Juan Antonio Santos Hipólito
Expediente 8/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 25 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 8/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 13/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Juan Antonio Santos Hipólito
- Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, trece de julio de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa que se admitió el recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso Juan Antonio Santos Hipólito, en contra del auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 8/2019, al que correspondió el recurso de inconformidad administrativo 27/2023, de su índice; de lo anterior, queda enterado este juzgado, estese a la espera de que dicho recurso sea resuelto por la superioridad.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del presente juicio de amparo, se aprecia que se cuenta con las notificaciones realizadas a las partes del auto de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en que se dio trámite al recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso ********************, así como las correspondientes al acuerdo recurrido. Por tanto, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en turno, residente en Acapulco, Guerrero, el escrito original del recurso de inconformidad, así como los autos originales del juicio de amparo indirecto 8/2019.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de cuenta suscrito por el quejoso Juan Antonio Santos Hipólito; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de inconformidad en contra del auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Con una copia simple del escrito de agravios fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original; distribúyanse las restantes entre las partes y una vez realizadas las notificaciones correspondientes, remítase el original de dicho escrito y los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en Turno, con sede en Acapulco, Guerrero.
- Principal
Visto el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, con sede en esta Ciudad, informó el acatamiento al fallo protector, ello, mediante oficio sin número, recibido en este juzgado el cinco de diciembre de dos mil veintidós, al cual adjuntó copia certificada del acuerdo de uno de diciembre de dos mil veintidós, con la que justificó afirmación de cumplimiento de la ejecutoria que nos ocupa en el presente juicio. En atención a dicho oficio, mediante proveído de seis de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa, sin embargo, se ordenó notificarle por lista, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, mediante acuerdo de seis de enero de dos mil veintitrés, se ordenó notificar personalmente el proveído de seis de diciembre de dos mil veintidós, para los mismos efectos, apercibida que de no hacer manifestación alguna, se acordaría lo que en derecho correspondiera. Acuerdo que se notificó a la parte quejosa el trece del mes y año en curso, y por escrito de diecisiete siguiente, recibido en esa misma fecha en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, la parte quejosa desahogó dicha vista. Por lo anterior, y al ser el cumplimiento de la ejecutoria de amparo una cuestión de orden público y de análisis oficioso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver, si de acuerdo con las constancias que envió la autoridad responsable, se encuentra cumplido o no el fallo protector, así como verificar si dentro de éste existió exceso o defecto, o si hubiera imposibilidad para cumplirla. Ahora bien, a fin de resolver si en el caso la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el presente juicio, es necesario precisar los efectos de la sentencia dictada en este juicio por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, y confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, siendo los siguientes: "1) Deje insubsistente el auto de veintisiete de octubre de dos mil dieciocho, emitido en la investigación de origen. 2) Emita otra en la que tome en consideración lo expuesto en esta sentencia y de manera fundada y motivada resuelva lo que en derecho proceda; en el entendido que, deberá de atender exhaustivamente a cada una de las peticiones que realizó el quejoso en su escrito de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho; analizando, de manera puntual si es procedente o no la prescripción solicitada." De ahí que, en cumplimiento al requerimiento hecho por este órgano jurisdiccional, el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, residente en esta ciudad, mediante oficio sin número, recibido el cinco de diciembre de dos mil veintidós en la oficialía de partes de este juzgado, adjuntó copia certificada del acuerdo de uno de diciembre de este propio año, documental a la que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2º, por haber sido emitido por la autoridad responsable en ejercicio de sus funciones. Así, a efecto de analizar el cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, se precisa lo siguiente: Mediante resolución de seis de agosto de dos mil veintiuno, emitida por la autoridad responsable, ésta dejó insubsistente el acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil dieciocho y emitió uno nuevo, en el cual tuvo a la parte quejosa revocando el nombramiento de su defensor que había realizado con anterioridad y tuvo por designados a los nuevos representantes legales, así como señalando nuevo domicilio para recibir notificaciones; de igual forma, ordenó la expedición de las copias certificadas que le solicitó; dándose vista a las partes, en auto de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Sin embargo, una vez analizado dicho cumplimiento, se advirtió que no cumplía con la debida fundamentación y motivación requerida en la sentencia ejecutoria, ya que no expuso la fecha en que vencen los tres años, así como porqué el auto de cuatro de agosto de dos mil quince, es definitivo, ya que si bien, refirió que no interpuso recurso o medio de defensa en su momento oportuno, no precisó qué ley señala los recursos a que hace referencia y atendiendo a la fecha de notificación, cuál era el plazo con que contaba. Por ello, el veintinueve de abril de dos mil veintidós, se requirió nuevamente a la autoridad responsable para que, dentro del término de tres días hábiles, siguientes a la notificación del proveído, dejara sin efecto el acuerdo de seis de agosto de dos mil veintiuno, únicamente en la parte relativa a los razonamientos de la prescripción solicitada por el quejoso, y dictara otro, en el que cumpliera con la debida fundamentación y motivación requerida en la sentencia ejecutoria. Ahora bien, en cumplimiento al requerimiento hecho por este órgano jurisdiccional, la autoridad responsable, emitió el acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós, con el cual dejó insubsistente el acuerdo de seis de agosto de dos mil veintiuno, únicamente en la parte relativa a los razonamientos de la prescripción solicitada por el quejoso. Luego, respecto a la prescripción reclamada por el promovente de amparo, señaló que efectivamente el plazo para decretar la prescripción del asunto, es de tres años, de acuerdo a lo establecido en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, vigente al momento en que ocurrieron los hechos así como a lo establecido en el diverso numeral 75 de la Ley número 674, de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, de aplicación supletoria a la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en términos de su artículo 2. Razón por la que considera que, en su caso, la figura jurídica de la prescripción en el presente asunto, debe ser de tres años, computables a partir del día siguiente al en que cesó la conducta que motivó la investigación; es decir, el día veintiuno de julio de dos mil quince, que es el día siguiente al en que actualizó la hipótesis normativa imputada, y feneció el veintiuno de julio de dos mil dieciocho, por lo que no es procedente decretar la prescripción de la acción sancionadora, toda vez que el procedimiento administrativo con el número de expediente INV/198/2015, se encuentra totalmente concluido, lo que es del conocimiento del quejoso por habérsele notificado legalmente como se advierte de las constancias del expediente de investigación en cita. No obstante haber informado dicho cumplimiento, este órgano advirtió que el acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós no cumplía con los lineamientos dados en la sentencia confirmada por el Tribunal Colegiado que revisó la sentencia, por lo que se le requirió nuevamente para que dejara sin efecto el auto de cinco de julio de dos mil veintidós, únicamente en la parte relativa a la prescripción solicitada por el quejoso, atendiendo los lineamientos dados en la sentencia confirmada por el Tribunal Colegiado, y en consecuencia, dicte uno diverso, en el que se avoque a sustentar su determinación de manera clara y precisa, en el entendido que de reiterar su decisión, ésta, como se expresó en la sentencia ejecutoria, deberá estar fundada y motivada Ahora, en auto de uno de diciembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable, en lo que interesa al caso, determinó lo siguiente: "Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a uno de diciembre del año dos mil veintidós. (.) . con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 fracciones XIX, XX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, el suscrito ACUERDA: PRIMERO: (.) SEGUNDO: Ahora bien, una vez precisado lo anterior y en estricto cumplimiento al requerimiento que antecede, así como a los lineamientos señalados por el Juzgado Federal en la ejecutoria de mérito, se provee lo siguiente: Se deja insubsistente acuerdo. En este acto se deja insubsistente el ACUERDO DE FECHA CINCO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, dictado en el expediente en que se actúa; UNICAMENTE Y EXCLUSIVAMENTE EN LA PARTE RELATIVA A LA PRESCRIPCIÓN SOLICITADA POR EL QUEJOSO JUAN ANTONIO SANTOS HIPÓLITO; quedando intocados los demás puntos de dicho acuerdo. Se atiende solicitud de prescripción. Por otra parte, en relación a la prescripción solicitada por el quejoso C. JUAN ANTONIO SANTOS HIPÓLITO en su escrito de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, se determina lo siguiente: Antecedentes de la investigación. En primer término, es conveniente señalar que de las constancias que integran el presente expediente, se advierte que, derivado del acta administrativa de fecha veinte de julio del año dos mil quince, suscrita por los CC. Cor. Inf. Ret. Moctezuma Ilhuicamina Cepeda Rodríguez, en ese momento, Subsecretario de Prevención y Operación policial de esta Secretaría; así como el MYR. FAEEA DEMA Gad Rubén Mres Pris y Oficial Germán López Martínez, quienes fungieron como testigos de asistencia; la que generó el auto de radicación de fecha veintiuno del mismo mes y año, que dio inicio a la investigación en que se actúa, en contra del quejoso de referencia, en su carácter de Policía Estatal, o haber faltado a los principios rectores de la función policial; así como, poner en peligro a las personas, sus bienes y derechos por abandono del servicio; haber dirigido, organizado y participado en movilizaciones y un paro de servicio policial; así como, poner en peligro a las personas, sus bienes y derechos por abandono del servicio; haber dirigido, organizado y participado en movilizaciones y un paro del servicio policial en contra de sus superiores y de la institución policial dentro de su servicio; así como, abandonar el servicio nombrado; conductas previstas como causales de remoción en el artículo 132 fracciones III, V, XI, XII, respectivamente de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado; el cual le fue notificado legalmente al C. JUAN ANTONIO SANTOS HIPÓLITO, el veintidós de julio del dos mil quince, y con fecha tres de agosto del año dos mil quince, compareció de manera voluntaria ante esta Unidad, para rendir declaración en relación a las conductas que le son atribuidas; asimismo, estando debidamente asistido de su defensor, ofertó las pruebas que consideró pertinentes en su defensa, y tuvo el derecho expedito para impugnar cualquier determinación que se dictara en el expediente respectivo; siendo importante precisar que posteriormente, mediante oficio número SSP/UCAI/1540/2015, de fecha cuatro de agosto del dos mil quince, se decretó la baja definitiva del C. JUAN ANTONIO SANTOS HIPÓLITO, al haber sido declarado responsable de haber cometido las conductas que se le atribuyeron en el presente asunto; decreto de baja, que tiene carácter definitivo, precisamente porque puso fin a la investigación que se le instauró, en la cual, en términos de lo dispuesto por los artículos 62 y 63 de la Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, legislación aplicable supletoriamente a la diversa Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, conforme al numeral 2, fracción II, de esta última, vigentes en aquella época, se respetaron todas las formalidades esenciales del procedimiento que permitieron garantizarle sus derechos humanos y constitucionales, como ha quedado precisado en líneas que anteceden; de ahí que, el acto privativo de derechos emitido por esta Unidad, deba considerarse legal y por ende constitucional, por haberse ajustado a las exigencias de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; máxime que, contra dicha determinación definitiva, el promovente no interpuso el recurso ordinario de impugnación previsto en el artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores precitada, conforme a las disposiciones que ahí establecen; o bien, que hubiere promovido algún juicio constitucional, previsto en la Ley Reglamentaria de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que en la razón de notificación de seis de agosto del año dos mil quince, no obre el nombre del ahora quejoso C. JUAN ANTONIO SANTOS HIPÓLITO; por las siguientes razones: Derivado del Juicio de Amparo 8/2019, promovido por el C. JUAN ANTONIO SANTOS HIPÓLITO esta Unidad en su carácter de autoridad responsable, mediante escrito de fecha diez de mayo de dos mil diecinueve, remitió al Juzgado Séptimo de Distrito, copias cotejadas del presente expediente, en donde consta precisamente el oficio número SSP/UCAI/1540/2015, de fecha cuatro de agosto de dos mil quince, que decreta la baja definitiva del quejoso de referencia; asimismo, dicha autoridad federal por acuerdo del catorce del mismo mes y año, notificado a las partes por lista al día siguiente, tuvo por recibidas dichas constancias, ordenando integrarlas al expediente de amparo señalado, lo que permitió al quejoso de referencia, como parte procesal en el mismo, enterarse desde ese momento del contenido de dicha baja, y así estar en aptitud de inconformarse legalmente con la misma; pues no debe perderse de vista que constituye un hecho notorio el que las partes en un juicio, tengan conocimiento de las constancias que lo integran, pues la naturaleza misa de su carácter y la necesidad de sus pretensiones jurídicas, les permite enterarse cotidianamente de su contenido. (.) Análisis de la prescripción solicitada Ahora bien, las conductas atribuidas al peticionario en el presente asunto, son consideradas de naturaleza grave, dada las repercusiones negativas que generan en la prestación del servicio de seguridad pública; y las mismas acontecieron el veinte de julio del do mil quince. Así las cosas, como primer punto de análisis es importante señalar que de los artículos 1º., 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que en los procedimientos administrativos disciplinarios es obligación de las autoridades salvaguardar el derecho humano a la protección más amplia e impartir justicia pronta y expedita, por lo cual, resulta inadmisible que la potestad para imponer sanciones, no esté sujeta a limitación temporal alguna, pues ello podría dar lugar a la arbitrariedad en la prosecución de los hechos reprochables y generar incertidumbre entre los servidores públicos, ante la posibilidad de que pudiera sancionárseles en cualquier momento futuro, cuestión que debe vedarse. En tal sentido, el artículo 75 de la Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, de aplicación supletoria a la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en términos de su artículo 2, a la letra dice: "Artículo 75. Las facultades del superior jerárquico y de la Contraloría para imponer las sanciones que esta Ley prevé se sujetarán a lo siguiente: I. Prescribirá en tres meses si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no exceden de diez veces el salario mínimo general regional vigente, o si la responsabilidad no fuese estimable en dinero. El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado si fue de carácter continuo, y II.- En los demás casos prescribirá en un año". Lo transcrito evidencia, dos aspectos: - Si el beneficio obtenido o el daño causado no exceden de diez veces el salario mínimo general regional vigente, las facultades prescribirán en tres meses. Idéntico plazo debe transcurrir si la responsabilidad no es estimable en dinero. - Dicho plazo se cuenta a partir del día siguiente al en que se incurrió en responsabilidad; o, si la conducta fue de carácter continuo, a partir de que cesó. Por otra parte no pasa desapercibido que el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, vigente en el momento en que acontecieron los hechos que dieron origen al presente asunto, establecía como lapso prescriptivo el término mínimo de tres años, ya que los plazos que establece la norma secundaria en mención están determinados por el beneficio o daño causado o por la naturaleza de la responsabilidad pero no por la levedad o gravedad de la conducta infractora. (.) De lo anterior, puede colegirse válidamente que el plazo que debe tomarse en consideración para determinar si se actualizó la figura jurídica de la prescripción en el presente caso, DEBE SER EL DE TRES AÑOS, el cual se computó a partir del día siguiente al en que cesó la conducta que motivó la investigación en que se actúa; es decir, el día VEINTIUNO DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE, que es el día siguiente al en que actualizó la hipótesis normativa imputada y feneció el VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO; sin embargo, como se ha hecho notar en párrafos que antecede, MEDIANTE OFICIO NÚMERO SSP/UCA/1540/2015, DE FECHA CUATRO DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE, SE DECRETÓ LA BAJA DEFINITIVA DEL C. JUAN ANTONIO SANTOS HIPÓLITO, AL HABER SIDO DECLARADO RESPONSABLE DE HABER COMETIDO LAS CONDUCTAS QUE SE LE ATRIBUYERON EN EL PRESENTE ASUNTO; LO QUE EVIDENCIA QUE DICHA PERSONA FUE SANCIONADA DENTRO DEL PLAZO DE TRES AÑOS CON QUE SE CONTABA PARA ELLO. Asimismo, respecto a lo señalado por la autoridad federal requirente, de que el nombre del quejoso no aparece en el acuerdo del seis de agosto del dos mil quince, donde se ordenó el archivo definitivo del expediente en que se actúa; cabe decirse que, de una nueva revisión efectuada a dicho proveído, efectivamente se puede constatar que no obra el nombre del C. JUAN ANTONIO SANTOS HIPÓLITO; por lo tanto, con el propósito de regularizar el procedimiento en que se actúa y toda vez que de las constancias de autos se advierte que a la fecha no existen pruebas pendientes de desahogar ni recursos ordinarios de impugnación que resolver, con fundamento en el artículo 18 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, del Estado de Guerrero, de aplicación supletoria a la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en términos del numeral 2 fracción III de esta última, y sin que ello implique la revocación de actuaciones propias; en este acto, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA, por cuanto a la situación disciplinaria del C. JUAN ANTONIO SANTOS HIPÓLITO. (.) Con base en lo anterior, dígasele al promovente que no ha lugar a proveer de conformidad lo que solicita, en cuanto a la actualización de la prescripción en el presente asunto, toda vez que fue sancionado dentro del término con que contaba esta autoridad para sancionarlo y por tanto, se ha ordenado el archivo definitivo del presente expediente, respecto de la situación disciplinaria del mismo." De la transcripción anterior, se advierte el cabal cumplimiento a los puntos uno y dos de la ejecutoria de amparo pues efectivamente la autoridad responsable deja sin efecto el auto de veintisiete de octubre de dos mil dieciocho, y respecto del último requerimiento, dejó sin efecto el diverso de cinco de julio de dos mil veintidós, en su parte relativa a la prescripción solicitada por el quejoso. Así, atendiendo a los lineamientos dados en la sentencia que nos ocupa, emite un nuevo acuerdo en el que de manera clara y precisa funda y motiva lo relativo a la prescripción solicitada por la parte quejosa, puesto que, primeramente en un apartado de antecedentes de la investigación enuncia el procedimiento administrativo realizado dentro del expediente INV/198/2015,asimismo, señala que el quejoso no interpuso recurso alguno en contra de la determinación definitiva y especifica la normatividad que prevé dicho recurso; posteriormente realiza un análisis exhaustivo respecto de la prescripción solicitada por el quejoso, precisando debidamente el cómputo a partir del día siguiente en que cesó la conducta que motivó la investigación, y finalmente ordena el archivo definitivo del expediente INV/198/2015, esto, al no existir pruebas pendientes de desahogar, ni recursos ordinarios de impugnación que resolver. En ese tenor, es incuestionable que la autoridad responsable, se sujetó a los lineamientos vertidos en la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, lo que procede es declarar cumplido el fallo amparador. Ello es así, pues se estima que la ejecutoria de amparo fue cumplida en los precisos términos para los que se otorgó la concesión del amparo, de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, lo cual implica que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni defecto en dicho cumplimiento, entendiendo por lo primero cuando la autoridad realiza más acciones de las estrictamente necesarias para cumplir con lo ordenado en la ejecutoria de amparo y, por el contrario, hay defecto, cuando su actuación resulta insuficiente para lograr el cumplimiento ordenado, ya se trate de actos positivos o bien negativos; lo que en la especie no aconteció. Por otra parte, en mérito de lo anterior, dese vista a las partes por un plazo de quince días para efecto de lo previsto en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo; hecho lo anterior, dese nueva cuenta y acuérdese lo que en derecho corresponda, ello, en términos del diverso 214 de la ley de la materia. Finalmente, glósese a sus autos para que obre únicamente como corresponda, el escrito signado por el quejoso Juan Antonio Santos Hipólito, toda vez que en esta fecha se está declarando cumplida la ejecutoria de amparo.
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