Juan Antonio Herrera Trujillo

Expediente 1100/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1100/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
24/09/2015

Partes del expediente

  • Juan Antonio Herrera Trujillo
  • Juan Antonio Herrera Trujillo y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticuatro de septiembre de dos mil quince. Vistos los autos y las certificaciones de cuenta, se advierte que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el treinta y uno de agosto de dos mil quince (fojas 36 a 39), se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por Juan Antonio Herrera Trujillo, transcurrió del nueve al veintitrés de septiembre de dos mil quince, sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su precepto 2º, párrafo segundo, se declara que ha causado estado dicha resolución. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción II, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, dado que se sobreseyó en el juicio, y que tal determinación no se recurrió, se estima que es susceptible de destrucción. Se considera también que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que, por una parte, se reclamó la falta de contestación a su petición de veinticuatro de junio del actual dirigida al expediente civil 225/2015 del índice del orden Juzgado Primero de lo Familiar del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca y por otra se sobreseyó en el juicio de amparo, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...

  2. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil quince. Vistas las constancias procesales a las que se les otorga valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de la misma, en su carácter de instrumental de actuaciones, se advierte: El quejoso Juan Antonio Herrera Trujillo solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTO RECLAMADO Juez Primero de lo Familiar del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca. La falta de contestación a su petición de veinticuatro de junio del año en curso, dirigida al expediente civil 225/2015 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, y presentada ante la referida responsable el veinticinco siguiente. Petición en la que solicitó que "mande a notificar a la señora Alma Jovita Romero Angón, quien es quien ministrará la pensión alimenticia, para que pase a recogerlo en el término que usted conceda, con el apercibimiento que en caso de no acudir se depositará a la cuenta del FONDO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, en donde estará a su disposición". De las constancias que la autoridad responsable juez de lo Familiar de Huajuapan de Léon, Oaxaca, remitió en apoyo a su informe justificado, se advierte que la referida autoridad acordó su promoción el uno de julio de dos mil quince, y al efecto le expuso: "Se da cuenta con el escrito de JUAN ANTONIO HERRERA TRUJILLO, recibido el veinticinco de junio pasado. Visto su contenido, se le tiene consignando la cantidad de DOS MIL PESOS, CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL en efectivo, por concepto de pensión alimenticia a favor de los menores YASMÍN CONCEPCIÓN y DENISSE CORAL HERRERA ROMERO; en consecuencia cítese a la ciudadana ALMA JOVITA ROMERO ANGÓN representante legal de los citadas menores para que comparezca ante esta autoridad debidamente identificada con documento público que contenga su fotografía a recoger la citada cantidad, previa razón e identificación que obre en autos al momento de su entrega, lo anterior dentro de un plazo que no excederá de cinco días, apercibiéndola que en su caso de no hacerlo dentro de dicho plazo la citada cantidad será remitida al Fondo para la Administración de Justicia en el Estado". Tal acto fue notificado el once de agosto de esta anualidad por la actuaria adscrita a ese órgano jurisdiccional. Lo anterior, revela de manera notoria, manifiesta e indudable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "ART. 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Causal de improcedencia que se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo anterior, si en esta instancia el quejoso reclama la omisión de dar contestación a su petición presentada ante el juez responsable el veinticinco de junio de dos mil quince, y tal autoridad proveyó al respecto el uno de julio del dos mil quince, y se hizo del conocimiento del quejoso el acuerdo relativo el once de agosto de esta anualidad, es evidente, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud que, al haberse acordado dicha petición; se destruyó el efecto del acto reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Por tanto, lo pretendido por el promovente de la acción constitucional, en el sentido que se acordara su petición presentada ante el juez responsable el veinticinco de junio último, se satisfizo al acordar dicha petición; se le tuvo consignando la cantidad de dos mil pesos, cero centavos moneda nacional, en efectivo por concepto de pensión alimenticia a favor de las menores Jazmín Concepción y Denisse Coral Herrera Romero y se ordenó citar a Alma Jovita Romero Angón, representante legal de las menores a recoger la citada cantidad; acuerdo que se notificó el once de agosto de dos mil quince, como se advierte de la notificación efectuada por la actuaria adscrita al Juzgado Primero de lo Familiar del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca; por ello, debe decirse que durante el trámite del juicio, cesaron los efectos del acto reclamado, ya que al haberse acordado la petición del aquí quejoso, de cuya omisión se dolía el promovente, quedaron destruidos todos los efectos de la omisión reclamada en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En virtud de actualizarse la causa de improcedencia invocada, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia vigente; sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por el promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos ocho, tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Sin que el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, cause agravio al quejoso o lo prive de defensa, pues, ni aun celebrándose ésta, el impetrante podría desvirtuar con prueba alguna la causa de improcedencia de mérito, que se torna notoria, manifiesta e indudable, por lo que el resultado del fallo sería en el mismo sentido; por tanto, atendiendo al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional, lo procedente es resolver fuera de audiencia por cesación de efectos del acto reclamado. Al caso, resulta aplicable la tesis XIV 1º 3 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página mil doscientos treinta y cinco, Tomo XII, agosto de dos mil, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y textos siguientes: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional". Tampoco impide el acceso a la justicia al sobreseer en el juicio por la actualización de la causa de improcedencia citada, por privilegiar la continuación del procedimiento, al haber comparecido el peticionario ante el juez de la causa, pues, por el contrario, ello se justifica en el derecho a recibir justicia pronta y expedita acorde a lo establecido en el artículo 17 constitucional, aunado a que el indiciado -aquí quejoso- puede impugnar la resolución que resuelva su situación jurídica en caso que le perjudique, con lo cual, el acceso a la justicia para que haga valer sus derechos constitucionales en todo momento está latente a su favor. Es aplicable a lo anterior la tesis aislada visible en la página dos mil doscientos setenta y cuatro, tomo 3, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato". En mérito de lo anterior, se dejan sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, en proveído de treinta y uno de julio de dos mil quince (foja 7 vuelta). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre; asistido de la secretaria, licenciada Alfa Orquídea Monterrubio Valencia, que autoriza y da fe. JLEV/AOMV/lmpv. MESA AMPARO V-B SE NOTIFICO EN TERMNOS DEL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO

  3. Principal

    MESA V B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecinueve de agosto de dos mil quince. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales consiguientes el informe justificado rendido por por el secretario de acuerdos encargado del Juzgado Familiar del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, con residencia en esta ciudad, por medio del cual niega el acto reclamado por el quejoso; dése vista a las partes para los efectos legales consiguientes. De conformidad con el artículo 119, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, téngase como prueba de su parte la documental que acompaña a su informe de cuenta, consistente en copia certificada de todo lo actuado en el expediente 225/2015 de su índice; sin perjuicio de hacer relación con las mismas en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Juan Martínez Trujillo, secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, encargado del despacho por licencia del titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/3637/2015 de once de agosto de dos mil quince, suscrito por el secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Alfa Orquídea Monterrubio Valencia que autoriza y da fe.

  4. Principal

    MESA V-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta y uno de julio del dos mil quince. Datos de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Antonio Herrera Trujillo, con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal reformada; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la referida demanda contra el acto que reclama del Juez Primero de lo Familiar del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, que hace consistir en la falta de contestación a su petición de veinticuatro de junio del año en curso, dirigida al expediente civil 225/2015 de su índice y presentada ante la autoridad responsable el veinticinco siguiente. Incidente de suspensión. Tramítese este juicio sin incidente de suspensión por no solicitarlo expresamente el promovente y no estar en los supuestos para decretarla de oficio. Solicitud de informes. En términos de los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días, siguiente al en que reciba el oficio que lo solicita, donde expondrá las razones y fundamentos para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y según el caso, acompañará copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Con el mismo fundamento, apercíbasele que de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario; además, de no rendirlo o no hacerlo en el plazo señalado, es decir, quince días, o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, o de no informar las causas notorias de sobreseimiento que se produzcan, con fundamento en los artículos 17 Constitucional, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por cantidad equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el distrito federal, al momento de incurrir en la conducta sancionada. Apercibimiento. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que la autoridad señalada como responsable, no exista, o bien, la denominación que indica no sea la correcta, con fundamento en el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables, sin ulterior acuerdo, se dejará de tenerlas con tal carácter y cesará toda comunicación con ellas, lo anterior, acorde con el principio consagrado por el artículo 17 Constitucional, de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Audiencia constitucional. Se señalan las nueve horas con veinte minutos del uno de septiembre de dos mil quince, para la celebración de la audiencia constitucional; en términos del precepto 115 de la ley de la materia vigente. Emplazamiento al ministerio público de la federación. Como la agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción, es parte en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, por esta ocasión, con fundamento en los artículos 26, inciso K), y 27 fracción I, del mismo ordenamiento legal, notifíquesele este auto en forma personal, corriéndole traslado con copia simple de la demanda y sus anexos, entregándole copia íntegra de este auto, autorizada por la secretaria encargada del trámite de este asunto. Por otra parte, por el momento resérvese emplazar a este juicio a persona alguna en su carácter de tercero interesado, hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado. Pruebas. Se tienen como prueba por parte del quejoso la documental que anexa a su escrito inicial de demanda; misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones por parte del promovente el que indica. Autorizados. Se tiene por autorizadas en los términos que indica a las personas que menciona. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para los impetrantes de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. Consulta expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo. Para ello, deberán registrarse en el sitio http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx La parte que desee realizar el registro, una vez que ingrese a dicha página, deberá como primer paso, llenar el formulario, proporcionar su nombre completo, domicilio, correo electrónico y la contraseña de su preferencia. Como segundo paso, revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparece en el mensaje. El tercer paso es imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. Cuarto, dicha solicitud deberá presentarse en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, que es en donde se encuentra radicado su expediente de amparo y esperar que el suscrito juez federal acuerde favorablemente su solicitud. Hecho lo anterior, estará listo para utilizar el portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido que la consulta del expediente por vía electrónica, en esta etapa piloto, no constituirá la notificación de las determinaciones que en su caso se emitan. Ley de transparencia. Con el objeto de respetar el derecho a su intimidad al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, háganseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal. Notifíquese...

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