Juan Antonio Rivera Gomez
Expediente 912/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 912/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Juan Antonio Rivera Gomez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación de cuenta, se hizo constar que a la fecha ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del proveído en el que se tuvo por desechada la demanda promovida por Juan Antonio Rivera Gómez. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales. ANOTACIONES Y SE ORDENA ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por desechada la demanda de amparo en que se actúa.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, siendo las diecinueve horas del siete de septiembre de dos mil veintitrés, el suscrito Diego de Jesús Flores García, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de notificar a la parte quejosa Joel Feliciano Sánches López y José Luis Pérez Jiménez, defensores particulares de Juan Antonio Rivera Gómez, el proveído de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, emitido en el juicio de amparo número 912/2023, hago constar que me constituí en el domicilio ubicado en edificio Meet Centro de Negocios de Banamex, planta alta, fraccionamiento Laws Hortensias, frente a Holiday Inn y fraccionamiento Tulipanes, por lo que una vez que me cercioré de que es el domicilio correcto porque así lo advierto de la nomenclatura del edificio correspondiente, procedo a tocar la puerta de acceso por un espacio de cinco minutos, sin que nadie acudiera a mi llamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, dejo fijado en la puerta de acceso el aviso correspondiente, para que comparezca al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que se deja el citado documento, a notificarse del contenido de dicha determinación, apercibida que de no hacerlo se le notificará por medio de lista de conformidad con el dispositivo legal invocado. Doy fe. Lic. Diego de Jesús Flores García Actuario Judicial. En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, el doce de septiembre de dos mil veintitrés, el suscrito Diego de Jesús Flores García, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, hace constar que la parte quejosa, no compareció al recinto oficial de este Juzgado de Distrito, a notificarse del contenido del proveído de veintiuno de agosto del año en curso, dictada en el juicio de amparo número 912/2023, como se le indicó mediante aviso de notificación fechado el siete de septiembre siguiente, el cual se dejó fijado en la puerta de acceso a su domicilio toda vez que el mismo se encontraba cerrado y nadie acudió al llamado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, y con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista el contenido de dicha determinación. Doy fe. Lic. Diego de Jesús Flores García Actuario Judicial
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el escrito aclaratorio de demanda signado por José Luis Pérez Jiménez y Joel Feliciano Sánches López, en su carácter de defensores particulares del directo quejoso Juan Antonio Rivera Gómez, mediante el cual dan cumplimiento al auto de once de agosto del año en curso, por el que indican en qué fecha tuvo la parte quejosa conocimiento del acto que reclama, atento a lo anterior se acuerda lo siguiente: DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XX, en relación con los 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por su manifiesta e indudable improcedencia. Se expone tal consideración, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 2 absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número I.1o.A. J/4, emitida en la Novena Época, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ciertamente, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 3 ??????????????? La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74 de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: El auto de vinculación a proceso de ocho de junio de dos mil veintitrés, dictado en su contra por el delito de pederastia, dentro de la causa penal 175/2023 del índice de la responsable. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2004, Novena Época, que a la letra dice: MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 4 ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Pues bien, como se dijo, a juicio de esta juzgadora, respecto de la resolución constitutiva del acto reclamado, se estima actualizada la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dado que se acredita que dicho acto fue consentido tácitamente, al no promoverse el amparo dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la propia legislación. Estos artículos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos..". De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales aquéllos contra los MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 5 ??????????????? que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. A fin de corroborar lo anterior, se hace necesario precisar, en lo que interesa, el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Conforme a la disposición legal transcrita, la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: a) Primer párrafo: Quince días, por regla general; MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 6 b) Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición: c) Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; d) Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Dicho plazo se computará a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; e) Fracción IV: En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 7 ??????????????? del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor Precisado lo anterior, se toma en cuenta que en el caso, la parte quejosa reclama el auto de vinculación a proceso dictado en su contra por el delito de pederastia, dentro de la causa penal 175/2023, del índice de la responsable, emitido el ocho de junio de dos mil veintitrés, el cual, según los promoventes tuvieron conocimiento el diecinueve de agosto del año en curso, por ser el día en que asumieron el cargo de defensores particulares; en tanto, el directo quejoso Juan Antonio Rivera Gómez, señaló que tuvo conocimiento del acto reclamado el catorce de julio del presente año. Con esos antecedentes, se pone de manifiesto la existencia de prueba fehaciente de que la parte quejosa tuvo conocimiento completo del acto reclamado el día que se dictó el auto de vinculación a proceso, toda vez que como refiere el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales párrafo cuarto "La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de la setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación; por lo que, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la fecha en que se tenga la certeza de que el quejoso conocía la resolución reclamada, esto es, la fecha en que se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso (ocho de junio del dos mil veintitrés). Efectivamente, el conocimiento del acto reclamado se prueba con el escrito aclaratorio de demanda donde señala MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 8 que el auto de vinculación proceso fue el ocho de junio del año en curso. Lo anterior se explica con el siguiente esquema: FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO INICIO DE PLAZO DÍAS INHÁBILES FENECIÓ TÉRMINO 08 de junio de 2023. 12 de junio de 2023. 17, 18, 24 y 25 de junio, todos del año en curso, por ser sábados y domingos 30 de junio de 2023. Por lo tanto, el ocho de junio del año en curso, la parte quejosa, se ostentó sabedora de manera cierta y completa del auto a vinculación a proceso que ahora ataca de inconstitucional. Por ello, esta resolutora computará el plazo de quince días para promover el presente juicio. Entonces, como se precisó, si la parte quejosa presentó la demanda de amparo hasta el nueve de agosto de dos mil veintitrés, según se advierte de la papeleta de registro expedida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad (foja 1), es inconcuso que lo hizo con posterioridad a la fecha en que había concluido el término para instar el juicio de amparo, según la tabla inserta. Sin que en el caso estemos frente a los casos de excepción, referidos en el dispositivo 17 de la Ley de Amparo, en tanto que no se reclama una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; tampoco es una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal; ni atenta contra derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal; así como tampoco el acto MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 9 ??????????????? reclamado implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento puesto que éste ya se encuentra iniciado ante el juez responsable; tampoco se trata de incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Todos esos datos conllevan a sostener con claridad que la demanda de amparo de que se trata, fue presentada fuera del término genérico de quince días, previsto por el numeral 17, de la Ley de Amparo, en tanto queda evidenciado el conocimiento previo por parte de la quejosa respecto de los actos de los que se queja. Por contener el principio jurídico aplicado, avala nuestra postura, la tesis I.3o.P.36P (10a) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, página 2196, Materia Común Penal, que dice: RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL INCIDENTE RELATIVO, ES EL GENÉRICO DE QUINCE DÍAS. El reconocimiento de inocencia es el medio legal extraordinario que se tramita en sede jurisdiccional, a través del cual se analiza la procedencia de la anulación de las penas o medidas de seguridad impuestas en sentencia ejecutoriada, es decir, produce la extinción de aquéllas así como de todos sus efectos, cuando se acredite que el sentenciado no es penalmente responsable del delito por el cual se le juzgó; figura que procede cuando existe sentencia condenatoria firme, de lo que se colige que el proceso penal del que deriva esta resolución se encuentra en etapa de ejecución. Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda es de quince días, salvo, entre otras excepciones, cuando el acto reclamado implique ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, hipótesis en la que podrá presentarse en MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 10 cualquier tiempo. En ese contexto, si bien la resolución dictada en el incidente de reconocimiento de inocencia, incide, en su caso, en confirmar el estatus de privado de la libertad del sentenciado que está compurgando una pena restrictiva de ese derecho fundamental, lo cierto es que no puede considerarse que dicha determinación implique ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, pues la interlocutoria se emite en el marco de ejecución de la sentencia condenatoria, es decir, dentro de una de las etapas del procedimiento penal; de lo que se infiere que esa situación no puede subsumirse en la referida hipótesis de excepción a que se contrae la fracción IV del citado precepto de la ley, ya que lo contrario conduciría al absurdo de pensar que la determinación que resuelva el incidente de reconocimiento de inocencia, que sea contraria a los intereses del sentenciado, per se, es una resolución en la que se restringe la libertad personal del responsable, dictada al margen de un procedimiento en el que se respeten sus formalidades esenciales, pues la interlocutoria materia del incidente de reconocimiento de inocencia, en caso de ser adversa a los intereses del sentenciado, únicamente confirma su estatus de privado de la libertad y no sustituye ni modifica a la sentencia condenatoria; de ahí que el plazo para promover el juicio de amparo contra la resolución dictada en el incidente relativo, sea el genérico de quince días. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo. Al respecto, conviene citar el criterio jurisprudencial aprobado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página mil seiscientos treinta y uno, Tomo XX, septiembre de mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 11 ??????????????? debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Ello es así, pues no puede tomarse en cuanta la data que señalan los promoventes que tuvieron conocimiento del auto de vinculación reclamado, pues por un lado, señalan que fue el diecinueve de agosto del año en curso en que asumieron el cargo, y el escrito con el que pretenden dar cumplimiento a la prevención ordenada por este órgano jurisdiccional fue presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, el diecisiete del mes y año en curso, es decir, en una fecha posterior a la presentación del escrito relativo, y por otro, no puede generarse una nueva oportunidad en la presentación de la demanda de amparo, por cada defensor que asuma el cargo dentro de la causa de origen, habida cuenta que tal proceder vulneraría el derecho humano de seguridad jurídica. Incluso, se este Juzgado tomara en cuenta la data en que refiere el directo quejoso tuvo conocimiento del acto MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 12
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a once de agosto de dos mil veintitrés. EXPEDIENTE Y REGISTRO Se tiene por recibido el escrito de demanda suscrita por Joel Feliciano Sanches López y José Luis Pérez Jiménez, quienes se ostentan como defensores particulares del imputado Juan Antonio Rivera Gómez, contra actos del Juez de Control Región 02, con sede en esta ciudad; fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 912/2023 VII-B. PREVENCION Ahora bien, con la finalidad de establecer la procedencia de la acción intentada en esta vía, y debida integración de la litis constitucional, con fundamento en lo previsto en los artículos 112 y 108 fracciones I, III, IV, y V, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el acto de la notificación del presente proveído o dentro del término de cinco días, contado a partir del 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 2 siguiente al en que surta efectos la notificación, por escrito, al que deberá acompañar las copias relativas necesarias para correr traslado a la totalidad de las partes en este asunto, bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda conforme a lo siguiente: Toda vez que la parte quejosa reclama el auto de vinculación a proceso dictado en su contra por el delito de pederastia, dentro de la causa penal 175/2023 del índice de la responsable, deberá indicar: _La fecha en que tuvo conocimiento del auto de vinculación a proceso, es decir, manifieste la fecha del desahogo de la audiencia de término constitucional. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar respuesta de manera precisa y ordenada de esta prevención, se tendrá por no presentado el libelo que se trata, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que si con posterioridad en este juicio de amparo, de las constancias allegadas por las partes y autoridad responsable, este tribunal advierte que la parte quejosa afirmó hechos falsos u omitió los que le constaba con relación al acto reclamado, lo manifestado en su demanda y/o aclaración, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261 de la Ley de Amparo. Además, debe precisarse a la parte quejosa que las copias del escrito por el que dará cumplimiento a esta prevención, será en cantidad igual a dos, para ser distribuidas de la siguiente manera: una para la autoridad responsable y una más para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 3 ??????????????? Cobra aplicación, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 106/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, página 170, que dice: COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar la propia parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 4 facultado para desahogar prevenciones en las cuales la parte quejosa deba manifestar "bajo protesta de decir verdad". Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. .- El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que el directo quejoso se encuentra privado de su libertad, se ordena al actuario de la adscripción, le realice personalmente, en el lugar de su reclusión, la notificación de este acuerdo y las que específicamente se señalen en el trámite de este asunto. DOMICILIO PARA OÍR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADO
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 10,248 expedientes
- Juan Antonio Marquez Martinez648/2023
- Juan Antonio Mateos Rivera1367/2016
- Juan Antonio Mazariegos Maya1920/2016
- Juan Antonio Medina Lorenzana583/2016
- Juan Antonio Muñoz Ceniceros2318/2019
- Juan Antonio Perez Cruz24/2018
- Juan Antonio Vazquez Martinez116/2022
- Juan Antonio Vazquez Martinez125/2022
- Juan Antonio Vazquez Navarro973/2016
- Juan Antonio Zapata Vargas229/2023
- Juan Arturo Herrera Ventura1019/2016
- Juan Arturo Herrera Ventura1490/2017