Juan Antonio Ibarra Valles

Expediente 1190/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 74 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1190/2015
Año
2015
Actuaciones
74
Última actuación
04/08/2017

Partes del expediente

  • Juan Antonio Ibarra Valles
  • Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
  • Director del Diario Oficial de la Federación

Actuaciones

Las 4 más recientes de 74.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por el Delegado Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Quintana Roo, con sede en Cancún, en atención a su contenido, infórmesele que la sentencia dictada el quince de febrero de dos mil diecisiete, causó ejecutoria el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, y en esa propia fecha se giró el oficio respectivo a fin de que quedara notificado. Sin embargo, atendiendo su solicitud, remítase copia certificada del proveído de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, solicitándole se sirva acusar recibo de lo remitido, dejando a su disposición el correo electrónico 3jdo13cto@correo.cjf.gob.mx o el teléfono fax 5023872. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, específicamente que en el presente incidente de suspensión no se concedió medida cautelar alguna; con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido; este juzgador estima carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado; procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo vigente en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Finalmente, tomando en consideración que a fojas cincuenta y seis a sesenta y cinco, existen glosados documentos con sello y firmas originales que exhibió la parte quejosa con su demanda de amparo; por tanto, requiérasele para que en el plazo de noventa días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente en días y horas hábiles ante este Tribunal, a recoger dichos documentos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el presente expediente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO, CÚMPLASE.

  4. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 1190/2015; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Juan Antonio Ibarra Valles, mediante escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia entonces en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procurador Federal de Protección al Medio Ambiente, Secretario de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos, Director del Diario Oficial de la Federación, residentes entonces en México Distrito Federal, ahora Ciudad de México; Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y Delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el Estado de México; Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y Delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Veracruz; Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y Delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Tabasco; Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y Delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Campeche; Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales y Delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Yucatán; Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y Delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Quintana Roo; Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y Delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de San Luis Potosí; Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y Delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Puebla; Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y Delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Oaxaca; que hizo consistir en la participación, acción u omisión que tuvieron en la discusión, aprobación, sanción, promulgación y publicación del último párrafo del artículo 78, fracción XXIV que se adicionó al artículo 122, la reforma a la fracción II del artículo 27, de la Ley General de Vida Silvestre, contenidas en el Decreto en el que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Vida Silvestre, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el viernes nueve de enero de dos mil quince, de igual forma reclama, los tres primeros artículos transitorios del citado Decreto, como su proceso legislativo. Actos que estima violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 5, 13, 14, 16, 17, 22, 92, 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de veinte de agosto de dos mil quince, este Juzgado admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual finalmente tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo disponen los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 5°, 35, 107, 124 y relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Como cuestión inicial es menester precisar el acto reclamado en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Del examen integral de la demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: La iniciativa, discusión, expedición, refrendo y publicación, del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, en específico, los artículos 78, 122 y 127, de esta última norma, así como los tres artículos transitorios del decreto en comento. Su ejecución. TERCERO. Por razón de técnica debe quedar establecida la existencia o no del acto reclamado, pues de resultar inexistente, resultaría ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, o eventualmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; es decir, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte sustancial del asunto, implica, en el primer caso, que el acto reclamado sea cierto y, en el segundo, que además de ser cierto, el juicio de amparo sea procedente. Al respecto se cita jurisprudencia número XVII.2o. J/10, definida por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, abril de 1994, página 68, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". En ese tenor, no es cierto el acto que se atribuye al Procurador Federal de Protección al Medio Ambiente, residente entonces en México Distrito Federal ahora Ciudad de México; Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente en el Estado de México; Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y Delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Veracruz; Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y Delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Tabasco; Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y Delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Campeche; Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales y Delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Yucatán; Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y Delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Quintana Roo; Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y Delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de San Luis Potosí; Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y Delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Puebla; Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y Delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Oaxaca; pues así lo manifestaron las referidas autoridades al rendir su informe justificado. Negativa que no fue desvirtuada por la parte quejosa, a quien le corresponde la carga de la prueba, pues la presentación de la demanda de amparo le obliga a demostrar en forma directa o mediante el informe de las autoridades responsables la existencia del acto que reclama y su inconstitucionalidad. Ello tiene sustento en la tesis de jurisprudencia 553, publicada en la página 369, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Máxime que el quejoso acude a la presente instancia constitucional contra una norma general con motivo de su sola entrada en vigor; es decir, sin la existencia de un acto de aplicación, eventualmente a cargo de las autoridades ejecutoras. En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, por lo que respecta a las autoridades anteriormente referidas, al resultar inexistente la conducta que se les atribuye. CUARTO. En cambio, son ciertos los actos que se reclaman a las Cámaras de Diputados y de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al Secretario de Gobernación, así como al Director del Diario Oficial de la Federación, consistentes en su intervención, conforme al ámbito de su respectiva competencia, en el proceso legislativo relativo al Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, particularmente los artículo 78, 122 y 127, de esta última norma, y sus tres transitorios; lo anterior, toda vez que así lo manifestaron en su respectivo informe justificado. Además, la certeza del acto reclamado, es indudable, pues de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las leyes no son objeto de prueba. Cobra aplicación la tesis que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba". De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, tomo XII, agosto de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza obligatoria y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueden argüir desconocerlo". El Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, residente en la Ciudad de México, y el Delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de México, no rindieron su informe justificado, a pesar de haber quedado legalmente notificados de su petición; por tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero de la Ley de Amparo, surge en su contra la presunción de certeza del acto que se le impugna. QUINTO. El análisis de las causas de improcedencia representa una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. A manera de preámbulo oportuno resulta traer a cuenta las siguientes premisas. Los artículos 17, 18, 61, fracciones XII y XIV, y 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general, de acuerdo con su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas) En el primer caso (leyes autoaplicativas), es suficiente que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer y provoquen con ello la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad (es decir, sin condicionar su individualización), para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Amparo. En el caso de leyes autoaplicativas, el gobernado podrá impugnarlas con motivo del inicio de su vigencia; o bien, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, en términos del segundo párrafo, de la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el segundo supuesto (leyes heteroaplicativas), se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar al gobernado, los mandatos legales, para que se produzca la actualización en su perjuicio de la hipótesis normativa; esto es, se condiciona la individualización de la norma, a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con el que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo, será de quince días, según la regla establecida en el artículo 18 de la ley de la materia. De tal forma que, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número P./J. 55/97, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, página 123, Tomo VI, Julio de 1997, página 5, cuyo texto es el siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". El concepto de individualización incondicionada, puede proyectarse en dos espacios de posible afectación: el de interés jurídico y el de interés legítimo. En relación con el interés jurídico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 152/2013 estableció que son normas autoaplicativas aquellas cuyos efectos ocurren en forma incondicionada, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que acontece cuando esos efectos trascienden en la afectación de un derecho subjetivo; es decir, cuando de forma personal y directa se creen, transformen o extingan situaciones concretas de derecho. Tal situación puede acontecer en dos escenarios: a) cuando las normas establezcan obligaciones de hacer o no hacer directamente a los particulares, o b) en los casos en que generen hipótesis normativas cuya actualización inmediata traiga aparejada consecuencias jurídicas para ellos. Por otro lado, tratándose de interés legítimo, la propia Primera Sala determinó que son normas autoaplicativas aquellas cuyos efectos ocurren en forma incondicionada y trascienden en la afectación individual, colectiva, calificada, actual real y jurídicamente relevante para la parte quejosa; es decir, se trata de una afectación al quejoso en sentido amplio, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, para efectos de la concesión del amparo, en un beneficio jurídico para el quejoso. Ahora bien, en el caso concreto la parte quejosa reclama el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil quince, particularmente los artículo 78, 122 y 127, de la última ley mencionada, así como los tres artículos transitorios del referido decreto, con motivo de su sola entrada en vigor. Las disposiciones impugnadas establecen lo siguiente: "Artículo 78. Las colecciones científicas y museográficas, públicas o privadas, de especímenes de especies silvestres, deberán registrarse y actualizar sus datos anualmente ante la autoridad correspondiente en el padrón que para tal efecto se lleve, de conformidad con lo establecido en el reglamento, y para el caso de ejemplares vivos, contar con un plan de manejo autorizado por la Secretaría. Los predios e instalaciones que manejen vida silvestre en forma confinada, como zoológicos, espectáculos públicos y colecciones privadas, sólo podrán operar si cuentan con planes de manejo autorizados por la Secretaría, y además deberán registrarse y actualizar sus datos anualmente ante la autoridad correspondiente, en el padrón que para tal efecto se lleve, de conformidad con lo establecido en el reglamento. Queda prohibido el uso de ejemplares de vida silvestre en circos. Artículo 122. Son infracciones a lo establecido en esta Ley: [.] XXIV. Realizar actos que contravengan las disposiciones de conservación de vida silvestre fuera de su hábitat natural, establecidas en la presente Ley y en las disposiciones que de ella se deriven. [...] Artículo 127. La imposición de las multas a que se refiere el artículo 123 de la presente Ley, se determinará conforme a los siguientes criterios: [.] II. Con el equivalente de 50 a 50000 veces de salario mínimo a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXII y XXIV del artículo 122 de la presente Ley. La imposición de las multas se realizará con base en el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción. En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces del monto originalmente impuesto. La autoridad correspondiente podrá otorgar al infractor la opción a que se refiere el párrafo final del artículo 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, si éste se obliga a reparar el daño cometido mediante el restablecimiento de las condiciones anteriores a su comisión o a realizar una inversión equivalente en los términos que se establezcan, en cuyo caso se observará lo previsto en esa disposición. Transitorios Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Los circos presentarán a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de forma inmediata una base de datos que incluya el número y características de los ejemplares de vida silvestre que posean. Estas bases de datos se pondrán a disposición de los zoológicos del país para que éstos estén en posibilidades de seleccionar a los ejemplares que sean susceptibles de ser integrados a sus colecciones. Los ejemplares de vida silvestre incluidos en las bases de datos a que hace referencia el párrafo anterior que no sean seleccionados por los zoológicos, podrán ser entregados por sus poseedores a los Centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre pertenecientes a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el objeto de que no impliquen gasto por concepto de manutención de animales que ya no podrán ser utilizados en sus centros de trabajo. Tercero. Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán adecuar sus legislaciones para dar cumplimiento al presente Decreto en un plazo que no exceda de ciento ochenta días naturales posteriores a la publicación del mismo en el Diario Oficial de la Federación". Los artículos citados son de naturaleza autoaplicativa, pues en su conjunto establecen la prohibición en circos del uso de ejemplares de vida silvestre; asimismo, prevén la forma en que deben operar los predios e instalaciones que manejen vida silvestre en forma confinada, tales como zoológicos, espectáculos públicos y colecciones privadas, en el sentido de contar con planes de manejo autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales, y el registro actualizado de datos en forma anual ante la autoridad correspondiente, conforme lo determina el Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre. Así también, el artículo segundo transitorio obliga a los circos a presentar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de forma inmediata, una base de datos que incluya el número y características de los ejemplares de vida silvestre que posean. Estas bases de datos se pondrán a disposición de los zoológicos del país para que éstos estén en posibilidades de seleccionar a los ejemplares que sean susceptibles de ser integrados a sus colecciones. De igual forma, en dicho transitorio se estableció que los ejemplares de vida silvestre incluidos en las bases de datos (a que hace referencia el párrafo anterior), que no sean seleccionados por los zoológicos, podrán ser entregados por sus poseedores a los Centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre pertenecientes a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el objeto de que no impliquen gasto por concepto de manutención de animales que ya no podrán ser utilizados en sus centros de trabajo. Así, los artículos impugnados se encuentran dirigidos, para lo que aquí interesa, a todas las personas físicas o morales que en virtud de la autorización o permiso otorgados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, usan ejemplares de vida silvestre en circos. Ahora bien, atento a la posición que ostenta el quejoso en relación a la normatividad impugnada, se estima que en el caso concreto se exige la acreditación de un interés jurídico y no legítimo, en la medida que el quejoso manifiesta en lo esencial que desde su niñez se ha dedicado a la vida circense con espectáculo de animales de vida silvestre; es decir, con la entrada en vigor del decreto impugnado, dice resentir una afectación personal y directa (afectación a un derecho subjetivo), pues no obstante manifestar que cuenta con un permiso para dedicarse a esas actividades, ya no podía hacerlo con motivo de la entrada en vigor de la ley. Es por ello que en el caso se exige la acreditación de un interés jurídico, ya que para que la norma pueda considerarse transgresora de los derechos del quejoso (al dedicarse a dicha actividad), debe demostrar que con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, contaba con la autorización para operar un circo con animales de vida silvestre. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la tesis 1a. CLXXXII/2015 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 445, libro 18, mayo de 2015, tomo I, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA PERSONA NO DESTINATARIA DE UNA NORMA LEGAL PUEDE IMPUGNARLA EN SU CALIDAD DE TERCERO, SIEMPRE Y CUANDO LA AFECTACIÓN COLATERAL ALEGADA NO SEA HIPOTÉTICA, CONJETURAL O ABSTRACTA. Al momento de analizar si la parte quejosa acredita contar con interés legítimo para impugnar una norma, el juez de amparo debe precisar en primer lugar la ubicación jurídica desde la que se le combate: como destinatario o como tercero. Ello se logra mediante el análisis del ámbito personal de validez de la norma y de la posición del quejoso frente a ésta. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que mediante la introducción constitucional del concepto de interés legítimo, las personas pueden acudir a cuestionar la validez de normas desde la ubicación de terceros al contenido o relación jurídica por ella contemplada, en cuyo caso la respuesta a responder para tener por acreditado ese requisito es: ¿La puesta en operación de la norma impugnada genera al quejoso una afectación jurídicamente relevante? Las distintas hipótesis de actualización de esa afectación se describen en la tesis aislada 1a. CCLXXXII/2014 (10a.),¹ de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO.". Para describirlas, se han utilizado fórmulas como "irradiación colateral de la norma a los quejosos como terceros", o simplemente, "afectación colateral". Ahora bien, conviene precisar que la premisa básica de este estándar es el requisito de que la afectación colateral alegada debe presentar una relación causal con la norma impugnada que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta. En otras palabras, debe tratarse de una afectación palpable y discernible objetivamente del análisis de la ley, al grado de ser calificable como una verdadera creación de la obra del legislador. El principio de división de poderes que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer interés legítimo únicamente a la persona que acredite una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, nunca hipotético o conjetural". En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al considerar que la parte quejosa no acredita su interés jurídico (ubicarse en la hipótesis normativa impugnada). Se justifica lo anterior de la siguiente manera. El artículo 61, en su fracción XII, de la Ley de Amparo, es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia" [.] Por su parte la fracción I, del artículo 5, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo". De los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio constitucional es improcedente cuando el acto reclamado no afecte el interés jurídico del peticionario de amparo, el cual consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía constitucional, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, se refiere a la titularidad de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, esto es, una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses del gobernado. Por tanto, para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto de autoridad que, según la apreciación subjetiva de la parte quejosa, resulte violatorio de sus derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o tratados internacionales en los que México sea parte; sin embargo, no basta que ese acto exista para que prospere el juicio constitucional, sino que es necesario que el peticionario acredite que dicho acto de autoridad afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley (en el caso, que se ubica en la hipótesis prevista en la ley, como titular del derecho a operar un circo con animales silvestres). Es aplicable el criterio jurisprudencial sostenido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar de la Octava Región, localizable en la página 1807, tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa". Precisado lo anterior, como se dijo líneas precedentes, la legitimación del quejoso en el caso concreto, requiere la acreditación de un interés jurídico y no legítimo; sin embargo, tratándose de actos legislativos, éste no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe acreditarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio de manera directa en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. De donde resulta inconcuso, que en el caso concreto, para la procedencia del presente juicio de amparo, la parte quejosa debió demostrar fehacientemente que opera u operaba, hasta antes de entrada en vigor del decreto impugnado, con la autorización legal respectiva, el circo que refiere (o en su caso otro), en el que se manejaran animales de vida silvestre para esa actividad. Sin embargo, no obstante la carga probatoria referida, el quejoso para tal efecto exhibió como prueba copias simples del oficio número SGPA/DGVS/10669, de fecha uno de diciembre de dos mil tres, suscrito por la Directora General de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, expedido a favor del inconforme, relativo al registro para el establecimiento de una unidad de manejo para la conservación de vida silvestre; credencial para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral a nombre del quejoso; cédula de identificación fiscal; de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes; escrito signado por el inconforme de fecha siete de julio de dos mil quince, dirigido al Delegado Estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con respecto a un expediente administrativo formado con motivo de una acta de inspección al "circo del oso ruso"; constancias de la venta de dos llamas; y certificados de defunción de tres llamas; documentales que al tratarse de copias simples, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno En ese sentido, el aquí quejoso fue omiso en acreditar fehacientemente que hasta antes de la entrada en vigor del decreto reclamado operaba un circo, con la autorización legal respectiva, en el que se manejaran animales silvestres; carga que no cumplió, como tampoco demostró la diversa hipótesis que disponen las normas legales reclamadas -íntimamente vinculada en la prohibición establecida para los circos- consistente en que posee o poseía animales de vida silvestre para su actividad, debidamente registrados ante la autoridad ambiental. En el entendido que de conformidad con los artículos 79, 80, fracción I, 82, 86 y 87 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 9 fracciones XII, XIII, antepenúltimo y último párrafo, 77, y cuarto transitorio, de la Ley General de la Vida Silvestre, es requisito contar autorización para la posesión y aprovechamiento de animales de la vida silvestre. Es decir, el quejoso debió exhibir documentación de la que se advierta que a la fecha de entrada en vigor del decreto reclamado poseía ejemplares de vida silvestre, con la respectiva autorización para su posesión, aprovechamiento y manejo, pues, como se advirtió en párrafos precedentes, el quejoso promovió el juicio de amparo con base en la premisa de que ejerce una actividad de circo con el uso de ejemplares de vida silvestre; en relación con la cual, la reforma al artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre, desde su entrada en vigor, le prohíbe el uso de dichos ejemplares; y el artículo segundo transitorio del decreto que dio origen a esa reforma, lo obliga de forma inmediata a entregar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una base de datos que incluya el número y características de los ejemplares de vida silvestre que posee. Sin embargo, si el quejoso no acreditó de manera fehaciente que opera u operaba a la fecha de entrada en vigor del decreto impugnado, legítimamente el Circo del Oso Ruso, del que aduce es titular, o en su caso otro, y que cuenta con animales de vida silvestre, con la respectiva autorización para su posesión, aprovechamiento y manejo, es inconcuso que no acreditó que se ubique en la hipótesis jurídica para efectos de la procedencia del juicio de amparo, que prevé el artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre y segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre. En el entendido que dicha afectación debe comprobarse en forma fehaciente y no inferirse por presunciones. Lo anterior cobra sustento, en la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 17, tomo 82, materia común, octubre de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Máxime que corresponde al quejoso la carga de la prueba de dicho extremo, en términos de la jurisprudencia número 1a./J. 1/2002 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, tomo XV, Febrero de 2002, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". Así como la diversa la jurisprudencia número 3a./J. 27/90, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 229, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990, que textualmente dispone: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés". En ese contexto, al concretarse la citada causal de improcedencia, con fundamento en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento legal, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. En las relatadas condiciones, existe imposibilidad jurídica para realizar el estudio de las cuestiones de fondo. Cobra vigencia sobre el particular, la jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 335, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 1190/2015, promovido por Juan Antonio Ibarra Valles. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.

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