Juan Antonio Ramírez Torres
Expediente 245/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 245/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Antonio Ramírez Torres
- Manuel Marcial López
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de siete de marzo dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
previo aviso..San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de marzo de dos mil dieciocho. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Antonio Ramírez Torres y Manuel Marcial López, contra actos del fiscal general del Estado de Oaxaca y agente del Ministerio Público Investigador del Sistema Mixto Tradicional del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; fórmese expediente y regístrese bajo el número 245/2018. Desechamiento. Ahora bien, la demanda debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente. En efecto, los promoventes señalan como acto reclamado la resolución pronunciada el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, en el cuaderno de queja número 35/2017, en que el fiscal general del Estado, revocó la resolución de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, dictada en la averiguación previa 196/1/2015, por el agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Investigadora de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, en la que determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de los indiciados Juan Antonio Ramírez Torres, Francisca Javier González, Saray Quirino Flores, Longino André Álvarez, Manuel Marcial López, Natividad Luis Santiago y Erick Saúl González Rojas, para el efecto de que se recaben diversos medios de prueba, ordenados en el considerando cuarto de la resolución reclamada; además, reclama del agente del Ministerio Público Investigador del Sistema Mixto Tradicional del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, el cumplimiento a dicha resolución. Este órgano jurisdiccional estima que en la especie, se concreta la causa de improcedencia prevista en el artículo artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 5º, fracción I y 6º, de la ley de la materia, interpretados a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Cierto, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular está facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación, de lo cual se concluye que ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que para la procedencia del juicio de amparo debe tomarse en consideración. En esas condiciones, es evidente que el mencionado acto reclamado consistente en la resolución pronunciada el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, en el cuaderno de queja número 35/2017, en que el fiscal general del Estado, revocó la resolución de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, dictada en la averiguación previa 196/1/2015, por el agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Investigadora de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, en la que determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de los indiciados Juan Antonio Ramírez Torres, Francisca Javier González, Saray Quirino Flores, Longino André Álvarez, Manuel Marcial López, Natividad Luis Santiago y Erick Saúl González Rojas, para el efecto de que se recaben diversos medios de prueba, ordenados en el considerando cuarto de la resolución reclamada, así como su cumplimiento; no irroga un perjuicio actual a los indiciados, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 87/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XXIX, Enero de 2009, publicada en la página 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA. Conforme al artículo 73, fracción V, en relación con el numeral 4o., ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico. Ahora bien, si se toma en cuenta que la comprobación de dicho interés requiere demostrar que el acto reclamado lesiona la esfera jurídica del gobernado, resulta evidente que el indiciado carece de interés jurídico y, por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto que promueva contra la determinación del Procurador General de Justicia por la que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena la devolución de la causa a la representación social para que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Además, la determinación de revocar el no ejercicio de la acción penal no causa un perjuicio actual a los indiciados, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113, en relación con los arábigos 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 5º, fracción I y 6º, de la ley de la materia, interpretados a contrario sensu, de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo, y como autorizados para los mismos efectos a las personas que indica, sin gozar de las facultades a que se refiere el artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, hasta en tanto, acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Habilitación de horas. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, en caso de ser necesario, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario adscrito, realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente expediente. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Finalmente, hágase saber a las partes, que en términos del artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de marzo de dos mil dieciocho. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Antonio Ramírez Torres y Manuel Marcial López, contra actos del fiscal general del Estado de Oaxaca y agente del Ministerio Público Investigador del Sistema Mixto Tradicional del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; fórmese expediente y regístrese bajo el número 245/2018. Desechamiento. Ahora bien, la demanda debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente. En efecto, los promoventes señalan como acto reclamado la resolución pronunciada el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, en el cuaderno de queja número 35/2017, en que el fiscal general del Estado, revocó la resolución de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, dictada en la averiguación previa 196/1/2015, por el agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Investigadora de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, en la que determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de los indiciados Juan Antonio Ramírez Torres, Francisca Javier González, Saray Quirino Flores, Longino André Álvarez, Manuel Marcial López, Natividad Luis Santiago y Erick Saúl González Rojas, para el efecto de que se recaben diversos medios de prueba, ordenados en el considerando cuarto de la resolución reclamada; además, reclama del agente del Ministerio Público Investigador del Sistema Mixto Tradicional del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, el cumplimiento a dicha resolución. Este órgano jurisdiccional estima que en la especie, se concreta la causa de improcedencia prevista en el artículo artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 5º, fracción I y 6º, de la ley de la materia, interpretados a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Cierto, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular está facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación, de lo cual se concluye que ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que para la procedencia del juicio de amparo debe tomarse en consideración. En esas condiciones, es evidente que el mencionado acto reclamado consistente en la resolución pronunciada el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, en el cuaderno de queja número 35/2017, en que el fiscal general del Estado, revocó la resolución de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, dictada en la averiguación previa 196/1/2015, por el agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Investigadora de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, en la que determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de los indiciados Juan Antonio Ramírez Torres, Francisca Javier González, Saray Quirino Flores, Longino André Álvarez, Manuel Marcial López, Natividad Luis Santiago y Erick Saúl González Rojas, para el efecto de que se recaben diversos medios de prueba, ordenados en el considerando cuarto de la resolución reclamada, así como su cumplimiento; no irroga un perjuicio actual a los indiciados, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 87/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XXIX, Enero de 2009, publicada en la página 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA. Conforme al artículo 73, fracción V, en relación con el numeral 4o., ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico. Ahora bien, si se toma en cuenta que la comprobación de dicho interés requiere demostrar que el acto reclamado lesiona la esfera jurídica del gobernado, resulta evidente que el indiciado carece de interés jurídico y, por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto que promueva contra la determinación del Procurador General de Justicia por la que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena la devolución de la causa a la representación social para que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Además, la determinación de revocar el no ejercicio de la acción penal no causa un perjuicio actual a los indiciados, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113, en relación con los arábigos 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 5º, fracción I y 6º, de la ley de la materia, interpretados a contrario sensu, de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo, y como autorizados para los mismos efectos a las personas que indica, sin gozar de las facultades a que se refiere el artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, hasta en tanto, acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Habilitación de horas. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, en caso de ser necesario, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario adscrito, realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente expediente. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Finalmente, hágase saber a las partes, que en términos del artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,308 expedientes
- Juan Antonio Ibarra Valles1190/2015
- Juan Antonio López Aquino130/2017
- Juan Antonio López Aquino68/2015
- Juan Antonio Ramírez Garza544/2022
- Juan Antonio Ramirez Ruiz326/2015
- Juan Antonio Ramírez Torres1275/2017
- Juan Antonio Vera1225/2022
- Juan Armando Ruiz Martínez1354/2016
- Juan Armando Ruiz Martínez1017/2017
- Juan Arteaga Madrigal154/2017
- Juan Artemio Cruz Guzmán1284/2022
- Juan Arturo Hernández Hernández1849/2016