia -si en el fondo la hubiera-, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en que participa, lo que inclusive es favorable a la contraparte del quejoso. Máxime que de lo que se duele la parte quejosa es de la dilación procesal en la etapa en que se desarrolla el juicio de origen, y no el contenido de alguna determinación emitida por la autoridad responsable. Por las razones expuestas, tomando en consideración que corresponde al órgano de control constitucional determinar 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ Juicio de amparo 671/2022-III 3 quiénes pueden tener el carácter de tercero interesado, no ha lugar a seguir considerando con tal carácter a Construcciones Metal Mecánicas S. de R.L. de C.V. y a Sergio Pérez Cervantes. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada VI.2o.T.7 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1464, Novena Época, intitulada: "TERCERO PERJUDICADO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DETERMINAR, EN SU CRITERIO, QUIÉNES PUEDEN TENER INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CON ESE CARÁCTER. Las hipótesis que el artículo 5o. de la Ley de Amparo señala en su fracción III, en lo que atañe a los sujetos que pueden ser terceros perjudicados, sólo es enunciativa, tomando en cuenta los términos potestativos en que se encuentra redactado el texto de dicha fracción, la cual establece que: "Son partes en el juicio de amparo: ... III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter ...". Esto significa que la configuración casuísta o típica de los incisos a), b) y c), de la mencionada fracción III de dicho precepto legal, constituyen meros ejemplos de certidumbre de sujetos procesales, es decir, de casos en los que no hay duda de que la persona que se encuentra en cualquiera de esas hipótesis tiene la calidad de tercero perjudicado; pero desde el momento en que tal disposición utiliza la oración en gerundio "pudiendo intervenir", no modificada ni restringida por adverbio alguno, se puede válidamente concluir que existe la posibilidad legal de que haya otros casos o especies de sujetos procesales que puedan estar dentro del subgénero "tercero perjudicado", ya que si el legislador hubiera querido emplear un vocablo de limitación, cuantitativo, hubiera utilizado por ejemplo alguno de los adverbios "sólo", "únicamente", "solamente", por lo que no hay razón ni de índole gramatical, ni jurídica, para interpretar la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, en el sentido de que únicamente pueden intervenir como terceros perjudicados los tres sujetos procesales descritos en los incisos a), b) y c), puesto que tal adverbio no aparece en el texto de la ley. De ahí que corresponde al órgano de control constitucional determinar quiénes en su criterio pudieran tener interés jurídico en el juicio de amparo, como terceros perjudicados." 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ 4 2. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio S.A./0480/2023, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, mediante el cual, remite el original de la resolución en forma de laudo de doce de enero de dos mil veintitrés. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable el documento original que remite con su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ Juicio de amparo 671/2022-III 5 fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ 6 En el caso que nos ocupa, Mercy Ossana Luna Guzmán, apoderada legal de Juan Arturo Carrillo Caloca, mediante escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, a través del Portal de Servicios en Línea, promovió demanda de amparo contra la omisión de dictar laudo, dentro de los plazos establecidos en los artículos 885 al 890 de la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral 464/2014. Ahora bien, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, en su informe justificado manifestó que eran no eran ciertos los actos reclamados por el quejoso (foja 23). Y, como justificación de su informe la Presidenta de la Junta responsable remitió copia certificada del auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual declaró cerrada la instrucción y turnó los autos al Auxiliar Jurídico de la Junta para que procediera a emitir de manera inmediata el laudo (foja 24). Posteriormente, mediante oficio S.A./0480/2023, presentado en la oficialía de partes de este juzgado federal, el veintiseis de enero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, remitió el original de la resolución en forma de laudo de doce de enero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio laboral 464/2014 (fojas 116 a 124). Documentales a las que se les confiere con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tienen la naturaleza de documento público en razón de que fueron expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Bajo ese contexto, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ Juicio de amparo 671/2022-III 7 protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, programada para las nueve horas veinte minutos del diez de febrero de dos mil veintitrés. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós (foja 11 vuelta), se reconoció el carácter de terceros interesados a Construcciones Metal Mecánicas S. de R.L. de C.V. y a Sergio Pérez Cervantes, sin embargo, del análisis minucioso de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en: "La omisión de dictar laudo, dentro de los plazos establecidos en los artículos 885 al 890 de la Ley Federal del Trabajo." Ahora bien, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, consistente en la denegación de justicia, no resulta necesario insistir en el emplazamiento de los terceros interesados, es decir, la contraparte del quejoso en el juicio de origen, porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario al del promovente -que subsista tal denegación- y, por el contrario, su búsqueda podría causarle perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere la audiencia constitucional, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda. No se soslaya la jurisprudencia 1ª./J 90/2012 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO", en la que determinó que en 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ 2 casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículo 8 y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo -abrogada-, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado -ahora tercero interesado- a la contraparte de la parte quejosa. Sin embargo, su interpretación fue a partir de la Ley de Amparo anterior -no vigente-, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, toda vez que en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete) se establece lo siguiente: "Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Por tanto, atendiendo al principio consagrado en el artículo 17 constitucional, se considera que en este asunto no resulta necesario emplazar a la contraparte del quejoso, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia -si en el fondo la hubiera-, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en que participa, lo que inclusive es favorable a la contraparte del quejoso. Máxime que de lo que se duele la parte quejosa es de la dilación procesal en la etapa en que se desarrolla el juicio de origen, y no el contenido de alguna determinación emitida por la autoridad responsable. Por las razones expuestas, tomando en consideración que corresponde al órgano de control constitucional determinar 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ Juicio de amparo 671/2022-III 3 quiénes pueden tener el carácter de tercero interesado, no ha lugar a seguir considerando con tal carácter a Construcciones Metal Mecánicas S. de R.L. de C.V. y a Sergio Pérez Cervantes. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada VI.2o.T.7 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1464, Novena Época, intitulada: "TERCERO PERJUDICADO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DETERMINAR, EN SU CRITERIO, QUIÉNES PUEDEN TENER INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CON ESE CARÁCTER. Las hipótesis que el artículo 5o. de la Ley de Amparo señala en su fracción III, en lo que atañe a los sujetos que pueden ser terceros perjudicados, sólo es enunciativa, tomando en cuenta los términos potestativos en que se encuentra redactado el texto de dicha fracción, la cual establece que: "Son partes en el juicio de amparo: ... III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter ...". Esto significa que la configuración casuísta o típica de los incisos a), b) y c), de la mencionada fracción III de dicho precepto legal, constituyen meros ejemplos de certidumbre de sujetos procesales, es decir, de casos en los que no hay duda de que la persona que se encuentra en cualquiera de esas hipótesis tiene la calidad de tercero perjudicado; pero desde el momento en que tal disposición utiliza la oración en gerundio "pudiendo intervenir", no modificada ni restringida por adverbio alguno, se puede válidamente concluir que existe la posibilidad legal de que haya otros casos o especies de sujetos procesales que puedan estar dentro del subgénero "tercero perjudicado", ya que si el legislador hubiera querido emplear un vocablo de limitación, cuantitativo, hubiera utilizado por ejemplo alguno de los adverbios "sólo", "únicamente", "solamente", por lo que no hay razón ni de índole gramatical, ni jurídica, para interpretar la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, en el sentido de que únicamente pueden intervenir como terceros perjudicados los tres sujetos procesales descritos en los incisos a), b) y c), puesto que tal adverbio no aparece en el texto de la ley. De ahí que corresponde al órgano de control constitucional determinar quiénes en su criterio pudieran tener interés jurídico en el juicio de amparo, como terceros perjudicados." 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ 4 2. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio S.A./0480/2023, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, mediante el cual, remite el original de la resolución en forma de laudo de doce de enero de dos mil veintitrés. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable el documento original que remite con su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ Juicio de amparo 671/2022-III 5 fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ 6 En el caso que nos ocupa, Mercy Ossana Luna Guzmán, apoderada legal de Juan Arturo Carrillo Caloca, mediante escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, a través del Portal de Servicios en Línea, promovió demanda de amparo contra la omisión de dictar laudo, dentro de los plazos establecidos en los artículos 885 al 890 de la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral 464/2014. Ahora bien, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, en su informe justificado manifestó que eran no eran ciertos los actos reclamados por el quejoso (foja 23). Y, como justificación de su informe la Presidenta de la Junta responsable remitió copia certificada del auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual declaró cerrada la instrucción y turnó los autos al Auxiliar Jurídico de la Junta para que procediera a emitir de manera inmediata el laudo (foja 24). Posteriormente, mediante oficio S.A./0480/2023, presentado en la oficialía de partes de este juzgado federal, el veintiseis de enero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, remitió el original de la resolución en forma de laudo de doce de enero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio laboral 464/2014 (fojas 116 a 124). Documentales a las que se les confiere con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tienen la naturaleza de documento público en razón de que fueron expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Bajo ese contexto, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ Juicio de amparo 671/2022-III 7 protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, programada para las nueve horas veinte minutos del diez de febrero de dos mil veintitrés. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable.
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