Juan Antonio Rodriguez Inurrigarro

Expediente 107/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
107/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
18/02/2022

Partes del expediente

  • Juan Antonio Rodriguez Inurrigarro

Actuaciones

  1. Principal

    León, Guanajuato, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Se tiene por no presentada la demanda de amparo. Vista la constancia de notificación personal que antecede, practicada al directo quejoso ********************el quince de febrero de dos mil veintidós, de la que se advierte que manifestó que no es su deseo ratificar la demanda de amparo promovida en su favor; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento realizado en auto de cinco de febrero del año en curso, por lo que con fundamento en el tercer párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efectos las providencias dictadas; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Notifíquese personalmente. Así, lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercera de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, secretaria que autoriza y da fe. Angélica.

  2. Principal

    Informe relativo a la suspensión de plano. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Director General de Policía Municipal y Policía Vial, con residencial en esta ciudad, a través del cual rinde su informe respecto a la suspensión de plano decretada en autos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Téngase a dicha autoridad designando como delegado de su parte, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, al profesionista que nombra en su libelo de cuenta, así como señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso. Téngaseles a las autoridades que rinden su informe proporcionando correo electrónico y número telefónico, con la finalidad de establecer contacto en caso de que se estime necesario; lo anterior, en razón a la contingencia derivada del virus COVID-19.

  3. Principal

    Informe relativo a la suspensión de plano. Con apoyo legal en el numeral y codificación anteriormente citados, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio remitido por el Juez Cívico en Turno de la Delegación Poniente de León, Guanajuato, a través del cual rinde su informe respecto a la suspensión de plano decretada en autos. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe correspondiente a la suspensión de plano por parte de la autoridad oficiante, de lo que se toma el debido conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Delegados y domicilio. De igual forma, téngasele señalando como domicilio para para oír y recibir notificaciones el que indica en su oficio la autoridad de cuenta; designando como delegados de su intención, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que ahí nombra. II. Razón actuarial. En otro orden, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que no fue posible notificar al directo quejoso Juan Antonio Rodríguez Inurrigarro, el contenido del acuerdo de cinco de febrero de la presente anualidad, ni la obtención de la ratificación de la demanda de amparo promovida en su favor por Brenda Lorena González Chávez, por las razones que ahí se exponen. III. Se requiere a la autoridad responsable. Ahora, toda vez que la autoridad de cuenta no anexó a su informe de ley las constancias que avalen su dicho, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Cívico de la Delegación Poniente de esta ciudad, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir del día siguiente al que reciba el oficio que de este auto derive, remita copias certificadas o autentificadas y debidamente legibles de las documentales que acrediten que el directo quejoso Juan Antonio Rodríguez Inurrigarro, fue puesto en libertad a las tres horas con treinta y seis minutos del cinco de febrero del año en curso. Apercíbase a la autoridad municipal requerida que de no cumplir con lo anterior, o de no informar el impedimento legal o material que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, con apoyo en el numeral 237, fracción I, en relación con el artículo 259, ambos de la Ley de Amparo. IV. Se formula requerimiento a la parte quejosa. En esas condiciones, al no haber sido posible notificar al directo quejoso Juan Antonio Rodríguez Inurrigarro, el contenido del proveído de cinco de febrero de la presente anualidad, así como lo expresado por al Juez Cívico de referencia en el informe de suspensión de plano que antecede, requiérase a Brenda Lorena González Chávez, así como a su abogado Alejandro Morales Lara, para que dentro del término legal de tres días, contado a partir de la legal notificación que se les haga de este proveído, informen a este Juzgado Federal el paradero del buscado o domicilio donde puede ser localizado, o bien, lo presenten dentro del término de tres días contado legalmente, ante el local de este Órgano de Control Constitucional, a fin de que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida en su favor, apercibidos que para el caso de omisión se les impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, en términos del numeral 237, fracción I, en relación con el artículo 259, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, adviértase a Brenda Lorena González Chávez, así como a su autorizado Alejandro Morales Lara, que de llegar a constarse que éstos con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida en la demanda hubieren afirmado hechos falsos u omitido los que les constaban en relación con el acto reclamado, se les podrá imponer una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, y se procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que inicie la investigación correspondiente; lo anterior, con fundamento en el artículo 261, fracciones I y II de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    León, Guanajuato, cinco de febrero de dos mil veintidós. I. Registro en el libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 107/2022-II, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Parte quejosa. Brenda Lorena González Chávez, en favor del directo quejoso Juan Antonio Rodríguez Inurrigarro. III. Autoridades responsables. Director General de Policía Municipal y Policía Vial de esta ciudad, y otras. IV. Actos reclamados. La privación de la libertad fuera de procedimiento del directo quejoso, derivada de un arresto administrativo e incomunicación. V. Consideración previa. Es menester precisar que, en el contexto de la pandemia ocasionada por el virus SARSCoV-2, el Consejo de la Judicatura Federal emitió diversos acuerdos administrativos, entre los que destaca un mandato por realizar un esfuerzo que tenía que ser acompañado por la sensibilidad de los Jueces para facilitar el acceso a la jurisdicción y no para obstruirlo. En esa medida, durante los periodos más álgidos de la pandemia el trámite para obtener la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación representaba un obstáculo ciertamente difícil de superar ante el contexto de pandemia que imperaba, pues resultaba sumamente complejo culminar el proceso de trámite, dado que éste, con anterioridad, llegó a contemplar etapas donde se requería una cita presencial, lo que suponía un riesgo mayor para la población en general y, en especial, para aquella que tuviera condiciones preexistentes que comprometieran gravemente su salud. En tal virtud, si bien dicha etapa fue superada durante un episodio de la pandemia, al implementarse una aplicación de telefonía celular para el trámite de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, lo cierto es que la pandemia no ha concluido y existe, aun con el programa de vacunación a la población, la posibilidad de que una u otra cepa pudiera nuevamente agravar la situación e incrementar los riesgos para la población obligando a activar los protocolos de semáforo rojo, por lo que si esta circunstancia ocurriera, se abriría nuevamente una brecha temporal que obligaría a privilegiar el acceso a la jurisdicción, porque en ese supuesto el trámite de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación se enderezaría como un obstáculo para el acceso a la justicia dado el alto riesgo que representaría para las personas obtener su firma electrónica. Ahora, lo cierto es que la tramitación de la firma electrónica FIREL puede realizarse vía electrónica, a través de la página del propio Consejo de la Judicatura Federal; lo que hace evidente su fácil obtención, lo que además, resulta necesario para la tramitación de los juicios tramitados ante los órgano jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por aquella vía. En ese sentido, conmínese a la promovente a efecto de que en lo subsecuente cumpla con aquel elemento esencial para la promoción del juicio en línea, como es la firma electrónica. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia, de rubro y textos siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE PRESENTA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SIN LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) DEL PROMOVENTE, PROCEDE REQUERIRLO PARA QUE LA RATIFIQUE SÓLO SI SE ENCUENTRAN ACTIVOS LOS PROTOCOLOS DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO ROJO A CAUSA DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID 19). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a conclusiones contrarias al resolver si frente a la eventual contingencia sanitaria generada con motivo del virus SARS-CoV-2 (COVID 19), se actualiza o no de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia del juicio de amparo, cuando la demanda es presentada vía electrónica y obra en ella la firma escaneada del peticionario del amparo, pero carece de su firma electrónica o si, debido a esa eventual contingencia sanitaria, los juzgadores deben prevenir al quejoso para que ratifique su firma y no desechar de plano la demanda. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito establece que la premisa fáctica de aplicación de la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, partió del hecho de que la exigencia de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) al proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, no obstaculiza la defensa del quejoso ni trastoca sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, en la medida que presentar una demanda electrónicamente es optativo para el justiciable. De manera que si en los periodos comprendidos entre el 17 de marzo y el 7 de julio de 2020, así como del 21 de diciembre del 2020 al 11 de enero de 2021, tal posibilidad en realidad no fue optativa, sino que era la única disponible frente al aislamiento y distancia social ordenados por el Gobierno Federal y el cierre de las ventanillas de presentación física del Poder Judicial de la Federación en el contexto de la emergencia sanitaria, cabe concluir que al no darse el supuesto fáctico de aplicación de la jurisprudencia del Alto Tribunal de la Nación, resulta razonable, previo a desechar la demanda y cuando haya duda sobre la intención de instar a la Justicia Federal, requerir a los presuntos quejosos para que ratifiquen su escrito inicial, incluso a través de diligencias actuariales y videoconferencias, a fin de garantizar el debido acceso a la jurisdicción en los periodos en que se implementen los protocolos de semáforo rojo durante la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19). Justificación: Si bien el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), en la que determinó que procede desechar de plano la demanda de amparo indirecto cuando ésta carece de firma electrónica y es presentada de manera electrónica, lo cierto es que éste fue un criterio emitido en 2018, antes de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, por lo cual, al momento de su emisión, la Suprema Corte no pudo tomar en consideración dicha circunstancia para establecer algún criterio de excepción en relación con la pandemia. Posteriormente, con motivo de ésta, el Consejo de la Judicatura Federal emitió diversos acuerdos administrativos, entre los que destaca un mandato por realizar un esfuerzo que tenía que ser acompañado por la sensibilidad de los Jueces para facilitar el acceso a la jurisdicción y no para obstruirlo. En esa medida, durante los periodos más álgidos de la pandemia el trámite para obtener la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación representaba un obstáculo ciertamente difícil de superar ante el contexto de pandemia que imperaba, pues resultaba sumamente complejo culminar el proceso de trámite, dado que éste, con anterioridad, llegó a contemplar etapas donde se requería una cita presencial, lo que suponía un riesgo mayor para la población en general y, en especial, para aquella que tuviera condiciones preexistentes que comprometieran gravemente su salud. En tal virtud, si bien dicha etapa fue superada durante un episodio de la pandemia, al implementarse una aplicación de telefonía celular para el trámite de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, lo cierto es que la pandemia no ha concluido y existe, aun con el programa de vacunación a la población, la posibilidad de que una u otra cepa pudiera nuevamente agravar la situación e incrementar los riesgos para la población obligando a activar los protocolos de semáforo rojo, por lo que si esta circunstancia ocurriera, se abriría nuevamente una brecha temporal que obligaría a privilegiar el acceso a la jurisdicción por encima de la aplicación de la tesis P./J. 8/2019 (10a.), porque en ese supuesto el trámite de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación se enderezaría como un obstáculo para el acceso a la justicia dado el alto riesgo que representaría para las personas obtener su firma electrónica. Máxime que de la ejecutoria de la que derivó la citada jurisprudencia se advierte que la Suprema Corte emitió su criterio con base en que la firma electrónica era una facilidad procesal para los justiciables, pero si ésta dejó de tener dicho carácter con motivo de la pandemia, entonces es plausible emitir el presente criterio de excepción temporal, porque la razón toral que tuvo el Alto Tribunal para emitir su resolución se vio afectada de manera extraordinaria con motivo de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2." Sin que al efecto sea innecesario realizar el requerimiento a que hace referencia dicha jurisprudencia (ratificación del promovente), en virtud de que no es materialmente posible realizarlo de esa forma dado los derechos fundamentales que se ponen en juego, los cuales se aducen violados y encuadran en el supuesto del artículo 15, en relación con el 109, ambos de la Ley de Amparo. De esa manera, no pasa inadvertido para la suscrita que la demanda carece de firma electrónica; sin embargo, al tratarse de uno de los supuestos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, dado los actos que se señalan como actos reclamados y en relación con los derechos que se aducen violentados, es que se emite la siguiente determinación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Décima Época, de rubro y contenido literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Lo resaltado es propio. Reitérese a la promovente, que en lo subsecuente y si es su deseo instar vía electrónica, deberá obtener para ello su firma electrónica, como se precisó en supralíneas. VI. Se decreta suspensión de plano y se requiere al directo quejoso. Se tiene a Brenda Lorena González Chávez, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal en favor del directo quejoso Juan Antonio Rodríguez Inurrigarro, contra actos del Director General de Policía Municipal y Policía Vial de esta ciudad, y otras autoridades. Con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO de los actos reclamados consistentes en: la privación de la libertad fuera de procedimiento, derivada de un arresto administrativo, incomunicación y tormento, de los que aduce la promovente es objeto el directo quejoso Juan Antonio Rodríguez Inurrigarro, así como cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, para el efecto de que de manera inmediata cesen dichos actos sobre la persona de nombre Juan Antonio Rodríguez Inurrigarro. En la inteligencia de que si la privación de la libertad que se atribuye a las autoridades administrativas, tiene como origen la comisión flagrante de algún delito, el referido quejoso deberá ser inmediatamente remitido al agente del Ministerio Público que corresponda; en caso contrario, de haber sido privado de la libertad el directo quejoso, sin motivo aparente, como lo asevera el promovente en la demanda de amparo, deberá ser dejado inmediatamente en libertad, lo que deberán informar en el término de veinticuatro horas, precisando la fecha y hora exacta en que fue privado de su libertad, así como la data y hora en que fue puesto en libertad o a disposición del Ministerio Público, de ser el caso. En su caso, si la detención reclamada proviene de mandamiento de algún agente del Ministerio Público, el directo quejoso podrá ser retenido hasta por cuarenta y ocho horas o noventa y seis horas, según sea el caso, a partir del momento en que fue puesto a su disposición, plazo en el que deberá ponerse a disposición de la autoridad judicial, u ordenar su libertad, según proceda. En la hipótesis de que la detención no sea ordenada por autoridad judicial ni se trate de flagrancia o urgencia, la autoridad responsable deberá ordenar la libertad inmediata del directo quejoso, sin perjuicio de la integración de la investigación correspondiente. Por otra parte, se requiere a las autoridades señaladas como responsables informen a este juzgado ante qué autoridad quedó a disposición el quejoso, lo anterior para estar en aptitud de, en su caso, llamarla a juicio como autoridad responsable. Asimismo, en el supuesto de que la detención provenga de un mandato de autoridad judicial, la autoridad responsable deberá poner al preindicado quejoso a disposición del Juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad, en la inteligencia de que la contravención a lo anterior será sancionado por la ley penal, ello de conformidad con el artículo 16, tercer párrafo, constitucional. Por lo que se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que de inmediato informen sobre el cumplimiento dado a la presente determinación, apercibidas que de no hacerlo podrá incurrir en el delito establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Luego, toda vez que de la demanda de amparo se advierte que el directo quejoso se encuentra detenido en la Delegación Poniente, de esta ciudad; en tal virtud, se comisiona al actuario judicial adscrito a que se constituya en el lugar señalado, para los siguientes efectos: 1) Proceda a la localización del directo quejoso. 2) Una vez localizado, la haga comparecer ante su presencia, le notifique el presente proveído y lo requiera para que en el acto de dicha notificación o por escrito, dentro de los tres días siguientes, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentada, con fundamento en el numeral 15 de la ley reglamentaria, quedando sin efectos las providencias que se hubiesen dictado. 3) También se ordena al actuario de la adscripción que cuestione al directo quejoso si se encuentra incomunicado o si está en una situación que lo ponga en riesgo de ser privado de la vida, que afecte su integridad física, o sujeto a alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, consistentes en tormentos, mutilación, marca, azotes, palos o tormentos de cualquier especie. 4) Además, deberá dar fe de las condiciones físicas en las que se encuentra el quejoso, así como de la estancia en la que permanece detenido. 5) Debiendo cuestionar al directo quejoso si se le ha obligado, bajo tortura física o psicológica, a firmar algún documento hasta el momento en que se efectuó la ratificación. Por otra parte, en aras de efectivizar la función de este órgano de control constitucional, se requiere a las autoridades responsables para que presten al actuario judicial de este juzgado todas las facilidades de información sobre la situación jurídica del quejoso, la ubicación de su lugar de detención y dé libre acceso personal al mismo, a fin de entrevistarse con el impetrante en forma confidencial y segura. Del mismo modo, se hace saber a las autoridades responsables que en ningún caso podrá obstaculizar o impedir el cumplimiento de la presente determinación, ni bajo el supuesto de existir incorrección en la denominación de la misma. Destacándose que en el informe que se rinda con motivo de la presente suspensión de plano, la responsable deberá especificar la denominación actual y correcta que ostenta. En caso de que el directo quejoso no se encuentre en el lugar que refiere el promovente del amparo, o en su defecto, no exista como éste lo asevera, se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional que se constituya en: Las instalaciones policiales de detención o separos pertenecientes a la Fiscalía General de Justicia del Estado. Las instalaciones policiales de detención o separos pertenecientes a la Delegación de la Fiscalía General de la República, en esta ciudad. Las instalaciones policiales de detención o separos pertenecientes a la Dirección General de la Policía Municipal. En el Hospital General Regional de la ciudad. En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esta ciudad. En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de esta ciudad. En el Hospital Psiquiátrico "San Pedro del Monte", con sede en esta ciudad. Lo anterior, a fin de que localice al directo impetrante y lleve a cabo la diligencia encomendada con antelación. Del mismo modo, se le hace saber a la autoridad responsable que en ningún caso podrá obstaculizar o impedir el cumplimiento de la presente determinación, ni bajo el supuesto de existir incorrección en la denominación de la misma. Dese la intervención que legalmente corresponda al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. VII. Precisión en torno a la suspensión de plano que se concede. Toda vez que del escrito de demanda se desprende que el acto reclamado pudiera derivar de una infracción de tránsito por conducir en estado de ebriedad, desde este momento se le hace la precisión de que los efectos de la medida cautelar decretada de ninguna manera lo liberará de forma definitiva de la sanción que le haya sido decretada con motivo de la violación a las leyes de tránsito (arresto); pues en el supuesto de que al resolverse el juicio en lo principal se sobreseyere, o bien, se negare la protección de la Justicia Federal, las autoridades administrativas responsables estarán en aptitud de llamar al quejoso infractor para que cumpla con las horas faltantes del arresto impuesto a guisa de sanción. Para lo cual, ordénese al actuario judicial para que, al momento de la diligencia de ratificación de la demanda de amparo, requiera al quejoso para que en dicho acto proporcione su domicilio particular actual y correcto, bajo protesta de conducirse con verdad; debiendo dejar constancia de esta circunstancia en el acta que al efecto levante. VIII. Exhortación e información al directo quejoso. De lo narrado en la demanda de cuenta, se desprende que el acto reclamado pudiera derivar de la infracción de tránsito por conducir en estado de ebriedad (detenido cuando iba conduciendo), o bien, tener su origen en el operativo denominado alcoholímetro, el cual consiste en la instalación de diversos puntos de control de alcohol en aliento desplegados en determinados sectores de la ciudad. Luego, constituye un hecho notorio que estos mecanismos de vigilancia tienen como propósito evitar accidentes en perjuicio del propio conductor y de terceros, que pudieran ocasionar daños materiales, lesiones y, en el peor de los casos, la pérdida de vidas humanas; pues estos programas permiten detectar y sancionar a las personas que conduzcan con algún nivel de alcohol que les impida conducir adecuadamente; lo que implica que se trate de una medida eficaz de prevención y combate al abuso del alcohol para evitar la proliferación de accidentes y muertes por ese motivo. En ese sentido, se ordena al actuario judicial, para que al momento en que levante la razón actuarial con motivo de la ratificación de la demanda por parte del impetrante, deje constancia de haberle hecho la exhortación -para efectos de generar conciencia- siguiente: "Por orden directa de la Juez Tercero de Distrito en León, Guanajuato, le hago saber que por ninguna razón usted puede volver a poner en peligro a la sociedad conduciendo bajo el influjo del alcohol y otras sustancias que le impidan reaccionar eficazmente en el manejo de un vehículo automotor. En razón de ello, le conmino para que adecúe su comportamiento al momento de conducir vehículos de motor, con pleno respeto a las leyes de tránsito (no haciéndolo en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas), así como a los derechos y libertades de los conductores de otros automóviles o transeúntes, de manera que se abstenga de realizar conductas que pongan en riesgo la vida, la salud o los bienes de terceros. Asimismo, se le hace saber los delitos que puede llegar a incurrir al manejar un automotor bajo el influjo de bebidas embriagantes, los cuales se encuentra previstos en el Código Penal para el Estado de Guanajuato: Artículo 154.- El homicidio culposo cometido por quien conduzca un vehículo bajo el influjo de bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas se sancionará con dos a ocho años de prisión, veinte a ochenta días multa y suspensión para conducir vehículos de motor por igual término. Si solamente resultaren lesiones, a la pena de prisión fijada por el juez o el tribunal conforme al artículo 14, se agregará hasta una quinta parte y suspensión para conducir vehículos de motor por igual término. Artículo 154-a.- El homicidio y las lesiones culposos cometidos por quien esté prestando servicio público o remunerado de transporte de personas o cosas, se sancionará con la punibilidad establecida en el artículo anterior. Si el activo hubiese obrado además bajo el influjo de bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas la punibilidad para el homicidio será de cuatro a once años de prisión. Si en este caso, únicamente resultaron lesiones, se aumentará un tercio de la pena de prisión prevista en el artículo 14 de este Código. Artículo 155.- El homicidio y las lesiones culposos no serán punibles cuando el sujeto pasivo sea cónyuge, concubinario o concubina, ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano o pariente por afinidad hasta el segundo grado, adoptante o adoptado del activo. Cuando el pasivo sea pariente colateral hasta el cuarto grado o esté unido con estrecha amistad con el activo, sólo se perseguirá por querella. El homicidio y las lesiones culposos serán punibles cuando el activo hubiese obrado bajo el influjo de bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o abandone injustificadamente a la víctima. Artículo 210.- A quien cause daño a cosa ajena o propia en perjuicio de tercero, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de diez a cincuenta días multa. Cuando el delito se ejecute por quienes conduzcan vehículos que estén prestando un servicio público o remunerado de transporte de personas o cosas o que se encuentren bajo el influjo de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias semejantes, se aplicará una punibilidad de dos a seis años de prisión." Asimismo, hágase de su conocimiento que las medidas cautelares aquí decretadas, no exonerará del pago del servicio de grúa que en su caso se haya utilizado para el traslado del vehículo a un depósito público o privado concesionado, así como tampoco de los gastos generados durante la estancia del vehículo en el depósito vehicular respectivo, en caso de que éste haya sido retenido para garantizar el arresto impuesto en términos del artículo 142 del Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato. IX. Obligaciones de la autoridad responsable una vez puesto en libertad al quejoso. El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone la obligación a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Por ello, se ordena al juez cívico responsable que, una vez puesto en libertad el quejoso, si llegare a advertir que alguno de sus derechos humanos corre peligro (por el grado extremo de alcoholemia que llegare a presentar, por ejemplo), deberá adoptar las medidas que considere necesarias a efecto de que los derechos de aquél estén debidamente salvaguardados. Además, deberá certificar que el quejoso no será quien conduzca el vehículo de motor en el que se retire de las instalaciones de la autoridad. En el entendido de que esta suspensión no tiene el alcance de que el vehículo de motor que conducía el quejoso le sea devuelto, puesto que sería tanto como volver a poner en peligro la integridad personal del quejoso, así como a la coletividad, al permitirle la circulación en el inconveniente estado en que se encuentra, lo cual atenta contra el interés social cuya salvaguarda debe vigilar el juez de amparo, en términos del artículo 128 de la ley de la materia. X. Domicilio para oír y recibir notificaciones, autorizados y acceso a expediente electrónico. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las determinaciones que se dicten en el presente juicio y que ameriten notificación personal, al usuario que proporciona (AlejandroMoralesLara), toda vez que éste se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Se comisiona a la oficial judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la realización de notificaciones electrónicas del presente expediente, en los términos anteriormente apuntados. Finalmente, téngasele señalando como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alejandro Morales Lara, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. XI. Se exhorta a las partes. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Asimismo, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. XII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. XIII. Se informa a las partes modelo de atención presencial basado en citas. Hágase del conocimiento de las partes que conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la atención para consulta de expedientes o comparecencias para el desahogo de audiencias o diligencias se basará en citas, las cuales podrán agendar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Bajo ese contexto, indíquese a las partes que si están en algún supuesto legal por el cual requieran comparecer a la audiencia constitucional en el presente juicio, deberán gestionar su cita en la hora y fecha fijadas. XIV. Acuerdos generales. En otro orden de ideas, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto en el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Por otra parte, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al Secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). XV. Instrucción para practicar notificaciones personales. Finalmente, en términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Finalmente, para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Notifíquese personalmente al directo quejoso y a quien promueve en su nombre. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercera de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida del licenciado José Luis Sánchez García, Secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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