Juan Alejandro Marquez Amezcua

Expediente 285/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
285/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
20/10/2022

Partes del expediente

  • Juan Alejandro Marquez Amezcua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    El veinte de octubre de dos mil veintidós, se da cuenta a la Secretaria encargada del despacho, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veinte de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta, que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del término legal, en contra de la sentencia dictada el cinco de julio de dos mil veintidós; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo trigésimo quinto del Acuerdo General mencionado. Con fundamento en el artículo octavo, fracción I, del Acuerdo General mencionado, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran más de tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo General; lo anterior, a partir del veintiuno de octubre de dos mil veinticinco.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de julio de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el fedatario judicial adscrito para notificar a la moral tercero interesada Afore XXI Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable, la sentencia de cinco de julio del año en curso, por las razones que en la misma expone. Ahora bien, toda vez que de la certificación secretarial que precede, se obtiene que ha transcurrido el término de tres días otorgado a la moral tercero interesada Afore XXI Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable, por acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintidós, para que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a ello, no obstante de encontrarse debidamente notificada del requerimiento relativo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el citado proveído, y con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la moral tercero interesada el presente proveído, así como la sentencia de cinco de julio de dos mil veintidós, y las subsecuentes actuaciones, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. Notifíquese; y por lista a la moral tercero interesada Afore XXI Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable, la sentencia de cinco de julio de dos mil veintidós.Así lo acordó y firma electrónicamente, el licenciado Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por el licenciado Gerardo Castillo Riedel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Alejandro Márquez Amezcua, de propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número 59 de la Federal Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo. En su oportunidad publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Se notifica por lista a la tercero interesada la sentencia de cinco de julio de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: istos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 285/2022-B, promovido por Juan Alejandro Márquez Amezcua, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número 59 de la Federal Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito depositado el veintidós de abril de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y turnado el día hábil siguiente a este órgano jurisdiccional, Juan Alejandro Márquez Amezcua, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en: ".La omisión de no haber ejecutado el Laudo en su totalidad dentro del juicio laboral número 636/2018, respecto de la devolución de las aportaciones del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), pesar de haberse dictado el laudo desde el siete de Octubre del dos mil veintiuno." GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 Segundo. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa estimó que con el actuar de la autoridad responsable, fueron violados los derechos fundamentales que a su favor consagran los artículos 1º, 14, 17 y 123, apartado A, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción, lo cual tiene sustento en la jurisprudencia 1340 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, visible en la página mil quinientos dos, tomo II, procesal constitucional 1. Común, primera parte-SCJN décima primera sección-sentencias de amparo y sus efectos, apéndice mil novecientos diecisiete-septiembre dos mil once, Novena Época, registro 1003219, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Tercero. Admisión de demanda y trámite del juicio. Por auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo y se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; y, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Cuarto. Tercero interesadas. En proveído de veinte de mayo del año en curso, se reconoció el carácter de tercero interesadas a las morales Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y Afore XXI Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable, las que fueron debidamente emplazadas a juicio en los términos ordenados. Quinto. Audiencia constitucional. Previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, turnándose los autos para dictar la sentencia que conforme a derecho proceda. Sexto. Mediante Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; y, en su artículo 1°, se estableció como nueva fecha límite para reanudación total de las actividades jurisdiccionales el treinta de junio de dos mil veintiuno; sin embargo, mediante diverso Acuerdo General 5/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudada en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante PJF), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de agosto de 2020 al 16 de agosto de 2021 a las 8:00 am, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo." GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 285/2022-B JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ??????????????? Luego, en el diverso Acuerdo General 9/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó lo que a continuación se transcribe: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudada en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante PJF), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de agosto de 2020 al 31 de octubre de 2021, a las 8:00 am, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo." Posteriormente, en el Acuerdo General 20/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de 2020 al 16 de enero de 2022, la actividad jurisdicción se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. [.]" Después, en Acuerdo General 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudada en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de agosto de 2020 al 1º de mayo de 2022, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo." En Acuerdo General 7/2022, del pleno del citado Consejo, se reformó el aludido artículo para quedar como sigue: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de agosto de 2020 al 5 de junio de 2022, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo." GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 Y, por último, por Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó lo que enseguida se transcribe: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de 2020 al 7 de agosto de 2022, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo." C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; preceptos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 emitido por el citado Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado se atribuye a una autoridad con domicilio dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 285/2022-B JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ??????????????? sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Por lo anterior, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de la materia, la cuestión efectivamente planteada en esta instancia lo constituye: ? La omisión de pronunciarse respecto de los escritos presentados ante la Junta responsable, el siete de enero y once de febrero, ambos del año dos mil veintidós, mediante los cuales se solicitó se procediera a la ejecución forzosa del laudo dictado en el juicio laboral 636/2018, de su índice, en contra de la aquí tercero interesada Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). TERCERO. Existencia de los actos reclamados. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda de inconstitucional, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de derechos fundamentales sea procedente. Sirve de apoyo la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, del rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Junta Especial Número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado, específicamente en relación con los actos materia de reclamo; lo cual, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener por demostrados los actos que se les atribuyen, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 830, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, página 830, Quinta Época, registro 1002815, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora, con las documentales que adjuntó a su informe justificado, y las diversas constancias que anexó al oficio agregado a los autos en proveído de veinte de mayo del año en curso, consistentes en copia certificada de distintas actuaciones que integran el juicio laboral 636/2018, de su índice; documentos públicos que detentan pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo; toda vez que fueron expedidos por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, hayan sido objetados en su autenticidad. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia2 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." 2 Jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 285/2022-B JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ??????????????? CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. No obstante la certeza de los actos atribuidos a la autoridad de que se trata, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo 62 de la Ley de Amparo, se impone analizar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa. En la especie, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que respecto de los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos de los actos reclamados. El artículo y la fracción aludidos prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción que antecede, se colige que el juicio de amparo es improcedente en relación con aquellos actos cuyos efectos hayan cesado, para lo cual no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal actuación, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si la autoridad no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del actuar de la responsable, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, invocada con anterioridad en esta sentencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, cabe señalar que dicha causa de improcedencia, necesariamente tiene el carácter de superveniente, pues cuando el juicio de amparo se promueve en contra de un acto existente hasta ese momento, evidentemente todavía no se ha dejado insubsistente sino que, en todo caso, ocurrirá durante la tramitación del juicio de amparo. Sentado lo anterior, conviene recordar que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en la omisión atribuida a la autoridad responsable Junta Especial Número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de pronunciarse sobre los escritos exhibidos el siete de enero y once de GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 febrero, ambos del año dos mil veintidós, por el apoderado legal del aquí quejoso, y otros, mediante los cuales solicitó la ejecución forzosa del laudo dictado en el juicio laboral de origen, en contra de la moral demandada, aquí tercero interesada, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en los términos que indicó en sus respectivos ocursos. Sobre lo cual, precisa destacar que durante el trámite del presente juicio, la aludida Junta responsable remitió su informe justificado e informe complementario, a los que adjuntó copia certificada distintas actuaciones que integran el juicio laboral 636/2018, de su índice; constancias de las que se advierte que en veinticinco de abril de dos mil veintidós, se dictó un acuerdo en el cual se pronunció respecto a los escritos presentados por el apoderado legal del aquí quejoso, y otros, el siete de enero y once de febrero, ambos del año dos mil veintidós ?origen del acto reclamado?, esto es, posterior a la presentación de la demanda de amparo; determinación judicial que se notificó personalmente al quejoso el once de mayo de dos mil veintidós. Documentos a los que se les confiere pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Así las cosas, si bien el peticionario del amparo en su momento reclamó la omisión por parte de la Junta responsable de pronunciarse sobre los escritos que exhibió ante esa autoridad, mediante los cuales dijo haber solicitado la ejecución forzosa del laudo dictado en el juicio natural; lo cierto es que, como se vio, con las documentales que allegó la citada responsable, se advierte que en fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós, se dictó un acuerdo en el cual se pronunció en relación con dichos ocursos. Por tanto, dejaron de materializarse los actos tildados de inconstitucionales, pues sus efectos desaparecieron o se destruyeron en forma inmediata, total, incondicional y material, por lo que el quejoso fue restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica. Es aplicable al caso concreto, la tesis P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, página 71, registro digital 197367, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 285/2022-B JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ??????????????? quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por último, resta decir que si bien el Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; lo cierto es que, el análisis relativo a los actos reclamados dentro del procedimiento de ejecución forzosa del laudo correspondiente, no debe abarcar demás actos que pudieran emitirse dentro de la misma etapa, como pudieran ser el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción, conforme lo establecido en los artículos 954, 957 y 965 de la Ley Federal del Trabajo; pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pueden no llegar a materializarse. Por lo que, al advertirse que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, y al tomar en consideración que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley, establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años; es que en particular, el estudio de la demanda de amparo se constriñe únicamente a los actos concretos señalados por el quejoso, y no a actos futuros de realización incierta. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2000011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2771, Décima Época, que establece: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." De igual manera, la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), emitida por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país, con registro digital: 2000025, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2772, Décima Época, con rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." En tales condiciones, resulta inconcuso que operó la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; de este modo, con motivo de su actualización, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la legislación en cita, se impone sobreseer el presente juicio de amparo. En ese contexto, ante la actualización de la causa de improcedencia antes indicada, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el quejoso, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro y texto siguiente: GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 285/2022-B JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ??????????????? "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTO. Transparencia. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Alejandro Márquez Amezcua, de propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número 59 de la Federal Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo. En su oportunidad publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firmó electrónicamente Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido por Gerardo Castillo Riedel, Secretario que autoriza y da fe, hoy cinco de julio de dos mil veintidós, en que las labores del Juzgado lo permitieron. Doy fe.

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