Juan Antonio Flores Sandoval

Expediente 590/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
590/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
24/08/2023

Partes del expediente

  • Juan Antonio Flores Sandoval

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el dos de agosto de dos mil veintitrés; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal, al haberse sobreseído el juicio de amparo por todos los actos, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General en consulta. Se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda de "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 34 del mencionado acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    Se notifica a la parte tercero interesada HIPÓDROMO DE AGUACALIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, a través de la presente lista que se fija en los estrados de este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, a las nueve horas del día tres de agosto de dos mil veintitrés, la determinación que antecede y a la letra dice: R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el día hábil siguiente, el quejoso Juan Antonio Flores Sandoval, por conducto de su apoderada legal, Martha Livier Vázquez Franco, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades cuya denominación correcta a continuación se señalan: Autoridades responsables Junta Especial Número Uno de la Local Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California. Secretario Actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California. Actos reclamados "De la autoridad señalada como ordenadora se reclama la omisión de continuar con la secuela procesal, conllevando una abierta dilación del procedimiento, en la etapa de ordenar el emplazamiento a la parte demandada MA. TERESA HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, por conducto del actuario. De la autoridad señalada como ejecutora se reclama la omisión de continuar con la secuela procesal, conllevando una abierta dilación del procedimiento en la etapa de realizar el emplazamiento a la parte demandada MA. TERESA HERNÁNDEZ VÁZQUEZ." Segundo. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa estimó que con el actuar de las autoridades responsables, fueron violados los derechos fundamentales que a su favor consagran los artículos 1 y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. Admisión de demanda y trámite del juicio. Por acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo y se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; y, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que se celebró al tenor del acta que antecede, turnándose los autos para dictar la sentencia que conforme a derecho proceda; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; preceptos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 107/2022 emitido por el citado Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés; al reclamarse actos de carácter omisivo los cuales se atribuyeron a autoridades con residencia en esta ciudad, y por el hecho que la demanda se presentó en este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, consiste en: La omisión atribuida a las autoridades responsables de realizar las gestiones necesarias a fin de emplazar a la demandada Ma. Teresa Hernández Vázquez, en el juicio laboral de origen, 197/2020-1D, del índice de la Junta responsable, y sus consecuencias. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Junta Especial Número Uno de la Local Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, y Secretario Actuario de su adscripción, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado; lo cual, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener por demostrados los actos que se les atribuyen, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 830, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, página 830, Quinta Época, registro 1002815, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora, con las documentales que adjuntaron a su informe justificado, consistentes en copia certificada de las actuaciones que integran el juicio laboral 197/2020-1D, de su índice, de las que se obtiene la existencia de los actos reclamados. Medios de convicción que adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, ya que fueron expedidos por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, hayan sido objetados en su autenticidad. Valoración que se robustece con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, previamente al análisis de fondo de la cuestión debatida, se deben examinar las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, según lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo vigente, así como la jurisprudencia que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que respecto de los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos de los actos reclamados. El artículo y la fracción aludidos prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". De la transcripción que antecede, se colige que el juicio de amparo es improcedente en relación con aquellos actos cuyos efectos hayan cesado, para lo cual no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal actuación, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si la autoridad no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del actuar de la responsable, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, invocada con anterioridad en esta sentencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, cabe señalar que dicha causa de improcedencia, necesariamente tiene el carácter de superveniente, pues cuando el juicio de amparo se promueve en contra de un acto existente hasta ese momento, evidentemente todavía no se ha dejado insubsistente sino que, en todo caso, ocurrirá durante la tramitación del juicio de amparo. Sentado lo anterior, conviene recordar que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en la omisión atribuida a las autoridades responsables Junta Especial Número Uno de la Local Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, y Secretario Actuario de su adscripción, de realizar las gestiones necesarias a fin de emplazar a la demandada Ma. Teresa Hernández Vázquez, en el juicio laboral de origen, 197/2020-1D, del índice de la Junta responsable, y sus consecuencias. Sobre lo cual, precisa destacar que durante el trámite del presente juicio, las aludidas responsables remitieron su informe justificado, al que adjuntaron copia certificada de las actuaciones que integran el juicio natural, de las que se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veinticinco de mayo de dos mil veintitrés), aún no se había emplazado a la demandada Ma. Teresa Hernández Vázquez, en términos de lo ordenado en dicho asunto. Sin embargo, de las propias actuaciones también se advierte que por acuerdo de trece de junio de dos mil veintitrés, se dio cuenta con la constancia actuarial de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en la que el fedatario adscrito a la Junta responsable hizo constar la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo el emplazamiento de la aludida pasivo procesal, por los motivos expuestos en la misma; de ahí que, el Presidente de la citada Junta ordenó dar vista con dicha constancia al actor Juan Antonio Flores Sandoval, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación correspondiente, proporcionara domicilio en el cual se pudiera llevar a cabo el llamamiento a juicio de la demandada Ma. Teresa Hernández Vázquez, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto, se le tendría por no presentada la demanda en contra de esta última. Entonces, si bien -como se anticipó- el reclamo de la parte quejosa consiste, en esencia, en la omisión por parte de las autoridades responsables de realizar las gestiones necesarias a fin de emplazar a la demandada Ma. Teresa Hernández Vázquez, en el juicio laboral de origen, 197/2020-1D, del índice de la Junta responsable, y sus consecuencias, conducta que subsistía a la fecha de presentación de la demanda de amparo -veinticinco de mayo de dos mil veintitrés-; lo cierto es que esta última autoridad en fecha posterior, a saber, el trece de junio de dos mil veintitrés, emitió pronunciamiento al respecto, requiriendo a la parte actora para que proporcionara un diverso domicilio en el que se pueda llevar a cabo el emplazamiento de la pasivo procesal, en virtud de la imposibilidad que tuvo el fedatario público para realizar lo propio en el domicilio que obra en autos. Por tanto, debe concluirse que ha cesado la conducta de abstención que se atribuía a las autoridades responsables y, por ende, dejaron de materializarse los actos tildados de inconstitucionales, pues sus efectos desaparecieron o se destruyeron en forma inmediata, total, incondicional y material, por lo que la parte quejosa fue restituida en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (No. Registro: 193,758, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38). En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXI, de la misma ley; por esa razón, no es posible pronunciarse respecto a los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Es aplicable al caso la jurisprudencia VI.1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubre-diciembre de 1989, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Transparencia. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 590/2023-B, promovido por Juan Antonio Flores Sandoval, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en los considerandos tercero, y por las razones expuestas en esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta resolución constitucional.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días otorgado a las partes, por acuerdo de quince de junio de dos mil veintitrés, a fin de que se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, y manifiesten lo que a su interés legal convenga. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las once horas con diez minutos del veintiocho de julio de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida de la licenciada Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. MBV/DCFC/ilde.*.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días que se le otorgó a la moral tercero interesada ********************,********************, en proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, a fin de que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido acuerdo, y con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele el presente proveído, y las subsecuentes actuaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. Notifíquese.

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