Juan Antonio Santos Hipólito

Expediente 1069/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1069/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
16/11/2017

Partes del expediente

  • Juan Antonio Santos Hipólito

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Juan Antonio Santos Hipólito, por propio derecho, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero, fracción I, del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser destruido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito presentado por el quejoso ******Hipólito; en atención a su contenido, se tiene por desahogado en tiempo el requerimiento que se le formuló en proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, en el juicio de amparo indirecto 1069/2017, en que se actúa. Ahora bien, visto el ocurso del promovente, la suscrita estima que al respecto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 17, ambos de la ley de la materia, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De la literalidad de los preceptos transcritos se aprecia que el amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente; es decir, en contra de aquéllos que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que prevé la ley, siendo el término general para la promoción del juicio de amparo de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación del acto o resolución que se reclame conforme a la ley que rige el acto, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los mismos, término genérico, respecto del cual operan diversas excepciones relativas a la materia en la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo. Ahora bien, toda vez que en el presente caso se señala como actos reclamados los siguientes. "MANIFESTARE LA FALTA DE NOTIFICACIÓN Y DEBIDO EMPLAZAMIENTO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INV/198/2015, DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, PEDRO ALMAZÁN CERVANTES, ASÍ COMO LA RETENCIÓN DE SALARIO Y DEMÁS PRESTACIONES. TODA VEZ QUE SOY POLICÍA DEL ESTADO DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y REFERENTE A LOS HECHOS QUE MANIFESTÉ FUI DADO DE BAJA SIN LA OPORTUNIDAD DE DEFENSA Y DEBIDO PROCESO DE EMPLAZAMIENTO A ALGÚN JUICIO, POR ELLO AUNQUE HAY MÁS VIOLACIONES A MI PERSONA COMO ABUSOS DE AUTORIDAD DISCRIMINACIONES PUES SEA ESTE ÓRGANO QUE LAS TOME EN CUENTA AL MOMENTO DE RESOLVER POR LA RAZÓN DE QUE A CAUSA DE MI DENUNCIA A LOS SUPERIORES DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO YO FUI REPRIMIDO DE MI TRABAJO Y DE MI SALARIO. AL SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE HONOR Y JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, LIC. NYBIA SOLÍS PERALTA, LA FALTA DE NOTIFICACIÓN Y DEBIDO EMPLAZAMIENTO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INV/198/2015, DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, PEDRO ALMAZÁN CERVANTES, TODA VEZ QUE ES LA ÚNICA FACULTADA PARA PODER NOTIFICARNOS Y APLICAR LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES PUES EL FUNDAMENTO SE BASA EN LOS ARTÍCULOS 113, 124, 136 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY 281 DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, Y ESTAS OMITIERON DAR SEGUIMIENTO A DICHOS ABUSOS COMETIDA EN NUESTROS AGRAVIOS POR ESTOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO Y NUNCA POR PARTE DE ELLAS HUBO ALGÚN EMPLAZAMIENTO A JUICIO TAL ES ASÍ NO HA DE EXISTIR NINGÚN ACUSE O ANTECEDENTE DE NOTIFICACIÓN A NOSOTROS POR PARTE DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO. COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, LIC, RENATO SALES HEREDIA, LA FALTA DE NOTIFICACIÓN Y DEBIDO EMPLAZAMIENTO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INV/198/2015, DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, *******, TODA VEZ QUE DEL ESCRITO DE DENUNCIA DE HECHOS A ESTE SUPERIOR JERÁRQUICO DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, ESTAS NO QUISIERON NOTIFICARME DICHO PROCEDIMIENTO PUES DE HACERLO ASÍ ME DEJAN EN TOTAL ESTADO DE INDEFENSIÓN Y SIN OPORTUNIDAD ALGUNA PARA DEMOSTRAR QUE MIS SALARIOS ESTÁN RETENIDOS A CAUSA DE ESTAS OMISIONES DE ESTOS SUPERIORES JERÁRQUICOS A LOS CUALES LES INFORME EN TIEMPO Y FORMA PARA SOLUCIONAR MI PROBLEMA PUES LA OMISIÓN DE ESTOS ME AFECTA A MI PERSONA, FAMILIA Y MI PATRIMONIO PUES ME HAN PRIVADO DE MI TRABAJO Y SUSTENTO A MIS DEPENDIENTES ECONÓMICOS" Por lo expuesto, resulta que tales actos, no se encuentran comprendidos en alguna de las hipótesis de excepción del término de quince días hábiles que para la interposición de la demanda de amparo establece el artículo 17, fracción IV, de la ley de la materia, pues los actos reclamados, no implican peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En ese orden de ideas, es evidente que los actos reclamados por el quejoso Juan ******* deben ajustarse al término genérico de quince días, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la ley de la materia. Los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Lo anterior, pues el plazo de quince días hábiles señalados en el precitado artículo, debe computarse desde que el gobernado está informado de la existencia del acto, ya sea mediante notificación, el conocimiento por otras vías, o desde que se manifiesta sabedor; no obstante, por ello debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 30/2007, sostenida por la Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." En la especie se actualiza el segundo de los supuestos (el conocimiento por otras vías), para ello es importante destacar que en el capítulo de antecedentes del escrito inicial de demanda el impetrante señalo: "6. POR ESO EL DÍA 4 DE AGOSTO DE 2017, SE ME NOTIFICÓ PERSONALMENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUERRERO, QUE YA ESTÁBAMOS DADOS DE BAJA SIN TENER OPORTUNIDAD ALGUNA DE DEFENDERNOS O PARA PODER DEMOSTRAR QUE TODO FUE PARA NOSOTROS UN ACTO DE REPRESIÓN". Igualmente, del escrito de desahogo, el cual se provee, en relación a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, manifiesto lo siguiente: "a) ES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, TODA VEZ HUMILDEMENTE SU EMINENCIA CON FECHA 4 DE AGOSTO DE 2017, TUVE LA OPORTUNIDAD DE QUE SE REVISARA MI EXPEDIENTE POR PARTE DE LA COMISIÓN DEL ESTADO DE DERECHOS HUMANOS YA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES QUE SEÑALO NO NOS NOTIFICARON NINGÚN PROCEDIMIENTO Y A ELLOS ENVIÉ A PARTIR DE AHÍ LOS ESCRITOS NECESARIOS PARA DEFENDER MI DERECHO Y AGOTAR EL RECURSO DE PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ". Lo anterior, en razón de que en dichas manifestaciones se advierte que el hoy quejoso, tuvo conocimiento de los actos que aquí se reclaman consistente en la falta de notificación y emplazamiento al procedimiento administrativo número INV/198/2015, del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, ********, así como la retención de salario, demás prestaciones y que incluso sabía desde el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, que ya había sido dado de baja de la dependencia en la que laboraba, por parte de las autoridades que señaló como responsables, en el procedimiento administrativo INV/198/2015, ello desde el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, pues bajo protesta de decir verdad, refirió que fue notificado personalmente por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, que ya estaba dado de baja; por lo que, el término de quince días que señala el artículo 17 de la propia Ley de Amparo, empezó a correr del ocho de agosto de dos mil diecisiete, y concluyó, el veintiocho del citado mes y año, de conformidad con el precepto antes citado, descontándose los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de agosto del año en curso, por ser inhábiles. De tal manera que, si la demanda de amparo, se presentó hasta el once de octubre de dos mil diecisiete, tal y como se desprende del sello de recibido de la oficina común de los Juzgados de Distrito (foja 2), resulta evidente que transcurrió en exceso los quince días para poder promover la demanda de amparo. Al caso es de citar, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 3212 del Tomo LXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ACTOS CONSENTIDOS. La fracción XII de artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, previene, que el amparo es improcedente, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la misma ley; y el artículo 21 establece, que el término de quince días para la interposición de la demanda de garantías, se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismo. De acuerdo con lo expuesto, es evidente que cuando no se reclaman los actos que afecten a determinada persona, dentro de aquel término legal, estamos frente a actos tácitamente consentidos, si es que como se dijo, no obstante que el quejoso tuvo conocimiento de ellos, no los reclamó con la debida oportunidad. Ahora bien, respecto a actos derivados de otros consentidos, también cabe decir que el juicio constitucional no procede, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte." Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la parte quejosa manifieste que tuvo conocimiento del acto reclamado desde el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, pues se advierte de su demanda de amparo y escrito aclaratorio, que no fue así, pues aduce que desde el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, se le notificó personalmente que ya estaba dado de baja y desde entonces pudo acudir a esta instancia a reclamar su falta de emplazamiento o ilegal notificación, incluso, de las constancias que anexó a su escrito de demanda, se advierte que inició trámites de investigación sobre el abuso de autoridades desde el nueve de agosto de dos mil diecisiete. En ese contexto, es inconcuso que en el presente juicio se patentiza el caso de improcedencia contenido en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con el diverso 17, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, lo que obliga a desechar de plano la presente demanda, en términos de la fracción XIV del diverso arábigo 61 de la ley en aplicación, por resultar manifiesta e indudablemente improcedente.

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