Juan Antonio Guzman Boue

Expediente 667/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
667/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
09/09/2022

Partes del expediente

  • Juan Antonio Guzman Boue

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el oficio 110/05 09 2022/2010, de la Presidenta de Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, rinde su informe justificado en el sentido de que no es cierto el acto reclamado por el quejoso, y como justificación de su informe remite copias certificadas de diversas constancias del expediente laboral 601/2018. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la copia certificada que adjuntó a su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, Ignacio Mendoza Rivera, en su carácter de apoderado legal de Juan Antonio Guzmán Boue, promovió demanda de amparo contra la omisión de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche, de acodar su escrito de veinte de junio de dos mil veintidós, presentado vía buzón electrónico con código de confirmación 98YZ998, en el expediente laboral 601/2018, en el que solicitó se dictara el proyecto de resolución. Ahora bien, como justificación de su informe la autoridad responsable remitió copias certificadas de las constancias siguientes: 1. El acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los autos a proyecto de resolución (foja 19). 2. El escrito de veinte de junio de dos mil veintidós, de Ignacio Mendoza Rivera, por el que, solicitó se dictara el proyecto de resolución (foja 20). 3. El acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintidós, en el que se proveyó el escrito presentado por Ignacio Mendoza Rivera, de veinte de junio de dos mil veintidós, en el sentido de que el cuatro de agosto de dos mil veintidós, se turnaron los autos para proyecto, por lo que debía estarse a lo acordado en esa fecha y en espera de que se emitiera la resolución que en derecho correspondiera (foja 21). Documentales con valor probatorio pleno, en su calidad de documento público acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haber acordado la autoridad responsable el cinco de septiembre de dos mil veintidós, el escrito de la parte quejosa de veinte de junio de dos mil veintidós, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte de manera notoria, manifiesta e indudable que han cesado los efectos del acto reclamado, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las diez horas con treinta minutos del diez de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a los terceros interesados y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION ADSCRITA, A LA TERCERA INTERESADA ALL SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. Y A LA DIVERSA TECNOLOGIAS RELACIONADAS CON ENERGIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V., TODA VEZ QUE QUIEN LEGALMENTE LAS REPRESENTA, NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO FIJADO EL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, EL CUAL SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el oficio 110/05 09 2022/2010, de la Presidenta de Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, rinde su informe justificado en el sentido de que no es cierto el acto reclamado por el quejoso, y como justificación de su informe remite copias certificadas de diversas constancias del expediente laboral 601/2018. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la copia certificada que adjuntó a su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, Ignacio Mendoza Rivera, en su carácter de apoderado legal de Juan Antonio Guzmán Boue, promovió demanda de amparo contra la omisión de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche, de acodar su escrito de veinte de junio de dos mil veintidós, presentado vía buzón electrónico con código de confirmación 98YZ998, en el expediente laboral 601/2018, en el que solicitó se dictara el proyecto de resolución. Ahora bien, como justificación de su informe la autoridad responsable remitió copias certificadas de las constancias siguientes: 1. El acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los autos a proyecto de resolución (foja 19). 2. El escrito de veinte de junio de dos mil veintidós, de Ignacio Mendoza Rivera, por el que, solicitó se dictara el proyecto de resolución (foja 20). 3. El acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintidós, en el que se proveyó el escrito presentado por Ignacio Mendoza Rivera, de veinte de junio de dos mil veintidós, en el sentido de que el cuatro de agosto de dos mil veintidós, se turnaron los autos para proyecto, por lo que debía estarse a lo acordado en esa fecha y en espera de que se emitiera la resolución que en derecho correspondiera (foja 21). Documentales con valor probatorio pleno, en su calidad de documento público acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haber acordado la autoridad responsable el cinco de septiembre de dos mil veintidós, el escrito de la parte quejosa de veinte de junio de dos mil veintidós, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte de manera notoria, manifiesta e indudable que han cesado los efectos del acto reclamado, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las diez horas con treinta minutos del diez de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a los terceros interesados y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO IGNACIO MENDOZA RIVERA, APODERADO LEGAL DE JUAN ANTONIO GUZMAN BOUE, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO FIJADO EL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN ESTE JUICIO DE AMPARO, EL CUAL SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el oficio 110/05 09 2022/2010, de la Presidenta de Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, rinde su informe justificado en el sentido de que no es cierto el acto reclamado por el quejoso, y como justificación de su informe remite copias certificadas de diversas constancias del expediente laboral 601/2018. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la copia certificada que adjuntó a su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, Ignacio Mendoza Rivera, en su carácter de apoderado legal de Juan Antonio Guzmán Boue, promovió demanda de amparo contra la omisión de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche, de acodar su escrito de veinte de junio de dos mil veintidós, presentado vía buzón electrónico con código de confirmación 98YZ998, en el expediente laboral 601/2018, en el que solicitó se dictara el proyecto de resolución. Ahora bien, como justificación de su informe la autoridad responsable remitió copias certificadas de las constancias siguientes: 1. El acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los autos a proyecto de resolución (foja 19). 2. El escrito de veinte de junio de dos mil veintidós, de Ignacio Mendoza Rivera, por el que, solicitó se dictara el proyecto de resolución (foja 20). 3. El acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintidós, en el que se proveyó el escrito presentado por Ignacio Mendoza Rivera, de veinte de junio de dos mil veintidós, en el sentido de que el cuatro de agosto de dos mil veintidós, se turnaron los autos para proyecto, por lo que debía estarse a lo acordado en esa fecha y en espera de que se emitiera la resolución que en derecho correspondiera (foja 21). Documentales con valor probatorio pleno, en su calidad de documento público acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haber acordado la autoridad responsable el cinco de septiembre de dos mil veintidós, el escrito de la parte quejosa de veinte de junio de dos mil veintidós, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte de manera notoria, manifiesta e indudable que han cesado los efectos del acto reclamado, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las diez horas con treinta minutos del diez de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a los terceros interesados y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable

  4. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Ignacio Mendoza Rivera, en su carácter de apoderado legal de Juan Antonio Guzmán Boue, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, radíquese con el número de expediente 667/2022-III, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. PERSONALIDAD DEL PROMOVENTE. En términos del artículo 10, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la representación de quien comparece en representación del quejoso se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora bien, el artículo 692, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, establece que las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. Y, tratándose de apoderado de persona física, la personalidad se acreditará con poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante el Tribunal. 08/05/24 18:38:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2c.29 GABRIELA HERNANDEZ ALVAREZ 2 En el caso que nos ocupa, el promovente adjuntó a la demanda de amparo una carta poder de uno de noviembre de dos mil dieciocho, firmada por Juan Antonio Guzmán Boue, ante dos testigos, de la que se advierte que otorgó poder amplio, cumplido y bastante, entre otros, al licenciado Ignacio Mendoza Rivera, para que en su nombre y representación entablaran juicio de amparo, entre otras facultades. En consecuencia, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se le reconoce a la promovente el carácter de apoderado con el que se ostenta. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 2, 3, 6, 10, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Ignacio Mendoza Rivera, en su carácter de apoderado legal de Juan Antonio Guzmán Boue. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir por escrito dentro plazo de quince días contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le pide dicho informe. Informe justificado en el que con fundamento en el artículo 117, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados y acompañará, en su caso, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir su informe justificado dentro del plazo concedido en los términos indicados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de 08/05/24 18:38:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2c.29 GABRIELA HERNANDEZ ALVAREZ Juicio de amparo 667/2022-III 3 Amparo, se le impondrá a la omisa, multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), que resulta de multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $96.22 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintidós, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde. SUSPENSIÓN. No se tramita incidente de suspensión de los actos reclamados, por no haberlo solicitado expresamente el quejoso. EMPLAZAMIENTO AL TERCERO INTERESADO. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercera interesada a Tecnologías relacionadas con energía y servicios especializados S.A. de C.V. y All Solutions México, S.A de C.V. ambos con domicilio ubicado en calle Miguel de la Madrid, número 68-A, colonia Miguel de la Madrid, Ciudad del Carmen, Campeche. 08/05/24 18:38:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2c.29 GABRIELA HERNANDEZ ALVAREZ 4 Por la tanto, con fundamento en el artículo 116, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con copia simple de la demanda, empláceseles a juicio por conducto de quien legalmente represente a las mencionadas personas morales terceras interesadas. PRUEBAS De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida las pruebas documentales que adjunta la parte quejosa a su demanda de amparo, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, en cuanto a la presuncional legal y humana, se desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional, toda vez que se constituye cuando expresamente así lo establece la ley, en cambio, la presuncional humana se integra cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XX. 305 K del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, enero de 1995, página 291, Octava Época, intitulada: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda." En cambio, no ha lugar a tener como prueba de la parte quejosa todas y cada una de las constancias que integran el expediente laboral 601/2018, ni requerir a la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado 08/05/24 18:38:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2c.29 GABRIELA HERNANDEZ ALVAREZ Juicio de amparo 667/2022-III 5 de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, la remisión del contenido íntegro de dicho expediente. Lo anterior, en razón de que solamente cuando se trata de actuaciones "concluidas" originales ofrecidas como prueba, el órgano jurisdiccional está obligado a requerirlas a la autoridad respectiva, por lo que fuera de ese supuesto, el quejoso debe cumplir previamente con la carga que le impone el artículo 121 de la Ley de Amparo, esto es, acreditar haber solicitado a la autoridad respectiva la expedición de copias o documentos y manifestar que ésta se negó a expedírselas, para que este órgano jurisdiccional requiera a la autoridad omisa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 9/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, abril de 2018, Tomo I, página 5, Décima Época, intitulada: "ACTUACIONES CONCLUIDAS ORIGINALES OFRECIDAS COMO PRUEBA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PARA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL LAS REQUIERA, ES SUFICIENTE CON QUE LO SOLICITE EL OFERENTE, SIN QUE SEA NECESARIO QUE ÉSTE ACREDITE HABERLAS SOLICITADO PREVIAMENTE A LA AUTORIDAD QUE LAS TIENE BAJO SU RESGUARDO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO). El precepto citado regula los dos supuestos en que el juzgador puede requerir a otras autoridades la remisión de documentos ofrecidos como pruebas por las partes en el juicio de amparo indirecto, esto es, cuando: a) estén bajo el resguardo de algún servidor público, ante la eventualidad de que su expedición o entrega no se lleve a cabo a pesar de haber sido requeridos oportunamente; y, b) se trate de actuaciones concluidas originales, a petición de cualquiera de las partes. En el primer caso, para que el Juez de amparo requiera a otra autoridad, las partes deben demostrar haber solicitado oportunamente su expedición, lo que se explica por la mayor facilidad que tienen de obtenerlos tomando en cuenta que las autoridades están obligadas a expedir oportunamente las copias al solicitante y que éste tiene interés en que lleguen al procedimiento de amparo, y es sólo frente a la contumacia de las autoridades que tienen a su cargo la expedición que interviene el órgano jurisdiccional para entablar un diálogo directo con aquéllas y exigirles el cumplimiento de las obligaciones a su cargo; sin embargo, en relación con las actuaciones concluidas originales no opera la misma razón para exigir a las partes que acrediten haber formulado tal solicitud con antelación ante el servidor público respectivo, porque la racionalidad que orienta el contenido de la primera parte del artículo 121 de la Ley de Amparo no opera para su último párrafo, pues tratándose de las actuaciones concluidas originales, éstas no pueden entregarse a las partes, sino que son las autoridades las que deben mantenerlas bajo su resguardo. Luego, sobre la base de que las cargas que se 08/05/24 18:38:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2c.29 GABRIELA HERNANDEZ ALVAREZ 6 imponen a las partes en la prosecución de un juicio deben descansar en una base objetiva y razonable, se concluye que no es el caso de imponer al justiciable que se ubica en el último párrafo de la norma apuntada la misma carga que consta en su primera parte, pues ninguna utilidad tiene que solicite la entrega de las actuaciones concluidas originales si a ningún fin práctico llevaría esa exigencia cuando de antemano se conoce que no verá satisfecha su petición. Por esa razón, basta con que las partes soliciten al Juez de amparo que requiera las actuaciones concluidas originales a la autoridad respectiva y que éstas guarden relación objetiva con la litis constitucional, para que aquél las requiera y ésta las remita a dicho juzgador federal, sin que sea necesario que previamente los interesados acrediten haberlas solicitado." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en local no 11 de la Plaza Isla de Tris ubicada en avenida Isla de Tris 210, colonia Solidaridad Urbana, código postal 24150, Ciudad del Carmen, Campeche. AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita el apoderado legal del quejoso, se tiene por autorizada con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Yoselin Brenis Vázquez. Autorización que se admite sin necesidad de que la persona autorizada acredite encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, pues este juicio de amparo es en materia laboral y el quejoso tiene el carácter de parte trabajadora. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene como forma especial y expedita de contacto para entablar "comunicaciones no procesales" con los autorizados, los correos electrónicos igmendozar@hotmail.com y yoselinbrenis2210@gmail.com. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRONICO Por otra parte, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 6, 9, 10, 14, 16 y 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a Ignacio Mendoza Rivera, con nombre de usuario "CONSORCIO", y a Yoselin Brenis Vazquez, con nombre de usuario "Yoselinbrenis", consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye que se ingresen los nombres de usuario "CONSORCIO" y "Yoselinbrenis", al módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que los referidos autorizados, tengan acceso al expediente electrónico y puedan consultarlo. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022, de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público adscrita y al tercero interesado; por lista a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.

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