Juan Antonio Ortega Ramírez
Expediente 785/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 785/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Juan Antonio Ortega Ramírez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no impugnó el acuerdo de dos de octubre del año en curso (fojas 23 a 28), por el que se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. Toda vez que se desechó la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
I. Cumple prevención. Visto lo de cuenta; se tiene al quejoso ****, desahogando la prevención realizada mediante proveído de veinte de septiembre del año en curso. II. Acto reclamado y antecedentes. Del análisis integral de la demanda y escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la resolución de veintiuno de agosto del presente año, dictada dentro del convenio fuera de juicio número ***, promovido por ****, en contra del quejoso, mediante la cual se desechó de plano el recurso de revisión de actos de ejecución que promovió ****. III. Se desecha la demanda de amparo indirecto. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo anterior, tiene sustento en el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, ello, con la intención de evitar, crear expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo actio de amparo y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable por lo que informa, la jurisprudencia P./J. 128/2001, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos tres, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época, con registro electrónico 188643, de rubro y texto siguientes: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En el caso, se estima que se actualizan de manera indudable y manifiesta dos causales de improcedencia, las cuales están previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 6, aplicado en sentido contrario y 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Por cuestiones de orden, en primer lugar se abordará la concerniente al interés jurídico, culminando con la diversa relacionada a la última resolución en la etapa de ejecución. Los artículos 61, fracción XXIII, y 6 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Ahora bien, de los antecedentes que narró el quejoso y de las constancias del convenio fuera de juicio ***, que allegó el promovente, se advierte lo siguiente: 1. El veintiocho de enero de dos mil diecisiete, se celebró un convenio entre el aquí quejoso *** y ****, referente a la terminación de la relación laboral. 2. El diez de febrero de dos mil diecisiete, ratificaron ese convenio ante la Junta responsable y en la misma fecha, se elevó a categoría de laudo ejecutoriado. 3. Mediante proveído de tres de mayo dos mil diecisiete, se dictó auto de ejecución ante el incumplimiento del convenio por parte del aquí quejoso. 4. El diecinueve de junio de dos mil diecisiete, se le embargó al quejoso ****, una maquina de soldar, marca Bobcat 225, serie KK015384 120-240, color azul, dejandolo como depositario al nombrado. 5. El veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, el quejoso ****, promovió ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, un recurso de revisión contra actos de ejecución, al tener conocimiento que el dos de agosto de dos mil diecisiete, la autoridad responsable dictó un auto mediante el cual autoriza el cambio de depositario del bien embargado. 6. El veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, determinó desechar de plano el recurso de revisión interpuesto por el quejoso ****. Este último acto es el reclamado en este juicio de amparo. Por tanto, se desecha de plano la demanda por resultar improcedente el juicio de amparo indirecto, conforme los artículos transcritos, en virtud de que el acto reclamado no agravia al impetrante de manera personal y directa, ni variará esa circunstancia aun tramitándose el juicio constitucional, atendiendo al carácter con el que se promueve esta acción. El juicio de amparo está reservado para quien resienta una lesión por algún acto de autoridad violatorio de derechos humanos, en otras palabras, es el único legitimado para ejercer tal derecho ante la potestad federal. La legitimación constituye un requisito de procedibilidad de la acción, incluido en el juicio de amparo, y por tanto, corresponde al Juez analizarla, porque tal regla se deriva de los preceptos legales citados. De acuerdo con la fracción I, del artículo 107 constitucional y el numeral 6 de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción se reserva únicamente a la parte a quien agravie el acto o ley que se reclama, entendiéndose como agravio, todo menoscabo u ofensa a la persona física o moral, que puede ser o no patrimonial, siempre que sea material y apreciable de manera objetiva, es decir, la afectación que en su detrimento aduzca la parte amparista debe ser real y no de carácter subjetivo. Dicho agravio debe recaer en una persona determinada, concretarse en ésta, no ser abstracto y, de ser de realización pasada, presente o inminente, lo cual implica que no puede ser eventual, aleatorio o hipotético, lo que nos lleva a concluir que el interés jurídico está íntimamente ligado con el concepto de agravio para los efectos de amparo, ya que si un acto de autoridad no lo causa, se insiste, de manera directa y personal, no puede existir aquél para intentar válidamente la acción constitucional. Al analizar la demanda, se aprecia que la parte quejosa acude a esta vía constitucional reclamando la resolución de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, en la que determinó desechar de plano el recurso de revisión interpuesto por el quejoso ****, contra los actos de ejecución, específicamente con motivo del auto mediante el cual autoriza el cambio de depositario del bien embargado, consistente en una maquina de soldar, marca Bobcat 225, serie KK015384 120-240, color azul, dejandolo como depositario al nombrado. En ese sentido, se obtiene que el bien descrito embargado, quedó únicamente en guarda y custodia del impetrante de amparo, figura que lo coloca como mero detentador, más no como poseedor del mismo, y en consecuencia al ser sólo un mero detentador, no existe en su favor algún derecho tutelado por la norma y que el mismo pueda ser afectado por un acto de autoridad que ahora pretende reclamar. Por ende, el cambio de depositario del bien embargado, no afecta algún derecho de propiedad o posesión perteneciente a la parte promovente de este juicio de amparo, porque como ya se expuso, al tener la guarda y custodia del bien objeto de embargo, implica que sólo es un detentador del mismo, más no el surgimiento o adquisición de algún derecho. Apoya las consideraciones anteriores, en lo conducente, la tesis siguiente: "DEPOSITARIO JUDICIAL EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR SU REMOCIÓN Y EL REQUERIMIENTO PARA LA ENTREGA DE BIENES EMBARGADOS, AUN TRATÁNDOSE DEL PROPIETARIO DE ÉSTOS. De igual forma, es aplicable, la tesis jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEPOSITARIO JUDICIAL, LA REMOCION DEL CARGO Y EL REQUERIMIENTO POR LA ENTREGA DE LOS BIENES EMBARGADOS, NO AFECTA LA ESFERA JURIDICA DEL (LEGISLACION DEL ESTADO DE SONORA). Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." El amparo indirecto procede contra actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido y si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse siempre y cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. De lo expuesto, se evidencia que el procedimiento de origen se encuentra en la etapa de ejecución de convenio elevado a la categoría de laudo ejecutoriado y que el acto reclamado no corresponde a la resolución dictada en esa etapa, pues no es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o la que ordenan el archivo definitivo del expediente, es decir, que sea la última en etapa de ejecución; por tanto, se trata de un acto intermedio dictado dentro del procedimiento de ejecución respectivo. De esta forma, el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, es claro en establecer que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Lo anterior es así, porque el mencionado párrafo segundo del artículo 107 de la Ley de Amparo, se apoya en el principio de economía procesal, que pretende evitar la promoción interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución de sentencia, en este caso de un convenio elevado a categoría de laudo ejecutoriado; ello, pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan intentar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo. Sirve de apoyo a esta consideración, la jurisprudencia número P./J. 32/2001, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página treinta y uno, que establece lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.- Asimismo, es aplicable al caso la tesis 2ª. VIII/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, página 230, del rubro y contenido siguientes: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. Por lo que, tratándose de actos en ejecución de sentencia, es insuficiente que los mismos sean de ejecución irreparable, esto es, que afecten directa e inmediatamente derechos sustantivos para estimar la procedencia del juicio de amparo indirecto en su contra. Ello es así, ya que según lo expuso el Máximo Tribunal del País, se requiere que los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En el caso, el acto reclamado deriva directamente del convenio elevado a categoría de laudo, es decir, de lo que ya adquirió el carácter de cosa juzgada. Por tanto, dicho acto no puede ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, dado que la parte quejosa, en todo caso, debió esperar a la resolución final dentro del procedimiento de ejecución para entonces combatir conjuntamente las violaciones procesales que estime pertinentes, tal como lo impone el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Esta consideración encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 6, que establece lo siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia analizadas, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, promovida por ****.
- Principal
Se presenta demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza. II. Formación de expediente. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo de juicio de amparo 785/2018, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Prevención. Respecto a la solicitud de la parte promovente en el sentido de admitir la demanda de amparo, se debe decir que previo a acordar lo conducente es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca el artículo 114, del rubro y texto: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura". La normativa anterior dispone que para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda, es necesario estudiar el escrito inicial para verificar que no existan deficiencias, irregularidades u omisiones, que deban corregirse, y en su caso, requerir al promovente que aclare la demanda. Por tanto, a efecto de estar en aptitud de proveer sobre la viabilidad de la demanda, con fundamento en los artículos 114, fracciones I y IV, en relación con el diverso numeral 108 , fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo; requiérase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo: 1. Señale con claridad y precisión el acto que reclama en esta instancia Lo anterior, en virtud de que en principio señala como acto reclamado la resolución de veintiuno de agosto del presente año, emitida dentro del juicio laboral 174/2017, promovido por Carlos Picazo Sandoval en su contra, mediante el cual se desecha el recurso de revisión que interpuso contra el acuerdo de dos de agosto de dos mil diecisiete, a través del cual se autorizó el cambio de depositario del bien inmueble embargado. Sin embargo, de la narrativa de los antecedentes y conceptos de violación que realiza, se advierte que tacha de ilegal la resolución que aprobó el convenio celebrado el veintiocho de enero de dos mil diecisiete con la parte actora. Por tal motivo, es necesario que señale con claridad y precisión el acto que quiere combatir por esta vía. 2. En relación a los antecedentes del acto reclamado, relate bajo protesta de decir verdad: a) Relate de manera cronológica, clara, sucinta y precisa, la totalidad de antecedentes del juicio laboral 174/2017. b) La fecha en que tuvo conocimiento o fue notificado del acuerdo mediante el cual fue elevado a categoría de laudo el convenio celebrado el veintiocho de enero de dos mil diecisiete. Por tal razón, es necesario que el promovente dé cumplimiento a lo antes descrito para iniciar el trámite de este juicio constitucional; asimismo, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, deberá acompañar las copias necesarias -cinco- del escrito con el que desahogue dicha prevención, para correr traslado a las partes y para la apertura del incidente de suspensión que solicita. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis número P/J.36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y nueve, tomo XIII, Abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario, a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. IV. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir las prevenciones realizadas, en el término de ley, exhibiendo las copias del escrito en que las desahogue para correr traslado a las partes, se tendrá por no presentada la demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Además, se instruye a la parte promovente, que al momento de desahogar las prevenciones formuladas se conduzca con la verdad, dado que la manifestación bajo protesta de decir verdad lleva consigo una responsabilidad, inclusive penal, conforme el arábigo 261 de la ley de la materia, en el que se prevén las sanciones penales y pecuniarias a que se hará acreedor la parte quejosa, que al formular su demanda de amparo afirme hechos falsos y omita los que le consten, como se desprende a continuación: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." V. Domicilio y autorizados. Se tiene señalando los estrados como domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizando en amplios términos del articulo 12 de la Ley de Amparo al licenciado...toda vez que cuenta con su cédula profesional inscrita en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de Judicatura Federal. VI. Habilitación de días y horas inhábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo . VII. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporadas al expediente impreso. VIII. Autorización de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. IX. Recuperación de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente o recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capitulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. X. Transparencia Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los articulas 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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