Juan Antonio Galarza Nieto
Expediente 1535/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1535/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan Antonio Galarza Nieto
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese al sumario el escrito de cuenta signado por la parte quejosa por el cual cumple el requerimiento formulado en autos; en atención a su contenido, se provee: En esencia, el acto reclamado se hace consistir en el embargo decretado en el juicio ejecutivo mercantil 899/2020 del índice del juez responsable, por el cual se retiene el treinta por ciento del salario que percibe la parte quejosa. Ahora bien, la parte promovente refiere bajo protesta de decir verdad en los que antecedentes del acto reclamado, que el dos de marzo de dos mil veintiuno se llevó a cabo su emplazamiento en el referido juicio mercantil, en el cual se decretó el embargo por el treinta por ciento de sus percepciones ordinarias y extraordinarias que obtiene con motivo de su empleo. En ese contexto, una vez analizada la demanda de amparo de que se trata, se arriba a la conclusión que deviene improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; arábigo que en lo conducente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]. Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos consentidos de forma tácita, entendiéndose dicho consentimiento como el hecho de dejar transcurrir el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la ley de la materia, sin promover el juicio de amparo respectivo. En efecto, pues los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. La parte inicial del primero de los preceptos en comento, establece en forma categórica que el plazo para la interposición de la demanda de amparo es de quince días; por su parte, el segundo de los citados dispositivos prevé tres distintos supuestos jurídicos para el cómputo de ese plazo, a saber: a) Dicho plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que impugne. b) El plazo comienza a correr al día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) El amparo debe pedirse dentro de los quince días siguientes a aquel en el que el quejoso se ostentó como sabedor del acto reclamado. Como se puede advertir, los preceptos en consulta hacen una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se deduce que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia. Ahora bien, como se adelantaba, la parte promovente reclama en forma destacada el emplazamiento en el que se decretó el embargo sobre un porcentaje de su salario, derivado del juicio ejecutivo mercantil 899/2020 del índice de la autoridad responsable; por tanto, si de lo manifestado bajo protesta de decir verdad por el propio impetrante, se advierte la confesión en el sentido de que la diligencia de emplazamiento se llevó a cabo el dos de marzo de dos mil veintiuno, dicha parte procesal tuvo conocimiento de los actos que pretende combatir, desde ese momento. Al respecto se invoca, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia P./J. 27/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 57 del tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de junio de 1996, de la Novena Época, con registro 200094, que dice: DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así, de lo narrado con antelación, se pone de manifiesto que la parte promovente tuvo conocimiento de los actos controvertidos, desde el dos de marzo de dos mil veintiuno; por su parte, la demanda de amparo que ahora nos ocupa fue presentada hasta el treinta de noviembre pasado. Pues aún y cuando el quejoso señala no haber comparecido a juicio hasta el tres de noviembre de dos mil veintidós, lo cierto es que conocía del acto reclamado y la tramitación del juicio del que deriva desde el momento en el que se llevó a cabo el emplazamiento en comento. Bajo esa óptica jurídica, es válido concluir que el plazo de quince días para instar la acción constitucional a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, en contra del acto reclamado, transcurrió en exceso. Resulta aplicable, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 47 del Volumen 169-174, Tercera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito, con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal proceder es correcto, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa de la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Asimismo, se invoca por su aplicación, la tesis que sustentó el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235 del tomo XI del Semanario Judicial de la Federación, junio de 1993, Octava Época, que dispone: ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita. En consecuencia, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, en relación con lo dispuesto por los ordinales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el diverso numeral 113 de la ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, primero de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Juan Antonio Galarza Nieto, contra actos del Juez Segundo del Ramo Mercantil y otras autoridades, con copias y anexos que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1535/2022-IV-P. A efecto de determinar lo que en derecho proceda en relación a la demanda que se atiende, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 y 114 de la Ley de la materia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a la partes, es decir, una para cada una de las autoridades señaladas como responsables; una para el incidente de suspensión que solicita, dos para los terceros interesados que señala y una para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; aclare su demanda en los siguientes términos: 1. Amplíe bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, señalándolos de forma cronológica, ordenada, correcta y clara; de los que además se deberá advertir si previamente al quince de noviembre del año actual, compareció al juicio de origen y la fecha en la que comenzaron a realizarse los descuentos del treinta por ciento en sus percepciones ordinarias y extraordinarias. Lo anterior es así, dado que se puede advertir del apartado de antecedentes que tuvo conocimiento del acto reclamado el quince de noviembre pasado, empero, igualmente refiere que desde el veintinueve de marzo de dos mi veintiuno fue cuando se ordenó la retención salarial en comento; por lo que resulta incierta la fecha en que tuvo conocimiento del mismo. Máxime que del anexo que exhibe, consistente en copia simple del recibo de pago a nombre del quejoso, relativo a la semana del treinta y uno de octubre al seis de noviembre del año actual, se aprecia que desde esa fecha se efectuó una retención judicial. En la inteligencia que de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, podría configurar la conducta delictiva prevista en el artículo 261, fracción I1 , de conformidad con la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5 del libro 45, agosto de 2017, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es de observancia obligatoria para esta juzgadora en términos del numeral 217 de la legislación en consulta, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO 1 "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; [.]" CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA"2 . Con el apercibimiento que de no cumplir en el término antes precisado, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Omar Alfredo Ramos Rodríguez, con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en términos restringidos del aludido numeral a Isabel Cistina Martínez Ruíz, toda vez que la cédula que proporciona, se encuentra registrada a nombre de diversa persona, y en los mismos términos a Héctor Gerardo Rodrígez Ramos, pues la cédula que menciona, no se encuentra registrada en el citado sistema. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que Publicada en la página 5 del libro 45, agosto de 2017, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época. resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
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