Juan Antonio Torres Casquera y Otros.
Expediente 180/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 19 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 180/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 24/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Juan Antonio Torres Casquera y Otros.
- Juan Antonio Torres Casquera
- Juez séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, de los que se advierte que en acuerdo de treinta de diciembre de dos mil veintiuno se ordenó el archivo del presente juicio de amparo como asunto total y definitivamente concluido; sin embargo, obra glosado un disco versátil digital (DVD) remitido por la autoridad responsable, Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en el que consta el registro de la audiencia de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno celebrada en la causa judicial 38/2021 de su índice. En consecuencia, al resultar innecesario que dicho disco obre agregado en el expediente en que se actúa, devuélvasele a la autoridad responsable. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a doce de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales consiguientes, la razón levantada por el Actuario Judicial adscrito de siete de enero del año en curso, de la que se advierte la imposibilidad para notificar personalmente al quejoso Luis Alberto Salazar Rosario el proveído de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, en virtud de que el antes nombrado, quien estuvo interno en el Centro de Reinserción Social de Apizaco, Tlaxcala, fue puesto en libertad el tres de enero del presente año. En consecuencia, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que notifique por lista de acuerdos al referido quejoso el presente proveído, así como el diverso de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, de conformidad con los artículos 26, fracción III, y 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Notifíquese y por lista al quejoso Luis Alberto Salazar Rosario el auto de treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Lo proveyó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida del Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, con quien actúa y da fe. INSERCION AUTO DE TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO Apizaco, Tlaxcala, a treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se desprende que se encuentra pendiente de emitir la resolución relativa al cumplimiento de la sentencia de amparo en el presente juicio; atento a ello, debe decirse que el artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Así, de la certificación que antecede se advierte que los quejosos * * *, no realizaron manifestación alguna respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo realizada por la Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y Titular del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, dentro del término concedido por acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Así las cosas, de conformidad con lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio, se ha restituido a los quejosos * * * en el goce de sus derechos violados en términos de lo establecido en la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; lo anterior, en atención a que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. Por principio, debe indicarse que por sentencia terminada de dictar el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se resolvió conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos * * * para que el Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y Titular del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, realizaran lo siguiente: "I.- Deje insubsistente los actos reclamados, consistentes en la resolución de veinte de febrero de dos mil veintiuno en la que decretó prisión preventiva justificada a * * *, así como el auto de vinculación a proceso del día veinticuatro siguiente que dictó a dichos imputados por hechos que la ley señala como delitos de robo calificado y portación de objetos aptos para agredir, respectivamente, todo ello dentro de la causa judicial 38/2021. "II.- Cite de nueva cuenta a las partes a la celebración de la continuación de la audiencia inicial y reponga el procedimiento, concretamente al momento inmediato posterior a que la defensora particular de los imputados contestó la solicitud de vinculación a proceso, es decir, dicho acto procesal deberá iniciar concediendo el uso de la palabra al Agente del Ministerio Público para que éste se ocupe de las alegaciones defensivas, debiendo tomar todas las medidas pertinentes para que la audiencia respectiva sea videograbada y quede registro de lo sucedido en ella. "III.- Una vez llevado el debate entre las partes, resuelva la situación jurídica de los quejosos, la cual podrá ser en el mismo sentido de la resolución reclamada o, en uno diverso. "IV.- En caso de dictar auto de vinculación a proceso, deberá pronunciarse con libertad de jurisdicción respecto a la solicitud de imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada planteada por la fiscalía, para lo cual no deberá dar uso de la palabra a las partes, sino que resolverá tal petición con los argumentos de los intervinientes ya expresados en la audiencia inicial de veinte de febrero de dos mil veintiuno; asimismo, deberá dar contestación de forma exhaustiva y completa a todos y cada uno de los argumentos de la defensora de los imputados respecto a ese específico tópico, los cuales a continuación se sintetizan: "1.- Que se debe imponer una medida cautelar diversa a la solicitada por el Agente del Ministerio Público, o incluso combinadas, atento al principio de mínima intervención y menor lesividad. "2.- Que los imputados sí tienen arraigo en el Estado de Puebla. "3.- Que el fiscal no acreditó el extremo contenido en el artículo 168, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo a que para estimar el riesgo de la sustracción del imputado, se debe tener facilidad para abandonar el lugar o permanecer oculto. "4.- Que los imputados tienen un domicilio establecido, por lo cual no dejarán de comparecer al proceso. "5.- Que no existe riesgo para la víctima, aunado a que el Agente del Ministerio Público se basó en apreciaciones subjetivas al realizar su petición y fue omiso en precisar qué peligro existe para aquélla. "6.- Que es procedente una medida cautelar diversa a la prisión preventiva porque los delitos son susceptibles de ser sometidos a medios alternos de solución. (.) "Concesión del amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Director del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, al no reclamarse por vicios propios y ser consecuencia directa de los actos emitidos por la autoridad judicial ordenadora." La referida sentencia causó ejecutoria en proveído de nueve de diciembre de dos mil veintiuno; por ende, se requirió su cumplimiento. En atención a ello, por oficios recibidos el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno (folios 19505 y 19506), en la oficialía de partes de este órgano de control constitucional, la autoridad responsable, Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer remitió copia certificada del acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintiuno donde señaló las ocho horas del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, para el desahogo de la continuación de la audiencia inicial. De igual forma, remitió copia certificada de la resolución de dieciséis de dicho mes y año, así como el registro de audio y video de la continuación de la audiencia inicial celebrada en la causa judicial 38/2021, en el cual obran tres archivos electrónicos. En dicha resolución -dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno-, en primer término y en acatamiento al fallo protector, dejó insubsistente la resolución de veinte de febrero de dos mil veintiuno, por la cual se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada a los imputados * * * (minuto 4:21 del primer registro de grabación). Posteriormente, dejó sin efecto el auto de vinculación a proceso emitido en audiencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno y prosiguió con la audiencia inicial, para ello concedió el uso de la voz al Ministerio Público a efecto de que se pronunciara de los argumentos expuestos por la defensa de los imputados (minutos 4:36 y 9:36 del primer registro de grabación). Enseguida, al contestar la solicitud de vinculación a proceso, previo debate de las partes, emitió auto de vinculación a proceso contra * * * por su probable participación en la comisión del ilícito de robo calificado en la modalidad de posesión de vehículo robado, cometido en victimización de Rosa Alba Romero González. De igual forma, dictó auto de vinculación a proceso contra * * *, por su probable responsabilidad en la comisión del ilícito de portación de objetos aptos para agredir, en victimización de la sociedad, para lo cual dio contestación a los argumentos planteados por la defensa de los imputados (ello desde el minuto 40:38 del primer registro de grabación). Luego, sin abrir debate entre las partes, la juez procedió a resolver la solicitud de imposición de medida cautelar realizada por el Agente del Ministerio Público en audiencia de veinte de febrero de dos mil veinte (a partir de la hora 1:12:03 del primer registro de grabación y hasta el minuto 15:33 del segundo archivo electrónico en su totalidad). Para ello dio contestación a los siete argumentos expuestos por la defensa de los imputados, los cuales fueron ordenados por esta autoridad federal; posteriormente, la autoridad judicial responsable determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada por todo el tiempo que dure el procedimiento. Posteriormente, ordenó girar oficio al Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Tlaxcala, para su cumplimiento y, por último, en la continuación de la audiencia inicial se resolvió lo relativo al plazo de cierre de investigación (desde el minuto 15:38 del segundo archivo y hasta el minuto 17:36 del mismo registro). De igual forma, el Titular del Centro de Reinserción Social Tlaxcala, mediante oficio 1638/12/2021 recibido en este órgano jurisdiccional el veinte de diciembre del año en curso (folio 19579) informó que tomó conocimiento de la resolución de dieciséis de diciembre de este año dictada por la Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en la causa judicial 38/2021. Así, se advierte que la autoridad judicial responsable en un primer orden citó de nueva cuenta a las partes a la celebración de la continuación de la audiencia inicial y reposición del procedimiento en la causa judicial 38/2021. Al momento de iniciar la continuación de la audiencia inicial, declaró insubsistente la resolución de veinte de febrero de dos mil veintiuno en la que decretó prisión preventiva justificada a * * *, así como el auto de vinculación a proceso del día veinticuatro siguiente. Posteriormente, concedió el uso de la palabra al Agente del Ministerio Público para que se ocupara de las alegaciones defensivas y una vez llevado el debate entre las partes, resolvió la situación jurídica de los quejosos y dictó auto de vinculación a proceso y se procedió a resolver la solicitud de imposición de medida cautelar de prisión preventiva justificada, para ello dio contestación de forma exhaustiva y completa a todos y cada uno de los argumentos de la defensora de los imputados. Por su parte, el Titular del Centro de Reinserción Social Tlaxcala tomó conocimiento de la anterior determinación y procedió a su ejecución. Derivado de lo anterior, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la sentencia de amparo, pues atendieron con claridad cada uno de sus lineamientos, en términos de lo establecido por el artículo 77 de la Ley de Amparo. Entonces, de lo narrado y de las constancias remitidas por la referida autoridad, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano federal procede a concluir que se encuentra cumplida la sentencia de amparo, sin que ello implique un pronunciamiento en cuanto a la legalidad del cumplimiento emitido. Sin que sea obstáculo que la suscrita Secretaria Encargada del Despacho proceda a realizar el presente pronunciamiento, pues es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas. Cobra aplicación la jurisprudencia de datos y contenido siguiente: "Registro digital: 2023104 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 22/2021 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 1891 Tipo: Jurisprudencia "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este juicio como concluido. Gírese oficio a las responsables que tuvieron el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es susceptible de depuración. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma solicítese la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Toda vez que en razón de las condiciones de trabajo que imperan con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-COV, los secretarios encargados del trámite de los asuntos trabajan con el expediente electrónico, a fin de garantizar la coincidencia entre el expediente físico y electrónico en términos de lo establecido en el quinto párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los secretarios que trabajan en la integración de los expedientes físicos, que se verifique y certifique esta situación, de lo que deberá quedar constancia en autos. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes..
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a cinco de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, por el cual informa que en la causa judicial de donde derivó el acto reclamado se aprobó la suspensión condicional del proceso respecto al aquí quejoso Luis Alberto Salazar Rosario; atento a ello, se estima que no es necesario emitir mayor proveído al respecto dentro del juicio de amparo en que se actúa, en virtud que en acuerdo de treinta de diciembre de dos mil veintiuno se tuvo por cumplido el fallo protector y se ordenó el archivo definitivo de este expediente como asunto concluido. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/4516/2021, emitido en sesión celebrada el seis de diciembre de dos mil veintiuno, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se desprende que se encuentra pendiente de emitir la resolución relativa al cumplimiento de la sentencia de amparo en el presente juicio; atento a ello, debe decirse que el artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Así, de la certificación que antecede se advierte que los quejosos * * *, no realizaron manifestación alguna respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo realizada por la Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y Titular del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, dentro del término concedido por acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Así las cosas, de conformidad con lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio, se ha restituido a los quejosos * * * en el goce de sus derechos violados en términos de lo establecido en la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; lo anterior, en atención a que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. Por principio, debe indicarse que por sentencia terminada de dictar el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se resolvió conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos * * * para que el Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y Titular del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, realizaran lo siguiente: "I.- Deje insubsistente los actos reclamados, consistentes en la resolución de veinte de febrero de dos mil veintiuno en la que decretó prisión preventiva justificada a * * *, así como el auto de vinculación a proceso del día veinticuatro siguiente que dictó a dichos imputados por hechos que la ley señala como delitos de robo calificado y portación de objetos aptos para agredir, respectivamente, todo ello dentro de la causa judicial 38/2021. "II.- Cite de nueva cuenta a las partes a la celebración de la continuación de la audiencia inicial y reponga el procedimiento, concretamente al momento inmediato posterior a que la defensora particular de los imputados contestó la solicitud de vinculación a proceso, es decir, dicho acto procesal deberá iniciar concediendo el uso de la palabra al Agente del Ministerio Público para que éste se ocupe de las alegaciones defensivas, debiendo tomar todas las medidas pertinentes para que la audiencia respectiva sea videograbada y quede registro de lo sucedido en ella. "III.- Una vez llevado el debate entre las partes, resuelva la situación jurídica de los quejosos, la cual podrá ser en el mismo sentido de la resolución reclamada o, en uno diverso. "IV.- En caso de dictar auto de vinculación a proceso, deberá pronunciarse con libertad de jurisdicción respecto a la solicitud de imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada planteada por la fiscalía, para lo cual no deberá dar uso de la palabra a las partes, sino que resolverá tal petición con los argumentos de los intervinientes ya expresados en la audiencia inicial de veinte de febrero de dos mil veintiuno; asimismo, deberá dar contestación de forma exhaustiva y completa a todos y cada uno de los argumentos de la defensora de los imputados respecto a ese específico tópico, los cuales a continuación se sintetizan: "1.- Que se debe imponer una medida cautelar diversa a la solicitada por el Agente del Ministerio Público, o incluso combinadas, atento al principio de mínima intervención y menor lesividad. "2.- Que los imputados sí tienen arraigo en el Estado de Puebla. "3.- Que el fiscal no acreditó el extremo contenido en el artículo 168, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo a que para estimar el riesgo de la sustracción del imputado, se debe tener facilidad para abandonar el lugar o permanecer oculto. "4.- Que los imputados tienen un domicilio establecido, por lo cual no dejarán de comparecer al proceso. "5.- Que no existe riesgo para la víctima, aunado a que el Agente del Ministerio Público se basó en apreciaciones subjetivas al realizar su petición y fue omiso en precisar qué peligro existe para aquélla. "6.- Que es procedente una medida cautelar diversa a la prisión preventiva porque los delitos son susceptibles de ser sometidos a medios alternos de solución. (.) "Concesión del amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Director del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, al no reclamarse por vicios propios y ser consecuencia directa de los actos emitidos por la autoridad judicial ordenadora." La referida sentencia causó ejecutoria en proveído de nueve de diciembre de dos mil veintiuno; por ende, se requirió su cumplimiento. En atención a ello, por oficios recibidos el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno (folios 19505 y 19506), en la oficialía de partes de este órgano de control constitucional, la autoridad responsable, Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer remitió copia certificada del acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintiuno donde señaló las ocho horas del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, para el desahogo de la continuación de la audiencia inicial. De igual forma, remitió copia certificada de la resolución de dieciséis de dicho mes y año, así como el registro de audio y video de la continuación de la audiencia inicial celebrada en la causa judicial 38/2021, en el cual obran tres archivos electrónicos. En dicha resolución -dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno-, en primer término y en acatamiento al fallo protector, dejó insubsistente la resolución de veinte de febrero de dos mil veintiuno, por la cual se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada a los imputados * * * (minuto 4:21 del primer registro de grabación). Posteriormente, dejó sin efecto el auto de vinculación a proceso emitido en audiencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno y prosiguió con la audiencia inicial, para ello concedió el uso de la voz al Ministerio Público a efecto de que se pronunciara de los argumentos expuestos por la defensa de los imputados (minutos 4:36 y 9:36 del primer registro de grabación). Enseguida, al contestar la solicitud de vinculación a proceso, previo debate de las partes, emitió auto de vinculación a proceso contra * * * por su probable participación en la comisión del ilícito de robo calificado en la modalidad de posesión de vehículo robado, cometido en victimización de Rosa Alba Romero González. De igual forma, dictó auto de vinculación a proceso contra * * *, por su probable responsabilidad en la comisión del ilícito de portación de objetos aptos para agredir, en victimización de la sociedad, para lo cual dio contestación a los argumentos planteados por la defensa de los imputados (ello desde el minuto 40:38 del primer registro de grabación). Luego, sin abrir debate entre las partes, la juez procedió a resolver la solicitud de imposición de medida cautelar realizada por el Agente del Ministerio Público en audiencia de veinte de febrero de dos mil veinte (a partir de la hora 1:12:03 del primer registro de grabación y hasta el minuto 15:33 del segundo archivo electrónico en su totalidad). Para ello dio contestación a los siete argumentos expuestos por la defensa de los imputados, los cuales fueron ordenados por esta autoridad federal; posteriormente, la autoridad judicial responsable determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada por todo el tiempo que dure el procedimiento. Posteriormente, ordenó girar oficio al Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Tlaxcala, para su cumplimiento y, por último, en la continuación de la audiencia inicial se resolvió lo relativo al plazo de cierre de investigación (desde el minuto 15:38 del segundo archivo y hasta el minuto 17:36 del mismo registro). De igual forma, el Titular del Centro de Reinserción Social Tlaxcala, mediante oficio 1638/12/2021 recibido en este órgano jurisdiccional el veinte de diciembre del año en curso (folio 19579) informó que tomó conocimiento de la resolución de dieciséis de diciembre de este año dictada por la Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en la causa judicial 38/2021. Así, se advierte que la autoridad judicial responsable en un primer orden citó de nueva cuenta a las partes a la celebración de la continuación de la audiencia inicial y reposición del procedimiento en la causa judicial 38/2021. Al momento de iniciar la continuación de la audiencia inicial, declaró insubsistente la resolución de veinte de febrero de dos mil veintiuno en la que decretó prisión preventiva justificada a * * *, así como el auto de vinculación a proceso del día veinticuatro siguiente. Posteriormente, concedió el uso de la palabra al Agente del Ministerio Público para que se ocupara de las alegaciones defensivas y una vez llevado el debate entre las partes, resolvió la situación jurídica de los quejosos y dictó auto de vinculación a proceso y se procedió a resolver la solicitud de imposición de medida cautelar de prisión preventiva justificada, para ello dio contestación de forma exhaustiva y completa a todos y cada uno de los argumentos de la defensora de los imputados. Por su parte, el Titular del Centro de Reinserción Social Tlaxcala tomó conocimiento de la anterior determinación y procedió a su ejecución. Derivado de lo anterior, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la sentencia de amparo, pues atendieron con claridad cada uno de sus lineamientos, en términos de lo establecido por el artículo 77 de la Ley de Amparo. Entonces, de lo narrado y de las constancias remitidas por la referida autoridad, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano federal procede a concluir que se encuentra cumplida la sentencia de amparo, sin que ello implique un pronunciamiento en cuanto a la legalidad del cumplimiento emitido. Sin que sea obstáculo que la suscrita Secretaria Encargada del Despacho proceda a realizar el presente pronunciamiento, pues es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas. Cobra aplicación la jurisprudencia de datos y contenido siguiente: "Registro digital: 2023104 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 22/2021 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 1891 Tipo: Jurisprudencia "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este juicio como concluido. Gírese oficio a las responsables que tuvieron el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es susceptible de depuración. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma solicítese la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Toda vez que en razón de las condiciones de trabajo que imperan con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-COV, los secretarios encargados del trámite de los asuntos trabajan con el expediente electrónico, a fin de garantizar la coincidencia entre el expediente físico y electrónico en términos de lo establecido en el quinto párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los secretarios que trabajan en la integración de los expedientes físicos, que se verifique y certifique esta situación, de lo que deberá quedar constancia en autos. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente a los quejosos en el sitio donde se encuentran recluidos; por lista a la tercera interesada; electrónicamente al Agente del Ministerio Público adscrito y por oficio a las autoridades responsables y diverso tercero interesado.
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