Juan Antonio Ortega Ramírez
Expediente 598/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 598/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Juan Antonio Ortega Ramírez
Actuaciones
- Incidental
Vista la cuenta, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio 3240, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, y anexos; en atención a ello, se provee: Ténganse por recibidos los autos originales del presente incidente de suspensión, y el testimonio de la resolución de diecisiete de agosto del año en curso, dictada en el incidente en revisión civil 281/2017, del que se advierte que se resolvió lo siguiente: "Único. Se declara sin materia el recurso de revisión interpuesto por *** por derecho propio y en representación de sus menores hijas ***, contra la interlocutoria dictada el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto número 598/2016" En consecuencia, acúsese el recibo respectivo; comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado. Agréguese al juicio de amparo, las actuaciones que integran el legajo de antecedentes respectivo, a partir del oficio número 4949/2017-CO, a efecto de facilitar el manejo del expediente y no duplicar las actuaciones.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que el promovente ***, no impugnó el proveído de diez de julio del año en curso (fojas 8 a 12), por el que se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. Por último, toda vez que se desechó la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Notificación personal
- Principal
I. Presentación de la demanda de amparo. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la autoridad responsable denominada Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y otra autoridad. II. Formación de expediente. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 598/2017, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Acto reclamado. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente reclama el acto reclamado consistente en: "...El ilegal embargo de una máquina de soldar marca Babcat, serie No. KK015384, de 12°-240 Voltios, 7035 AMPS, color Azul, 225. Siendo una herramienta necesaria para el desarrollo de las actividades de la fuente de trabajo, y exceptuada de embargo, en los términos del artículo 952 fracción III, de la ley federal del trabajo. Así mismo, se reclama la ilegal ejecución de un convenio que no ha sido elevado a la categoría de laudo; convenio de fecha 10 de febrero del 2017". IV. Se desecha la demanda de amparo. Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de garantías. De conformidad con el precepto 113 de la Ley de la Materia, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia se debe desechar de plano; considerando que lo manifiesto, se presenta cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable, resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página ochocientos noventa, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, materia común, con registro electrónico 196196, que dice: *** En la especie, procede desechar de plano la demanda de amparo que se analiza, toda vez que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo . Ello, porque el acto reclamado consistente en el embargo del bien mueble que refiere, se llevó a cabo dentro del juicio laboral 174/2017, incoado en contra del ahora quejoso, en el cual se ordenó el cumplimiento voluntario del convenio judicial aprobado y sancionado, el diez de febrero de dos mil diecisiete, con el apercibimiento de que no hacerlo se procedería a la ejecución forzosa por la cantidad de veinte mil pesos 00/100 moneda nacional, cantidad líquida a que asciende la sanción legal; no constituye el último acto dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia. Bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001 intitulada: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA" interpretó el contenido del artículo 114, fracción III, de la anterior Ley de Amparo, para lo cual consideró que la finalidad de promover el juicio de amparo contra la última resolución, era evitar el abuso al impedir su procedencia respecto cualquier acto suscitado en esa etapa. De igual modo, al dilucidar el alcance de supuesto legal contenido en dicho precepto, definió que la "última resolución" era aquélla que aprobara o reconociera el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. El legislador retomó esa idea en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, pues en el artículo 107, fracción IV, previene: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". De acuerdo con lo anterior, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. A su vez, para el caso de actos en ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprobara o reconociera el cumplimiento total de lo sentenciado o declarara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenaran el archivo definitivo del expediente; donde además, en la propia demanda, sería posible reclamar las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En ese orden de ideas, es posible afirmar que el acto reclamado no está en alguno de tales supuestos, sino tan solo marca el inicio del procedimiento de ejecución, pues únicamente se le requirió para que cumpliera voluntariamente con el convenio elevado a la categoría de cosa juzgada, apercibido que de no hacerlo se procedería a la ejecución forzosa. Además, cabe aclarar que la ejecución forzosa de lo sentenciado deriva precisamente de la actitud contumaz adoptada por quien se encuentra obligado al cumplimiento de la sentencia. Luego, si estima que ello es ilegal desde luego que tiene a su alcance los medios ordinarios de defensa que estime resulten procedentes y, en su defecto, hacer valer las violaciones procesales cometidas en el procedimiento de ejecución, en el amparo que en su caso llegara a promover contra la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordene el archivo definitivo del asunto. Lo anterior, debido a que la ratio legis del artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, es precisamente evitar se obstaculice el procedimiento de ejecución de sentencia, mediante la promoción de juicios de amparo que harían interminable esa etapa, en detrimento de la cosa juzgada, en este caso, derivada del convenio señalado. Sirve de apoyo la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, tomo III, materia común, página dos mil trescientos treinta y cuatro, registro electrónico 2009245, de contenido: ** No se soslaya que el alto tribunal del país, ha establecido excepciones -aplicables al texto de la Ley de Amparo vigente- a la regla como cuando se trata de actos con autonomía propia que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural , o bien, cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural . Sin embargo, en el caso no se está en uno ni otro supuesto, porque evidentemente se está ante un acto encaminado a ejecutar lo sentenciado y, por otro, la violación que alega no afecta de modo directo derechos sustantivos, sino en todo caso, se trata de una violación adjetiva propia del procedimiento de ejecución que, como se dijo, se podrá hacer valer en el momento procesal oportuno. En efecto, de las documentales que adjuntó a su escrito de demanda, se desprende que el acto reclamado fue emitido en el procedimiento de ejecución del convenio aprobado y sancionado relativo al juicio laboral número 174/2017, iniciado en su contra, el cual de ninguna manera constituye la última resolución de ese procedimiento, toda vez que las autoridades señaladas como responsables no aprobaron o reconocieron el cumplimiento total del mismo, o bien declararon la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; sino que mediante el embargo se pretende logar el acatamiento del convenio. Es aplicable la jurisprudencia PC.XVIII. J/10 L, pronunciada por el Pleno del Decimoctavo Circuito, visible en la página mil cuatrocientos noventa y dos, tomo II, noviembre de mil quince, Décima Época, materia común, con registro electrónico 2010430, que dice: *** Por tal motivo, tratándose el acto reclamado de un auto dictado en el procedimiento de ejecución, el cual no constituye la última resolución contra la cual sea procedente el juicio de amparo indirecto, se desecha la demanda de amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. V. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal, y como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Ulises Paredes Villarreal. VI. Días y horas hábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del precepto 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo. VII. Autorización de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. VIII. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporadas al expediente impreso. IX. Depuración. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente o recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capitulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. X. Transparencia Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los articulas 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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