Juan Armando Saucedo

Expediente 453/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 19 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
453/2017
Año
2017
Actuaciones
19
Última actuación
30/11/2017

Partes del expediente

  • Juan Armando Saucedo
  • Ayuntamiento de Santo Roibio Xicohtzingo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Vista la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes recurriera la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, agregándose los cuadernos incidentales respectivos. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Finalmente, requiérase al quejoso JUAN ARMANDO SAUCEDO, para que dentro del término de tres días, del en que quede notificado del presente proveído, comparezca ante este juzgado debidamente identificado a recibir todos y cada uno de los documentos que anexo al presente juicio de amparo, apercibido que de no cumplir con lo anterior, serán destruidos junto con el expediente transcurrido en el párrafo que antecede. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    ***Vista la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes recurriera la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, agregándose los cuadernos incidentales respectivos. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Finalmente, requiérase al quejoso JUAN ARMANDO SAUCEDO, para que dentro del término de tres días, del en que quede notificado del presente proveído, comparezca ante este juzgado debidamente identificado a recibir todos y cada uno de los documentos que anexo al presente juicio de amparo, apercibido que de no cumplir con lo anterior, serán destruidos junto con el expediente transcurrido en el párrafo que antecede. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 453/2017-II-A; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el dieciséis de mayo del año en curso, JUAN ARMANDO SAUCEDO, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridades siguientes: III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Ayuntamiento de Santo Toribio Xicohtzingo, Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: (.) La omisión de dar contestación por parte del ayuntamiento de santo Toribio Xicohtzingo Tlaxcala, al escrito presentado el día treinta y uno de marzo, (información sobre mis situación laboral y solicitud de pago de mis prestaciones laborales), escrito que le formulé de manera pacífica y respetuosa y con apoyo en el artículo 5.8.12 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública esto es así en virtud de que la responsable se ha abstenido de darme contestación al ocurso de referencia. Reclamo así mismo de la mencionada autoridad, las consecuencias que de hecho y de derecho se deriven de las omisiones que se traducen en hacer negatorios los derechos constitucionales que me corresponden, lo que causa agravio al suscrito, al violar la responsable en mi perjuicio las garantías de seguridad jurídica y legalidad, consagradas en nuestra Carta Magna (.) Lo anterior por estimar que tales actos son violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. SEGUNDO.- Por auto de diecisiete de mayo y diecinueve de julio del presente año, se admitió a trámite la demanda de amparo y la ampliación a la misma; se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien lo rindió con anticipación a la audiencia constitucional; se dio la intervención que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 36/2016, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis, que modificó el diverso 3/2013, del veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que el amparo se promueve contra actos que se atribuyen a autoridades circunscritas a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Previo a abordar lo relativo a la certeza o inexistencia del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que debe señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, página 32, que expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 74.- Las sentencias deben contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;.". De la transcripción anterior se desprende que, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación, debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso, con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Al caso concreto, es aplicable el criterio contenido en la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, página 255, cuya literalidad indica: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En cumplimiento a lo anterior, de la lectura cabal de la demanda de amparo y de las constancias de autos se advierte, que el acto reclamado por la parte quejosa en esta vía, esencialmente consiste en: La omisión de dar contestación al escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. La resolución de tres de abril de dos mil diecisiete, por la cual se da respuesta a la parte quejosa a su promoción presentada el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. Lo anterior, atento a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo. Sirve de sustento jurídico, la jurisprudencia 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho, página 227, con el rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." TERCERO. La autoridad responsable Presidente Municipal de Xicohtzinco, Tlaxcala, en representación del Ayuntamiento del referido municipio, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama, consistente en la omisión de dar respuesta a su petición de treinta y uno de marzo del presente año. En efecto, del contenido del informe justificado y de las constancias que acompañó a dicho informe el Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala, responsable, a las que se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2, párrafo segundo de este último ordenamiento, se advierte: a) Que el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, la autoridad responsable recibió la petición formulada por el hoy quejoso a la autoridad responsable. b) En el oficio 33/04/2017.P.M.XICOHTZINCO, de tres de abril del presente año, la responsable dio contestación a la petición del impetrante del amparo Juan Armando Saucedo y ordenó notificarle personalmente. c) El seis de abril del año en curso, el Secretario del Ayuntamiento de Xicohtzinco, Tlaxcala, notificó por medio de lista al hoy quejoso Juan Armando Saucedo, la resolución de tres de abril del actual. Con lo anterior, se pone de manifiesto que al momento de la presentación de la demanda de amparo (16 de mayo de 2017), no existía el acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta a su petición de treinta y uno de marzo del presente año, al haberse dado la autoridad responsable respuesta a dicho ocurso mediante acuerdo de tres de abril del mismo año, y notificado el seis de abril del actual. En consecuencia, al no haber demostrado la existencia del acto reclamado la parte quejosa, se infiere que no existe el mismo, siendo procedente por lo mismo sobreseer en el presente juicio de garantías en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Presidente Municipal del Municipio de Xicohtzingo, Tlaxcala, en representación del Ayuntamiento del mencionado municipio, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de tres de abril de dos mil diecisiete, por la cual se da respuesta a la parte quejosa a su promoción presentada el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, toda vez que así se desprende del contenido del informe justificado rendido con motivo de la ampliación de demanda de amparo, que obra agregado en autos, respecto del acto consistente en el acurdo de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. QUINTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En efecto, en el presente caso, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de tres de abril de dos mil diecisiete, por la cual se da respuesta a la parte quejosa a su promoción presentada el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el oficio 33/04/2017.P.M.XICOHTZINCO, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa consintió tácitamente el acto reclamado, en la medida en que no promovió el presente juicio de amparo en el término que señala para tal efecto el artículo 17 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, tomando en consideración que el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.. [.]". Por su parte, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo transcrito se advierte que, el último de los preceptos legales establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otra parte, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Ley de Amparo, de forma general, establece el plazo de quince días para promover el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta. Por tanto, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que el quejoso JUAN ARMANDO SAUCEDO, fue notificado del acto reclamado el seis de abril de dos mil diecisiete; lo cual se advierte de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable, como justificante de sus actos. Lo anterior es suficiente para que tal fecha (seis de abril de dos mil diecisiete) constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, al no existir en autos prueba que demuestre lo contrario. Es aplicable por las razones que la informan, en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, enero de 2011, página cinco, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituye el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar.". Sentado lo anterior, se tiene que JUAN ARMANDO SAUCEDO, fue notificado del acto reclamado el seis de abril de dos mil diecisiete. Por tanto, se reitera, si la parte quejosa fue notificada del actos reclamado el seis de abril de dos mil diecisiete; es evidente que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de garantías, inició el siete de abril de dos mil diecisiete y concluyó el tres de mayo del mismo año, sin contar los días ocho, nueve, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de abril y uno de mayo de dos mil diecisiete, por ser sábados, domingos e inhábiles por la Ley de la materia y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es aplicable al caso el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, del mes de julio de 1999, visible a página 63, que se lee como sigue: "NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SURTE EFECTOS CONFORME A LAS REGLAS IMPUESTAS POR LA LEY DE LA MATERIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESA FECHA SEA CONSIDERADA COMO INHÁBIL POR LAS NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE AMPARO. No obstante que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen los días que serán considerados como inhábiles respecto del cómputo de los términos en el procedimiento del juicio de amparo; ello no puede hacerse extensivo a las actuaciones procesales propias del acto reclamado como son aquellas en las que se determine el momento en que deberán surtir efectos las notificaciones, puesto que en sentido estricto, no corresponden al procedimiento de amparo. En consecuencia, con independencia de que el día en que surta efectos la notificación del acto reclamado se considere inhábil para los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, el plazo de los quince días a que hace mención el artículo 21 de la Ley de Amparo se iniciará precisamente al día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto la resolución o acuerdo reclamado.". De ahí que, si la demanda que dio origen al presente juicio de amparo se presentó por la parte quejosa JUAN ARMANDO SAUCEDO, el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, como se obtiene del sello checador de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es evidente que dicha presentación fue extemporánea, ya que a esa fecha ya había fenecido el término de quince días de que se ha hecho referencia; por consiguiente, con apoyo en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, se estiman consentidos tácitamente los actos reclamados. Es aplicable por las razones que la informan, en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia VI.2o. J/21, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en página doscientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, agosto de 1995, Novena Época, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Apoya esta determinación, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, visible en la página trescientos setenta y dos, tomo I, segunda parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "JUICIO DE AMPARO EXTEMPORÁNEO, ES IMPROCEDENTE. El juicio de amparo, en el caso, resulta improcedente cuyo estudio es preferente, sea que las partes lo aleguen o no, por ser una cuestión de orden público. De autos aparece que la sentencia combatida fue notificada a las partes por lista, el cuatro de abril del año retropróximo surtiendo sus efectos el día seis siguiente y la demanda de amparo de que se trata fue presentada ante el tribunal responsable el día catorce de mayo del mismo año, según se advierte en el sello recibidor y de la constancia que en el mismo aparece; se advierte, por tanto, que resulta extemporánea la demanda de amparo, por presentarse después de los quince días que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo.". Así, al configurarse la hipótesis de improcedencia señalada, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de tres de abril de dos mil diecisiete, por la cual se da respuesta a la parte quejosa a su promoción presentada el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Finalmente, se tiene a las partes en este juicio constitucional por no opuestos a la publicación de sus datos personales. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo vigente; se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las autoridades responsables, manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales, no así la parte quejosa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 453/2017-II-A; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el dieciséis de mayo del año en curso, JUAN ARMANDO SAUCEDO, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridades siguientes: III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Ayuntamiento de Santo Toribio Xicohtzingo, Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: (.) La omisión de dar contestación por parte del ayuntamiento de santo Toribio Xicohtzingo Tlaxcala, al escrito presentado el día treinta y uno de marzo, (información sobre mis situación laboral y solicitud de pago de mis prestaciones laborales), escrito que le formulé de manera pacífica y respetuosa y con apoyo en el artículo 5.8.12 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública esto es así en virtud de que la responsable se ha abstenido de darme contestación al ocurso de referencia. Reclamo así mismo de la mencionada autoridad, las consecuencias que de hecho y de derecho se deriven de las omisiones que se traducen en hacer negatorios los derechos constitucionales que me corresponden, lo que causa agravio al suscrito, al violar la responsable en mi perjuicio las garantías de seguridad jurídica y legalidad, consagradas en nuestra Carta Magna (.) Lo anterior por estimar que tales actos son violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. SEGUNDO.- Por auto de diecisiete de mayo y diecinueve de julio del presente año, se admitió a trámite la demanda de amparo y la ampliación a la misma; se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien lo rindió con anticipación a la audiencia constitucional; se dio la intervención que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 36/2016, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis, que modificó el diverso 3/2013, del veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que el amparo se promueve contra actos que se atribuyen a autoridades circunscritas a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Previo a abordar lo relativo a la certeza o inexistencia del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que debe señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, página 32, que expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 74.- Las sentencias deben contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;.". De la transcripción anterior se desprende que, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación, debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso, con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Al caso concreto, es aplicable el criterio contenido en la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, página 255, cuya literalidad indica: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En cumplimiento a lo anterior, de la lectura cabal de la demanda de amparo y de las constancias de autos se advierte, que el acto reclamado por la parte quejosa en esta vía, esencialmente consiste en: La omisión de dar contestación al escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. La resolución de tres de abril de dos mil diecisiete, por la cual se da respuesta a la parte quejosa a su promoción presentada el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. Lo anterior, atento a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo. Sirve de sustento jurídico, la jurisprudencia 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho, página 227, con el rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." TERCERO. La autoridad responsable Presidente Municipal de Xicohtzinco, Tlaxcala, en representación del Ayuntamiento del referido municipio, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama, consistente en la omisión de dar respuesta a su petición de treinta y uno de marzo del presente año. En efecto, del contenido del informe justificado y de las constancias que acompañó a dicho informe el Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala, responsable, a las que se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2, párrafo segundo de este último ordenamiento, se advierte: a) Que el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, la autoridad responsable recibió la petición formulada por el hoy quejoso a la autoridad responsable. b) En el oficio 33/04/2017.P.M.XICOHTZINCO, de tres de abril del presente año, la responsable dio contestación a la petición del impetrante del amparo Juan Armando Saucedo y ordenó notificarle personalmente. c) El seis de abril del año en curso, el Secretario del Ayuntamiento de Xicohtzinco, Tlaxcala, notificó por medio de lista al hoy quejoso Juan Armando Saucedo, la resolución de tres de abril del actual. Con lo anterior, se pone de manifiesto que al momento de la presentación de la demanda de amparo (16 de mayo de 2017), no existía el acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta a su petición de treinta y uno de marzo del presente año, al haberse dado la autoridad responsable respuesta a dicho ocurso mediante acuerdo de tres de abril del mismo año, y notificado el seis de abril del actual. En consecuencia, al no haber demostrado la existencia del acto reclamado la parte quejosa, se infiere que no existe el mismo, siendo procedente por lo mismo sobreseer en el presente juicio de garantías en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Presidente Municipal del Municipio de Xicohtzingo, Tlaxcala, en representación del Ayuntamiento del mencionado municipio, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de tres de abril de dos mil diecisiete, por la cual se da respuesta a la parte quejosa a su promoción presentada el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, toda vez que así se desprende del contenido del informe justificado rendido con motivo de la ampliación de demanda de amparo, que obra agregado en autos, respecto del acto consistente en el acurdo de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. QUINTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En efecto, en el presente caso, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de tres de abril de dos mil diecisiete, por la cual se da respuesta a la parte quejosa a su promoción presentada el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el oficio 33/04/2017.P.M.XICOHTZINCO, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa consintió tácitamente el acto reclamado, en la medida en que no promovió el presente juicio de amparo en el término que señala para tal efecto el artículo 17 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, tomando en consideración que el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.. [.]". Por su parte, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo transcrito se advierte que, el último de los preceptos legales establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otra parte, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Ley de Amparo, de forma general, establece el plazo de quince días para promover el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta. Por tanto, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que el quejoso JUAN ARMANDO SAUCEDO, fue notificado del acto reclamado el seis de abril de dos mil diecisiete; lo cual se advierte de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable, como justificante de sus actos. Lo anterior es suficiente para que tal fecha (seis de abril de dos mil diecisiete) constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, al no existir en autos prueba que demuestre lo contrario. Es aplicable por las razones que la informan, en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, enero de 2011, página cinco, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituye el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar.". Sentado lo anterior, se tiene que JUAN ARMANDO SAUCEDO, fue notificado del acto reclamado el seis de abril de dos mil diecisiete. Por tanto, se reitera, si la parte quejosa fue notificada del actos reclamado el seis de abril de dos mil diecisiete; es evidente que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de garantías, inició el siete de abril de dos mil diecisiete y concluyó el tres de mayo del mismo año, sin contar los días ocho, nueve, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de abril y uno de mayo de dos mil diecisiete, por ser sábados, domingos e inhábiles por la Ley de la materia y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es aplicable al caso el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, del mes de julio de 1999, visible a página 63, que se lee como sigue: "NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SURTE EFECTOS CONFORME A LAS REGLAS IMPUESTAS POR LA LEY DE LA MATERIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESA FECHA SEA CONSIDERADA COMO INHÁBIL POR LAS NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE AMPARO. No obstante que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen los días que serán considerados como inhábiles respecto del cómputo de los términos en el procedimiento del juicio de amparo; ello no puede hacerse extensivo a las actuaciones procesales propias del acto reclamado como son aquellas en las que se determine el momento en que deberán surtir efectos las notificaciones, puesto que en sentido estricto, no corresponden al procedimiento de amparo. En consecuencia, con independencia de que el día en que surta efectos la notificación del acto reclamado se considere inhábil para los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, el plazo de los quince días a que hace mención el artículo 21 de la Ley de Amparo se iniciará precisamente al día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto la resolución o acuerdo reclamado.". De ahí que, si la demanda que dio origen al presente juicio de amparo se presentó por la parte quejosa JUAN ARMANDO SAUCEDO, el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, como se obtiene del sello checador de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es evidente que dicha presentación fue extemporánea, ya que a esa fecha ya había fenecido el término de quince días de que se ha hecho referencia; por consiguiente, con apoyo en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, se estiman consentidos tácitamente los actos reclamados. Es aplicable por las razones que la informan, en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia VI.2o. J/21, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en página doscientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, agosto de 1995, Novena Época, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Apoya esta determinación, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, visible en la página trescientos setenta y dos, tomo I, segunda parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "JUICIO DE AMPARO EXTEMPORÁNEO, ES IMPROCEDENTE. El juicio de amparo, en el caso, resulta improcedente cuyo estudio es preferente, sea que las partes lo aleguen o no, por ser una cuestión de orden público. De autos aparece que la sentencia combatida fue notificada a las partes por lista, el cuatro de abril del año retropróximo surtiendo sus efectos el día seis siguiente y la demanda de amparo de que se trata fue presentada ante el tribunal responsable el día catorce de mayo del mismo año, según se advierte en el sello recibidor y de la constancia que en el mismo aparece; se advierte, por tanto, que resulta extemporánea la demanda de amparo, por presentarse después de los quince días que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo.". Así, al configurarse la hipótesis de improcedencia señalada, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de tres de abril de dos mil diecisiete, por la cual se da respuesta a la parte quejosa a su promoción presentada el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Finalmente, se tiene a las partes en este juicio constitucional por no opuestos a la publicación de sus datos personales. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo vigente; se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las autoridades responsables, manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales, no así la parte quejosa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. ***

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