Juan Antonio Navarro Pérez

Expediente 27/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
27/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
12/04/2023

Partes del expediente

  • Juan Antonio Navarro Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Determinación causa estado. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que el proveído de nueve de marzo de dos mil veintitrés, ha adquirido firmeza procesal. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General sin número emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina destruir el presente expediente, en virtud de que: Se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Escrito para efectos de control. Agréguense a los autos el escrito y anexo de cuenta signado por la presidenta de la Junta Especia número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, a través del cual remite la comparecencia de catorce de los actuales, verificada en el expediente 1387/2019/E3/CD/IND de su índice; sin embargo, no se emite mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que dicha actuación no está relacionada con el procedimiento laboral del que emanan los actos aquí reclamados, aunado a que por auto de veinticuatro de febrero de la presente anualidad, se exhortó a la oficiante, a efecto de que remitiera únicamente las constancias relacionadas con el juicio natural que da origen al presente asunto. Lo anterior, nuevamente hágase del conocimiento de la responsable para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de treinta de enero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo presentada por Juan Antonio Navarro Pérez, en la que reclamó al Pleno de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, la omisión de gestionar lo necesario para que la diversa autoridad responsable Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), rinda el informe que le fue solicitado dentro del contradictorio de origen desde el uno de julio de dos mil veintidós; y de ésta última, la omisión de dar respuesta al informe que le fue solicitado. Por su parte, de las constancias que anexó la Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a su informe de ley en que se tuvieron por recibidas en proveído de seis de marzo de la presente anualidad, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" Se considera que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éste ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Causal que se actualiza en este caso, debido a que los actos reclamados consistentes en la omisión de gestionar lo necesario para que la diversa autoridad responsable Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), rinda el informe que le fue solicitado dentro del contradictorio de origen desde el uno de julio de dos mil veintidós; y de eta última, la omisión de dar respuesta al informe que le fue solicitado, han cesado; ello, toda vez que el titular de la jefatura de Litigios Laborales del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social, dio contestación el veintidós de febrero de la presente anualidad, (posterior a la fecha de la presentación de la demanda) al oficio 3459/2022 del índice de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, que contenía el requerimiento efectuado por la autoridad ordenadora el primero de julio de dos mil veintidós, el cual fue recibido por la Junta responsable el veintitrés siguiente (f. 129 y 131 respectivamente). En ese contexto, es incuestionable que al haberse emitido la respuesta al informe requerido dentro del expediente laboral de origen, mediante oficio de veintidós de febrero del año en curso, y al haberse presentado el mismo ante la Junta responsable en esa misma fecha, según se obtiene del sello receptor estampado en la parte posterior del referido oficio, han cesado los efectos del acto reclamado. Ello es así, toda vez que al momento de promover la presente demanda de amparo, los actos reclamados aún subsistían; empero, al haberse emitido la respuesta respectiva mediante oficio de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, entregado en esa misma fecha ante la Junta responsable según se desprende del sello receptor con folio 2023/4732, deviene innegable que en el particular quedaron insubsistentes los actos reclamados, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto impugnado ya no agravia a la parte quejosa. Lo anterior, en atención a que los efectos de los actos reclamados cesan cuando la autoridad responsable los deroga o revoca, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistentes los actos, constituye una nueva situación que destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce del derecho violado, por lo que se determina que en el caso cesaron los efectos de los actos reclamados. En ese orden de ideas, al cesar los efectos de los actos aquí impugnados, la improcedencia de mérito está justificada, por lo que resulta innecesario examinar la constitucionalidad de los mismos, al ya no estar surtiendo sus efectos en modo alguno en la esfera jurídica del quejoso, por lo que, con fundamento en el artículo 61 fracción XXI, en relación con el 63, fracción V de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causal de improcedencia en cuestión, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, resulta aplicable el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Cabe destacar que el análisis de las causales de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia, máxime que las mismas, tienen una existencia justificada en la Ley de Amparo, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni al de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Por tanto, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada para verificarse a las once horas con dos minutos del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No es óbice a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento en este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Autoridad responsable remite constancia. Finalmente, agréguese a las actuaciones únicamente para efectos de control, el oficio y anexo que remite la presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, mediante el cual remite acuerdo de seis de marzo pasado, en el que informa que ordenó emplazar a la persona moral Integradora Gastronómica Allegros, S. de R.L. de C.V.; lo anterior, en virtud de lo acordado en párrafos precedentes.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL QUE SE ACORDÓ: Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de treinta de enero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo presentada por Juan Antonio Navarro Pérez, en la que reclamó al Pleno de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, la omisión de gestionar lo necesario para que la diversa autoridad responsable Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), rinda el informe que le fue solicitado dentro del contradictorio de origen desde el uno de julio de dos mil veintidós; y de ésta última, la omisión de dar respuesta al informe que le fue solicitado. Por su parte, de las constancias que anexó la Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a su informe de ley en que se tuvieron por recibidas en proveído de seis de marzo de la presente anualidad, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" Se considera que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éste ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Causal que se actualiza en este caso, debido a que los actos reclamados consistentes en la omisión de gestionar lo necesario para que la diversa autoridad responsable Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), rinda el informe que le fue solicitado dentro del contradictorio de origen desde el uno de julio de dos mil veintidós; y de eta última, la omisión de dar respuesta al informe que le fue solicitado, han cesado; ello, toda vez que el titular de la jefatura de Litigios Laborales del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social, dio contestación el veintidós de febrero de la presente anualidad, (posterior a la fecha de la presentación de la demanda) al oficio 3459/2022 del índice de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, que contenía el requerimiento efectuado por la autoridad ordenadora el primero de julio de dos mil veintidós, el cual fue recibido por la Junta responsable el veintitrés siguiente (f. 129 y 131 respectivamente). En ese contexto, es incuestionable que al haberse emitido la respuesta al informe requerido dentro del expediente laboral de origen, mediante oficio de veintidós de febrero del año en curso, y al haberse presentado el mismo ante la Junta responsable en esa misma fecha, según se obtiene del sello receptor estampado en la parte posterior del referido oficio, han cesado los efectos del acto reclamado. Ello es así, toda vez que al momento de promover la presente demanda de amparo, los actos reclamados aún subsistían; empero, al haberse emitido la respuesta respectiva mediante oficio de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, entregado en esa misma fecha ante la Junta responsable según se desprende del sello receptor con folio 2023/4732, deviene innegable que en el particular quedaron insubsistentes los actos reclamados, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto impugnado ya no agravia a la parte quejosa. Lo anterior, en atención a que los efectos de los actos reclamados cesan cuando la autoridad responsable los deroga o revoca, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistentes los actos, constituye una nueva situación que destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce del derecho violado, por lo que se determina que en el caso cesaron los efectos de los actos reclamados. En ese orden de ideas, al cesar los efectos de los actos aquí impugnados, la improcedencia de mérito está justificada, por lo que resulta innecesario examinar la constitucionalidad de los mismos, al ya no estar surtiendo sus efectos en modo alguno en la esfera jurídica del quejoso, por lo que, con fundamento en el artículo 61 fracción XXI, en relación con el 63, fracción V de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causal de improcedencia en cuestión, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, resulta aplicable el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Cabe destacar que el análisis de las causales de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia, máxime que las mismas, tienen una existencia justificada en la Ley de Amparo, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni al de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Por tanto, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada para verificarse a las once horas con dos minutos del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No es óbice a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento en este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Autoridad responsable remite constancia. Finalmente, agréguese a las actuaciones únicamente para efectos de control, el oficio y anexo que remite la presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, mediante el cual remite acuerdo de seis de marzo pasado, en el que informa que ordenó emplazar a la persona moral Integradora Gastronómica Allegros, S. de R.L. de C.V.; lo anterior, en virtud de lo acordado en párrafos precedentes.

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