Juan Antonio Vazquez Martinez

Expediente 125/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
125/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
21/02/2022

Partes del expediente

  • Juan Antonio Vazquez Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda promovida por ****, contra los actos reclamados a la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince CPS-Chiapas", con residencia en Villa Comaltitlán, y otras autoridades. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que mediante proveído de nueve de febrero del año en curso, se desechó la demanda de amparo en que se actúa. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se provee lo siguiente. Acorde con lo dispuesto en el artículo 211, inciso b) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 152 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos los plazos previstos en el aludido ordinal 21 a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal y constancias respectivas a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, para los efectos procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido [.]. 2 Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 253, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67,fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del citado Acuerdo General. 3 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. Los expedientes digitalizados o electrónicos de los juicios de amparo generados con la FIREL serán administrados por la Dirección General de Archivo y Documentación a través del SISE, una vez que hayan sido transferidos y destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este Acuerdo. Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. Asimismo, se indica a las partes que en caso de que requieran la devolución de algunos de los documentos que en copia simple y certificada anexaron al presente juicio de amparo, deberán solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente

  2. Principal

    ...Por tanto, con fundamento en lo contemplado en el artículo 113, en relación con el dispositivo 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar la demanda de amparo, por resultar notoriamente improcedente. Finalmente, por las razones anteriormente expuestas, agréguense a los autos sólo para que obren como constancia, los informes de suspensión de plano correspondientes a la Directora General; al Comité Técnico y al Director Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-CHIAPAS", todas las autoridades con residencia en Villa Comaltitlán.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, cuatro de febrero de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda promovida por *****mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas y otras autoridades; fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] 125/2022 VIII-B. SUSPENSIÓN DE PLANO Del contenido de la demanda de amparo, analizada de manera integral, se obtiene que la parte promovente acude a reclamar:  Incomunicación, aislamiento, tortura física y psicológica y lesiones que ponen en peligro la vida. Luego, con la finalidad de garantizar una pronta y expedita impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional, y además, ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la legislación de la materia, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Se ordena a las autoridades responsables hacer cesar de inmediato los actos consistentes en incomunicación, tortura, tormentos, tratos crueles e inhumanos, segregación del quejoso Juan Antonio Vázquez Martínez, así como cualquier otro que atente contra su integridad física, sus derechos humanos, o actos que se encuentran prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Por tanto, con fundamento en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere a las responsables para que adopten las medidas necesarias a efecto de garantizar la seguridad del lugar en el que se encuentra el quejoso para salvaguardar su integridad física, o bien, girar las instrucciones respectivas o adopten las medidas de seguridad indispensables para que no se materialicen las circunstancias que dicen atentar contra su integridad y dignidad personal, lo cual deberán justificar con las constancias respectivas en el informe de suspensión de plano relativo. Se hace del conocimiento de las responsables que, de acreditarse los actos reclamados, así como que dichas autoridades no procedieron en la manera indicada en este proveído, se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción para los efectos a que haya lugar. CUMPLIMIENTO Se apercibe a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a esta medida cautelar o de no informar el impedimento legal o material existente, se les impondrá en lo individual [específicamente a la persona física que ocupe el cargo público respectivo], una multa de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación al 259, de la Ley de Amparo1, asimismo se procederá en su contra en términos de su artículo 262, fracción III, de la legislación de la materia. INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO Solicítese a las autoridades responsables para que en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que se encuentren notificadas de este acuerdo, envíen a este juzgado copia certificada de las constancias en que se patentice el cumplimiento que han dado a la medida cautelar concedida; apercibidas que de no hacerlo, se impondrá a la omisa, la medida de apremio antes apuntada. Con relación a este requerimiento, y dada la contingencia epidemiológica que vive el mundo y nuestro país, siguiendo el espíritu del acuerdo 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se otorga a las autoridades responsables como facilidad para rendir sus informes y constancias relacionadas, el correo electrónico 1jdo20cto@correo.cjf.gob.mx. En el entendido de que si dicho informe se remite por la vía señalada en el párrafo inmediato anterior, será innecesaria su presentación de manera física. VERIFICACIÓN DE CESE DE ACTOS RECLAMADOS Se comisiona al actuario judicial de la adscripción, a fin de que se constituya en el lugar donde se encuentra el directamente agraviado, a fin de que a través de sus sentidos se cerciore de que efectivamente, en su caso, se haya suspendido la ejecución o se hayan hecho cesar los actos respecto de los cuales se concede la suspensión de plano. El actuario deberá asentar en el acta respectiva cualquier circunstancia o incidencia que esté relacionada con estos actos y que pueda ser conocida o apreciada a través de los sentidos. PREVENCIÓN Superado lo antepuesto y con la finalidad de establecer la procedencia de la acción intentada en esta vía, con fundamento en lo previsto en los artículos 112 y 108 fracciones I y V, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el acto de la notificación del presente proveído, o bien, dentro del término de cinco días, bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda conforme a lo siguiente: Único.- En el ocurso de trato, el quejoso afirmó que se encuentra sufriendo de incomunicación y segregación por parte de las autoridades penitenciarias, así como de tortura física y psicológica, y tratos crueles e inhumanos durante su traslado a un dormitorio diverso el veintiuno de enero pasado. No obstante, de la lectura del libelo que se provee, se advierte que la demanda está escrita y firmada por el propio justiciable privado de la libertad, por lo que no se tiene certeza respecto a la incomunicación y segregación que refiere, y si el traslado a diverso dormitorio, fue con motivo de alguna sanción disciplinaria. Bajo ese contexto, resulta necesario que aclare, bajo protesta de decir verdad, en qué hace consistir la incomunicación y segregación manifestadas, así como las circunstancias de tiempo y modo de ejecución de dichos actos. Dicha información es necesaria para que este juzgado pueda pronunciarse al respecto, pero partiendo de la existencia de evidencia real y razonable que permita establecer que dichos actos constituyeron tortura, conforme al siguiente criterio contenido en la tesis de la Primera Sala del Máximo Tribunal, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, Tesis: 1a. LIV/2015, Página: 1424, que dice: TORTURA. LA AUTORIDAD TIENE LA OBLIGACIÓN DE INVESTIGARLA EN CASO DE EXISTIR EVIDENCIA RAZONABLE. Atendiendo a la obligación del Estado de investigar actos de tortura, corresponde al juzgador, en caso de existir evidencia razonable y dependiendo del tipo de maltrato alegado, ordenar la investigación al Ministerio Público y, a su vez, actuar en el proceso, de forma efectiva e imparcial, para garantizar que se realicen los estudios relativos pertinentes; de ahí que no siempre es el certificado médico de lesiones el que ha de valorarse para determinar si debe o no darse valor probatorio a la confesión rendida al dictarse la sentencia definitiva. El anterior requerimiento encuentra justificación en el hecho de que, de admitirse así la demanda de amparo, propiciaría una amplia gama de incertidumbre, expectativas y opiniones respecto de cuáles son las circunstancias objetivas bajo las cuales la parte quejosa acciona este medio de control constitucional, así como los actos reclamados en los términos expuestos en este auto, lo cual tiene fundamento en lo previsto en las fracciones I a V, del citado artículo 108, de la Ley de Amparo, esto es, que deberá exponer, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado y que puedan servir de fundamento a los conceptos de violación, así como los actos y autoridades responsables; además, de no hacerlo, redundaría en la imprecisa e interminable configuración de la litis constitucional, con la consecuente inseguridad jurídica para las partes en el debido proceso del sumario de amparo, de no demostrarse exactamente los precedentes, naturaleza y sus características del acto reclamado. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar respuesta de manera precisa y ordenada a esta prevención, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con el numeral 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que si con posterioridad en este juicio de amparo, de las constancias allegadas por las partes y autoridades responsables, este tribunal advierte que la promovente, sus representantes, abogados y/o autorizados afirmaron hechos falsos u omitieron los que le constaba con relación al acto reclamado, lo manifestado en su demanda y/o aclaración, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261, de la Ley de Amparo. ACCESO AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO Hágase del conocimiento a las autoridades responsables que deberán facilitar el acceso al actuario judicial adscrito, a cualquiera de los sitios, áreas, o estancias de que consten las instalaciones del recinto oficial en que se ubiquen, para lograr la localización del agraviado; respetando su autoridad y cuidando las medidas de seguridad implementadas para resguardarse del virus Covid-19; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se procederá en su contra de acuerdo a la ley. VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Con fundamento en los artículos 5, fracción IV, 26, fracción I, inciso k) y 29, de la Ley de Amparo, se ordena dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, para lo cual notifíquesele personalmente el presente auto. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa se encuentra privada de su libertad, se ordena al actuario de la adscripción, le realice personalmente, en el lugar de su reclusión la notificación del presente acuerdo y las que específicamente se ordenen en el trámite de este asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. DATOS DE CONTACTO Y/O LOCALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en su vigencia por el diverso 20/2021, se propone y solicita a las partes que proporcionen como formas especiales y expeditas de contacto sus números telefónicos y correos electrónicos, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales cuyo contenido se registre y, de ser necesario, se incorpore al presente expediente previa certificación. Lo anterior, conforme al diverso ordinal 23, fracción I de la referida normatividad, propiciará el éxito y seguridad de la práctica de notificaciones personales, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes intervengan en la diligencia concerniente. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia.

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