Juan Antonio Lavariega Toledo
Expediente 1017/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1017/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Antonio Lavariega Toledo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se sobreseyó fuera de audiencia, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que hoy se dictó un acuerdo en el juicio de amparo de donde deriva este incidente, en el cual se ordenó su archivo como definitivo; por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que en este asunto se concedió la suspensión definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo, la interlocutoria pronunciada el trece de septiembre de dos mil veintidós, en la que se concedió la suspensión definitiva y esta determinación. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito señalado en la cuenta, por medio del cual *********, apoderada legal del quejoso ***********, proporciona dos números telefónicos y un correo electrónico para estar en contacto; así mismo, manifiesta que no ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del acto atacado en este asunto. En consecuencia, téngase su autorización para que los números telefónicos y el correo electrónico proporcionados puedan ser utilizados como medios de contacto, conforme a lo dispuesto por el numeral 2°, fracción XIX del Acuerdo General 13/2020 del Pleno de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
INTERLOCUTORIA Mediante la que se resuelven los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 1017/2022, promovido por Christian Aline Reyes García, con el carácter de apoderada legal de Juan Antonio Lavariega Toledo, contra los actos de la autoridad que se mencionará más adelante. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, de acuerdo con los antecedentes proporcionados por la parte promovente, se desprende que la autoridad responsable Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, ha sido omisa en pronunciarse respecto al escrito presentado el cinco de agosto del año en curso, dirigido al expediente J32-885/2019 de su índice. Por ello, estima que dicha autoridad viola en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue presentada el uno de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes Común y remitida por cuestión de turno a este órgano jurisdiccional para su conocimiento. Posteriormente fue registrada con el número 1017/2022 y fue admitida el seis de septiembre de dos mil veintidós; en el mismo acuerdo se ordenó tramitar -por duplicado y por cuerda separada- el incidente de suspensión, donde proveyó respecto a la solicitud de la medida provisional solicitada. El inconforme señaló como autoridad responsable a la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de quien reclama diversos actos que más adelante se precisarán. La audiencia incidental se llevó a cabo el día de hoy en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos. En ese sentido, del examen integral de la demanda de amparo y de las constancias de autos, se obtiene que esencialmente se reclaman los actos siguientes: "No dictar la Resolución Interlocutoria que ordenó en la última parte de su acuerdo dictado en audiencia de fecha 02 de Septiembre de 2022, celebrada dentro del expediente natural 885/2019, del índice de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, relativa al incidente de acumulación planteado por la actora del juicio natural y, cuya acumulación de oficio solicitó la propia demandada en el juicio natural en la referida audiencia para que se acumule el expediente 885/2019 al 454/2016 del índice de la responsable por tratarse del mismo actor, mismo demandado y derivar las acciones de la misma relación de trabajo como lo establece el artículo 766 fracción II, de la Ley Federal del Trabajo. No proveer mi escrito presentado ante la responsable el 05 de Agosto del 2022, por el que se solicitó entre otras cosas, se dictara la Resolución Interlocutoria dentro del incidente de acumulación de que se viene hacienda referencia". V. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe previo el Presidente de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, manifestó lo siguiente: "En efecto, es cierto en parte el acto reclamado que se nos atribuye, en atención a que si bien es cierto a la fecha de hoy en la que se rinde el presente informe previo, no se ha substanciado el incidente de acumulación, planteado por el aquí quejoso en el escrito de demanda de fecha 10 de diciembre del año 2019, recibido en esta Junta el 13 de diciembre del año 2019, mismo que fue aclarado en audiencia celebrada a las nueve horas del día dos de septiembre del año dos mil veintidós (sic). Sin embargo, lo anterior es así tomando en cuenta que mediante diligencia celebrada a las diez horas del día veintiséis de mayo del año dos mil veintidós, relativo a la audiencia de CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, en la que las demandadas LACDESUR S.A. DE C.V. Y EL C. JOSÉ ENRIQUE MORALES SUÁREZ, den contestación tanto al escrito inicial de demanda, como a las adiciones y precisiones, realizadas al mismo, la parte actora replique y las demandadas contrarrepliquen, en la que entre otras cosas, se tuvo a dicha demandada promoviendo INCIDENTE DE COMPETENCIA, razón por la cual, se admitió el mismo y se señalaron LAS ONCE TREINTA HORAS DEL DÍA OCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS para la celebración de la audiencia INCIDENTAL DE PRUEBAS Y ALEGATOS DEL INCIDENTE DE COMPETENCIA promovido por la demandada. La cual, una vez llegada la fecha señalada, se llevó a cabo en la que se tuvo a las partes alegando y ofreciendo pruebas en la forma y términos contenidos en la misma, reservándose esta Junta para emitir la resolución en términos de Ley. Por lo que una vez que se resuelva lo conducente, respecto del INCIDENTE DE COMPETENCIA, se Podrá substanciar LA ACUMULACIÓN PLANTEADA por la aquí quejosa, la cual de conformidad con el artículo 766 de la Ley Federal del Trabajo, puede ser tramitada de oficio o a instancia de parte. Por cuanto hace a la omisión de promover el escrito recibido en esta Junta el 5 de agosto del año 2022, se hace saber que es cierto, tomando en cuenta que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no se ha acordado el escrito suscrito por la LIC. CHRISTIAN ALINE REYES CARDA, apoderada legal del actor de fecha 20 de julio del año 2022, lo anterior obedece a las cargas de trabajo con la que cuenta esta Junta, la cual es en desproporción a la capacidad instalada a los recursos materiales humanos insuficientes con que cuenta esta Junta". Por lo que, ante la certeza de los actos reclamados, se procede a efectuar el análisis respecto de la procedencia o no de la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa. VI. SE CONCEDE LA MEDIDA CAUTELAR DEFINITIVA. En principio cabe destacar que el quejoso solicita la suspensión del acto reclamado de forma genérica, manifestando únicamente que procede concederla. Ahora bien, para determinar si procede conceder o negar la suspensión en los términos que la solicita, primero debe considerarse lo siguiente: De acuerdo con la nueva regulación del juicio de amparo desde la reforma a la fracción X del artículo 107 constitucional, publicada el seis de junio de dos mil once, para resolver si se concede la suspensión, debe atenderse al análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el interés social, junto con el peligro en la demora, sin que resulte determinante el hecho de que el acto ya se hubiere efectuado o consumado, porque tomando en cuenta que la suspensión tiene por objeto mantener viva la materia del juicio de amparo y evitar perjuicios al quejoso derivados del tiempo necesario para la tramitación del juicio, la medida también debe permitir una tutela anticipada al quejoso a fin de mantenerlo en el goce de los derechos afectados con el acto reclamado, cuando se adviertan elementos sobre la apariencia de una violación constitucional en su contra, siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social y se otorguen las garantías correspondientes si se afectan derechos de tercero, de modo que igualmente debe negarse la medida cuando en ese análisis preliminar o vistazo al fondo del asunto, se advierta que el juicio de amparo es improcedente o bien, que no haya elementos suficientes sobre la apariencia de la violación alegada. También resulta necesario destacar que este juzgador puede conceder la suspensión para un efecto diverso al solicitado por el quejoso, a fin de conservar la materia de la controversia y evitar que sufra afectaciones en su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto. En este sentido, el artículo 147 de la Ley de Amparo establece que los jueces deben fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar medidas para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, de tal manera, limitar a los jueces a conceder la medida suspensional para un efecto que, a pesar de haberse solicitado, no sea el idóneo para preservar la materia del juicio o no le dé la mayor protección al quejoso, sería contrario a su objetivo principal; en efecto, los jueces deben tener la facultad de modificar los términos en que fue solicitada la suspensión, ya que así pueden actuar de la forma más favorable para el quejoso, protegiendo el orden público y el interés social. En este sentido, el artículo 154 de la Ley de Amparo, señala que la resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive. Por tanto, por mayoría de razón, si la ley de la materia dispone que la resolución que conceda o niegue la suspensión puede ser modificada de oficio cuando se presente un hecho novedoso, resulta evidente que los juzgadores tienen la misma facultad de modificar lo solicitado por el quejoso al concederla. Sirve de apoyo, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 1a./J. 92/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 389, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA UN EFECTO DIVERSO AL SOLICITADO POR EL QUEJOSO. Para que proceda la suspensión a petición de parte, es necesario que el quejoso señale claramente los actos cuya suspensión se solicita y las razones por las cuales debe proceder; sin embargo, la Ley de Amparo no especifica los términos para los cuales debe concederse. Ahora bien, una vez que el juzgador determina que procede conceder la suspensión del acto reclamado, puede hacerlo para un efecto diverso al solicitado por el quejoso, a fin de conservar la materia de la controversia y evitar que sufra afectaciones en su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto. En este sentido, el artículo 147 de la Ley de Amparo establece que los jueces deben fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar medidas para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, de tal manera, limitar a los jueces a conceder la medida suspensional para un efecto que, a pesar de haberse solicitado, no sea el idóneo para preservar la materia del juicio o no le dé la mayor protección al quejoso, sería contrario a su objetivo principal. En efecto, los jueces deben tener la facultad de modificar los términos en que fue solicitada la suspensión, ya que así pueden actuar de la forma más favorable para el quejoso, protegiendo el orden público y el interés social. En este sentido, el artículo 154 de la Ley de Amparo, señala que la resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive. Por tanto, por mayoría de razón, si la ley de la materia dispone que la resolución que conceda o niegue la suspensión puede ser modificada de oficio cuando se presente un hecho novedoso, resulta evidente que los juzgadores tienen la misma facultad de modificar lo solicitado por el quejoso al concederla". Atento a lo anterior, cabe destacar que conforme al artículo 138, fracción I, del propio ordenamiento, para determinar la procedencia o no de la suspensión solicitada, deberá efectuarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social; fijando en su caso, los requerimientos y efectos de la medida, o bien que la autoridad está en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Ahora bien, para acreditar la existencia del acto reclamado, el impetrante exhibe copia del acuse de recibo del escrito presentado ante la autoridad responsable, cuya omisión de emitir una respuesta se duele; de ahí que se tiene por demostrado el derecho que le asiste para solicitar la medida cautela. Al respecto, este órgano jurisdiccional toma en consideración que en el caso, se encuentra acreditada la vulneración en su perjuicio de los derechos fundamentales previstos en el numeral 17 Constitucional, el cual consagra el derecho a la impartición de justicia a favor del gobernado, que se traduce en la obligación de las autoridades de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Para determinar si le asiste la razón a la parte solicitante del amparo, debemos precisar el contenido en la parte que interesa del numeral 17 Constitucional: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]" Así también, respalda a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.192/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES: La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. De ahí que es posible jurídica y materialmente restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho infringido, mientras se dicta la sentencia, de conformidad con el numeral 147 de la citada ley de la materia; máxime que en el caso, tal y como lo informó la autoridad responsable en su informe previo, la audiencia del incidente de competencia que impedía su pronunciamiento, tuvo verificativo el ocho de septiembre del año en curso. Por lo que, con fundamento en los artículo 128, 138, 139 y 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional a la parte quejosa, para el efecto de que, si se encuentran satisfechos los requisitos del artículo 17 Constitucional, la autoridad responsable, de inmediato dé contestación escrita y congruente a la petición formulada en el escrito presentado el pasado cinco de agosto del dos mil veintidós, por el que se solicitó entre otras cosas, que se dictara la resolución interlocutoria dentro del incidente de acumulación del expediente 885/2019 al 454/2016 del índice de la responsable, y de encontrarse satisfechos los requisitos para dictar la resolución que corresponda al referido incidente de acumulación planteado. Hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el plazo para la destrucción del duplicado de este incidente contará a partir de la fecha de esta resolución. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE PRIMERO. Se concede la suspensión definitiva a ********, respecto de la autoridad responsable y actos reclamados, por las razones expresadas en el apartado VI de esta resolución. SEGUNDO. Hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo general conjunto número 1/2009, el plazo de la destrucción del duplicado de este incidente contará a parir de la fecha de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
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