Juan Antonio Olvera Alvarez
Expediente 547/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 547/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Juan Antonio Olvera Alvarez
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Visto: el oficio de cuenta, firmado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, a través del cual acusa recibo del juicio de amparo directo 547/2022 y copia de demanda de amparo, lo anterior, para los efectos legales conducentes. Finalmente, al haberse tenido por consentida la resolución de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, por la cual este tribunal federal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida, a través del proveído de treinta de mayo siguiente, y al no existir documento original que devolver, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro correspondiente; por otra parte, con fundamento en los artículos 12, 14, y 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el expediente en que se actúa es DESTRUIBLE y carece de relevancia documental, por no encontrarse en ninguno de los supuestos que prevé el acuerdo citado.
- Juicio de Amparo Directo
Visto; el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que el término de tres días previsto en el párrafo segundo del artículo 104 de la Ley de Amparo, transcurrió del veinticinco al veintisiete de los corrientes, no existiendo días inhábiles entre esas datas, sin que Juan Antonio Olvera Álvarez, haya impugnado el acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, por el cual este tribunal federal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida, en contra del laudo de veintiocho de febrero de dos ml dieciocho, dictado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, en el expediente 902/2015; en consecuencia, se tiene por consentida dicha resolución. En mérito de lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por auto de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, previa copia certificada que se obtenga, remítase al Juez de Distrito en turno en el Estado de Hidalgo, el presente asunto, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Asimismo, requiérase al juez de distrito que corresponda conocer de la citada demanda, informe la radicación de dicho asunto a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. En su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZÓN ACTUARIAL DE FECHA VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL AVISO JUDICIAL QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: "PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; el oficio de cuenta, suscrito por la Presidenta de la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, por Ministerio de Ley, registrado en oficialía de partes con el número 2574/2022, a través del cual rinde su informe con justificación, de igual forma remite escrito de presentación, original con copia de la demanda de amparo promovida por Juan Antonio Olvera Álvarez, por propio derecho; demandado en el juicio laboral de origen y anexo certificado; regístrese, fórmese expediente físico, y con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a los secretarios, actuarios y oficiales judiciales correspondientes, y demás encargados de la digitalización de constancias, a realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y la correspondiente resolución que, en su caso, se emita. Acúsese recibo. En primer término, el suscrito estima que este órgano federal carecer de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre el juicio constitucional promovido. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que el solicitante del amparo Juan Antonio Olvera Álvarez, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "III.-AUTORIDAD RESPONSABLE.- La Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo, así como la C. actuaria Lic. Esperanza Juárez Mercado, adscrita a dicha junta, (.). IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, el laudo dictado dentro del expediente precisado al rubro, de fecha 28 (veintiocho) de febrero de dos mil dieciocho, dentro del juicio laboral radicado bajo el número 905/2015." Ahora bien, de un estudio integral de la demanda de amparo tomada como un todo, se advierte que, en la especie, el ahora quejoso además de reclamar el laudo de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, con el cual, entre otras cosas, se le condenó al pago de diversas prestaciones reclamadas por el actor en el juicio principal Martín Lugo Pérez, también manifiesta lo siguiente: "VII.- ANTECEDENTES (.) 3.- Es el caso que el día 16 de enero de 2020, sin que mediara notificación previa alguna dentro del juicio fui informado vía telefónica que una persona que se ostentó como funcionario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, en compañía de la abogada del C. Martín Lugo Pérez, acudieron en busca del aquí quejoso en el domicilio ubicado en "Exhacienda de San Juan Hueyapan", requiriendo de pago de la cantidad de $380,000.00 aduciendo para ello que el juicio concluyó, sin embargo, se niega de manera lisa y llana haber sido emplazado, oído y vencido en juicio. (.) VIII.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN (.) En la especie ese H. Tribunal Colegiado puede advertir que el laudo dictado en el expediente 902/2015 en fecha 28 (veintiocho) de febrero de dos mil dieciocho, es ilegal y violatorio de derechos fundamentales en perjuicio del suscrito, pues es fruto de actos viciados de origen, ya que como se indicó en el punto 3 del apartado de hechos de la presente demanda, jamás se me emplazó a juicio." (Énfasis añadido). En mérito de lo anterior, como la demanda de amparo debe interpretarse en un sentido amplio y no restringido, se llega a la conclusión que el ahora quejoso Juan Antonio Olvera Álvarez se ostenta como tercero extraño a juicio por equiparación. Así las cosas, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 de la ley de la materia, dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito.- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.- Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.- Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.- En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". En ese tenor, tomando en consideración que el amparista además de reclamar el laudo de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, reclama diversos actos de violación al procedimiento como lo es la falta o ilegal llamamiento a juicio, entonces el conocimiento del amparo en este supuesto corresponde a un juez de distrito y no a los tribunales colegiados de circuito, toda vez que quien se queja en el amparo indirecto tiene la posibilidad de aportar ante el juzgado federal las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento, o que el llamamiento que se le hizo al juicio se realizó en forma distinta a la prevenida por la ley; en cambio, dada la naturaleza del juicio de amparo directo, por regla general, las pruebas sólo pueden consistir en las constancias del expediente formado por la autoridad responsable y, por tanto, se le dejaría en estado de indefensión porque no se le daría oportunidad de comprobar la violación alegada y, por ende, nos lleva a la exigencia de aplicar la hipótesis fáctica establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a) y b) de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo así resuelto, el criterio jurisprudencial sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, tomo XIII, correspondiente al mes de abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO. Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en estos supuestos, compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados de Circuito de conformidad con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo; toda vez que el quejoso, por medio del amparo indirecto, tiene la posibilidad de aportar ante el Juez, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al juicio se realizó en forma distinta a la prevista en la ley, siempre y cuando el quejoso haya promovido la demanda de amparo dentro del término que señalan los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, pues ello no hace que pierda su calidad de tercero extraño al juicio, pues la violación cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra. Sin que tampoco sea obstáculo el que los artículos 158 y 159, fracción I, de la Ley de Amparo, establezcan como violación reclamable en amparo directo esa falta o ilegalidad del emplazamiento, ya que no es posible aplicar esos dispositivos legales cuando el quejoso es persona extraña al juicio por equiparación y de hacerlo, se le dejaría en estado de indefensión, porque no se le daría oportunidad de acreditar la irregularidad del emplazamiento.". De ahí que si no se reúnen los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita, como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas, y como del diverso 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de amparo, por lo tanto, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de amparo, ENVÍESE el presente expediente y anexos, al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y remítanse los originales al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Hidalgo; y, en su oportunidad, archívese como totalmente concluido el presente asunto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, con fundamento en los artículos 1º, 3º, 9º, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma."
- Juicio de Amparo Directo
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