Juan Antonio Reyna Monsivais
Expediente 53/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 25 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 53/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 05/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan Antonio Reyna Monsivais
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. El treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables, en el respectivo ámbito de sus atribuciones: "(.) 1. Continúen brindando la asistencia médica necesaria que requiera el quejoso Juan Antonio Reyna Monsiváis, informando a quien corresponda respecto su padecimiento y su evolución, y en su caso, los tratamientos a seguir. 2. Le siga proporcionando los medicamentos que al efecto el o los galenos tratantes determinen; y 3. Con la finalidad de no suspender el suministro de los mismos, deberán de comunicarle con suficiente anticipación, de manera fehaciente (por escrito), cualquier requisito que deban cubrir para acceder a ellos y no suspender su suministro; debiendo manifestar bajo protesta de decir verdad que así se hará. (.)" Por proveído de veintidós de junio de dos mil veintidós causó ejecutoria dicho fallo constitucional. El cuatro de julio del año en curso, en acatamiento a la ejecutoria de amparo, el Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí, informó las gestiones que se encontraba realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto. Por proveído de veinticinco de julio del año actual, se dio vista a la parte quejosa por el plazo de tres días con el oficio signado por el Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí y su respectivo anexo, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada; para que manifestara lo que a su derecho conviniera, en la inteligencia que transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolvería sobre el cumplimiento de la referida sentencia. El veintinueve de julio de esa misma anualidad, se agregó el ocurso signado por la autorizada de la parte quejosa mediante el cual realizó diversas manifestaciones respecto al cumplimiento de la sentencia, por lo cual, en misma fecha, se ordenó girar oficio a las responsables, para que de manera inmediata se pronunciaran respecto a lo anterior y justificaran el debido acatamiento a las prescripciones médicas efectuadas al quejoso con la oportuna programación de las citas médicas, la entrega de los medicamentos conducentes, así como la realización de los estudios y entrega de resultados que correspondieran; derivado de ello, las responsables informaron por conducto de su representante las gestiones necesarias a fin de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. No obstante lo anterior, mediante oficio recibido en este Juzgado de Distrito el tres de agosto de dos mil veintidós, el Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación San Luis Potosí, informó que el quejoso había fallecido el primero de agosto de ese mismo año, remitiendo para tal efecto copia certificada del certificado de defunción correspondiente. Asimismo, previo requerimiento, el cinco de septiembre del año en curso, la autorizada de la parte quejosa, remitió copia certificada del acta de defunción emitida por el Registro Civil a nombre del quejoso, con la cual se tuvo certeza sobre dicho acontecimiento; por lo que mediante proveído de siete de septiembre siguiente se ordenó dar vista a las demás partes por el plazo de tres días, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en la inteligencia que transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolvería lo conducente sobre el cumplimiento de la sentencia dictada. En atención a lo anterior, del oficio de cuenta se desprende que el veintinueve de septiembre de este año, el Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación San Luis Potosí, desahogó la vista ordenada y realizó manifestaciones respecto a la ejecutoria dictada en este expediente. Ahora bien, una vez analizadas las constancias que integran el presente juicio, se advierte que existe certeza de que el entonces quejoso Juan Antonio Reyna Monsiváis, falleció el día primero de agosto de dos mil veintidós; luego entonces es evidente que el cumplimiento de la sentencia ejecutoria pronunciada en este juicio debe declararse sin materia, ya que si los efectos del amparo consistieron en que las autoridades responsables, en el ámbito de sus funciones, continuarán brindando la asistencia médica necesaria que requiriera el quejoso, así como para que le siguieran proporcionando los medicamentos que al efecto el o los galenos tratantes determinaran; entonces, con el fallecimiento del quejoso resulta evidente que el juicio de derechos fundamentales queda sin sujeto jurídico en favor de quien pueda reponerse el goce de la prerrogativa que se estimó violada, -en este caso el derecho a la salud-, aunado a que éste sólo afectaba a su persona y no a terceros, es decir, que los actos reclamados afectaban únicamente los derechos personales del de cujus, por lo que en el caso deviene improcedente proceder en términos del artículo 16 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable, a contrario sensu, la tesis 1a./J. 111/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo III, agosto de 2022, página 2452, Undécima Época, registro digital 2025142. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. DEBE SUSTANCIARSE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE AMPARO EN CASO DEL FALLECIMIENTO DE LA PERSONA QUEJOSA O DEL TERCERO INTERESADO, AUN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. Hechos: A una persona quejosa se le concedió el amparo para el efecto de indemnizarle por la afectación a un predio de su propiedad con motivo de la construcción de una calle, sin embargo, falleció durante la fase de cumplimiento de la sentencia de amparo. Criterio jurídico: Para proteger la seguridad jurídica de la sucesión de la persona quejosa fallecida durante la fase de cumplimiento de una sentencia de amparo, cuyo efecto es indemnizarle económicamente por la afectación a un predio de su propiedad, debe sustanciarse el procedimiento previsto en el artículo 16 de la Ley de Amparo. Justificación: El artículo 16 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las medidas a adoptar en caso de fallecimiento de la persona quejosa o del tercero interesado en el amparo cuando el juzgador tiene conocimiento de ello. Esta norma es aplicable durante la tramitación del juicio de amparo, pero también en la fase de cumplimiento y ejecución del fallo protector, pues tiene como finalidad el brindar seguridad jurídica a la sucesión de la persona fallecida. Por otra parte, visto el estado de los autos, se desprende que no existe trámite pendiente, por lo que de conformidad con lo señalado en el párrafo cuarto del citado precepto legal, se ordena el archivo de este juicio como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. Por consiguiente, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración del expediente referido en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Finalmente, se hace del conocimiento a la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se le informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese; hágase por la vía electrónica a los autorizados de la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se advierte que a la fecha no obran la totalidad de las constancias de notificación de los oficios que derivan del proveído de siete de septiembre del año en curso dirigidos a las autoridades responsables; en tal virtud, con la finalidad de evitar mayores dilaciones procesales, reenvíense los oficios respectivos a fin de que estén en aptitud de imponerse del contenido de dicha determinación y para que manifiesten lo que a su derecho convenga en caso de considerarlo oportuno. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por Ana Karina Reyna Rodríguez, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, con un anexo que acompaña; mediante el cual desahoga el requerimiento que le fue formulado y al efecto remite copia certificada del acta de defunción emitida por el Registro Civil a nombre del quejoso, con la cual se tiene certeza sobre dicho acontecimiento. En consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, con el contenido del ocurso de cuenta y su anexo, dese vista a las demás partes por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa por conducto de su autorizada.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que el cuatro de los presentes mes y año, se ordenó dar vista a los autorizados de la parte quejosa por el plazo de tres días, con los oficios remitidos por el Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación San Luis Potosí, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto; mediante los cuales informaron el fallecimiento del quejoso Juan Antonio Reyna Monsiváis, adjuntando para tal efecto copia certificada del certificado de defunción de la Secretaría de Salud. No obstante, y toda vez que dicho documento resulta ilegible, y a fin de tener certeza sobre dicho acontecimiento, requiérase a los autorizados de la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, presenten copia certificada del acta de defunción emitida por el Registro Civil a nombre del quejoso. Ello, bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa, a cada uno de los omisos, por el equivalente a cincuenta días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 192, 193, 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese; hágase por la vía electrónica a los autorizados de la parte quejosa.
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